septiembre 2019

Fuente:  Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 22 de septiembre de 2019 En medicina, aunque también en otras profesiones, la mala praxis hace referencia a un perjuicio contra el paciente. Se deriva de una conducta negligente, imprudente o de falta de pericia de un especialista que no respetó los parámetros que rigen la profesión. La definición sirve como marco para reflexionar sobre muchas decisiones que ha tomado este gobierno y que han derivado en la crítica situación económica y social que hoy padecemos. Sin embargo, desde mi punto de vista, acá no hay solamente errores o «mala praxis». En realidad, la economía política es una disciplina del área social, no exacta o natural, y está condicionada por las posturas ideológicas, lo que indica que no hay un único protocolo. Hay distintos «cómo», en función de los «qué» buscados. De hecho, aunque hablen de errores, para los defensores del «pensamiento único» la mala praxis tampoco aplicaría. En Argentina se siguieron las normas de la ortodoxia a la perfección y podríamos decir que incluso lograron varios de los objetivos buscados. Desde un primer momento señalé que este gobierno siempre supo qué estaba haciendo y que sus políticas sólo generarían un fuerte endeudamiento, desempleo y recesión. Esta es la contrapartida de los «éxitos» conseguidos, en particular en lo que respecta a la brutal caída del salario real, un pedido del establishment concentrado. En una nota de Marcelo Bonelli (Clarín, 19/9/19) se habla de que «la primera tarea que tendría Alberto sería recomponer la relación con los Estados Unidos». La nota se titula: «Las diez medidas que Alberto Fernández le pediría a Macri si gana las elecciones», aunque no aparece una sola política en concreto. Lo que sobresale es la búsqueda de definiciones por parte del establishment. En la semana, el empresario Eduardo Eurnekian afirmó: «El próximo presidente argentino debería entender que no hay otro camino hacia el crecimiento que abrazar el liberalismo al estilo estadounidense, basado en principios que generan progreso y prosperidad». El problema es que es lo que estuvo haciendo desde un comienzo el gobierno de Cambiemos. Lo ocurrido con el salvataje que el Fondo Monetario Internacional concedió a instancias de Donald Trump constituye un auténtico «abrazo de oso». En este marco, acaba de reaparecer en los medios la exdirectora del FMI, Christine Lagarde. Mientras aguarda para asumir la presidencia del Banco Central Europeo, volvió a eludir sus responsabilidades en el caso argentino. Acudiendo a un argumento contrafáctico se preguntó: «¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? ¿Si no hubiéramos hecho nada? Creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay dudas al respecto». Según Lagarde, «cuando Argentina tocó a nuestra puerta estaba en una situación particularmente difícil. Tendemos a olvidarnos de eso porque todo el mundo se centra en Argentina hoy». En ningún momento se preguntó qué hubiera pasado si no se hubiera permitido la fuga de capitales y el endeudamiento acelerado; si no se hubiera desregulado la economía, más en un entorno internacional que daba señales de volverse cada vez más complicado. La respuesta lógica de la ortodoxia es que todo se hizo para que ingresen inversiones, una apuesta de alto costo y beneficio nulo, ya que los únicos fondos que ingresaron fueron los especulativos, que luego fugaron ante el menor atisbo de baja de ganancias. Lagarde también reconoció que «había pocas posibilidades» de éxito. No llama la atención: es lo mismo que se decía desde el principio en los informes del staff técnico sobre que la deuda era sostenible pero con baja probabilidad. También lamentó que el inmenso crédito no hubiera podido sofocar la inflación. Difícilmente podría ocurrir otra cosa si a la par se buscaba que subiera el tipo de cambio y se ajustaban las tarifas sin ningún tipo de regulaciones que impidieran su traslado a precios. Economía en picada Se conocieron datos del segundo trimestre del año, que entre otras cosas permiten evaluar