noviembre 2019

America Latina, Internacionales, Portada

Lacalle Pou, el ajustador uruguayo

Fuente: Emiliano Guido | Nuestras Voces Fecha: 27 de noviembre de 2019 Luis Lacalle Pou, probable ganador (en suspenso) de la presidencia de Uruguay llega de una familia política con la promesa de un fuerte recorte fiscal y de flexibilización laboral. Su primer trabajo pago fue como diputado de la lista que encabezaba su mamá. Rechaza la producción estatal de cannabis, pero acepta su legalización. Carece de experiencia laboral en el sector privado, aunque ideológicamente está más cerca de Mauricio Macri que de Jair Bolsonaro. El probable próximo presidente del Uruguay posee un currículum laboral plano. No ha estado al mando de grandes compañías ni ha ocupado puestos políticos significativos. Sin embargo, Luis Lacalle Pou supo estar en el lugar justo en el momento indicado. Hijo de un ex Jefe de Estado y con una mínima experiencia parlamentaria, Lacalle Pou supo vencer en dos raids importantes de la derecha local: primero ganó la interna del Partido Nacional a dirigentes de mayor experiencia, luego fue el candidato más votado de la oposición en octubre. Con esas dos medallas el dirigente blanco pudo llegar al ballotage para aprovechar las circunstancias excepcionales que beneficiaban al bloque conservador uruguayo. Primero, el oficialismo del Frente Amplio jugó los comicios con el desgaste de haber conducido al Estado durante tres administraciones consecutivas y en pleno recambio dirigencial. Además Lacalle Pou se benefició con el apoyo de nuevos partidos, todos contrarios al progresismo oficialista. Por eso los medios locales e internacionales hablan de un probable mandatario a cargo de una «coalición de derecha multicolor». Pero, ¿quién es Luis Lacalle Pou? ¿Hasta dónde respeta la tradición blanca apoyada en los estamentos más ligados al Partido Nacional como el campo y la Iglesia? ¿Cuál es su mirada del Estado y la economía? ¿Cómo sería su convivencia con el colorado Eduardo Talvi y el General ultranacionalista Guido Manini Ríos, el Bolsonaro uruguayo? Nuestras Voces habló con el periodista Marcelo Pereira, del interesante portal montevideano La Diaria, uno de los cronistas uruguayos que más conoce sobre la vida política de Lacalle Pou hijo. “Lo más significativo de su biografía es que es estrictamente política. En el sentido de que su primer trabajo remunerado fue cuando lo eligieron diputado en una lista liderada por su madre, la esposa del ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera. No tiene experiencia laboral anterior a ese puesto legislativo, ni como empleado ni como empresario. Tampoco ha detentado cargos políticos relevantes en el Estado, salvo su representación parlamentaria no detenta otro tipo de haber en un puesto gubernamental. Es decir, salvo el mínimo personal de secretaria y asesores del que estuvo a cargo en el Congreso, no ha tenido la responsabilidad de tener mando sobre muchas personas. A su vez no fue un parlamentario muy productivo en cuanto a generación de leyes. Durante la promulgación de las normativas sociales más importantes generadas por el Frente Amplio en estos años Lacalle Pou no estuvo en sala como se dice acá”, reconstruye Marcelo Pereira. En paralelo Pereira describe sucintamente los contornos de su vida parlamentaria y privada: “No ha sido un parlamentario de alto perfil. En resumen ha sido una persona que ha aprovechado unas circunstancias personales para su ascenso político, es decir su linaje familiar dentro del Partido Blanco. Eso sí, tiene inteligencia política, se ha movido bien en la interna del Partido Nacional porque ganó la sucesión de lo que se denomina el herrerismo. En esa puja superó a gente con más experiencia y con un perfil más alto en el partido. Ahora bien en lo cultural posee un estilo de vida diferente al uruguayo medio, vive en un barrio privado, y en su trato diario se codea con sectores pertenecientes a las clases medias altas o altas de Uruguay”. ¿Qué derecha regional representa más a Lacalle Pou, la difusa y ecléctica de Macri, o la bravucona y nacionalista de Jair Bolsonaro?, pregunta Nuestras Voces. “No es sencillo definir su matriz política. En principio porque no tuvo grandes responsabilidades a cargo para comprobar cuál es su mirada sobre los temas más acuciantes. En algunos aspectos reproduce la línea de la corriente herrerista, la clásica impronta blanca del Partido Nacional: una formación conservadora, cercana al catolicismo. A ese acervo él agrega la defensa de un estilo moderno de la política, es parte de los liberales regionales que muestra rechazo a las categorías ideológicas clásicas como izquierda y derecha. Por eso su discurso descansa en términos abstractos: defiende ideas asépticas como equilibrio político, desarrollo, perfeccionar lo bueno que ha hecho el Frente. Ahora bien aunque es parte del tradicionalismo blanco ha defendido, con matices, la política de despenalización de las drogas. Él defiende más el autocultivo que la producción estatal promovida por el Frente Amplio. Incluso ha reconocido haber consumido marihuana y drogas más duras durante su juventud, algo infrecuente entre los dirigentes tradicionales”, responde el autor del interesante blog Apuntes de Campaña. Por otro lado surgen otros interrogantes, ¿Qué tipo de Estado intentará edificar el dirigente blanco? “Lacalle Pou hace mucho énfasis en que el Estado debe recuperar la autoridad, especialmente en el área de seguridad pública. Si proyectamos esa mirada a un gobierno que va a tener seguramente mucha oposición social eso da alguna señal de preocupación porque se presupone que no tolerará resistencia en la calle a sus iniciativas. Por otro lado, seguramente apoyará un marco de flexibilización laboral, eso implica romper los marcos legales existentes a favor del asalariado en Uruguay. Él ha insistido mucho en que el Estado debe promover una mayor elasticidad en los convenios colectivos de trabajo y también remarcó sus críticas al Frente Amplio por su buena relación con los grandes sindicatos”, soslaya Pereira. Por otro lado Marcelo Pereira advierte que la carpeta económica de Lacalle Pou contiene un fuerte achique del Estado: “En cuanto al déficit Lacalle Pou advirtió que va a procurar un ahorro anual de 900 millones de dólares anuales, un monto que para la escala del presupuesto uruguayo implica mucho dinero. Eso seguramente derivará en el recorte de programas sociales. Claro, él sostiene

