America Latina

Por Pedro Brieger, director de NODAL (Jun 25, 2021) Las elecciones en noviembre y la detención de varios dirigentes opositores han colocado a Nicaragua nuevamente en la agenda internacional y pareciera que todo el mundo tuviera que opinar sobre lo que allí sucede, y manifestarse a favor o en contra del gobierno de Daniel Ortega. Llama la atención el interés de los grandes medios de comunicación por Nicaragua mientras se ignoran las constantes violaciones a los derechos humanos en Colombia con su cuota de asesinatos diarios de dirigentes sociales opositores sin que se arme un gran revuelo ni un debate mundial al respecto. Hasta la revolución sandinista de 1979 este pequeño país centroamericano era conocido por su buen café y la dictadura de la dinastía Somoza que se prolongó durante 40 años. También, gracias a la monumental obra de Gregorio Selser, se supo de la existencia de un pequeño hombre llamado Augusto Cesar Sandino que luchó contra la ocupación militar de los Estados Unidos, que invadió el país en varias oportunidades poniendo y sacando gobernantes a su antojo. La revolución de julio 1979 liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) surgió en plena “guerra fría” mientras varios países de América Latina estaban gobernados por sangrientas dictaduras.  Las campañas de alfabetización y de salud de la revolución -consideradas modelo a nivel mundial- vinieron acompañadas de poesía y música que brotaban en cada rincón, lo que inspiró un gran movimiento de solidaridad internacional para un pequeño y pobre país que estaba asediado por la primera potencia mundial. Ronald Reagan asumió la presidencia en enero de 1981 y se puso entre ceja y ceja destruir la revolución sandinista a pesar de que en Nicaragua no se prohibieron ni los partidos políticos ni la prensa opositora, ni siquiera cuando apoyaban abiertamente la guerra impulsada desde la Casa Blanca. En 1985 se realizaron elecciones con la participación de múltiples partidos y Daniel Ortega fue electo presidente con el 67 por ciento de los votos.  Cinco años después, la opositora Violeta Chamorro aprovechó el desgaste de la guerra para derrotarlo. El sandinismo asumió la derrota y por primera vez en la historia una revolución triunfante entregó el poder que había conquistado por las armas y perdido en las urnas. Las derrotas suelen provocar rupturas y divisiones, y Nicaragua no fue la excepción. Cada quién en el sandinismo tomó por su lado y Daniel Ortega quedó al mando del FSLN negociando con algunos de sus antiguos enemigos. La mística que había acompañado la revolución, que tenía figuras emblemáticas como el sacerdote Ernesto Cardenal y el músico Carlos Mejía Godoy, se había apagado. Ambos, así como importantes figuras del FSLN que habían combatido la dictadura de Somoza, serían perseguidos por el propio Ortega después de retornar a la presidencia en 2007. Frente a la actual ofensiva diplomática de Washington contra el gobierno de Nicaragua cabe preguntarse porqué es tan importante para Estados Unidos que caiga Daniel Ortega. ¿Acaso alguien todavía puede pensar que es porque hay una dictadura? ¿Por ventura se puede creer que el secretario general de la OEA Luis Almagro realmente está preocupado por la democracia en Nicaragua mientras fue uno de los máximos responsables del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019 y calla sobre la represión en Colombia? Aquí viene a cuento la famosa frase que se decía en los pasillos del congreso de los Estados Unidos sobre Anastasio Somoza, Leónidas Trujillo, y otros dictadores: “puede ser un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. En esta frase se condensa la postura actual del gobierno de los Estados Unidos. Daniel Ortega no es SU “hijo de puta” como lo son y han sido varios dictadores y golpistas en la región, para no hablar de las monarquías árabes tratadas con guante de seda a pesar de que gobiernan sin que haya elecciones ni partidos opositores. Ni que hablar del multimillonario reino saudí, que se da el lujo de cortar en pedacitos a un periodista en un consulado suyo en Ankara sin que suenen las alarmas en Naciones Unidas ni nadie pida a gritos un bloqueo internacional. Negocios son negocios. Es el famoso “doble rasero”. Daniel Ortega no es “confiable” porque está asociado a un movimiento que hizo una revolución, y por lo general vota en sintonía con Cuba y Venezuela. Por eso hay que derrocarlo: porque para la Casa Blanca es parte del “eje del mal”. Y como suele suceder cuando Estados Unidos quiere derrocar un gobierno, financia numerosos partidos opositores y organizaciones no gubernamentales, sean de derecha o de izquierda, de manera legal o ilegal. Nada nuevo bajo el sol. La contradicción que se le presenta a una parte del progresismo latinoamericano es que este Daniel Ortega ya no se enfrenta solamente al “yanqui, enemigo de la humanidad” -como dice el conocido himno sandinista compuesto por Carlos Mejía Godoy- sino también a antiguos compañeros que reivindican al sandinismo de la revolución y apoyaron las protestas de 2018 en contra de Ortega. Sin embargo, a nadie se le escapa que el derrocamiento de Ortega hoy traería un gobierno claramente alineado con la Casa Blanca y las derechas regionales al estilo de lo que fue el gobierno de facto de Jeanine Añez en Bolivia o el de Lenín Moreno en Ecuador.   La situación en Nicaragua es la cabal demostración de que la política está plagada de vericuetos y contradicciones que impiden una lectura lineal de los acontecimientos. Y tomar una posición no siempre es sencillo.

