julio 2018

Fuente: Nilda Garré | El cohete a la luna Fecha: 29 de JUL 2018 El pasado lunes 23 de julio, el Presidente anunció una “profunda” reforma del sistema de Defensa Nacional, que tuvo su primera expresión en el Decreto 683/2018, que modificó el 727/2006 (reglamentario de la Ley de Defensa) y derogó el 1691/2006 (Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas). Esta decisión trascendental –que, a diferencia de las directivas sancionadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, va a contramano del espíritu de las leyes vigentes– vulnera el esquema legal e institucional establecido en nuestro país desde el retorno de la democracia en 1983. Representa, en efecto, el punto de partida para intentar quebrantar el ordenamiento jurídico compuesto por las leyes de Defensa Nacional N° 23.554 (1988), de Seguridad Interior N° 24.059 (1992) y de Inteligencia Nacional N° 25.520 (2001), compendio normativo que fue alcanzado con el más importante consenso multipartidario del que se tenga memoria y que se mantuvo a lo largo de treinta años. El tema fue prolíficamente analizado en los últimos días, de modo que simplemente conviene recordar cuáles son los ejes estructurantes de la medida y sus posibles consecuencias. En cuanto a los criterios ordenadores, cabe señalar que el decreto: habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y para responder a “amenazas externas”, aun cuando estas no provengan de un Estado, como podría suceder con el delito organizado transnacional, tal como es el caso, por ejemplo, del terrorismo. De este modo se hace caso omiso de la resolución 3314 (1976) de la Organización de las Naciones Unidas, que sostiene que “agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU”; promueve la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se adiestren y equipen para misiones de seguridad interior, lo que está vedado por nuestro sistema legal; y habilita que las Fuerzas Armadas desempeñen tareas de protección de los objetivos de valor estratégico, misión que actualmente desempeñan las fuerzas policiales y de seguridad. En este último caso, se realiza una interpretación forzada del artículo 31 de la Ley de Defensa, que señala que es una misión de la Gendarmería y de la Prefectura la custodia de esos objetivos de valor estratégico para la Nación. En lo que hace a las previsibles consecuencias de la medida, resulta clave enfatizar que asignar a los militares tareas propias del campo de la seguridad –como las labores antiterroristas o de lucha contra el narcotráfico que actualmente desempeñan las fuerzas policiales y de seguridad– supone conducir al instrumento militar de la Nación por el sendero de la “policialización” y su consecuente desprofesionalización. Con respecto al caso puntual del terrorismo –el “caballito de batalla” sobre el que se montó la propaganda oficial para marcar la supuesta desactualización de los artículos modificados del Decreto 727/2006 y del derogado decreto 1691/2006–, no resulta claro qué tipo de acciones y organizaciones serán consideradas de este modo por parte del Estado nacional. En consecuencia, los cambios efectuados podrían resultar funcionales, como bien ha indicado recientemente un colectivo de expertos y organizaciones no gubernamentales (https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/fuerzas-armadas-en-seguridad-interior/), a la “deslegitimación, criminalización y represión de la protesta social y al uso de la inteligencia militar para el espionaje interno”. Los nuevos lineamientos impulsados por Macri constituyen un elemento de especial preocupación ante el actual escenario de deterioro económico y conflictividad social. Finalmente, no puede dejar de mencionarse que la mayor parte de las naciones latinoamericanas que han emprendido una reasignación de misiones para sus Fuerzas Armadas en dirección a “combatir” las denominadas “nuevas amenazas” han fracasado en su objetivo. La consecuencia de ello fue la creciente desprofesionalización de los uniformados y su involucramiento repetido en violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos como así también en hechos de corrupción. Los casos de México y Colombia constituyen referencias ineludibles, dado que sus actuales dirigencias –independientemente de posicionamientos políticos y concepciones ideológicas– están empezando a revisar sus políticas, atento a los fracasos obtenidos como consecuencia de la “militarización de la seguridad pública”. Precisados estos puntos, convendría estar muy atentos al resto de los anuncios que realizó Macri, puesto que en el medio de la discusión legal y doctrinaria algunas cuestiones podrían pasar desapercibidas.   