junio 2020

Fuente: Hugo Alconada Mon | The New York Times Fecha: 30 de junio de 2020 El espionaje ilegal a periodistas, políticos y críticos del poder en la Argentina revela el debilitado estado de la libertad de prensa y de nuestra democracia. Hay aprendizajes en esta experiencia. BUENOS AIRES — Me espiaron. La justicia federal argentina ya confirmó que agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) me tuvieron en la mira al menos durante 2018. Me fotografiaron y me grabaron en la vía pública. Me espiaron mientras trabajaba una investigación que incomodaba al poder político y empresarial. Ahora sé que, mientras buscaban identificar las fuentes periodísticas que me ayudaron a revelar cómo fue el capítulo argentino del Lava Jato, una pesquisa sobre la corrupción en el país, me siguieron, analizaron dónde vivo, en qué automóviles me muevo, cuál era mi nivel de vida y hasta fueron a la casa de mis padres —dos jubilados por arriba de los 70 años—. Queda más por salir a la luz; por ejemplo, si evaluaron colocar una bomba en la puerta de mi casa. El espionaje en la Argentina —como en otros países de América Latina— poco y nada tienen en común con las películas de James Bond. Y sí tienen mucho que ver con el debilitado estado actual de la libertad de prensa y de la democracia en nuestro hemisferio. Este proceso me ha enseñado por lo menos cinco lecciones. 1. El espionaje es un atajo para los tramposos Me enteré de que me espiaban de manera ilegal por un expediente que impulsa la justicia argentina. No fui el único objetivo. Las tareas de inteligencia indebida también alcanzaron a la expresidenta —y actual vicepresidenta— Cristina Fernández de Kirchner, a otros políticos —incluidos algunos del mismo bando político que el entonces presidente Mauricio Macri (como el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta)— y a sindicalistas, jueces, obispos, líderes sociales y otros periodistas. Los espías querían acceder a lo que de otro modo no tenían forma de saber de sus “objetivos”. Se trata de la tentación de obtener beneficios, muy rápido, por la vía de un atajo. Si sos un político, una escucha telefónica clandestina, te permitirá conocer y contrarrestar los planes del candidato rival en la campaña. Si sos un empresario, te dará la oportunidad de saber cuánto ofertará un competidor, presentar un valor más bajo y derrotarlo en la licitación. Y si la prensa te investiga, acaso encuentres la fórmula secreta para amedrentar o silenciar a ese periodista tan molesto. 2. El espionaje es sistemático, no un simple caso aislado Este mecanismo delictivo integra una investigación de la justicia que lleva ya meses y se inserta dentro de un rompecabezas más amplio que incluye varios expedientes judiciales y una investigación bicameral del Congreso nacional y que evidencia los métodos antidemocráticos a los que ha recurrido la inteligencia argentina. Combinados, permiten vislumbrar que el espionaje ilegal no se acotó a unos pocos casos aislados, propios de algún funcionario desquiciado, sino que resultó una operación sistemática. 3. Promesas de cambio para que nada cambie Políticos de todos los partidos que llegaron a la Casa Rosada durante los últimos treinta años han tropezado con la misma piedra. Desde Carlos Menem, cuyo servicio de espionaje (conocido entonces como Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE) le pagó 400.000 dólares a un sospechoso para que incriminara a otros en tribunales y terminó arruinando, quizá para siempre, la investigación sobre el atentado contra la sede de la AMIA, a Cristina Fernández de Kirchner, quien disolvió la SIDE para recrearla como Agencia Federal de Inteligencia en los días que siguieron a la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015. El resultado ha sido el más puro gatopardismo: los gobiernos anunciaron reformas más o menos profundas, pero los problemas de fondo de la inteligencia argentina siguieron sin resolverse. 