agosto 2018

Fuente:   Alejandro Bercovich | BAENegocios Fecha: 24 de AGO 2018 Criado en la placidez suburbana del La Salle y con un carácter forjado en la exuberancia metálica de Wall Street, los tironeos del ajuste le son completamente ajenos a Luis “Toto” Caputo. Por eso y por la severa crisis de confianza de los mercados que intenta revertir, momentáneamente sin éxito, pidió que no lo molesten con nimiedades administrativas apenas asumió como presidente el Banco Central. Y por eso también se tomó más de dos meses para saludar al personal del banco, una tradición con la que sus antecesores nunca habían dejado de cumplir en sus primeros días de gestión. Esa presentación formal, que finalmente ocurrió el viernes pasado en el viejo hall del banco, lo exhibió más nervioso que aquel día del papelito en el Congreso, cuando tartamudeó al intentar explicar sus tenencias no declaradas en guaridas fiscales. Quizás consciente del malestar que genera entre los empleados y técnicos de carrera el hermetismo de su despacho, Caputo procuró meterse a todos en el bolsillo. Aun a riesgo de caer en demagogias más propias de un populista que de un republicano, anunció la continuidad de todos los asesores de la gestión anterior, negó que vaya a haber recortes y hasta ofreció sus condolencias “a los amigos y compañeros de Ricardo Torres”, un integrante de la Comisión Gremial Interna fallecido un mes atrás. Los delegados del Central retribuyeron ayer el gesto. Giraron una circular a todo el personal donde cuentan que se reunieron con él y que les prometió evaluar todos sus reclamos. Entre ellos está la restitución de los adicionales para la veintena de choferes cuyos sueldos de entre $120.000 y $200.000 mensuales ordenó podar en enero Federico Sturzenegger. Lo que el anterior jefe consideraba injustificable (que los miembros del directorio los tuvieran a disposición las 24 horas del día los siete días de la semana) al actual no le parece tan grave. Ni siquiera cree que deba ser un beneficio exclusivo del directorio o de los funcionarios de alto rango. Incluso concedió a su secretaria y vocera, Yael Bialos, la comodidad de que uno de esos choferes la traslade a diario. Lo de los colegas de Oscar Centeno son monedas frente a los US$ 3.351 millones que el propio Central admitió que se fugaron del país solamente durante julio y frente a los $ 100.000 millones que Hacienda pretende que recorten las provincias durante 2019. Pero en temas de austeridad, para evitar enojos, siempre conviene predicar con el ejemplo. ¿Qué dirán los gobernadores, enfrentados al riesgo de perder sus puestos el año que viene si atienden a rajatabla el pedido de Nicolás Dujovne de deprimir (más) los salarios y recortar servicios? ¿Y los intendentes, que acaban de paralizar centenares de obras pequeñas pero de alto impacto que financiaban con el Fondo Federal Solidario alimentado por las retenciones a la soja? ¿Qué pensarán los preceptores designados por el FMI, Alejandro Werner y Roberto Cardarelli, si se enteran de que el mismo Banco Central cuyas autoridades les pidieron en secreto el primer waiver (perdón) del acuerdo firmado en junio son así de dispendiosos a la hora de administrar un presupuesto? ¿Aceptarán igual que la inflación va a ser mayor que el 32% y que el crecimiento no va a llegar ni al magro 0,4% previsto en el programa? Plan D Ante financistas y ejecutivos, en un evento organizado por Balanz Capital, Carlos Melconian insistió en advertir la deriva explosiva del modelo. El expresidente del Banco Nación, eyectado del cargo al año de haber asumido en medio de una dura interna con otros economistas cambiemitas, dijo que el “plan B” (el acuerdo con el Fondo) ya se mostró insuficiente para aplacar la crisis. Deslizó que si no alcanza con seguir devaluando, el Gobierno podría adoptar un “plan C” con medidas heterodoxas para intentar contener la demanda de dólares. Todo para evitar un “plan D” que apenas definió como “coerción”, pero que podría incluir un nuevo control de cambios y hasta canjes compulsivos de títulos o depósitos por bonos a mayores plazos. La incertidumbre entre los hombres de negocios