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Cómo Israel-Palestina saltó al corazón de la política estadounidense

Fuente: Alex Kane | +972 Magazine Fecha: 22 de noviembre de 2019 La última vez que hubo una primaria abierta del Partido Demócrata, Hillary Clinton y Barack Obama se enfrentaron en todo, desde la Guerra de Irak hasta la atención médica, para competir, .Todo, esto es, excepto Israel. Las críticas a Israel durante la campaña 2007-2008 se limitaron a los candidatos marginales. En un debate en el medio independiente NPR de 2007, Mike Gravel, el ex senador de Alaska al que nunca votó más del 3 por ciento, preguntó por qué era un problema que Irán financiara a Hamas y Hezbolá, mientras que Estados Unidos financia a Israel. Esa fue una de las únicas desviaciones de la línea pro israelí estándar emitida durante la temporada de primarias, y el candidato que la hizo no era exactamente una estrella. Gravel no ganó un solo delegado. Mientras Clinton y Obama expresaron obedientemente su apoyo a Israel durante toda la campaña, la relación entre Estados Unidos e Israel no ocupó un lugar central en la carrera primaria demócrata. Una década después, el debate sobre Israel ha cambiado radicalmente. Ahora se está desarrollando en el escenario más destacado de la política estadounidense, la carrera presidencial, y en los pasillos del Congreso. El senador Bernie Sanders (D-Vt.), que está en tercer lugar en la carrera por ser el próximo candidato presidencial demócrata, ha dicho en repetidas ocasiones que quiere que Estados Unidos aproveche su ayuda militar a Israel para poner fin al trato injusto de Israel a los palestinos. Pete Buttigieg, el alcalde de Indiana, en el cuarto lugar, dijo que los contribuyentes estadounidenses no deberían pagar la factura de una anexión israelí de Cisjordania. La senadora Elizabeth Warren (D-Mass.), ahora disputando por el liderazgo con Joe Biden, ha sido menos clara sobre su plan para Israel-Palestina. Pero ella ha hablado sobre la necesidad de poner fin a la ocupación de Israel y, en octubre, dijo que estaba dispuesta a condicionar la ayuda militar estadounidense a Israel. En cuanto a Biden, está solo al decir que condicionar la ayuda militar de los Estados Unidos a Israel sería «absolutamente indignante». Mientras tanto, una nueva cosecha de progresistas, liderada por las representantes Ilhan Omar (D-Minn.) Y Rashida Tlaib (D-Mich.), están ampliando el debate sobre la alianza entre Estados Unidos e Israel en el Congreso, pidiendo límites a la ayuda militar estadounidense y elogiando las tácticas de boicot, desinversión y sanciones como herramientas para cambiar el status quo en el terreno. «Hay una apertura y una disposición cada vez mayores para hablar con mucha más profundidad y de manera más imparcial sobre las realidades del conflicto entre Israel y Palestina», dijo Logan Bayroff, portavoz de J Street, el grupo de lobby liberal judío estadounidense pro israelí. «Se ha abierto mucho más espacio en los últimos 10 años, y especialmente en los últimos cuatro años, durante la administración Trump». Esta evolución no es incidental. El cambio dramático en el debate de los EE. UU. sobre Israel-Palestina es el resultado de cambios de larga data en la ideología del partido, una serie de eventos notables en Israel y los EE. UU. y una organización obstinada dirigida por palestinos estadounidenses que ha capitalizado estas tendencias. ¿El resultado de todo esto? Un animado debate sobre el futuro de la relación entre Estados Unidos e Israel que no muestra signos de morir. El Estado judío no es ajeno a la política de Washington. Incluso antes de que el presidente Harry Truman reconociera a Israel en 1948, los judíos estadounidenses estaban en el capitolio, presionando a Truman para que apoyara la conversión de la Palestina con mayoría  árabe en un Estado judío. Durante gran parte de las siete décadas posteriores, la discusión de Estados Unidos sobre Israel en Washington se ha centrado en la mejor manera de proteger al Estado judío de sus vecinos hostiles. Ha habido interrupciones ocasionales al status quo. A principios de la década de 1980, el presidente Ronald Reagan suspendió las entregas de aviones de combate a Israel después del bombardeo de un reactor nuclear iraquí y prohibió la exportación de bombas de racimo después de que Israel las arrojó al Líbano durante la primera guerra de Israel allí. En 1992, el presidente George H.W. Bush se negó a aprobar garantías de préstamos para Israel a menos que dejara de construir asentamientos en tierras palestinas en Cisjordania y Gaza. Sin embargo, estos cambios ocasionales en el debate político estadounidense sobre Israel no minaron la férrea alianza estadounidense-israelí. Y eventualmente, estas interrupciones en el debate sobre el status quo se desvanecieron. Sin embargo, la polarización de la política de Washington en los últimos años allanó el camino para la división partidista de hoy sobre Israel. El Partido Republicano se volvió más blanco, viejo y rico. La influencia evangélica cristiana de derecha sobre el Partido Republicano creció considerablemente, empujando las políticas del Partido Republicano sobre Israel hacia la derecha. El Partido Demócrata se volvió más dependiente de personas de color, jóvenes, laicos y minorías religiosas. Las bases de ambas partes se fusionaron en torno a dos visiones fundamentalmente diferentes de cómo Estados Unidos debería comportarse en el mundo. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 unieron temporalmente al establishment demócrata y al Partido Republicano para librar la guerra de Irak, pero en espacios progresistas, el sentimiento contra la guerra era alto. Y con ello, se prestó más atención al tema de Palestina, aunque Palestina fue un tema divisivo a veces. Algunos liberales no querían conectar a Palestina con Irak, mientras que aquellos más firmemente a la izquierda los veían como problemas interconectados. «Comenzaron a hacer conexiones entre lo que sucedía en el país y lo que sucedía en Israel, porque Israel estaba haciendo esa conexión en términos de su campaña de hasbara (esclarecimiento)», dijo Zaha Hassan, miembro visitante de Carnegie Endowment for International Peace. “Dijeron que la resistencia palestina en los territorios ocupados no era diferente a los movimientos extremistas islámicos en el Medio Oriente. Los liberales y progresistas en los Estados Unidos