4. El espionaje es anárquico El espionaje argentino está disperso. Ni todos los que trabajan en la AFI son espías, ni todos los espías que deambulan por las calles o el ciberespacio trabajan para la AFI. Hay quienes husmean o han husmeado durante los últimos tiempos para otras fuerzas de seguridad —sea la policía federal, la Gendarmería, la Prefectura o las policías provinciales—, los que fisgonean para las fuerzas armadas —Ejército y Armada, en particular— y los que ofrecen sus servicios en el sector privado. Prácticas de las que han dado cuenta varias investigaciones. 5. Es mejor prevenir que lamentar Si el espionaje es sistemático, recurrente y anárquico, entonces la opción más sensata para una figura pública es moverse dando por sentado que lo espían. No para sumirse en las fauces de la paranoia, pero sí para redoblar los recaudos. Y en el caso de los periodistas, para proteger a sus fuentes y encriptar sus teléfonos y computadoras. Semejante panorama explica por qué Alberto Fernández anunció la intervención y reforma de la AFI cuando asumió la presidencia en diciembre de 2019. “Tomamos la decisión de terminar con los sótanos de la democracia”, dijo cuando inauguró las sesiones del Congreso, el 1 de marzo, para ponerle “fin al oscurantismo”. Es hora de hacerlo. De las cinco enseñanzas de este proceso, acaso la más difícil es que tenemos pocas herramientas legales para proteger la privacidad, libertad de expresión y el Estado de derecho. La prensa independiente y el disenso político son indispensables si queremos un mejor país. El presidente enunció lo que organizaciones de la sociedad civil nucleadas en la llamada “Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI)” reclaman desde hace muchos años: profesionalizar e institucionalizar la inteligencia argentina, establecer “mecanismos efectivos de control democrático” sobre sus acciones y su presupuesto, transparentar sus acciones todo lo que sea posible y acotar al mínimo indispensable la autonomía de los espías. Tomará años, acaso décadas, pero hay que dar el primer paso. Eso, en la práctica, implicará depurar la nómina de espías, quedarse con los mejores, capacitarlos, limitar sus competencias, instaurar controles de vigilancia en el Congreso para evaluarlos de manera periódica, auditar sus gastos, reformar las leyes que regulan su trabajo y reforzar y potenciar las herramientas de quienes estén a

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 21 de junio de 2020 Uzi Shaia, un agente del chantaje. El periódico retorno del caso Nisman al debate público se produjo en esta oportunidad a partir de la emisión de un programa televisivo difundido por el canal 12 de la televisión israelí. Cinco meses atrás había sido la miniserie de Netflix la que motivó su retorno. En esta ocasión, el jueves 11 de junio, el programa televisivo israelí Uvdá (hecho o dato por su traducción del hebreo) divulgó una entrevista realizada por Ilana Daian a un ex integrante de los servicios secretos israelíes (Mossad, sigla que designa al Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales.) El caso del suicidio del fiscal argentino fue la plataforma central con la que se logró aglutinar a la oposición al kirchnerismo. En un segundo momento se convirtió en un elemento decisivo para el triunfo de Macri sobre Scioli. Con el PRO en el gobierno devino en un recurrente dispositivo jurídico y comunicacional orientado a perseguir al kirchnerismo y sobre todo a la ex Presidenta. Más allá de las posibles falsedades, simulaciones y tergiversaciones deslizadas por el ex espía Uzi Shaia, su relato evidencia varios aspectos que fueron soslayados por los medios locales y sus reputados operadores de prensa disfrazados de periodistas: El ex espía del Mossad asume que participó en forma deliberada de un intento de extorsión a la Presidenta de un país soberano como la Argentina. Los datos provistos por Shaia dejan en evidencia que Nisman era cómplice de intereses especulativos (de los Fondos Buitre) a expensas de su rol como procurador de la causa del atentado de la AMIA de 1994. El fiscal, además, mantenía relaciones clandestinas con una agencia de inteligencia extranjera sin contar con la autorización de los organismos institucionales competentes, aptos para otorgar dichas prerrogativas. El 18 de abril de 2015, tres meses después de que Nisman se pegara un tiro en el baño de su casa, publiqué un artículo en el que describía los vínculos del fiscal con los Fondos Buitre y explicaba la entente entre la