los datos de actividad económica durante el período de vigencia del acuerdo con el Fondo Monetario. Recordemos que en julio del año pasado el organismo proyectaba un crecimiento del PBI del 1,5% para 2019, aunque terminará con una fuerte caída (por encima del 2,5%). Los típicos yerros del FMI, que intenta justificar sus programas de ajuste a como dé lugar. En el segundo trimestre se verificó un crecimiento del PBI del 0,6% contra un año atrás. No obstante, el dato es sumamente preocupante en el desagregado, ya que se basó en el crecimiento de la actividad del campo (+46%), influido por la baja base de comparación de 2018, producto de la sequía. El resto de los sectores mostró estancamientos y caídas. Destacan el comercio mayorista y minorista (-9,3%), la industria (-6,7%), la intermediación financiera (-13,5%), electricidad gas y agua (-6,6%) y construcción (-5,6%). Considerando la variación respecto del primer trimestre del año, en términos desestacionalizados, se registró una baja del 0,3 por ciento. La evolución sectorial también se refleja en los componentes de la demanda. De hecho, el único rubro que crece en el interanual fueron las exportaciones (+15%), en tanto que se observa una caída en todos los componentes de la demanda interna. El consumo privado cae un 7,7%, el público un 1,7% y las inversiones lo hacen en un 18%. Datos que preocupan por donde se los mire. El mercado interno es a su vez un reflejo de la política salarial del gobierno, y también de la evolución del empleo. El desempleo subió al 10,6% en el segundo trimestre, un punto porcentual por encima de un año atrás. La realidad del mercado laboral no se ve reflejada en toda su dimensión con el dato de desempleo. También hay que considerar la subocupación, es decir, aquellas personas ocupadas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, que se incrementó en casi 2 puntos porcentuales. Y los que se desalientan y dejan de buscar trabajo, y para la estadística dejan de ser desempleados. Por grupo poblacional, se observa que la franja de hombres y mujeres de entre 14 y 29

Fuente: Edgardo Mocca | Página/12 Fecha: 22 de septiembre de 2019 La fiscal de la nación Cristina Caamaño afirmó en estos días que estaría de acuerdo en la apertura de una discusión sobre una reforma constitucional en el país. No dijo que fuera urgente la convocatoria hizo de la propuesta el centro de gravedad de la política argentina en esta coyuntura: simplemente dijo que, según su parecer, sería oportuna en algún momento. Rápidamente se activaron los reflejos pavlovianos de la comunicación del régimen para poner en acción todo el sistema de señales: “la presidenta de la organización “kirchnerista” Justicia Legítima propone cambiar la constitución argentina por una nueva de corte chavista y antiliberal” (creo que ningún medio lo dijo así pero ese fue claramente el contenido de la manipulación en la mayoría de los casos). Como siempre, las palabras y su significado dejan de ser herramientas de un diálogo para convertirse en un arsenal dirigido a la destrucción del adversario. Hasta aquí no hay nada novedoso. Una rápida mirada a los editoriales del diario La Nación de los últimos sesenta o setenta años revelaría el uso y abuso del sonsonete oligárquico que aparece cada vez que alguien habla de reformar la constitución. La doctrina de la tribuna dice –cada vez que lo considera necesario para la defensa de sus intereses- que la constitución tiene una parte “pétrea” o “dogmática” (es decir inamovible) que es la que refiere a los derechos y garantías. De esos “derechos y garantías”, el que más obsesiona al mitrismo (y a sus nuevos y no tan nuevos acólitos) es el derecho de propiedad. Muy en particular –como se demostró cuando Grabois habló de la reforma agraria- el de la propiedad de la tierra. Parece que el régimen de propiedad de la tierra es la verdadera constitución que defienden, aquello que consideran la constitución originaria de la patria. La colusión con el gran capital económico y financiero global no los aparta de sus fuentes históricas. Lo nuevo está