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«Qué», «cómo», «para quién»

Fuente: Carlos Heller *| Tiempo Argentino Fecha: 17 de noviembre de 2019 Tratando de desenmascarar la estrategia de promesas y posverdades del gobierno de Cambiemos, mencioné en varias oportunidades que no sólo hay que ver los «qué», sino fundamentalmente los «cómo». Estos últimos son los que terminan por definir el «para quién», es decir, los destinatarios de las decisiones de política, entre ellas las económicas. En este punto sobresale una constante: el gobierno termina su mandato siendo coherente y exitoso en cuanto a sus objetivos de fondo: promover una redistribución regresiva del ingreso en Argentina. Los «para quién» muestran que entre los principales perjudicados han estado los trabajadores. Los salarios reales del sector privado registrado (RIPTE) cayeron un 19,3% entre septiembre de 2015 y de 2019. En dólares la cuenta es aun peor: se llega al 50% de caída. Ni la más dura reforma laboral pretendida por el establishment podría haber conseguido algo semejante. Quedan fuera de estos números los trabajadores públicos, los no registrados y otros sectores como el de los jubilados. Este es el piso desde el cual se parte. No hay que perderlo de vista a la hora de comenzar el debate en torno al Gran Acuerdo Nacional que seguramente se implementará con la asunción del gobierno electo. Las últimas mediciones del IPC de octubre van en línea con el deterioro descrito. En lo puntual, en octubre el IPC registró un aumento del 3,3%, por debajo de lo que esperaban los analistas (un 4,2%, según el REM) y de lo ocurrido en el mes previo (5,9%). En algunas notas periodísticas se valora que la inflación de Alimentos y Bebidas (2,45%) fue menor al promedio de mes, aunque la trayectoria de fondo y las causas que la motorizan no muestran cambios. De hecho, la variación interanual de la inflación general ya llega al 50,5%, mientras que la de alimentos al 51,8%. En el caso de la salud los aumentos de precios llegan al 70,5%. No son sólo datos, semejantes aumentos indican que cada vez más familias no pueden cubrir sus necesidades básicas. La emergencia que deja este gobierno no sólo es alimentaria. Es cierto que hubo una ligera desaceleración, pero es imputable, en gran parte, a los efectos del plan alivio que implementó el gobierno tras las PASO. Se observa por caso en la evolución de los precios regulados, que subieron en octubre un 2%, también por debajo del promedio. La mala noticia es que todo el paquete de alivio trae fecha de caducidad, tal como acaba de verse con la liberación del precio de los combustibles, que comenzaron a mostrar aumentos en la semana de alrededor de un 5%, como anticipo de otras tandas que podrían sumar el 15% antes de fin de año. Es lo que faltaría para alcanzar la «paridad de exportación», todo un despropósito para un país con producción propia de petróleo crudo. Como siempre, en el fondo están las ganancias, en particular de las empresas energéticas. Por eso el gobierno saliente toma la decisión de compensar con 24.500 millones de pesos a las productoras de gas, como consecuencia de las «variaciones del tipo de cambio». A futuro es absolutamente necesario avanzar con la desdolarización de los precios y los márgenes de ganancia de ciertos sectores de la economía, porque producen un perjuicio concreto en la población. Es lo que ocurre también con alimentos que forman parte de la canasta básica alimentaria, como el pan, que tienden a ajustarse en función de la desvalorización del peso. Desde diversas consultoras ya estiman que la inflación de noviembre y diciembre tendría un piso de 4%. Al descongelamiento de los combustibles hay que agregarle el aumento autorizado a prepagas, telefonía celular y cuotas de colegios privados. Con esto la inflación terminaría diciembre cerca del 55 por ciento. Quedan en evidencia el país que dejan y la titánica (pero no imposible) tarea que habrá que llevar a cabo. Ante ello, es esencial la implementación de políticas vinculadas a la discusión del «para quién». No hay modelo de sociedad que resista con semejante caída del poder adquisitivo y aumento de la pobreza. No hay industria que resista si no tiene a quién venderle sus productos, en un mundo cada vez más proteccionista y de exiguo crecimiento. En otras palabras: la propuesta de crecimiento con inclusión es la única opción sostenible en el tiempo. Y en este sentido, resulta primordial mencionar que el pasado viernes se realizó la primera reunión de trabajo del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. En la reunión, presidida por Alberto Fernández, el presidente electo sostuvo: «Todos estamos de acuerdo de que el problema del hambre es consecuencia de una estructura económica que no funciona, donde falta trabajo, falta inversión y hay mucho maltrato al que produce. También es cierto que hay una gran concentración y tenemos que ver cómo lo resolvemos. Para reforzar esta idea, reflexionó: «Tenemos que cambiar la estructura argentina, si nosotros seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados». También definió el problema del hambre: «Un chico mal alimentado en el comienzo de su vida es un chico que rinde menos en el futuro». En conocimiento de los desafíos que estas acciones significan, clamó: «Hagamos algo épico». En clave latinoamericana Los sucesos de Chile y Bolivia son dos ejemplos más de la disputa de los «para quién», que también se viene dando en el plano regional. No hay que perderlo de vista: el golpe de Estado en el país del altiplano es una consecuencia de que el «para quién» de esos gobiernos estuvo anclado en los sectores históricamente marginados. En Bolivia ello se operacionalizó por la vía de la nacionalización de los hidrocarburos, que permitió avanzar con toda una serie de políticas de inclusión, mientras se apuntaló fuertemente el crecimiento. No por nada el ministro de Economía del autoproclamado gobierno, José Luis Parada, había dicho en 2012 que «era pésima la administración de recursos» del gobierno de Evo Morales. Consistente con su historial, apenas asumido dijo: «En 14 años hemos tenido

