Lo espectral no es evidencia

Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna
Fecha: 07 de ABR 2019

En los últimos meses del año de 1691 el señor Samuel Parris, párroco de la iglesia del pueblo de Salem, vio a una hija suya de nueve años y también a una sobrina de aproximadamente once, afectadas por extrañas dolencias. Las niñas Elizabeth Parris, Abigail Williams y Ann Putnam evidenciaban excitación psicomotriz, delirios y conductas extrañas. Por ello Parris solicitó la intervención de los médicos, pero las niñas empeoraron. Y finalmente uno de los médicos manifestó la opinión de que sufrían maleficio. Los vecinos aceptaron al punto esta opinión y concluyeron que estaban embrujadas

A decir verdad, los vecinos de Salem hicieron algo más que aceptar la opinión de ese medico desconcertado. Desataron uno de los más desaforados procesos judiciales que tenga recuerdo la historia. El 29 de febrero de 1692 se firmaron las primeras órdenes de arresto contra tres mujeres: Tituba, que era una esclava antillana que trabajaba para los Parris, Sarah Osborne y Sarah Good, una mujer pobre que a la fecha de su arresto estaba embrazada y cuya hija de apenas 3 años también fue acusada de brujería. Para mayo del 1693, catorce mujeres, cinco hombres y dos perros habían sido ejecutados, acusados de hacer tratos con el demonio y practicar la hechicería. Ello porque desde 1641 la ley inglesa, entonces aplicable a las colonias americanas, consideraba la brujería como un delito sancionado con pena capital.

Los jueces que realizaron las investigaciones preliminares fueron Jonathan Corwin y John Hathorne. En mayo de 1692, Sir William Phips, que había sido recientemente designado gobernador de Massachusetts, creó un Tribunal Especial para juzgar y condenar a los acusados de este proceso. Las confesiones extraídas bajo tortura, las desmentidas y los testimonios contradictorios se multiplicaban y en el proceso de histeria colectiva nadie estaba a salvo. La epidemia de acusaciones de brujería y los juicios aberrantes, las torturas y las ejecuciones se propagaron a otros condados.

La historia jurídica recuerda a los juicios de Salem por muchas cuestiones, pero hay que resaltar especialmente que en dichos juicios se admitió la utilización de “evidencia espectral”, es decir acusaciones sin bases reales, sueños, pesadillas y alucinaciones de quienes eran acusadores. O mentiras. En el estado de histeria colectivo, la verdad no parecía importar demasiado. Los juicios de Salem también fueron la oportunidad que algunos usaron para resolver viejas disputas.

Casi 300 años después, el genial Arthur Miller, tomó esa escabrosa historia y escribió una de sus mejores obras: Las brujas de Salem. Miller, con publicas simpatías por el marxismo, fue testigo y también víctima de los métodos de investigación tanto de McCarthy como de la HUAC (House Un-American Activities Committe, supuestamente creada para luchar contra actividades subversivas de, principalmente, nazis y antisemitas, pero que se centró desde sus inicios en la actividad de los comunistas.)

Dijo Miller: “En la silenciosa sala de justicia de Salem rodeado por el torbellino miasmático de las imágenes de los años ’50 del siglo XX, pero con la mente en 1692, poco a poco fue perfilándose con mayor nitidez lo que ambas épocas tenían en común. En las dos existía la amenaza de las maquinaciones ocultas, pero lo más sorprendente eran las similitudes en los rituales de defensa y los procedimientos rutinarios de investigación. Separadas por trescientos años, ambas persecuciones aducían que los perseguidos pertenecían a un grupo secreto y desleal. En las dos épocas, si el acusado confesaba, su sinceridad se demostraba de una única e idéntica manera, nada menos que nombrando a los antiguos cómplices. De esta manera el informador se convertía en la prueba misma de la maquinación y de la necesidad de la investigación.

Finalmente, en ambos períodos, dado que el enemigo era ante todo una idea, la prueba de haber cometido acciones desleales o perdía importancia o se dejaba en el limbo o no se requería en absoluto. Y, en efecto, al final las acciones eran por completo irrelevantes; al final, la sola sospecha casi se convertía en la prueba de la deslealtad”[1].

En el enero eterno, doloroso y feroz del 2019, mientras escribía sobre el Lawfare argentino, volví a releer Las brujas de Salem. Porque hace años que siento que los abogados vivimos en un universo que se parece mucho a esos días. Lo que no sabia entonces es que pocos meses después comprobaría que lo que era apenas una intuición se volvería certeza.

La prueba vino de la mano de un señor que se llama Marcelo D’Alessio y fue denunciado por extorsión a fines de enero de 2019. El juez de Dolores, que investigaba la extorsión, ordenó una serie de allanamientos y luego la detención de D’Alessio.

Como fruto de esa investigación surgiría no solo un fabuloso entramado de actividades de inteligencia ilegales, sino además un capítulo oscuro sobre cómo ese aparato paraestatal e ilegal dedicaba parte de su tiempo a fabricar la prueba para algunos de los juicios con mas repercusión mediática. Y por lo que surge de algunos testimonios, también las puertas clandestinas para que algunos acusados salieran de esos procesos judiciales.