es tal que cualquiera de esas opciones aparece como verosímil. Melconian, de hecho, no solo vierte esos pronósticos en esos foros VIP. También comparte cada tanto esas impresiones con el propio Mauricio Macri, quien lo recibe a escondidas de Marcos Peña y de sus archienemigos Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Avatares del ejercicio radial concéntrico del poder. No en todo cambiamos. Lo que ya nadie discute, ni dentro ni fuera, es que las tormentas globales combinadas con un rumbo impreciso y los golpes de timón al capearlas terminaron por hundir al país en una severa estanflación. El año que iba a coronar el “regreso al mundo” acaba de registrar en junio, según informó ayer el INDEC, el desplome interanual de la actividad económica más pronunciado desde la crisis de 2009: 6,7%. Y justo cuando le toca presidir el G-20 y ser anfitrión de los estadistas más poderosos del mundo, Macri terminó por insertar al país en el G-3 de los estados con mayor inflación del planeta, junto a Sudán y Venezuela. Como si ese parentesco con Nicolás Maduro no fuera suficientemente oprobioso, la CEPAL anotó también esta semana a la Argentina en otro selecto club junto a la tierra de Hugo Chávez: el de los países latinoamericanos que van a ver contraer su PBI durante 2018. El tercer socio es Dominica, una isla caribeña semidependiente de Gran Bretaña cuyos habitantes podrían entrar en un estadio de fútbol. ¿Ayudará a disipar tantos temores juntos que Macri haya decidido viajar en persona el mes próximo a reunirse con dos de los grandes fondos de inversión de Wall Street que le cortaron el chorro a Caputo a inicios de este año? ¿No se leerá como una muestra de debilidad, de ausencia del fusible que suelen representar los ministros de Economía? En cualquier caso, mucha alternativa no queda. El viaje relámpago que emprendieron días atrás junto a Mario Quintana los dos hombres de mayor confianza de Caputo, Santiago Bausili y Gustavo Cañonero, fue como hablarles con el corazón. Les contestaron con el dólar a $31. Me

Fuente: Martín Mangas * | Le Monde Diplomatique Fecha: 24 de AGO 2018  En Argentina, el sistema universitario público se financia principalmente con recursos que provienen de rentas generales del presupuesto sancionado anualmente por el Congreso Nacional. Por eso, resulta interesante analizar la evolución de los recursos públicos volcados a la educación superior y conocer el impacto distributivo de esas erogaciones. El andamiaje legal e institucional de la educación superior está dado por la ley homónima (sancionada en 1995) que fue producto de las reformas neoliberales propiciadas en el documento “La educación superior: Las lecciones derivadas de la experiencia” del Banco Mundial. La norma posee una concepción mercantilista del conocimiento, niega su valor como bien público social, abre la puerta al arancelamiento y liga los derechos políticos y la ciudadanía universitaria al rendimiento académico. Por ende, el desafío consiste en revertir las nociones de esa ley, y asumir el compromiso de convertir a la educación superior en “un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado”, como la definió la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe celebrada en junio de 2008 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Decimos que es el principal desafío porque transformar en un derecho lo que hasta no hace demasiado tiempo se vivía como un privilegio es mucho más que un giro retórico. Para garantizarlo de manera plena, efectiva y exitosa, se requiere de un despliegue de políticas públicas y de asignaciones presupuestarias acordes y en línea con ese objetivo. En efecto, entre los años 2003 y 2015 existió la decisión política de ampliar el sistema de educación superior –se crearon dieciocho universidades– y de dotarlo de una mayor asignación de recursos (humanos, presupuestarios, tecnológicos), de manera de ponerlo a la altura del desafío. Esos avances se pueden observar con el indicador que mide los recursos destinados por el Estado a la educación superior y universitaria en términos del Producto Interno Bruto (PIB). En 1985 se destinaba el 