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El nuevo gobierno y su vecindario

Fuente: Edgardo Mocca | Página/12 Fecha: 17 de noviembre de 2019 Menos de un mes antes de la asunción del nuevo gobierno argentino, el mapa regional ha sufrido una serie de impactos muy importantes para pensar el contexto en el que se desarrollará ese acontecimiento. En Bolivia hubo un golpe de estado cívico-militar; hay quienes lo niegan tomando como propio el argumento de los golpistas. Todos los golpes de estado que en el mundo han sido fueron explicados por sus autores en nombre de la defensa del bien; la discusión al respecto no tiene ninguna importancia analítica, es pura propaganda a favor de los golpistas y de quienes están de modo muy visible detrás del golpe, es decir la OEA y el gobierno de Estados Unidos. El golpe contra Evo termina de cerrar la etapa regional abierta con la recuperación democrática argentina en 1983. Más allá de los rasgos originales de la ruptura boliviana –entre ellos el uso de fuerzas civiles lanzadas a todo tipo de acciones violentas sin que ninguna fuerza armada o de seguridad lo impidiera- reaparece en la escena sudamericana el golpe militar. Es decir, la oligarquía nativa asociada con la principal potencia imperial pone en acción el último recurso para defender su dominio político, el recurso de las armas. Es un dato histórico con el que tendrán que contar, de aquí en adelante, las fuerzas democráticas y populares de todos nuestros países: la doctrina democrático-liberal de las “transiciones democráticas” ha sido subordinada a las razones estratégicas de Estados Unidos y sus aliados en cada uno de nuestros países. Con todo su dramatismo y sus episodios de violencia fascista, los acontecimientos bolivianos no deberían tapar ni disminuir la importancia de otro fenómeno contemporáneo, la rebelión popular chilena. Así como se reabrió la agenda de los golpes de estado, también reapareció la sombra maldita de los años setenta del siglo pasado: la revolución. Parece razonable tildar de exagerada esa afirmación; sin embargo su empleo no es una simple evocación sentimental. El pueblo chileno ha forzado que las élites políticas que gobiernan Chile desde 1990 acuerden un calendario electoral en el que estará en juego la constitución del país. Claro que no cualquier reforma constitucional supone una revolución. Pero resulta que en este caso está en juego un cambio de régimen. Se trataría, en el caso de triunfar la lucha popular chilena, del reemplazo del régimen pos-pinochetista, que mantuvo en pie el orden político emergente de la “constitución” del régimen militar, por uno nuevo cuyo contenido emergería de una disputa política muy vigorosa. El solo hecho de que se abra esta discusión es una conquista revolucionaria en el Chile erigido por los poderosos del mundo como modelo global, como paradigma del régimen ideal de la democracia neoliberal. Así lo recitaba –y sigue recitándolo- el mainstream de la ciencia política de nuestros países: centralidad del parlamento, poca política en las calles, pocos partidos políticos, competencia “hacia el centro”, marginación de los partidos “antisistema”. Todo eso está colapsando en Chile y eso es una muy buena noticia para la democracia. Claro que mirada desde Argentina, la realidad de este contexto político regional no es lo que se dice tranquilizadora. El presidente electo y la coalición que apoyó su candidatura son los emergentes de una estrategia política que combinó la promesa de un cambio profundo de orientación respecto de la catastrófica gestión macrista con la voluntad de facilitar un diálogo político en el que se disolviera la “grieta” que divide a los argentinos. Como mínimo, el golpe de estado en Bolivia, la prolongada crisis del régimen chileno y la postura propia de la guerra fría adoptada por Bolsonaro en Brasil no parecen ser el marco más propicio para llevar a buen puerto ese objetivo. La distensión política es un objetivo noble y razonable, no lo sería tanto esperar que esa voluntad de diálogo tenga eco entre los sectores más poderosos de nuestra sociedad y sus soportes hemisféricos. De modo no casual, el centro del discurso del presidente electo y de sus más estrechos colaboradores está en las urgencias que plantea al nuevo gobierno el ominoso saldo de la experiencia de gobierno de la segunda alianza. Enfrentar el hambre, aliviar a los sectores más postergados, “prender” la economía aparecen como prioridades difícilmente discutibles. Ahora bien, a esta situación no se llegó por una fatalidad cósmica. A esta situación nos llevaron determinadas políticas que fueron aplaudidas por algunos sectores durante gran parte del mandato de Macri, justo hasta el momento en que a la figura del presidente se le adjuntó la fecha de vencimiento. Es cierto que los beneficiarios reales del despojo antipopular constituyen un sector muy minoritario de la población. Pero su capacidad de influenciar a sectores sociales muy amplios no debería estar en discusión: es un hecho comprobado en nuestro país y en nuestra región. Alberto Fernández dijo en estos días que Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump “volvió a las peores épocas de los años setenta, avalando intervenciones militares contra gobiernos populares que fueron elegidos democráticamente”. Se trata de una intervención valiente. Pero no solamente eso, también es una intervención sensata. No debería ser entendida como un rapto voluntarista, sino como un gesto de comprensión de la realidad en la que le tocará gobernar. Muchos, en nuestro país y en la región, creyeron que una vez obtenido el gobierno había que darle prioridad a las buenas relaciones con los poderosos porque eso aseguraría su estabilidad. Eso terminó invariablemente mal. Maquiavelo en “El Príncipe” habla de los dos humores que conviven en la patria, “el de los grandes y el del pueblo”. Y sostenía “Quien alcanza el principado mediante el favor del pueblo debe, por tanto, conservárselo amigo, lo cual resulta fácil pues aquél solamente pide no ser oprimido”. El pueblo argentino está ante una gran oportunidad. La de convertirse en protagonista de un episodio profundamente democrático, socialmente reparador e inspirador para los pueblos de la región. El protagonismo del presidente electo en los sucesos de Bolivia y sus puntos