Una nueva Directiva de Política de Defensa Macri comunicó la inminente aprobación de una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), que sería el instrumento con el cual el gobierno reemplazaría a las dos DPDN sancionadas durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner (Decretos 1714/2009 y 2645/2014). La directiva anunciada se enmarcará –según adelantó el presidente (https://www.youtube.com/watch?v=Z7OK8wnMlB4)– en una serie de criterios que se enumeran por ahora sin apreciaciones valorativas: modernización de las Fuerzas Armadas; atención a la misión principal del instrumento militar; apoyo a la política exterior del país (con énfasis en las operaciones de mantenimiento de la paz, la cooperación con los “países amigos” y la contribución a la política antártica); apoyo a las actividades de seguridad interior; protección en “eventos de carácter estratégico”; custodia de objetivos de valor estratégico e infraestructuras críticas; desarrollo de capacidades para la defensa en el ciberespacio; apoyo a la comunidad ante catástrofes y desastres naturales; actualización de la doctrina; accionar militar conjunto; mejora de los salarios; defensa de la “familia militar”; sanción de una nueva Ley de Personal Militar; y desarrollo de un nuevo sistema de reservas. El discurso del Presidente –a partir de la información provista por un teleprompter– no entró en detalle en ninguno de los puntos señalados, sino que se limitó a “leer los títulos” en unos siete minutos. A pesar de esa carencia expositiva y de no haber profundizado los ejes enumerados, pueden efectuarse algunas reflexiones: no hubo ninguna referencia a la desaparición del submarino ARA San Juan ni a las tareas de búsqueda. Tampoco mencionó el conflicto del Atlántico Sur y el enclave colonial que Gran Bretaña mantiene en Malvinas; y mucho

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 27 de JUL 2018 Una masiva marcha rechazó ayer el decreto del presidente Mauricio Macri que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar en seguridad interior bajo el lema de “No a los militares en las calles”. Detrás de ese proyecto se encuentra Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, muy escuchado por el propio Macri, a quien suele acompañar en las giras oficiales, y coordinador de la denominada “Mesa de Seguridad”. El subsecretario de Coordinación de Fronteras, Vicente Autiero, completa el elenco de asesores que le dieron forma al regreso de los militares a las calles. Por escenografía, un inmenso hangar en penumbra. Allí, con tres helicópteros artillados a su espalda y flanqueado casi en un segundo plano por cuatro jefes militares ya demasiado maduros para los uniformes de combate que lucían, el Presidente, desde un estrado negro y brillante como un féretro, desgranaba con frases escolares –que leía en un telepromter– una declaración de guerra contra los peores enemigos de la humanidad. Parecía una escena de Dr. Insólito, esa comedia de humor negro sobre la Guerra Fría realizada en 1964 por Stanley Kubrick. Pero su protagonista no era Peter Sellers sino Mauricio Macri. Así anunció lo que insistía en llamar “reforma del Sistema de Defensa Nacional”. Un eufemismo decorado con inapelables abstracciones: desde los “desafíos del siglo XXI” a “objetivos estratégicos claves”, no sin mencionar “operaciones de apoyo a la comunidad” y la “protección de los recursos del Atlántico Sur”. También esgrimió variadas hipótesis de conflicto: el “impacto del delito transnacional” y los “peligros cibernéticos sofisticados”, entre otras calamidades. Recién entonces supo abordar la solución: “una estructura militar de despliegue rápido” y “unidades conjuntas con personal de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército”. En realidad se refería a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Aquella noticia sacudió al país el lunes 23 de julio. Una noticia que, por cierto, había comenzado a gestarse cinco semanas antes. El superministro en la sombra Tono sombrío. Mirada grave. Así se mostró Macri el 29 de mayo, durante la celebración del Día del Ejército en el Colegio Militar. Fue cuando oficializó el gran anhelo que ahora acaba de concretar. Sus palabras al respecto traían cierta reminiscencia de lo expresado ya en 2010 por la Escuela de Guerra de los Estados Unidos en cuanto a cómo se desarrollaran los conflictos armados en el siglo XXI: “La guerra estará en las calles, en las alcantarillas, en los rascacielos y en los caseríos expandidos que forman las ciudades arruinadas del mundo”. La frase resume el corpus teórico de la doctrina norteamericana de las “Nuevas Amenazas”, que incluye situaciones tan variadas como el terrorismo, el narcotráfico, los reclamos sociales y las catástrofes climáticas. En aquella simpleza conceptual Macri fue amaestrado al pie de la letra. Y ese martes, con cara de entendido, justamente recitó: “Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las nuevas amenazas”. Aplauso de los presentes. El mandatario habló rodeado por delegados militares extranjeros, todos de uniforme y tiesos como piezas de ajedrez. A un costado permanecía el jefe del Ejército, Claudio Pasqualini. Al tipo se lo notaba muy consustanciado con lo que oía. No pudo ser de otra manera. Este general de 58 años es un referente del sector castrense que reclama la amnistía por delitos de lesa humanidad. Pero nadie le festeja tal prédica más que su propia esposa, María Laura Renés, hija de Athos Renés, un ex coronel condenado a perpetuidad por la Masacre de Margarita Belén. Ella pertenece al grupo de Cecilia Pando. El marido no le va a la zaga. Por lo pronto, al opinar sobre el nuevo “desafío”, soltó: “Estamos preparados para muchas tareas”. También se deleitaban con el fraseo presidencial los jefes ministeriales de Defensa y Seguridad, Oscar Aguad y Patricia Bullrich, junto a funcionarios de segunda línea. O desconocidos, pero influyentes; entre éstos, un sujeto alto y delgado que observaba dicha escena con fruición. Era Fulvio Pompeo, nada menos que secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. Bien vale reparar en este personaje. Se trata de un politólogo y relacionista internacional con título obtenido en la Universidad de Belgrano y algún postgrado en Londres. Supo pertenecer al duhaldismo; de hecho, fue funcionario de Carlos Ruckauf en la Cancillería cuando el ex bañero de Lomas ejercía la presidencia interina. Ahora es muy escuchado por el propio Macri, a quien suele acompañar en las giras oficiales. Y se lo considera el “cerebro” del revuelque entre los conceptos de Defensa y Seguridad. Eso lo sitúa en un nivel “supra-ministerial”. Tanto es así que aquel hombre coordina la denominada “Mesa de Seguridad” del Gobierno, en donde Bullrich y Aguad –entre otros– se nutren de nuevas ideas. Allí –por caso– se urdió en abril la ocurrencia de reemplazar las Fuerzas Armadas por una Guardia Nacional, inspirada en las de Panamá y Costa Rica, un proyecto que incluso mereció el rechazo de los socios radicales del PRO. Desde allí Pompeo también delineó las importantes tareas locales que ahora el régimen macrista asignará a los uniformados. A continuación, la siguiente escala de este viaje hacia el terror. El general del siglo XXI Dos semanas después, el Poder Ejecutivo ordenó enviar personal militar –500 efectivos– a la frontera norte, entre Salta y Misiones, en apoyo logístico a las tareas que allí desarrolla la Gendarmería. El asunto fue decidido durante la mañana del 12 de junio por Macri, quien –bajo absoluta reserva– recibió a los principales actores del “proceso (nunca mejor usada esta palabra) militarizador”; a saber: el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros de Defensa y Seguridad, Aguad y Bullrich, el jefe de Gendarmería, Gerardo Otero, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, el de Seguridad Interior, Gerardo Milman, el subsecretario de Coordinación de Fronteras, Vicente Autiero, el titular de Asuntos Estratégicos, Fluvio Pompeo, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Bari del Valle Sosa. Ese es el elenco estable de la “Mesa de Seguridad”. Ahora conviene detenerse

Fuente: Hugo Presman* | La Tecl@ Eñe Fecha: 26 de JUL 2018 Hay una notable coincidencia entre el gobierno y un sector de la oposición, el que se conoce como peronismo racional, peronismo perdonable, peronismo sensato, peronismo republicano, peronismo amigable y que también podría denominarse peronismo alvearizado, menemizado, descafeinado o descremado. El gobierno tuvo un plan fundacional que implicaba demoler hasta los cimientos el modelo de sustitución de importaciones, volviendo a la Argentina pre crisis de 1929. Es decir, el país  que emergió en el siglo XIX,  después de los 60 años de  guerra civil que concluyó con el triunfo del SUR en términos de la Guerra de Secesión norteamericana. Como la historia es juguetona e imaginativa, los descendientes de los derrotados sobrevivientes de aquel conflicto prolongado encontraron en la industria de sustitución de importaciones su lugar en la sociedad y una adscripción política que los dignificó que fue el peronismo. Los dueños del país, políticamente representados por los conservadores, que con su brazo armado interrumpieron el gobierno popular de Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930, inauguraron la primera década infame, pero tuvieron reflejos de autoconservación que no exhiben con la misma intensidad los actuales gobernantes: ante la crisis de 1929, no dudaron en tomar medidas de intervencionismo estatal y proteccionismo, que originaron un daño colateral para su concepción ideológica: el nacimiento y fortalecimiento de la industria nacional, de resultas de