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 23 de mayo de 2021 Dos décadas atrás, las compulsas electorales en el subcontinente enfrentaban a partidos o coaliciones de derecha neoliberal contra vetustas organizaciones adscriptas a la socialdemocracia de cuño europeo, pasteurizadas y dóciles frente a las políticas impulsadas por el Consenso de Washington promovidas por el Departamento de Estado. En el primer decenio de este siglo XXI, se configuraron en América Latina inéditos procesos soberanistas que impulsaron proyectos de integración regional. Dichas iniciativas motivaron la hostilidad y el literal acoso de sus figuras más representativas por parte de una alianza compuesta por CEOs de empresas trasnacionales, fundaciones tecnocráticas y propaladoras mediáticas disfrazadas de neutrales, todas ellas coordinadas por diferentes agencias gubernamentales del Departamento de Estado. La segunda ola anti-neoliberal se diferencia de su primera etapa, suscitada a principios de siglo, por el protagonismo de sectores independientes, movimientos sociales, colectivos feministas y pueblos originarios conjugados con la irrupción de una nueva cohorte etaria que articula la cultura y la política en formatos creativos de expresividad callejera. Todas esas fuerzas sociales coinciden en repudiar las políticas de ajuste y cuestionar de alguna manera a los partidos tradicionales, al tiempo que exigen formas más horizontales de representación política. Las últimas puebladas contra Lenin Moreno en Ecuador, las que arrancaron la elección de constituyentes a Sebastián Piñera y las opuestas al programa de ajuste de Iván Duque –en plena pandemia– se emparentan con la resistencia de las comunidades campesinas ocurridas durante el gobierno golpista de Jeanine Áñez en Bolivia, donde las mujeres tuvieron un rol central. Los movimientos populares han dado lugar a procesos electorales en los que indefectiblemente ha sido protagonista algún candidato de izquierda, progresista o portador de credenciales nacionalistas revolucionarias. Los modelos de concertación al estilo chileno, en los que la socialdemocracia se aliaba a partidos de centroderecha para administrar –de forma edulcorada– los programas neoliberales, evidencian su agotamiento. Esos signos de pérdida de legitimidad de la partidocracia histórica se observan también en Perú y en Colombia de forma particular. En el primer caso, bajo la evidencia de una fragmentación cariocinética del sistema político –evidenciada en la dimisión de dos Presidentes en los últimos tres años­, Martín Vizcarra y Pedro Kuczynski–; en el segundo caso, por la irrupción de un movimiento horizontal que logró imponerle límites a Iván Duque. Los tres países que han evidenciado claras muestra de resistencia al programa neoliberal se habían mantenido al margen de la primera ola soberanista liderada por Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales y Lula, surgida durante la primera década del siglo. A pesar de las interesadas interpretaciones de los analistas de la derecha continental, los tres casos se suman –y no relevan ni sustituyen– a los procesos de autonomía que se manifiestan en la actualidad en México, la Argentina y Bolivia. Incluso en el caso de Ecuador, donde ganó en segunda vuelta el candidato de la derecha neoliberal, la primera minoría de la Asamblea Nacional es ocupada por el correísmo, hoy bajo el paraguas partidario de la Unión por la Esperanza (UNES). En Colombia se cumplieron tres semanas de movilizaciones con una huelga general promovida por los sindicatos, los estudiantes y las organizaciones sociales. El pliego de condiciones que fue entregado al gobierno incluye el inmediato fin de la violencia, la transformación de los organismos de seguridad, la aplicación de una renta básica para las familias pobres y la extensión de los programas de empleo y educación para los y las jóvenes. Hasta el último viernes, los manifestantes lograron derribar el paquete fiscal que contenía un aumento de impuestos a los alimentos básicos y la reforma del sistema de salud que profundizaba una mayor privatización en plena pandemia. Mientras continúan los emplazamientos de barricadas en diferentes puntos del país, el gobierno recurrió a las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras. Por su parte, en una clara señal de solidaridad con el régimen, el futuro subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, anunció la colaboración de Washington con el mandatario colombiano sin hacer referencia a la represión