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Conexión Washington – Las características del golpismo neoliberal

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 17 de noviembre de 2019 Ningún golpe de Estado puede llevarse a cabo en América Latina sin la habilitación, aprobación, planificación o complicidad del Departamento de Estado. Solo Estados Unidos posee la capacidad de legitimar la discontinuidad de los sistemas institucionales dentro de la región. Hace cinco décadas se llevaban a cabo en nombre de la Guerra Fría, basados en una doctrina de la seguridad nacional difundida por la Escuela de las Américas. Luego de la caída del muro de Berlín, la estrategia del Pentágono redujo su legitimidad. La posterior lucha contra el fundamentalismo islámico no logró cuajar como justificativo en América Latina, por lo que fue necesario apelar a otra doctrina. Se sistematizó entonces como nueva formulación de la seguridad regional (funcional a los intereses de Estados Unidos) una doctrina de sostén al denominado Consenso de Washington. Esta nueva plataforma se basa en promover una institucionalidad frágil y quebradiza, subalterna del cumplimiento de los principios emanados del neoliberalismo extractivista y financiarizado. Los responsables últimos de la Doctrina de la Seguridad Nacional eran –hasta la década del ’80– los oficiales de las fuerzas armadas de los países latinoamericanos. Su formación se instituía en la Escuela de las Américas, radicada en Panamá desde 1946, y sus órdenes –legitimadas por la necesaria salvación de la supervivencia del occidente cristiano— incluían la tortura, la desaparición forzada y el exterminio de opositores. El pretendido triunfo del capitalismo fue conceptualizado como el “fin de la historia”, y fue necesario generar un nuevo cuerpo de protagonistas de la manipulación geopolítica, más coherente con la etapa. Las representaciones diplomáticas de Washington readecuaron sus dispositivos hacia la financiación de:  iglesias neo-pentecostales, cultoras de una teología de la prosperidad individual, enemigas de cualquier opción al servicio de los humildes; grupos periodísticos, convertidos en agentes de operaciones psicológicas destinadas a debilitar vínculos entre los referentes políticos y sus bases sociales; actores seleccionados del Poder Judicial, cooptados ex profeso para actuar como cuña (pseudo) republicana disfrazada de prudencia, cordura y equilibrio de poderes; y grupos empresariales y financieros acoplados a la lógica corporativa global, cuyos intereses son convergentes con los directorios de las transnacionales. En esta nueva etapa, los ejecutores de los golpes de Estado ya no rotulan como sus enemigos a los grupos insurreccionales —hoy inexistentes—, sino a quienes promueven la inclusión social, el pleno empleo, la defensa soberana de los recursos estratégicos y la integración regional. Dado que no resulta políticamente muy redituable justificar la persecución de estos defensores de la equidad, se los caratula como responsables de toda forma de corrupción e incluso del narcotráfico. Las usinas ideológicas que fundan dicha tarea son los think-tanks (centros de investigación ligados mayoritariamente al Partido Republicano), que suelen canalizar sus formulaciones y apotegmas a través de ONGs seleccionadas, con amplia capacidad de penetración al interior de los cuatro actores colectivos mencionados. Como staff de apoyo de las mismas, se suman las agencias de inteligencia y espionaje con doble comando: empresarial y subsidiario de la Agencia de Seguridad Nacional con sede en Maryland. Este nuevo modelo de interrupción de los sistemas democráticos de la región se inició en 2002, con el frustrado golpe contra Hugo Chávez. Continuó en junio de 2009 con la destitución forzada de Manuel Zelaya en Honduras y se prolongó ese mismo año, en septiembre, con otra intentona malograda (en Bolivia), que produjo la matanza de Pando. El 30 de septiembre de 2010, le tocó el turno a Ecuador, a través de una asonada policial, pero Rafael Correa logró abortarla gracias a la movilización popular. En junio de 2012 el golpe logró consumarse en Paraguay, y Fernando Lugo fue desplazado gracias a la eficiente labor del representante diplomático de la embajada de Washington, que se negó a condenar el quiebre institucional.  La tela de araña Presidenta en sí y ante sí Jeanine Añez. La oleada de golpes del siglo XXI tiene la impronta del denominado poder blando teorizado por Joseph Nye, quien sugiere implementar estrategias de acción publicitaria, simbólica y cultural en vez de recurrir, como se estilaba durante el siglo XX, a modelos contrainsurgentes de coerción. Esta conceptualización fue profundizada por el militar y politólogo estadounidense Gene Sharp, quien considera que “la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado (…) Nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas”. Uno de los más conocidos trabajos de Sharp, “De la dictadura a la democracia”, ha sido el material más difundido por quienes asimilan democracia (únicamente) con neoliberalismo, y asocian toda forma de promoción de Estado de Bienestar con dictadura. Los antecedentes del reciente golpe contra Evo Morales fueron prologados por declaraciones altisonantes de Roger Noriega –ex director de USAID y subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental—, quien instigaba una semana antes del quebrantamiento institucional a derrocar al líder del MAS: “Bolivia podría estar cayendo en espiral hacia una dictadura absoluta o un conflicto sangriento”. Las operaciones de la embajada contra Morales, son numerosas y se retrotraen al mismo inicio de su presidencia. Los cables divulgados por WikiLeaks –complicados en el libro Bolivia Leaks— muestran la sistemática faena desarrollada durante más de una década: “El trato con el gobierno del MAS requerirá una cuidadosa aplicación de zanahoria y palos para alentar los buenos comportamientos y políticas, y desalentar los malos”. El formato de este nuevo golpe neoliberal busca presentarse como el resultado de la crisis institucional, ajena a la disputa de intereses, y apela –como factor de última instancia– a las FFAA como garantes de la gobernabilidad, cuando en realidad sus oficiales han sido parte constitutiva de la paulatina deslegitimación de los gobiernos populares. Frente a la lógica del supuesto poder blando emanado de las embajadas, se imponen tres desafíos epocales. En primer término, lo que Samir Amin denominó la “desconexión”, es decir la sutil y gradual disminución de los lazos tóxicos que unen a América Latina con Washington. En segundo término, la indagación y problematización del lugar de las FFAA en la democracia (su reclutamiento y capacitación para cumplir el rol de garantes de la soberanía, y no –como en la actualidad—como gendarmes del