en la coyuntura política que vivimos. Para decirlo rápidamente, lo nuevo es el giro que ha tomado la política argentina con la decisión de Cristina de poner a Alberto Fernández al frente de la fórmula presidencial y con el éxito rotundo que ese giro táctico-estratégico obtuvo en las urnas el último 11 de agosto. Alberto es la promesa de un nuevo punto de partida para la disputa política en la Argentina, la propuesta de una recuperación del sentido histórico de los gobiernos de Néstor y Cristina y, al mismo tiempo, de una revisión de las formas y de los caminos para lograrlo. El candidato dice que no hace falta una ley de medios y propone, en cambio, la utilización y actualización de la legislación de defensa de la competencia. Afirma que no es necesaria una nueva constitución porque con la actual puede avanzar una política de recuperación y ampliación de derechos. Sostiene que no va a interferir en la acción del Poder Judicial, aunque agrega que un sector de éste ha producido mucho mamarracho jurídico en los últimos años. Todo el discurso del candidato apunta a lograr que en el centro de la discusión esté la necesidad y la urgencia de una rápida reparación de los daños sufridos por la población, especialmente por los sectores más débiles, en los últimos años. ¿Significa eso que la prudencia política, particularmente en el tiempo de la campaña electoral obligue a silenciar cuestiones que por su alta sensibilidad social pueden generar ruidos negativos? Ante todo, ¿quién decide sobre la “sensibilidad social” de lo que se dice o lo que no se dice? ¿Estamos seguros de que una discusión sobre el régimen de propiedad de la tierra o un proceso de transformación del poder judicial, por ejemplo, escandalizan a grandes mayorías populares? ¿O se nos propone una especie de derecho a veto de las clases dominantes sobre cuál es la lista de los temas de debate “habilitados” por el pensamiento políticamente correcto y cuáles deben ir a la papelera de reciclaje? Ciertamente una nueva constitución no garantiza por sí misma el éxito de un proceso democrático. Hubo transformaciones sin cambios constitucionales y cambios constitucionales que no aseguraron el éxito de procesos transformadores. En Argentina, por ejemplo, hubo una constitución radicalmente nueva y distinta, la de 1949, que se aprobó después de un intenso proceso de reformas sociales y que unos pocos años después fue derogada, no en aplicación de lo previsto por el artículo 30 de la Constitución de 1853 sino por un bando de un régimen militar, faccioso y criminal. Ahora bien, ¿no puede pensarse que en determinadas circunstancias la discusión pública sobre el orden, sobre el régimen político (que eso es una constitución) es una herramienta poderosa a favor de una transformación dirigida a la profundización de la democracia? Es muy probable que la democracia argentina esté necesitando salir de este régimen de extorsión. De esta capacidad que tienen los grandes emporios mediáticos de dictaminar cuáles temas entran y cuáles no en la agenda política. No es un mal momento para intentarlo. Los publicistas del “peligro chavista”, defensores de la república y el liberalismo vienen de defender de modo sostenido y por momentos dramático a un régimen que empobreció al país como comunidad y a la inmensa mayoría de sus habitantes, que enajenó la soberanía, que cultivó la violencia, utilizó al poder judicial para sus ínfulas políticas autoritarias y hasta para los intereses privados de sus más altos jefes. ¿A quién puede esta gente acusar de antiliberal o antidemocrático? Por otro lado, es cierto que estamos en una inflexión de nuestra historia política en la que intentamos experimentar una ampliación de la base de sustentación de un proceso de recuperación nacional y social. Pero también es cierto que el proceso de reparación que estamos queriendo abrir no es ni puede estar basado sobre la premisa de que los responsables de la catástrofe (que no son simplemente un poder ejecutivo, sino que son un fuerte y consistente bloque social) vayan a ceder