que se cobró –luego de un mes de protestas pacíficas– más de 2000 víctimas. Según el Observatorio de Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), hasta el último jueves se contabilizan 49 personas asesinadas por parte de los grupos paramilitares, la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Además los medios de comunicación coinciden en el número de 124 heridos, 13 personas con daños oculares, 6 hechos de agresión sexual, 726 detenciones arbitrarias, 45 defensores de derechos humanos detenidos o limitados para realizar sus funciones, y 1089 casos de violencia institucional de los organismos de seguridad. La represión gubernamental se suma a la violencia sistémica que se observa en las regiones rurales, invisibilizada por los medios locales e internacionales que han naturalizado el genocidio por goteo de líderes y lideresas sociales que defienden sus territorios contra las bandas de narcotraficantes apañadas por el Estado. Desde 2016, han sido asesinadxs aproximadamente 900 líderes y lideresas sociales, y se han denunciado 6.042 víctimas fatales, en hechos descriptos como “falsos positivos”, es decir campesinos a los que se masacra y luego se disfraza de guerrilleros para justificar sus muertes. La revuelta colombiana repite algunas características de lo sucedido en Chile en 2019. En Puerto Resistencia, Cali, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Popayán se conformaron grupos de defensa popular que se describieron como integrantes de la Primera Línea, en abierta identificación con sus antecesores trasandinos. Colombia tiene planificadas las elecciones para mayo de 2022. Todos los analistas, incluso los más cercanos al actual gobierno, pronostican un triunfo del candidato de izquierda, Gustavo Petro, en la primera vuelta. Alamedas grandes Las elecciones de constituyentes chilenos, llevadas a cabo el fin de semana del 15 y 16 de mayo, su sumaron a las votaciones para nominar a 346 alcaldes, concejales municipales y, por primera vez, gobernadores de las 16 regiones. Los resultados de los comicios sorprendieron a la derecha continental y generaron escozor en la

Fuente: Sebastián Fernández | Nuestras Voces Fecha: 12 de marzo de 2021 Hace unos días, Edson Fachin, juez del Supremo Tribunal de Brasil, anuló todas las condenas contra el ex presidente Lula por corrupción y ordenó comenzar nuevamente la investigación en otros fueros ya que se dio cuenta, apenas cuatro años después de la condena y de que millones de brasileños no pudieran votar por el candidato favorito, que el tribunal de Curitiba no sería el idóneo. El Lava Jato, otrora megacausa, es hoy una operación política en pleno derrumbe.  En julio del 2017, el juez federal Sergio Moro condenó al ex presidente Lula da Silva a nueve años y medio de prisión bajo los cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Según el Ministerio Público Fiscal de Brasil, el Grupo OAS, una empresa contratista del Estado, habría otorgado un departamento a Lula y realizado reformas en el mismo en las que habría gastado R$ 3,7 millones (unos US$ 1,2 millones). Moro no encontró documentos que involucraran a Lula con la propiedad ni tampoco pudo probar que haya estado alguna vez en la misma. La única prueba fue la denuncia por supuesto soborno contra el ex presidente que el titular de la empresa realizó bajo el régimen de delación premiada con la que consiguió la reducción de su pena. Pese a la escasez probatoria, la condena fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Federal 4 de Porto Alegre, que además amplió a 12 años la condena de Lula por “la convicción nacida del conjunto de indicios”. Tras ser detenido en un operativo transmitido en el mundo entero, Lula fue encarcelado. La ley Ficha Limpia, una alucinación de ONG contraria a la inocencia presunta que él mismo hizo votar, impidió que se presentara a las elecciones presidenciales del 2018 pese a no tener una condena firme. Eso permitió que ganara Jair Bolsonaro, candidato de extrema derecha que apenas asumió nombró al oportuno juez Moro como ministro de Justicia, un encomiable gesto de agradecimiento que cerró el círculo de la persecución política. Unos pocos meses antes de condenar a Lula, Moro fue recibido en Argentina por el entonces presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti junto al entonces ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano y otros operadores judiciales como Claudio Bonadio, el juez del bolillero mágico que acumuló casi todas las causas referidas a CFK, o el camarista