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Sobre la OEA y las elecciones en Bolivia

Fuente: Nodal | Celag Fecha: 17 de noviembre de 2019 Los hallazgos del estudio del CEPR sobre las elecciones en Bolivia análisis nos permiten afirmar que el informe preliminar de la OEA no aporta prueba alguna que pudiera resultar definitiva para demostrar el supuesto “fraude”. CELAG ha realizado un estudio detallado del informe de la OEA “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia 20 de octubre de 2019 – Hallazgos preliminares. Informe a la Secretaría General”[1] a partir de análisis propios y retomando los aportes del documento “¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA”[2], elaborado por el Center For Economic And Policy Research (CEPR). Los hallazgos del análisis nos permiten afirmar que el informe preliminar de la OEA no aporta prueba alguna que pudiera resultar definitiva para demostrar el supuesto “fraude” al que aludió el secretario general, Luis Almagro, en la sesión del Consejo Permanente celebrada el 12 de noviembre[3]. Por el contrario, en lugar de atenerse a realizar una auditoría electoral técnicamente fundamentada, la OEA elaboró un informe cuestionable para inducir en la opinión pública una deducción falsa: que el incremento de la brecha a favor de Evo Morales en el tramo final del conteo fuera ampliándose por causas fraudulentas y no por las características sociopolíticas y las dinámicas de comportamiento electoral que se dan entre el mundo rural y el urbano en Bolivia. Un antecedente a considerar es que el día 23 de octubre, previo al inicio de la auditoría solicitada por el Gobierno boliviano y con el cómputo oficial en curso, la Misión Electoral de la OEA emitió un informe preliminar en el que “recomendó”, sin ningún tipo de fundamento técnico, la realización de una segunda vuelta electoral como la “mejor opción”[4]. A continuación, las principales conclusiones: Sobre el análisis de la interrupción del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). El informe la OEA omite decir que, como señala el informe del CEPR, la práctica habitual, anunciada y acordada entre las partes con anterioridad al proceso electoral, incluía el compromiso de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de publicar datos preliminares obtenidos a partir del sistema de transmisión rápida TREP con una cantidad de actas verificadas del 80% del total. A las 19:40 horas del 20 de octubre, momento en que se detuvo la publicación de resultados, la carga de datos había alcanzado el 83,85% de las actas verificadas. Tal como señala el mismo informe, este desempeño del TREP fue similar en los anteriores procesos electorales bolivianos[5]. Los gráficos del informe de la OEA sobre el sistema TREP no revelan nada excepto lo que ya sabíamos, esto es, que se interrumpió la carga de actas en el sistema con el 83,85% de las actas verificadas, y que luego se retomó. Mientras tanto, los gráficos sobre la ratio a favor/en contra de Morales sólo apuntalan una conclusión evidente: que, en las zonas cargadas a última hora de la noche -las zonas rurales- los apoyos de Morales son muy superiores a los recibidos en las zonas cargadas a primera hora de la noche. El informe de la OEA también introduce afirmaciones arbitrarias, sin fundamento técnico, al usar el término “inusual” para caracterizar el comportamiento de las tendencias en la carga de datos: “En el último 5% del cómputo, 290.402 votos fueron contabilizados. De estos, Morales ganó 175.670, es decir un 60,5% de los votos, mientras Mesa obtuvo solamente 69.199 votos, es decir, un 23,8%. En otras palabras, en el último 5% de votación, Morales incrementa el promedio de votación en un 15% comparado con el 95% anterior”. No es “inusual” que Morales hubiera obtenido porcentajes de apoyo en torno al 60%, e incluso superiores, en algunas zonas del país, y principalmente en las zonas rurales de los dos departamentos que se cargaron últimos: Cochabamba y Oruro. Véase al respecto los resultados de las elecciones de 2014, en las que en las localidades rurales el MAS obtuvo una media de 84% de los votos, o las elecciones de 2016 en las que el 71% votó por el Sí en el Referéndum. A partir de un ejercicio matemático riguroso resulta plenamente posible que la proyección de los resultados del TREP al 100% hubiera resultado en una diferencia a favor de Morales superior al 10%, lo cual se deriva del hecho de que las zonas de mayor peso electoral del MAS eran las que estaban menos avanzadas en el cómputo. Suponiendo que del 16,15% de las actas que faltaban cargar al momento de detenerse el TREP, un tercio hubieran correspondido a áreas urbanas, tal como sostuvo el candidato Carlos Mesa, y dos tercios hubieran correspondido a voto rural, y con la hipótesis conservadora de que Morales hubiera obtenido un apoyo del 60% en estas zonas, el resultado final hubiera sido 47,3% vs. 36,4%, es decir, una diferencia de 10,9 puntos. Este resultado es consistente con el que finalmente se obtuvo del cómputo oficial. Tal y como constataron las proyecciones realizadas por el CEPR: “El recuento de votos oficiales legalmente vinculantes no se detuvo durante ningún período significativo, y la tendencia en los resultados en el recuento oficial es muy similar a la tendencia en los resultados de la transmisión rápida”. “Los resultados del TREP no resultan difíciles de justificar ni ‘inusuales’”, como señala la OEA, sino que “la brecha entre Morales y Mesa se amplió constantemente a medida que avanzaba el proceso de conteo”. “Los resultados parciales de la transmisión rápida hasta el momento de su interrupción predicen un resultado que es extremadamente cercano a los resultados finales”. Cabe aclarar que, a pesar de que la OEA centra principalmente su auditoría en el sistema TREP, el único resultado vinculante según la legislación boliviana es el que emana del cómputo oficial de los votos. El sistema TREP, implementado por el país a partir del año 2016 por recomendación de la propia OEA, tiene un carácter preliminar y no brinda resultados oficiales. Resulta muy llamativo que

