Politica

Lago Escondido © Página 12 Por: Carlos Schmerkin(*) (Compañero del Llamamiento, desde Francia) – El Club Mediapart (9 DE DICIEMBRE. 2022) Las conversaciones filtradas entre jueces, fiscales, espías y líderes del grupo Clarín muestran el lado oscuro del funcionamiento de la justicia federal en Argentina: cabildeo, amañamiento, presión política, sobornos y abuso de poder. Una larga serie de delitos e irregularidades. El sitio Patagonia Facts ha publicado dos chats en los que participan cuatro jueces federales, el fiscal jefe de la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, un publicista, un ex miembro de la Secretaría de Inteligencia y dos ejecutivos del Grupo Clarín. (principal grupo multimedia de Argentina) organizó una serie de maniobras para que no se supiera que los magistrados habían ido gratis -invitados por la multimedia- al paradisíaco Lago Escondido, propiedad ilícita 1 del británico Joe Lewis, amigo del expresidente Mauricio Macri. Las conversaciones filtradas salieron a la luz horas antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py dictara sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Figura central de la política argentina, fue condenada el 6 de diciembre a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la construcción de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. El 22 de agosto, la fiscalía -representada por Diego Luciani y Sergio Mola- había pedido doce años de prisión para CFK y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Diez días después, el 1 de septiembre , Fernando Sabag Montiel intentó dispararle a centímetros de la cabeza cuando se mezclaba con la multitud a la entrada de la casa del Vicepresidente. Aunque tres miembros del grupo que organizó el magnicidio fallido están encarcelados, la investigación está estancada tras la presión sobre el juez a cargo del caso por parte de amigos de Luis Caputo, exministro de Hacienda de Mauricio Macri, cuyo «Caputo Hermanos» es sospechoso de financiación del grupo terrorista «Revolución Federal»  2 Tras la publicación de la sentencia, la actual vicepresidenta anunció que no se postulará para ningún cargo electivo en 2023, ni como presidente ni como senador, y que no ofrecerá a la oposición el argumento de que busca inmunidad de enjuiciamiento para evitar ir a la cárcel. “Mafia y estado paralelo. Esto es lo que está pasando en Argentina y esto es lo que me condenó hoy a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Esta sentencia es lo que querían” , expresó hacia el final de su mensaje, muy emocionada. Durante el juicio, la defensa argumentó que Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta del país, no intervino en las licitaciones a costa de la provincia de Santa Cruz. Luciani argumentó, y el tribunal pareció corroborar esta opinión, que el expresidente permitió que Lázaro Báez, un contratista de la construcción, se beneficiara al enviar presupuestos al Congreso que incluían el pago de las obras por un millón de dólares solicitados por Santa Cruz. En respuesta, la vicepresidenta se defendió diciendo que no podía ser acusada de cometer delitos a través de los presupuestos anuales aprobados por ambas cámaras del Congreso, incluidos los legisladores de EE. UU. Luego de calificar a la corte como un «pelotón de fusilamiento» y acusar a los fiscales de «inventar hechos, ocultar otros, tergiversarlos y mentir» de tal manera que crearon las condiciones para un intento de magnicidio el 1 de septiembre, Cristina Kirchner compartió un documento titulado «La veinte mentiras del asunto Vialidad» en sus redes sociales . https://www.pagina12.com.ar/502683-una-por-una-las-20-mentiras-sobre-la-causa-vialidad-que-deta Más allá de los argumentos, es la oscuridad tóxica de Comodoro Py, sede de la justicia federal, la que entra en juego.Julián Ercolini, el juez de instrucción de este caso denominado “Vialidad”, es uno de los dos jueces federales que centralizaron los múltiples cargos contra Cristina. Kirchner, algunos de ellos muy polémicos, como la muerte del exfiscal Alberto Nisman, oscuro archivo anclado en su despacho. Ya había pruebas de la connivencia del juez Ercolini con el gobierno de Macri, pero estas pruebas aumentaron el pasado fin de semana tras la revelación de los detalles del viaje a una estancia en la Patagonia antes mencionado, en el que sí participó con otros jueces, dos exagentes de inteligencia y dos funcionarios de la alcaldía de Buenos Aires y precandidato conservador a la presidencia, En el diálogo revelado (chat escrito y audio), traman todo tipo de ilegalidades, como falsificación de facturas, traslado del caso de la ciudad de Bariloche a la justicia federal de Buenos Aires -su territorio-, detención ilegal de un funcionario de turno. quienes, según ellos, revelaron su presencia durante la excursión, e incluso el irónico pesar de «no haber cometido un asesinato contra un ‘mapuche’». 