DAIA, la derecha israelí y los republicanos, conjurados tanto para debilitar al gobierno kirchnerista como para garantizarse el cobro de sus bonos basura. La estrategia de pinzas incluyó obviamente al macrismo, que usufructuó la falacia mediática del asesinato para desplegar una campaña electoral basada en la victimización recurrente del fiscal. El ex espía asumió frente a Daian que fue copartícipe de una operación internacional para extorsionar a una Presidenta, con el objeto de beneficiar a especuladores financieros: “El objetivo era utilizar la información para presionarla [a Cristina Kirchner] a fin de pagar la deuda”. Además de autoincriminarse en un delito, recalca que esos intereses eran ajenos a todo interés patriótico: estaban únicamente motivados por ganar dinero. “Se trataba de un negocio y no de un país. No valía la pena morir por eso”. En la entrevista advierte sobre la  participación de otros integrantes de la comunidad de inteligencia, con sede en Washington, quienes fueron los encargados de producir y/o derivar los documentos necesarios para viabilizar el chantaje. Una operación de extorsión a tres bandas: Estados Unidos, Israel y Argentina. Esa operación de chantaje tuvo su correlato en solicitadas financiadas durante el año 2014 en los grandes medios gráficos de Washington y Nueva York. La Fuerza de Tareas Argentina (ATFA, por su sigla en inglés) financiada por Paul Singer y Sheldon Adelson, entre otros, presentaban a CFK y al entonces Presidente del gobierno persa, Majmud Ajmadineyad, como delincuentes internacionales: “Ha llegado el momento de impedir que la Argentina siga transgrediendo la ley estadounidense y la ley internacional”. La entrega de esos informes, que buscaban favorecer los intereses de los Fondos Buitre, llevó a un importante analista Israelí, Guy Ulster, a interrogarse –el sábado 23 de junio, dos días después de la emisión–: “¿Por qué Shaia no informó sobre esa documentación después de que falleció el fiscal? ¿Por qué no aportó los datos que supuestamente tenía, ante la Justicia?”. La omisión se debió a que los informes originariamente entregados a Nisman (no necesariamente en el lobby de una capital europea, como deslizó Shaia, con clara intención de despistar a futuros investigadores), fueron derivados poco tiempo después hacia la usina de operaciones de prensa comandadas desde el Grupo Clarín. Los datos vertidos ex profeso fueron reproducidos por su periodista estrella, Daniel Santoro, quien curiosamente terminó años después involucrado en causas de extorsión. A rey muerto, rey puesto El 29 de marzo de 2015, dos meses después del fallecimiento del fiscal, cuando se lanzaba la campaña electoral de cara a las presidenciales del octubre, Santoro se apalancó en la revista brasileña Vejá para publicar en la portada del matutino la supuesta existencia de cuentas secretas pertenecientes a Máximo Kirchner y Nilda Garré, ex embajadora en Venezuela. Como resultado de una supuesta investigación llevada a cabo por Santoro, se señalaba entre otras falacias que “ambos habrían controlado una cuenta en el banco Felton de Estados Unidos con 61 millones de dólares y otra en el Morval Bank de las Islas Caimán con 19 millones de dólares”. En diciembre de 2015, cuando ya Macri había obtenido la presidencia y el daño electoral ya se había ejecutado, las entidades financieras comunicaron, ante un exhorto de  la justicia argentina, que dichas cuentan carecían de existencia. Santoro se encuentra en la actualidad procesado por el juez Alejo Ramos Padilla, en el marco de una causa de extorsión, junto a Marcelo Sebastián D’Alessio, el fiscal Carlos Stornelli y los agentes de la AFI Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. Nisman y Shaia compartieron intereses extorsivos. Santoro y sus secuaces continuaron su ejemplo. Según Shaia, la tarea que realizó, contratado por los buitres, se llevó a cabo con conocimiento cabal de Nisman. No hay registros que certifiquen los honorarios profesionales percibidos por el ex espía devenido en profesional freelance. Pero sí existen suficientes evidencias para calcular lo que recibió Nisman por su ingente colaboración para que los buitres obtengan en abril de 2016 sus 11.000 millones de dólares. En su cuenta del Merrill Lynch de Nueva York (denunciada