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El odio al indio

Fuente: Alvaro García Linera | Página/12 Fecha: 17 de noviembre de 2019 Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder. En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman «collas», que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que «hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre. En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él. El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida. Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de «elecciones limpias» pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror. Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas. Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial. Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial

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Condena al fallo del alto tribunal europeo: otra pifiada de los voceros de Israel

Fuente: Daniel Kupervaser  | Blog de Daniel Kupervaser Fecha: 15 de noviembre de 2019 Si el objetivo estratégico de un liderazgo nacional es obtener logros significativos en conflictos internacionales de este tiempo, frecuentemente la artillería mediática suele ser mucho más efectiva que atacar y bombardear con drones, bombas y misiles. La falta de pericia en el uso de esta herramienta puede ser tan aciago, como salir al campo de batalla militar con soldados y oficiales inexpertos. Días atrás, como consecuencia de un recurso presentado oportunamente por una bodega israelí, el Alto Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia por la cual todos los 28 países de la institución están obligados a exigir el etiquetado de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania, Jerusalén Oriental y el Golán, destinados al comercio en mercados europeos. La etiqueta debe señalar que esa es su procedencia y no Israel. Se trata de una resolución de la instancia máxima de la justicia europea sin más posibilidades de apelar. BODEGA ISRAELI DESTAPÓ LA BOTELLA CON EL FANTASMA DEL ETIQUETADO Distintos sectores de la política israelí lanzaron una inmediata lluvia de condenas al dramático fallo de la autoridad jurídica europea. “El fallo sirve como una herramienta en la campaña política contra Israel”, dice el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. “Todo el objetivo del fallo es individualizar y aplicar un doble estándar contra Israel”. “Hay más de 200 disputas territoriales en todo el mundo, pero el tribunal europeo nunca se ha pronunciado sobre ninguna de ellas”, agrega el comunicado. “El fallo de hoy es tanto político como discriminatorio contra Israel”, se denuncia. (“Israel condena la inaceptable decisión de la Unión Europea de etiquetar productos israelíes”, Noticias de Israel, 12-11-19). La misma fuente informa que la viceministra de asuntos exteriores, Tzipi Hotovely calificó a los jueces como “políticos e hipócritas” afirmando que, “los denominados asentamientos son comunidades israelíes que forman parte integral de Israel”. En un comunicado especial, el Consejo Regional de Colonias Israelíes en Cisjordania (Moetzet Yesha en hebreo) afirma que “la decisión del tribunal europeo no vale ni siquiera el papel donde está escrita, es hipócrita y surge de un sentimiento antisemita del tipo más bajo” (“Decisión dramática: La Unión Europea ordena etiquetar productos de asentamientos israelíes en Cisjordania”, Ynet, 12-11-19). Muy probablemente, gran parte de la sociedad israelí y el pueblo judío del mundo se sientan muy orgullosos e identificados con la enérgica y argumentada réplica ante tan “inaceptable decisión”. Su reconocida conducta sumisa ante las políticas del gobierno de Israel junto a la carencia generalizada de un mínimo sentido de autocrítica, les impide reflexionar objetivamente y llegar a la conclusión que se trata de una nueva y gran pifiada de la vocería israelí (Hasbara israelí en hebreo). Se trata de otro traspié en la serie de fracasos que tanto caracteriza a la vocería de Israel y de instituciones judías del mundo que operan bajo indicaciones de Jerusalén. Esto se puede demostrar muy sencillamente. Acusar al alto tribunal europeo de tomar parte a los efectos de apoyar políticamente a un sector o país en contra de otro es una consigna carente de sentido. Este tipo de instancias jurídicas se ocupa de resolver casos elevados por partes que se consideran afectadas, y en la mayoría de ellos, todo fallo, de una manera u otra, acarreará consecuencias políticas para las partes. Este tribunal se desentiende de esas secuelas para fallar según las normas y jurisprudencia del caso. Tampoco se puede acusar al tribunal europeo de doble estándar contra Israel en vista de la existencia de otros 200 conflictos territoriales en el mundo sin que se haya pronunciado al respecto. Nuevamente, el tribunal no es el responsable de la equidad en las políticas de los gobiernos, sino que dicta sentencias según los casos que se presentan. Al respecto vale mencionar que las autoridades de la Unión Europea sí han tomado decisiones regulatorias especiales, y hasta mucho más drásticas, en situaciones muy similares de conflictos internacionales. La condena israelí se desentiende de las políticas adoptadas por varios sectores de la comunidad internacional en referencia a los conflictos del Sahara Occidental, Crimea, Chipre y Cachemira, entre otros. El argumento presentado por la viceministra Hotobely es realmente ridículo. ¿Cómo pretende que el tribunal europeo adopte una decisión en base a las aspiraciones judías de la Gran Israel cuando ningún país en el mundo hasta el día de hoy reconoció soberanía israelí en los territorios mencionados (fuera del servilismo de Trump respecto del Golán) y está en vigencia la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de ONU adoptada por unanimidad (con la abstención de USA) de diciembre de 2016 que dictamina ilegalidad a todos los asentamientos israelíes en esas regiones? La posición del Consejo Regional de Colonias Israelíes en Cisjordana es totalmente absurda e inclusive significativamente negativa para el pueblo judío. Dado el trasfondo de los hechos, en la práctica se trata de un claro ejemplo que banaliza el antisemitismo. Si, ante la toma de posición en contra de las políticas de colonización israelí en territorios conquistados en 1967 el Estado Judío lo considera antisemitismo, sería prudente juzgar como una normalidad el proceso en el que la adopción de conductas antisemitas progresivamente deja de ser un tabú en los pueblos del mundo. Si la vocería israelí continúa apoyándose en argumentos fallidos, que nadie se sorprenda de los permanentes fracasos mediáticos y la creciente aversión hacia Israel y el judaísmo a nivel internacional. Ojalá me equivoque Daniel Kupervaser Herzlya – Israel 15-11-2019 http://daniel.kupervaser.com/ kupervaser.daniel@gmail.com @KupervaserD