las dificultades para importar y el surgimiento de una nueva clase obrera. Los dueños del país, extremadamente dependientes de las exportaciones a Gran Bretaña, terminaron compelidos a firmar un acuerdo escandaloso, ante la amenaza de la primera potencia de entonces de suspender las importaciones provenientes de nuestro país. El intento de volver aún más atrás, a la Argentina del Centenario, es una reiteración de las intenciones de los golpes de 1955, 1966, y 1976, y con Menem y De la Rúa en democracia. No lo lograron, pero hirieron seriamente a la sociedad más igualitaria de América Latina, llevándola de un 4 % de pobreza y desocupación en 1974, a más de 54 % de pobreza y 21,5 % de desocupación en la crisis del 2001. Pero en el 2015 fue distinto porque el establishment llegaba por primera vez al gobierno en forma democrática y a la Rosada accedía uno de sus integrantes. De ahí el propósito de terminar definitivamente con un empate entre dos modelos de país, que es la originalidad de la Argentina y a su vez lo que determina un camino sinuoso, contradictorio, de avances intensos y retrocesos profundos. En los primeros dos años de CAMBIEMOS la denostación del pasado y de la herencia populista junto con las expectativas de un futuro promisorio, ocultaron que se estaba cortando la rama sobre la que se asienta la vida cotidiana de la mayoría de la población. Una justicia subordinada, una protección mediática abrumadora, abonó un camino que mientras ilusionaba con la felicidad en el horizonte avanzaba con la apertura de la economía, la desregulación financiera sin precedentes, el endeudamiento explosivo, la progresiva anulación de derechos, y una actualización de tarifas pensadas exclusivamente en el cuadro de resultados de las concesionarias. Cuando se cerró el grifo del endeudamiento, que cualquier análisis de los números macroeconómicos aconsejarían,  el gobierno utilizó su bala de plata y dejó el gobierno en manos del Fondo Monetario, al punto que si en algún momento el mismo deja de financiar los diferentes déficits, la suerte de CAMBIEMOS está echada. Si esta realidad no puede calificarse de colonia, es imprescindible resignificar el lenguaje.  La idea de 16 años de gobierno de la coalición restauradora alentada después del triunfo en las elecciones de medio término del 2017,  se alejó en el horizonte y vuelve la posibilidad del regreso del “populismo”, obsesión de las finanzas internacionales, del gobierno norteamericano, del poder económico y sus escribas asalariados, motivo por el que buscan desesperadamente  una carta de reemplazo. Si el macrismo con su perrito faldero, el radicalismo, que ha enterrado lo mejor de su pasado y es una sombra de la sombra que ya era en los últimos años, no garantizan la continuidad del proyecto refundacional, hay que encontrar la alternancia en el peronismo descafeinado. El as de espada hasta ahora, la gobernadora María Eugenia Vidal, no superaría el derrumbe del oficialismo. El macrismo no está aún muerto ni mucho menos, pero en un escenario económico progresivamente muy desfavorable, aplicar el brutal ajuste del Fondo se presenta como la peor solución para ser ganador dentro de un año. Héctor Magnetto como distribuidor del juego busca alternativas en el peronismo blanco que en última instancia es una variante con matices del macrismo, cercado e intimidado por la futura pesada herencia y las cadenas del FONDO, dos circunstancias disciplinadoras. Así se despliega la operación que el columnista de Clarín Fernando González, recientemente reincorporado, escribió el sábado 21 de julio bajo el título “El presidente del 2019, llevará la marca del FMI”: “La novedad de la Argentina es que el protagonista fundamental de las elecciones presidenciales del 2019 va a ser el Fondo Monetario Internacional. El próximo presidente conseguirá la victoria con el FMI o contra el FMI” (traduzco: esta última es la alternativa Cristina, que en el idioma del establishment es el peligro Cristina, que crece lenta pero firmemente en las encuestas, más allá de algunas pagadas intencionalmente por el gobierno, que intentan el doble objetivo: consolidar la base propia y recuperar a los desilusionados cuya bronca hacia el oficialismo cede cuando existe la posibilidad del retorno del kirchnerismo). Más adelante escribió: “Ya se sabe que Cristina culpará al FMI de todos los males y lo arrojará a la misma hoguera donde pretende arrastrar al presidente. El dilema lo tendrán los peronistas que buscan un camino alternativo. Massa, Urtubey o el que se anime a dar batalla deberán mostrar algún plan para gobernar un país emergente sin superávit. La economía tiene muchas utopías. Pero hacer populismo sin plata tal vez sea la más inalcanzable”. En página 20 en Clarín del mismo día, bajo el título “Encuentro en