Fuente: Horacio Gonzalez | Nuestras Voces Fecha: 21 de junio de 2020 Los dueños de Vicentin se mostraron a la altura de la consistencia pastosa del biodiésel que extraían. Pero, así como el aceite comestible puede transformarse en biodiesel, Vicentin puede pasar de ser un centro penumbrosos de negocios a costa del dinero público, a una empresa pública con respaldo estatal. La confrontación está abierta. Las derechas del odio vuelven a anudar la bandera nacional al temor de que se vulnere la propiedad privada. Una vez más nos tocará defender una democracia viva e igualitaria. Son antiguos los debates respecto a qué es una ciudad. En principio, es un ámbito de libertades, que pueden ser exclusivas de un minoría –al promoverse al mismo tiempo la esclavitud, como en las antigua ciudades griegas–, o ámbitos de creación de libertades, como las ciudades que emergen del proceso de industrialización y disolución progresiva del campesinado que sostenía en términos de vasallaje el régimen feudal. Pero no ocurre lo mismo en las grandes metrópolis actuales, que exceden a la ciudades renacentistas, donde la vida se politizaba alrededor de foros, consejeros del príncipe y el príncipe mismo que “creó ciudadanía” a partir de la tensión entre el poder que es temido o deseado. La ciudad de los inicios del capitalismo ya es un engendro singular. Es recordable la descripción que hace Engels en 1843 de “La situación de la clase obrara en Inglaterra”. Las peores condiciones de existencia, hacinamiento, trabajo infantil, niños que duermen en la misma fábrica, entre húmedos alquitranes. Es la ciudad herida por una desigualdad de hierro, el mando fabril y el proletariado sin ciudadanía social, solo entregando su fuerza de trabajo, lo que a su vez lo deshumaniza. Pero una ciudad como Londres no ejerce su vida social solo en torno al surgente movimiento fabril. Otra gran franja de habitantes vive en otras condiciones, adquieren y gozan de una ciudadanía política y cultural. Pueden ir al teatro shakespeariano y leer la “Balada del viejo marinero” de Coleridge. Es una ciudad no reducible enteramente a las condiciones de producción del nuevo industrialismo capitalista. A mediados de siglo XX un recordable libro de Henri Lefebvre sugiere un “derecho a la ciudad”, donde defiende la idea de una comunidad de iguales que usufructúan la ciudad no como un espacio que reproduce el mercado capitalista, sino como un mundo cívico donde se discute cómo construir la vida igualitaria al margen de la alienación del trabajo. No fue esa, sin embargo, la orientación de muchos otros trabajos de la naciente “sociología urbana”, que desde los estudios de la ciudad de Chicago en los años 30 y de San Pablo en los años 50, percibió en la gran urbe un campo de experimentación de circulación, habitacional y laboral, con conflictos de ocupación territorial, tratamiento de la ilegalidad, corrientes inmigratorias, economías impetuosas y expansión fabril, todo lo cual configuraba un ente tanto de ecología vital como de construcción de relaciones simbólicas. Con lo que la ciudad terminaba siendo una identidad productiva y cultural fusionadas y siempre en conflicto. Otros estudios avanzados en los años 60 y 70 enfatizaron mucho más el papel de las ciudades en torno a las grandes fábricas, desbalanceado el papel de la urbe en favor de lo que las gigantescas Corporaciones hacían de ella, un simple suministro de la “reproducción colectiva” de la fuerza de trabajo, en términos de vivienda y educación, todos ellos aspectos subordinados a las necesidades fabriles. Toda la ciudad se concebía como una unión urbana al servicio de la reproducción del trabajador. Era obvio que ciudades como Buenos Aires o París, con su tejido metropolitano tan complejo, no podían reducirse únicamente al mero aspecto de ser ámbitos anexos a las necesidades materiales de la producción industrial. La clásica asociación entre ciudad y libertades cívicas (o creación de identidades y símbolos) quedaría así totalmente anulada. La heterogeneidad urbana y las luchas sociales lo impedían. No obstante, esta cuestión de la adhesión subordinada de un tejido urbano a las necesidades de grandes empresas