0,45% del PIB, en 1995 el 0,57%, en 2004 un 0,69% y en 2015 se alcanzó el 1,32%, según los datos que se desprenden de la Cuenta de Inversión producida por la Contaduría General de la Nación. En treinta años se triplicaron los recursos, en línea con la expansión comentada, y con otro aspecto muy decisivo como fue el aumento sistemático, vía negociación paritaria, de los salarios del personal docente y no docente desde 2005 a 2015. En ese lapso, en promedio, todas las categorías tuvieron un incremento del 1.300%. Ese incremento notable del gasto en educación superior tuvo su correlato a fines de 2015 en una reforma parcial de la Ley de Educación Superior, que incorporó tres aspectos clave: la noción mencionada antes de bien público social y derecho humano universal; la responsabilidad indelegable del Estado en garantizar la igualdad de oportunidades y la prohibición taxativa del arancelamiento sobre los estudios de grado. La aplicación de la nueva ley fue judicializada, por vía de amparos, por algunas universidades y a casi dos años de su sanción, todavía no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. Financiación y gastos La principal fuente de financiamiento de las casas de altos estudios proviene del Tesoro Nacional. Como hemos señalado al inicio, es la asignación que realiza el Estado a partir de la sanción del presupuesto realizada por el Congreso de la Nación. Otro mecanismo de financiamiento lo constituyen los recursos propios que provienen de la venta de bienes y servicios que realizan las universidades. También cuentan, no siempre, con recursos otorgados por el sector público para ser afectados a un fin específico (en general, obras de infraestructura), y por último, lo que se conoce como “economía o ahorro” de ejercicios anteriores, que es una facultad concedida a las universidades para que aquellos créditos presupuestarios no comprometidos al cierre del año puedan ser utilizados en los ejercicios siguientes sin ser devueltos al Tesoro. Existen otras fuentes, como las transferencias externas o el crédito, que representan un aporte marginal. Del total de recursos de las universidades nacionales, la fuente del Tesoro Nacional representa el 85,7%, los recursos propios el 7,6%, los remanentes (ahorros) el 4,9% y todo el resto de las fuentes, tan sólo el 1,8%. En relación a los gastos, la función de producción de los servicios de educación y ciencia y tecnología presenta una alta intensidad en el uso del factor trabajo. Por esa razón, el 74% del gasto se concentra en salarios. Un 13% en los denominados “servicios no personales” que incluyen honorarios, servicios públicos, transporte y seguros, entre otros y los otros gastos de funcionamiento (bienes de consumo, bienes de uso y transferencias) representan el 13% restante. El 91,4% de los salarios se financia con la fuente del Tesoro Nacional. Tanto porque los salarios tienen un peso muy determinante en el presupuesto, como porque su pago se financia casi enteramente con los recursos del Estado Nacional, es tan decisiva la política salarial. Por esa razón, el conflicto abierto por el gobierno de Mauricio Macri en relación a la negociación paritaria del año 2017 tiene en vilo al presupuesto general del sistema universitario y a los ingresos de los más de 130 mil docentes. El impacto distributivo Si bien es evidente que en tamaño y recursos el sistema universitario público creció sostenidamente en las últimas décadas, resulta pertinente conocer el impacto del gasto en educación superior en la población. Algunos economistas consideran al gasto en educación superior como “pro-rico”, porque se distribuye de modo creciente a mayor nivel de ingresos y porque es el que menor fuerza redistributiva tiene dentro del Gasto Público Social. Entonces, para analizar ese impacto, vale la pena considerar tres datos en diferentes momentos, a saber: 1) en un trabajo de Leonardo Gasparini, “La distribución del ingreso en Argentina”, realizado con datos de 1992 y publicado por FIEL en 1999, se muestra que el quintil más pobre participaba en un 8,5% del gasto en educación superior, y el más rico en un 38,4%; 2) en el documento