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Nueva Constitución y Asamblea Constituyente: la batalla de Chile

Fuente: Pedro Santander* | Celag Fecha: 15 de noviembre de 2019 El acuerdo logrado de madrugada entre varias fuerzas políticas sobre el camino hacia la nueva Constitución ha dejado un sabor agridulce entre la población. Después de 2.365 heridos/as, 217 pérdidas de globos oculares, 6.000 detenidos/as, 57 agresiones sexuales a detenidas y 4 semanas de las más intensas protestas sociales que recuerde nuestra historia, la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria llegaron, de madrugada, a un acuerdo intentando destrabar la actual situación. Se abstuvieron de firmar el acuerdo el Partido Comunista y una parte importante del Frente Amplio (sólo 3 partidos del FA dieron su firma). No está claro si así lograrán tranquilizar las calles, pues quienes firmaron son las mismas fuerzas políticas que han sido cuestionadas duramente por el pueblo chileno; son quienes no tienen conexión con el mundo social y su prestigio, según absolutamente todas las encuestas, está por los suelos. Por lo tanto, y todos lo saben, está aun por verse cómo reaccionará la calle. Lo acordado implica que en abril del 2020 se realizará un plebiscito de entrada que pregunte si se quiere una nueva Constitución y cuál será el mecanismo: ya sea una “convención mixta” (50% de actuales parlamentarios y 50% de ciudadanos) o una “convención constitucional” (léase, Asamblea Constituyente). Luego, en octubre, coincidiendo con las elecciones municipales, se elegirán a los/las asambleístas. Finalmente, en un plebiscito de salida, con voto obligatorio (en Chile el voto es voluntario), se ratificará o rechazará la propuesta constitucional. Hay sentimientos encontrados en el mundo social, y así lo han hecho saber las y los dirigentes de la Mesa de Unidad Social, organismo que ha liderado el movimiento y que logró, el martes 12 de noviembre, convocar a un exitoso paro nacional. Encontrados porque, por un lado, es indiscutible que por primera vez en la historia de Chile se está ante la posibilidad de elaborar una Carta Magna mediante Asamblea Constituyente (AC); además, la constitución del dictador Pinochet ha sido desahuciada, sin duda, y la nueva será discutida bajo la modalidad de “hoja en blanco”. Esto significa que la vigente Constitución pinochetista no tendrá jurídicamente ningún valor vinculante sobre la discusión constituyente (como al inicio de las negociaciones lo exigía la derecha). También es un éxito lograr un plebiscito de entrada y de salida (la derecha solo quería el de salida). Sin embargo se trata, sin duda, de un acuerdo con la sombra de la represión militar, hecho a espaldas del pueblo movilizado y del cual no participaron los actores sociales que hicieron posible correr el cerco pinochetista que lastramos desde 1990. Ninguno de ellos y ellas fueron llamados a consulta, a pesar de que fueron quienes hicieron todo posible. Los peores fantasmas de una transición traidora -que la Concertación inició en 1989 cuando dio la espalda al mismo pueblo que derrotó a la dictadura y votó por ella- han comenzado a emerger rápidamente en las redes sociales, en las conversaciones entre amigos, en el rumor social. Y la desconfianza es mayor si se considera que la derecha logró imponer una condición de triste tradición en Chile: lo que se apruebe deberá serlo por un quórum de ⅔. Este fue, justamente, el meollo del asunto por el cual el Partido Comunista y la mitad del FA no firmaron el acuerdo (ellos pedían 3/5). Porque, de este modo, al igual que como ocurre actualmente gracias a la Constitución vigente, se mantienen un quórum supramayoritario que le da a la derecha un poder de veto inmenso con sólo un tercio de los votos. El asunto no es menor si, por ejemplo, queremos volver a nacionalizar el agua (100% privatizada en Chile) o los recursos minerales, como el litio: no bastará tener el 65% de los votos ya que la derecha, con un 33%, puede vetar estas y otras iniciativas. El momento constituyente/destituyente Nunca está demás recordar que somos el único país del Cono Sur que después de las experiencias dictatoriales del siglo XX mantuvo la Constitución del dictador; Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador y hasta Paraguay, con la derecha stroessnerista, la cambiaron. En Chile, ya entrando en la segunda década del siglo XXI aún (con)vivimos con el espíritu pinochetista y neoliberal de la Carta Magna, gracias a que los mismos que ayer firmaron su desahucio y que por 29 años estuvieron muy cómodos con ella. Se inicia, entonces, un momento constituyente en nuestro país que permitirá abordar un problema constitucional objetivo, que la élite quiso desconocer por décadas y al que hoy apuesta como modo de apaciguar la asonada popular. Está por verse si se viene también un momento destituyente, es decir, que se logre destituir verdaderamente el espíritu pinochetista y neoliberal extremista que regula la convivencia social chilena. Este es el próximo desafío, como también lo es enjuiciar a Sebastián Piñera, el presidente que nos declaró la guerra, por las graves, sistemáticas e inolvidables violaciones a los Derechos Humanos que en estas semanas se han cometido. (*) Pedro Santander es doctor en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Chile (Uch). Actualmente es director del Observatorio de Comunicación de la PUCV. Es profesor titular de la Escuela de Periodismo de esa universidad, donde está a cargo…

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