dista mucho de ser un punto de vista superado. Para dirigirnos rápidamente a las calificaciones que forman parte de nuestra actualidad más candente, veamos el caso de la empresa Vicentin y otras de semejante porte y funciones, primero en relación de las pequeñas ciudades que tienen a su servicio. Como todos sabemos, el Intendente de la ciudad de Avellaneda, en realidad una urbe menos que mediana adosada a la ciudad santafesina de Reconquista, tiene una directa e íntima relación con los directivos de esa empresa cerealera, una de las principales exportadoras de granos del país. Buena parte del pueblo, como es lógico, depende de empleo o formas derivadas de empleos que están directa o indirectamente relacionada con las necesidades de la empresa, que tiene allí su sector portuario exclusivo, aunque el puerto no es de su propiedad. Esto debe aclararse porque muchos puertos de las orillas del Río Paraná, son puertos privados de otras grandes cerealeras, Dreyfus es propietario del puerto de General Lagos, al sur de la provincia de Santa Fe, y en su página oficial lo presenta como “el puerto privado más importante del país”. Lo que se podría considerar el tercer o cuarto puerto de importancia de la Argentina, también sobre el Rio Paraná, luego de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca, es el Puerto de General San Martín, cercano al solar donde se desarrolló la batalla de San Lorenzo y años después, en las inmediaciones donde se llevó a cabo una de las batallas contra la flota anglo francesa, luego de que superara la oposición que se hizo en Vuelta de Obligado y siguiera río arriba. Son acontecimientos de 1845. Pero en décadas pasadas, el intendente del lugar tuvo que pedir que las empresas propietarias de las grandes extensiones de esa zona sojera, permitiera abrir un pasadizo para que se visitara un monolito conmemorativo. Pero no solo eso, como en las cercanías de ese puerto –junto a la llamada Terminal 6, están instaladas las sedes de Cargill,

Fuente:  Daniel Feierstein| El cohete a la luna Fecha: 21 de junio de 2020 El incremento del número de contagios y muertes por coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires y las dificultades para sostener social, psicológica y económicamente una cuarentena que lleva tres meses y pareciera necesitar algunos meses más, crean visiones empobrecidas o dogmáticas para evaluar los caminos a seguir. Algunos creen que Argentina es el ejemplo del mundo y que se debe endurecer la cuarentena (“volver a fase 1”). Otros apuestan a la inmunidad de rebaño, con el “costo” de decenas de miles de muertes para “sostener la economía”, algo que ya fracasó con el “modelo sueco”, Gran Bretaña o los ejemplos de la gripe española. Y en los medios masivos desfilan decenas de irresponsables: Jorge Asís y sus “muertos imaginarios” (que ya dejan de serlo), Luis Novaresio (que transfiere agitadamente a la audiencia sus propias ansiedades), entre tantos ejemplos que eligen ignorar el ABC del periodismo: aportar calma, información confiable y seriedad analítica. Martillos y danzas El modelo del ingeniero español Tomás Pueyo (que ha demostrado eficacia para lidiar con la crisis pandémica y que es seguido por numerosos expertos en el mundo) propone dos instancias articuladas: el martillo (cuarentenas estrictas de dos a cuatro semanas para bajar la tasa de contagios y preparar el sistema de salud) y la danza (la “nueva normalidad”, que incluye la apertura protocolizada gradual de actividades y una política de trazabilidad: detección, seguimiento y aislamiento de casos). El éxito inicial argentino radicó en la implementación de un martillo temprano (cuarentena estricta con muy pocos casos), que explica la diferencia en la curva no solo con los ejemplos más graves de la región (Brasil y México, pero también Ecuador, Chile o Perú). Para fines de abril dicha etapa se encontraba agotada y se requería avanzar con la danza, algo que anunciábamos aquí mismo el 26 de abril. Poco de ello fue abordado, destacando las políticas del Programa Detectar y El barrio cuida al barrio, ejecutadas gracias a la persistente tenacidad de las organizaciones populares y los curas villeros. Dos meses después estamos en el mismo punto, pero con una