Martín Irurzun, autor de la extravagante “doctrina” homónima que establecía el enorme poder residual de los ex funcionarios kirchneristas imputados e impulsaba la cárcel preventiva para limitarlo. Moro fue recibido como un héroe de la lucha contra la corrupción. El periodista Alconada Mon lo calificó como “el Messi de las investigaciones”. Garavano pidió “aprender del sistema brasileño” y Laura Alonso, la por entonces titular de la Oficina Anticorrupción, declaró que el juez brasileño “representa para muchos de nosotros lo que quisiéramos para la Argentina”. Bonadio lamentó que en Argentina, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, la ley exige pruebas y no alcance con las declaraciones de los arrepentidos. Claro, con pruebas condena cualquiera. Según el diario La Nación, “durante todos los encuentros, Moro fue recibido con calidez y aplaudido de pie por los asistentes” y destacó la importancia de la mediatización de los casos y de la colaboración de los empresarios “arrepentidos”. Lo que nosotros solemos llamar la Santísima Trinidad de los medios, la Justicia federal y los servicios. Unos meses después de aquella recepción emocionada, cuando Moro ya había pasado de juez de Lula a ministro de Bolsonaro, el ex ministro Garavano saludó esa designación y propuso mantener “una agenda de cooperación en materia judicial y de lucha contra la corrupción muy valiosa entre ambos países” y la todavía ministra Pum Pum Patricia Bullrich, menos humilde que su colega, explicó: “nosotros somos los maestros de las cosas que está haciendo Moro, que está haciendo Bolsonaro.” Hace unos días, Edson Fachin, juez del Supremo Tribunal de Brasil, anuló todas las condenas contra el ex presidente por corrupción y ordenó comenzar nuevamente la investigación en otros fueros ya que se dio cuenta, apenas cuatro años después de la condena y de que millones de brasileños no pudieran votar por el candidato favorito, que el tribunal de Curitiba, el feudo del ex juez anticorrupción, no sería el idóneo. El Lava Jato, otrora megacausa, es hoy una operación política en pleno derrumbe. Como escribió Graciana Peñafort, abogada de Amado Boudou junto a Alejandro Rúa: “Lula condenado NO pidió un indulto, pidió que se revisara su condena. Y lo consiguió y hoy el Tribunal Supremo Federal las anuló. En Argentina, Boudou NO pidió un indulto, pidió que se revisara su condena. Pero nuestra Corte Suprema no revisó nada y cerró el reclamo sin explicar.” Ser aún peor que sus desprestigiados colegas brasileños es sin duda otra proeza de nuestros jueces supremos, aunque debemos reconocer que la Justicia federal argentina no tuvo el mismo éxito que su vecina. Aunque encarceló a ex funcionarios kirchneristas, incluyendo a un diputado desaforado sin siquiera una condena de primera instancia o al ex vicepresidente condenado gracias a un oportuno testigo pago, no pudo emular a Moro. Pese a los deseos de los funcionarios de Cambiemos, en nuestro caso la favorita sí pudo presentarse a elecciones y sacarlos del gobierno en primera vuelta.

Fuente: Gerardo Szalkowicz | Página/12 Fecha: 24 de febrero de 2021 Después de dos semanas en las que la resolución de la primera vuelta presidencial ecuatoriana quedó atrapada en un atolladero de incertidumbre, tensión y suspenso, con giros repentinos que trastocaban el escenario a diario, finalmente el Consejo Nacional Electoral confirmó que será el ex banquero Guillermo Lasso quien disputará el balotaje con Andrés Arauz (foto) el 11 de abril. Queda por ver en qué decanta la impugnación presentada por Yaku Pérez -quedó tercero por apenas 33 mil votos– y la presión que logre la movilización indígena, pero todo indica que Ecuador repetirá la polarización que predomina en la región en este siglo, entre un progresismo de profundidades variadas y una derecha neoliberal con el recetario de siempre. Habrá entonces una confrontación de proyectos abiertamente diferenciados, una disputa político-ideológica más nítida que si hubiera entrado Yaku Pérez, personaje ambivalente, expresión de la corriente más reaccionaria del movimiento indígena, portador de una huella política más bien conservadora pero cuya base social-electoral expresa al indigenismo y a otros sectores del campo popular distanciados del correísmo. Culebrón electoral El resultado final ratificó el triunfo de Arauz con el 32,7 por ciento y una ínfima ventaja de Lasso (19,74) sobre Pérez (19,39), quien desde el primer día denunció fraude y pidió el recuento de votos: la escena siguiente mostró un