Pero estos seres del submundo no se interesan por cualquier proceso judicial. Son seducidos tan sólo por ciertos y determinados procesos. Que tienen amplia repercusión mediática. Y que involucran siempre a personas vinculadas a la actividad política.

De un tiempo a esta parte, la realidad argentina discute, con mayor o menor conocimiento o fundamento, los casos judiciales que involucran a la política y a los políticos. No sé bien cuándo empezó todo esto, tal vez con las denuncias tan espectaculares como carentes de pruebas que publicaban los diarios y la televisión, con diputados y dirigentes políticos que ejercían desde Comodoro Py o desde los estudios de televisión. Pero sólo por poner una fecha de eclosión del fenómeno –fecha caprichosa, aclaro de antemano— diré que tal vez empezó el 14 de abril de 2013, cuando Jorge Lanata sentó a un chico que se llama Leonardo Fariña a hablar de lo que denomino “La ruta del dinero K”. Sostenía Fariña que la ruta del dinero K respondía a un plan ejecutado por Lázaro Báez para sacar del país dinero obtenido ilegalmente y que provenía de prácticas de corrupción que habían llevado adelante los Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y su gabinete.

Los arrepentidos se sucedieron, cambiaron sus versiones, se arrepintieron de arrepentirse, volvieron a arrepentirse. Una nueva fauna de arrepentidos surgió de la televisión y se volvió parte de nuestras vidas. Nadie prestó mucha atención a los detalles, salvo los abogados que vieron multiplicado por mil su trabajo de defensa. Porque frente a un arrepentido que desgrana detalles con más simpatía que pruebas, los escritos de los abogados pierden por goleada. Son tediosos, largos, indigeribles para la TV y para los diarios. Suponiendo, claro, que la TV y los diarios quisieran hablar de las defensas, cosa que no resultó el caso, excepto poquísimas excepciones.

Fuese por búsqueda de rating, por convicción ideológica, o por mera conveniencia, la mayoría de los medios de comunicación se plegó con indisimulable entusiasmo al juego de acusar sin pruebas. Una nueva forma de histeria. Ya no eran acusaciones de brujería como en Salem, ni de comunismo como en Estados Unidos, sino de kirchnerismo. Una nueva categoría del mal que se extendió a los artistas K, a los militantes K, a los intelectuales K y así hasta el infinito. Ser K era una definición que implicaba la pérdida automática del derecho a defensa, la presunción de inocencia, cualquier crédito sobre su palabra, el derecho al honor; e incluso exponía al desprecio público.

En enero del 2015, ser convertía a los portadores de la nueva letra escarlata en cómplices de un supuesto asesinato que nadie ha probado hasta la fecha. Pero al lugar que íbamos, las pruebas no le importaban a nadie. Y más adelante vinieron las fotocopias de los cuadernos de Centeno. Y está claro que, a partir de ese día, las pruebas ya no solo no importaban, tampoco era necesario que existieran. Evidencia espectral.

No solo los medios y la política se plegaron entusiastas a este nuevo Salem. El Poder Judicial fue al mismo tiempo impulso y partícipe de la maniobra. De pronto los jueces eran personajes públicos. La doctrina que habilitó la detención preventiva de personas adoptó el nombre de uno de los jueces más discretos de Py. Comodoro Py, salvo raras y honorables excepciones, se olvidó por completo de todo lo que muchos de esos jueces y fiscales enseñan en las aulas y se volvió literalmente sanguinario. La vida, la libertad, los derechos y garantías desaparecieron casi por completo. Porque el acusado ya no era acusado, era enemigo.

Y entonces detuvieron a D’Alessio. Y comenzaron a surgir las pruebas palpables del escarnio. Los fiscales que fabricaban las pruebas, los jueces que empujaban o consentían esas maniobras, la Corte Suprema que no controlaba ni controla nada de nada, y a decir verdad, hasta la fecha se ha hecho bien la otaria respecto de lo que pasa en Comodoro Py. Los periodistas que forman parte. Los políticos que sacan beneficios. Las extorsiones, los negociados. Los testigos arreglados. Los guiones de los arrepentimientos. La impudicia obscena con la que parecen haber actuado. La rebeldía ante la ley de quienes decían ser sus custodios. La desvergüenza. Sobre todo, la desvergüenza.

Y las extrañas reacciones. A algunos políticos se le ocurrió como defensa acusar a los que ya están acusados y en prisión. Porque no hay nada más culpable para la opinión pública que alguien que ya está en prisión, aun cuando no se lo haya declarado culpable por una sentencia firme. A los algunos periodistas les pareció oportuno acusar a los abogados. Pero sin duda la más original de las defensas fue la del Poder Judicial que optó por desconocer al Poder Judicial.

Desconozco por completo cómo va a concluir la historia de los demonios que se escapan – y paradojalmente, ingresa— todo el tiempo de la caja de Pandora que es la causa que se investiga en Dolores. Desafortunadamente carezco de habilidades proféticas. Una verdadera pena.