decuplicación de la cantidad de casos diarios en el AMBA y una triplicación del número de muertes. Argentina y América Latina no logran danzar… ¿Por qué? La complejidad de los fenómenos sanitarios La mirada reduccionista del proceso de salud-enfermedad es una constante en la historia moderna y sus consecuencias más graves pueden observarse en las crisis. Alberto Fernández fue inteligente y eficaz al crear el “comité de expertos”. El punto débil fue creer que una crisis sanitaria solo involucra temas médicos, ignorando las cuestiones sociales, psicológicas y logísticas sin las cuales las medidas, por correctas que sean, fracasan. Era evidente para cualquier sociólogo que el éxito obtenido durante las tres o cuatro primeras semanas de aislamiento no podría sostenerse en el tiempo. Con o sin controles, una población educada en el individualismo, sin una campaña de concientización eficaz, comenzó un proceso de “violaciones hormiga”, visitando a parejas, familiares, amigos, saliendo reiteradamente a hacer compras, trámites, trabajos informales, etc. Ello sin contar las millones de personas a quienes no llegó en tiempo y forma la ayuda económica o logística por las deficiencias del aparato estatal para implementar las medidas aprobadas. Y no se logró la creación de formas nativas para resolver la trazabilidad: esto es, el aislamiento de los casos y sus “contactos estrechos” tomando en cuenta las características de nuestra población. Descartados por imposibles los sistemas de vigilancia digital asiáticos, se recargó a los desbordados operadores del sistema de salud con el proceso de investigación de casos, ubicación de contactos, explicitación de protocolos y aislamiento preventivo. Esto generó un caos de agentes intervinientes, directivas contradictorias, casos de maltrato y, por lo tanto, imposibilidad de detener la cadena de contagios. Los índices se contuvieron, contra lo pronosticado, en algunos de los lugares más difíciles: los barrios populares. No solo gracias a programas como El barrio cuida al barrio y Detectar sino al involucramiento de organizaciones con presencia territorial y a la valoración en dichos lugares de las normas de cooperación y de las indicaciones del personal sanitario o asistencial. Por el contrario, en los barrios de sectores medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se vuelve común el intento de apelar a algún “contacto” para “zafar” de la internación, el retaceo de información como modo de evitarles a los conocidos el transformarse en “contacto estrecho”. Sin mencionar violaciones gravísimas como los bailes públicos en las calles de Recoleta o los casamientos o cumpleaños clandestinos. Las mismas conductas que se expresan en altos índices de evasión fiscal, “coimas”, negocios menores en el mercado ilegal de divisas o subregistro de ventas, no tendrían por qué no aparecer en el campo sanitario, diluyendo los efectos en la salud tanto como vacían las arcas impositivas. Quienes creen que las normas no se aplican a ellos no distinguen entre normas económicas y normas sanitarias. Para revertir esta situación se requiere diseñar políticas públicas que comprendan que una pandemia no es meramente una cuestión de médicos. Y pasar de la reivindicación abstracta de “los científicos” a la inclusión de otras ciencias en el diseño de políticas públicas, algo que no pasa solo por una vacuna o un test. Luego de una década de bombardeo mediático con la imagen de los investigadores como “parásitos sociales que viven de nuestros impuestos” (metáfora racista por excelencia) se vuelve difícil recurrir a un sistema científico con salarios y subsidios miserables. Pero, incluso al propio interior del sistema científico, resulta necesario cuestionar la falsa división entre las ciencias “duras” como “serias” y las “blandas” como “sanata”. Esta crisis y la imposibilidad de danzar nos otorgan un ejemplo privilegiado de la inexactitud de la premisa. La respuesta no pasa por la biología ni la medicina sino por los comportamientos sociales. ¿Cómo seguir? El propio Tomas Pueyo sacó esta semana un hilo de tweets sobre Argentina, preguntando a sus lectores por qué luego de un primer momento exitoso el número de contagios y muertes en el AMBA escala