principio de acuerdo entre ambos candidatos, el CNE y la OEA para revisar las actas en 17 provincias. Se olía un gran pacto de todo el eje anti-correísta. Pero dos días después Lasso se echó para atrás y se consumó el divorcio con Pérez mediante un álgido tiroteo de tuits. Finalmente en el CNE no hubo consenso para reabrir las urnas y este domingo se oficializaron los resultados, aunque no hay que descartar nuevos vaivenes y maniobras desde el Poder Judicial. En este complejo teatro de operaciones, presiones y negociaciones se destacó el protagonismo de la OEA, que aporta más dudas que garantías teniendo en cuenta que su última actuación estelar fue inventar el fraude en Bolivia que dio pie al golpe de Estado de 2019. También enturbió el panorama la injerencia del gobierno colombiano activando un “falso positivo judicial” binacional y enviando al Fiscal General por un supuesto aporte financiero de la guerrilla del ELN a Arauz. La operación había sido publicada por la revista Semana, cercana al uribismo gobernante. En los últimos años, la persecución judicial (hoy le dicen lawfare) y las noticias falsas (hoy le dicen fake news) aplicadas por los grupos de poder encontraron terreno fértil en el Ecuador de Lenín Moreno; si bien lograron proscribir a Rafael Correa, no pudieron evitar que resurgiera el correísmo como primera fuerza (y primera minoría en el Congreso). El dilema de la doble polarización Tanto Arauz como Lasso deberán ampliar alianzas y seducir a parte del electorado ajeno para llegar al Palacio de Carondelet. La primera gran incógnita es qué pasará con el casi 20% que sacó el candidato de Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la organización que protagonizó los levantamientos populares en las últimas tres décadas.  Sin dudas Pérez capitalizó el espíritu de las jornadas de octubre de 2019 contra el ajuste de Moreno y el FMI, aunque él haya tenido un rol marginal. La CONAIE, si bien cerró filas con su candidato, arrastra fuertes tensiones internas fruto de su heterogeneidad. Leonidas Iza, uno de sus líderes más combativos, había advertido que sería “ilegítimo e inconsulto” cualquier acuerdo con Lasso: “Cerramos toda opción de diálogo con la derecha venga de donde venga”. Días después, Pérez, que en 2017 había apoyado a Lasso (“mejor un banquero que una dictadura”), ahora recalculó: “Ni sueñen que vamos a apoyar a la delincuencia organizada de Lasso”. La otra porción importante de votos en juego es la del empresario Xavier Hervas, el “candidato Tiktok” que sacó un sorprendente 15,6% haciendo pie en el electorado joven urbano y también propuso un frente contra Arauz. Las candidaturas de Pérez y Hervas expresan mayormente un voto anti-neoliberal, consolidado con el desastre que deja Moreno. Enfocando desde esta antinomia, Lasso aparece con pocas chances. Ex banquero, miembro del Opus-Dei, símbolo de la política tradicional y de la hecatombe económica de los ´90, llega al ballottage con un caudal de votos mucho menor que en las presidenciales que perdió en 2013 y 2017, con una floja imagen y un discurso demasiado conservador. Su única carta es mendigar un voto útil contra el correísmo. Esa es la segunda antinomia que complejiza los cálculos. La política ecuatoriana de los últimos 15 años está marcada por el correísmo/anti-correísmo. Y el ascenso de Pérez y Hervas es también producto de esa grieta: encarna un voto anti-establishment, diverso o difuso ideológicamente pero permeado por la demonización del correísmo asociado a la corrupción. Arauz tendrá que lidiar con las zancadillas de los poderes fácticos, pero sobre todo tiene el desafío de tender puentes y recomponer el vínculo con buena parte de los sectores indígenas, ambientalistas y feministas con los que Correa ha sido hostil. De rescatar el voto progresista y juvenil captado por Pérez y Hervas. De plantear una agenda que permita problematizar el extractivismo y se desmarque de las posturas conservadoras de su mentor como por ejemplo con el derecho al aborto legal. Para ganar el balotaje pero, sobre todo, para encarar un eventual gobierno que le permita al correísmo “volver mejores”. En definitiva, si Arauz logra que en las urnas prevalezca la antinomia neoliberalismo/anti-neoliberalismo seguramente logre un nuevo paso para el reimpulso de los gobiernos progresistas y la reconstrucción de la integración latinoamericana. Editor de NODAL. Autor del libro “América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista”. Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.