Pero sí quisiera señalar algo. Todos señalan que la causa que se investiga en Dolores podría tener efectos sobre la causa de las fotocopias de los cuadernos. Y que eso beneficiaria casi exclusivamente a Cristina Fernández de Kirchner y a los empresarios. Y respecto a esa tesis quiero señalar algo.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, la imputación en cuadernos seria chistosa sino fuese algo que firmaron varios jueces. Y que entonces podría tener consecuencias más allá de la risa que me da que la acusen de ser la jefa de una asociación ilícita ad honorem, porque no hay ninguna prueba de que ella haya recibido dinero alguno o tenido conocimiento o algo que la vincule mínimamente a los hechos que se investigan. De hecho, y a decir verdad, tampoco hay pruebas de que el dinero denunciado exista en algún lado, aun cuando queda mucha Patagonia por excavar. Y si el conocimiento pretenden probarlo con arrepentidos, claramente no es prueba.

Sí, es cierto, mi juicio puede estar obturado porque Cristina es quien conduce el movimiento político al que adscribo. Y porque le tengo afecto real a la persona real que también es Cristina. Y porque me espanta ver cómo persiguen a una piba de 28 años por ser su hija.

Pero miro el caso de los empresarios, a quienes mayormente no conozco, y tampoco encuentro pruebas. Asi que tiendo a pensar que simplemente no hay pruebas, más allá de mi seguramente poco fiable juicio.

Pero eso lo pensaba antes de D’Alessio.

Después de D’Alessio pienso que lo que se está develando en Dolores va más allá de CFK y de los empresarios. Con honestidad señalo que lo que está mostrando Dolores es un complejo mecanismo de armado de causas. No solo contra Cristina.

Soy reticente a darle crédito a las declaraciones de los arrepentidos. Los cuestionamientos a ese mecanismo de delación premiada no han cambiado por el hecho de que ahora haya arrepentidos cuyos testimonios resulten más favorables a las causas que yo defiendo. La ley es clara en cuanto a que no se puede dictar condena en base a los testimonios de arrepentidos. No se podía dictar condena en base a los testimonios de Vandenbroele, ni en base a los testimonios de Fariña y la regla no cambia respecto a los testimonios de Rolando Barreiro o Bidone. A estos últimos deberán hacer lo que no se les exigió a los primeros y que debiera habérseles exigido según la ley. Que aporten prueba de sus dichos.

Pero si las aportasen, o surgiesen de la investigación de que se lleva adelante en Dolores, encontraríamos que el mecanismo de juicio y prueba que se implementó en la Argentina para perseguir, detener y juzgar a muchos ex funcionarios fue fraudulento. Y no solo hay personas que están presas como consecuencia de una investigación fraudulenta, sino que hay personas sobre las que ya pesa una sentencia cuya matriz es también fraudulenta.

¿Qué hacer con esas prisiones? ¿Qué hacer con esas sentencias? Son preguntas que tal vez debamos empezar a hacernos.

Hace cientos de años en Salem, cuando concluyó la cacería de brujas, sus efectos sobre la población continuaron varios años después. Los autores han señalado que “toda la colonia, además, había sufrido. La gente había estado tan decidida a la hora de cazar y destruir brujas que habían descuidado todo lo demás. La siembra, el cultivo, el cuidado de casas, graneros, caminos, cercas, fueron olvidados. Como resultado directo, los alimentos escasearon y los impuestos aumentaron. Las granjas fueron hipotecadas o vendidas, primero para pagar las tasas de prisión, luego para pagar impuestos; frecuentemente fueron abandonadas. El pueblo de Salem comenzó esa lenta decadencia que eventualmente borró sus casas y paredes, pero nunca su nombre y memoria”[2].

Creo que no ofrece mucha dificultad hacer los paralelismos posibles entre una y otra caza de brujas. Y que sucede –ayer, hoy y siempre— cuando las poblaciones están distraídas en esas cacerías absurdas e inhumanas.

Los relatos señalan que las calamidades parecieron asolar Salem. Temerosos de estar siendo víctimas del juicio de dios sobre la cacería que como sociedad habían consumado, se dispuso que 15 de enero de 1697 se realizaría el Día de la Humillación Oficial. Ese día el juez Samuel Sewall, uno de los nueve jueces que habían integrado el tribunal que sentenció a morir a las brujas, asistió a los servicios de oración en la Iglesia del Sur de Boston y le pidió al reverendo Samuel Willard que leyera una disculpa pública que Sewall había escrito, donde admitió la culpabilidad de aquel tribunal y suplicó el perdón de los hombres.

Intuyo que los jueces y fiscales en el futuro tendrán que hacer algo más que pedir perdón. Deberán revisar lo actuado por un Poder Judicial que se olvidó de la ley y que admitió, fabricó y dictó sentencias en base a evidencia espectral.

 

[1] Arthur MILLER (2011), “Al correr de los años,” Barcelona, Tusquets

[2] Shirley Jackson “The Witchcraft of Salem Village” 1956

 

 

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