Fuente: Eduardo Febbro | Página/12 Fecha: 21 de septiembre de 2019 El profesor Joseph Stiglitz es una excepción lúcida en el castillo calculador del imperio liberal. Consiente, según escribe, de que “el experimento neoliberal ha sido un fracaso espectacular”, Stiglitz promueve hoy lo que el denomina “un capitalismo progresista” como reemplazo al fracasado ultra liberalismo. No es un antiliberal pero si un reformista y, sobre todo, un acérrimo adversario de las políticas del FMI. Precisamente, cuando ocupaba el puesto de economista  jefe del Banco Mundial, sus posturas adversaras el FMI le valieron el Premio Nobel de Economía en 2001. A sus casi 77 años Stiglitz perdura con toda la legitimidad de su voz alternativa. Tanto más legítima cuando que, en lo que toca a la Argentina, sus premisas se hicieron una realidad fatal. En sus planteos contra el esquema actual, las experiencias argentinas de los últimos años ocupan un lugar especial. Entre las políticas económicas nacionales erradas y los organismos multilaterales de crédito que las alentaron y las financiaron con un endeudamiento suicida, Stiglitz ve todo el abanico negativo que va desde la desregulación de los mercados, el corte de los impuestos para los más pudientes, la financiarizacion de la economía, la austeridad, el ahogo del crecimiento, tasas de interés descabelladas, la inflación, la devaluación y la deuda. Stiglitz ha sido un critico del modelo macrista y en más de una ocasión predijo que la Argentina podría terminar como Grecia y el dólar en la estratosfera. También se ha mostrado muy mordaz con el Fondo Monetario Internacional y sus “modelos impregnados de ideología”. Ambas líneas, la política del presidente Macri y la intervención de los organismos multilaterales de crédito, han sido, asegura Stiglitz, el desencadenante del desastre argentino. En esta entrevista de Página/12 con el premio Nobel realizada en París, Stiglitz sostiene que la política económica del gobierno fue “una apuesta fallida” respaldada por una comunidad internacional “enceguecida” por modelos caducos. Hace unos días, se voto en la Argentina una Ley de emergencia alimentaria. Parece cada día más un paso hacia una ficción negra: hay urgencia alimentaria en el país cuya retórica nacional ha sido, durante décadas, ser “el granero del mundo”. ¿Es para usted el fracaso rotundo del proyecto que llevó en 2015 al presidente Mauricio Macri a la Presidencia? – Escribí un artículo cuando el presidente Macri empezó a aplicar su política económica. Ya advertí que el presidente estaba corriendo un gran riesgo con la reducción de las retenciones a la exportación. Le aportó ganancias al gobierno, pero derivó en el aumento de los precios de los alimentos en la Argentina y el empobrecimiento de muchos trabajadores. De alguna manera, fue una apuesta por la idea de que se produciría en la Argentina una fiebre de fondod extranjeros hacia el país y que, con ello, Macri podría pagar la enorme suma de dinero que estaba pidiendo prestado con unas tasas de intereses escandalosamente altas. No puede haber ninguna inversión si se pagan tasas de interés del orden del 70 por ciento anual. En un momento las tasas de interés por las nubes desencadenan el efecto contrario. Creo que fue una apuesta fallida. Los inversores extranjeros no acudieron para respaldar la apuesta de Macri. Desafortunadamente para el país, Macri apostó mal y ahora Argentina paga un precio muy alto por ese error que fue respaldado por mucha gente que ya conocemos dentro de la comunidad internacional. Al principio del mandato se celebró la retórica según la cual “La Argentina vuelve al mundo”. Luego ahondaron la idea de que “el mundo nos apoya”. Y siguen con eso, pero la situación demuestra lo contrario. El mundo abandonó a la Argentina en estos años. – Una de las cosas que se hizo cuando Macri se convirtió en presidente fue decir que la Argentina había heredado muchos problemas. Pero una de las cosas buenas que él heredó fue precisamente una deuda externa muy baja. Pero él cambió esto y convirtió a un país con una deuda externa muy baja en otro con una deuda exterior altísima. Esto se llevó a cabo con la connivencia y el apoyo de la comunidad internacional. Ahora se está pagando el precio. La responsabilidad del Fondo Monetario Internacional y de su Directora Gerente, Christine Lagarde, es ineludible. – No sólo se trata de dinero. Ha sido un enorme error de juicio y quedan preguntas que ya se han planteado. ¿ No se trató acaso de un análisis económico contaminado por un análisis político? Tal vez había algunas personas dentro de la administración estadounidense que si deseaban que el plan tuviera éxito y también apoyar la apuesta de Macri. Pero hay preguntas sin respuestas, como en el caso de Grecia y la precaución inicial que debería preceder todo análisis económico, y que en ese caso también fue fallida. ¿Qué le espera como solución a un próximo gobierno con una herencia tan pesada? – La situación se ha deteriorado tan rápido que es muy difícil en este momento emitir un juicio. Creo que la Argentina, en estos últimos cuatro años, no debería haber contraído esos enormes préstamos del FMI y de la comunidad internacional como respuesta a sus problemas. La pregunta sobre lo que se debería hacer concierne ahora a la comunidad internacional dado que fue ella quien también cometió esos errores. Se trata de saber hasta donde está dispuesta a llegar la comunidad internacional reconociendo el papel que desempeñaron en crear esta nueva crisis en tan pocos años. No puedes culpar del todo a la Argentina si alguien en la comunidad internacional te dice que te dará 60 o 70 mil millones. Por supuesto, estás tentado a decir que sí aún si piensas que los banqueros te dirán que no. Son los banqueros quienes detentan el caramelo y también ellos quienes deberían decir que es irresponsable, que no se puede. Debo decir una vez más que es a los banqueros a quienes habría que criticar, incluyendo, en este caso particular, al Fondo Monetario Internacional. Se equivocaron al suministrar esos fondos. El problema fue también que Macri cometió una serie de errores, como cuando empezó a eliminar los impuestos a la exportación para después comenzar de nuevo. Luego están los errores cometidos por el Banco Central con la forma en que se

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha: 18 de septiembre de 2019 Cristina Fernández de Kirchner se despidió de la presidencia el 9 de diciembre de 2015 ante una multitud que desbordaba la Plaza de Mayo. En la ocasión se permitió una ironía: “Miren que no puedo hablar mucho porque a las doce me convierto en calabaza”. Se refería a la cautelar que fijaba el fin de su mandato en el último segundo de aquel miércoles. Aquella medida había sido solicitada a la jueza federal María Servini de Cubría en un escrito firmado por un representante legal de Mauricio Macri. De modo que, exactamente a la cero hora del día 10, ese tipo –escoltado por el futuro jefe de asesores presidenciales, José Torello, y el también futuro secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas– avanzaba con paso firme hacia la Casa Rosada y, frenado en el portón por un guardia de seguridad, expresó su intención de ingresar con solo dos palabras pronunciadas con tono imperativo: “¡Autoridades entrantes!”. Así fue como Fabián Rodríguez Simón (a) “Pepín”, se convirtió en el primer macrista que puso un pie en ese edificio. Ahora, a 45 meses de aquel momento glorioso, su semblante ya no luce tan altanero. El resultado de las PASO lo afectó de sobremanera. De hecho, durante una de las últimas mañanas de agosto se lo oyó decir: “¡Qué mal esto del peronismo! Podemos ir todos presos”. La escena transcurría en una mesa de la confitería La Biela  Y su único interlocutor era nada menos que Torello. Vueltas de la vida. El  mérito de Pepín –un apodo que arrastra desde su época estudiantil en el Colegio Champagnat– fue pasar desapercibido durante gran parte de sus 61 años. En eso le vino de perillas su encarnadura macilenta y menuda como la de un jockey. Tanto es así que ni siquiera era recordado por su breve etapa de funcionario porteño. Un milagro, ya que él fue, a partir de 2008, nada menos que jefe de la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), el organismo parapolicial del gobierno de Macri en la Ciudad que se encargaba de apalear a los indigentes. Su escurridiza figura tampoco resaltó en su rol de abogado del grupo Clarín. Ni como defensor del Presidente en causas resonantes. Ni como integrante del directorio de YPF. Ni como legislador del Parlasur. Ni como el arquitecto en la sombra de la política judicial del oficialismo, responsabilidad que supo darle más poder que al ministro del área, Germán Garavano. Pero su buena estrella empezó a declinar a fines de septiembre de 2018, al ser difundida en El Cohete en la Luna, el portal de Horacio Verbitsky, una fotografía tomada a hurtadillas donde se lo ve en el bar Biblos, de Libertad y Santa Fe, con el camarista Martín Irurzun. A partir de entonces las constantes injerencias de Rodríguez Simón en el universo tribunalicio dejaron de ser un secreto de Estado. En ese informe también se ilustró el vínculo que lo enlaza a la diputada Elisa Carrió con un simpático video casero en la que ambos, secundados por Mariana Zuvic, animan una sobremesa denostando a Daniel Angelici (un rival acérrimo de Pepín), al supremo Ricardo Lorenzetti (otro de sus enemigos) y al juez Ariel Lijo (un magistrado que debía ser puesto en caja). Lo cierto es que el romance político entre Lilita y Pepín osciló entre el sainete y la tragedia shakesperiana. A mediados 2016 el Presidente había convocado al entonces vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y a Rodríguez Simón para confiarles una misión de suma delicadeza: contener a la líder de la Coalición Cívica ante sus habituales derrapes. La posterior eyección de Quintana del cargo hizo que el pobre Pepín fuera el único acompañante terapéutico de la señora. Fue un deber no exento de mala sangre. Porque poco después de la nota de Verbitsky, Carrió soltó en el programa de Mirtha Legrand: “Garavano no existe; la Justicia la manejan Angelici y los pepines”. Una amiga. Rodríguez Simón, sentado frente a la pantalla, montó en cólera. Y por un tiempo le retiró el saludo a Carrió. Hasta que por orden presidencial tuvo a bien reconsiderar aquella actitud. Al fin y al cabo ella era la vaca sagrada de la alianza Cambiemos. Pero la cuestión tuvo sus repercusiones. Por ejemplo, Alberto Fernández estampó el 4 de octubre en su cuenta de Twitter las siguientes palabras: “¿Y si le pedimos juicio oral a @elisacarrio por valerse de Pepín Rodríguez Simón para manipular jueces federales como Martín Irurzun? ¿Y si estudiamos como @ mauriciomacri busca favorecerse con esas causas persiguiendo opositores?” Claro que en aquella época nada hacía suponer que Fernández sería el candidato a presidente opositor. Y el triunfalismo orgánico del PRO aún era una prenda imbatible de impunidad. De manera que Pepín no se vio afectado por la súbita trascendencia de su apellido. Al menos, eso creía. En tanto, su existencia se mediatizaba a pasos agigantados. Hasta Marcello Bonelli lo mancilló (involuntariamente, desde luego) en su columna del diario Clarín publicada el 21 de septiembre del año pasado, al sindicarlo como el ghost writer de un proyecto de ley para –según el texto– “encapsular el escándalo los cuadernos” con la idea de que los involucrados pierdan sus todos derechos. O sea: apartar a los empresarios de sus compañías e impedir a los políticos postularse para cargos públicos. Ahora no cabe ninguna duda de que ese hombre fue el artífice operativo –en el plano legal– de la oleada persecutoria contra funcionarios del gobierno kirchnerista y de las maniobras –con fines de despojo y neutralización– contra empresarios rivales a los intereses financieros de los referentes del régimen. El encarcelado empresario Fabián De Sousa (socio de Cristóbal López) jamás pudo olvidar el timbre nasal de aquella voz que había escuchado en un ya remoto 9 de marzo de 2016: “La guerra empezó y que cada uno se salve como pueda”. El tiempo probó que la amenaza de Pepín no fue en vano. Lo cierto es que entre sus trapisondas previas