3 Todo ello salpicado de frases sexistas, homofóbicas y racistas. El intercambio sugiere que los ejecutivos de Clarín y los organizadores de aventuras, Jorge Rendo y Pablo Casey, están hablando con sus interlocutores (jueces, un fiscal, altos funcionarios del gobierno de la ciudad y oficiales de inteligencia) como lo fueron con sus jefes. Finalmente, el dictamen de la fiscal Cándida Echepare corrobora la existencia del viaje en avión privado y las facturas falsificadas. Exigió que se levante el secreto fiscal y bancario de todos los involucrados. El presidente Alberto Fernández se vio obligado a pronunciar un discurso en canales nacionales para denunciar lo que calificó de «promiscuidad antirrepublicana» la conducta de «ciertos empresarios, jueces, fiscales y funcionarios, que hasta ahora se sentían impunes». «Es hora de que empiecen a rendir cuentas», dijo. “Todo parece indicar que ha vuelto a quedar en evidencia el deterioro de la calidad institucional de ciertos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos están envueltos en un perverso juego de corrupción que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, la administración de justicia» Asociaciones de abogados, profesores de derecho y varias organizaciones de DDH exigen la renuncia inmediata de todos los «visitantes» a la estancia y la apertura de un juicio real por el delito de incumplimiento del deber de funcionario público y admisión de coimas para los seis funcionarios. La condena de Cristina Kirchner provocó una ola de solidaridad nacional

Por: Jorge Elbaum | La Tecla Eñe (8/1/2022) El modelo neoliberal del macrismo pretendió sostenerse con el soporte de lo Estados Unidos, los aparatos de inteligencia, el blindaje comunicacional y persecución política a opositores Cuando se piensa estructuralmente las relaciones de poder en Argentina se observan líneas de continuidad indudables. El liberalismo decimonónico local adscribió tempranamente a la tradición económica neoclásica que tuvo en América Latina su lugar de inserción primigenia: en 1973 el general Augusto Pinochet, en el marco de una dictadura criminal, inauguró el modelo que hoy se conoce como neoliberalismo. Ese mismo proyecto fue replicado tres años más tarde en nuestro país, orientado por José Alfredo Martínez de Hoz. Pero su instauración requirió la represión genocida: los 30 mil detenidos-desaparecidos fueron tildados como parta de los “costos” y las consecuencias inherentes al programa planificado desde Washington. Desde 1976 la lógica neoliberal se instituyó como veracidad económica y política entre los sectores dominantes. La razón de fondo se vinculaba a la necesidad de quebrar las capacidades de organización de los trabajadores y sus expresiones políticas. La grilla neoliberal desreguló la dimensión financiera para permitirle a los grupos concentrados al sobrevivencia especulativa, liberada del vínculo con la clase obrera. Se reprodujo una historia a partir del último tercio del siglo XX con el claro objetivo de desconectar a los trabajadores de la reproducción del dinero: las grandes fortunas podían continuar con su carrera de beneficios a través de la rentabilidad que le brindaba la bicicleta financiera. Ese movimiento incrementó de forma exponencial la desocupación, debilitó a las sindicatos y multiplicó los indicadores de pobreza, marginalidad, indigencia. El capitalismo neoliberal buscó –y logró– quitarle poder a los trabajadores a través del aumento de la precariedad laboral: cuánto mayor es el nivel de desocupación menos capacidad de negociación salarial poseen los referentes gremiales. Pero las clases dominantes en argentina –los grupos concentrados– siempre aspiraron a ser parte del mundo occidental y cristino, es decir de Miami. Para maximizar sus rendimientos no solo lograron limitar los incrementos salariales –y las condiciones de trabajo– sino que buscaron en forma denodada dolarizarse. Y para capitalizarse en esa moneda extranjera –ceñidos al remanido deseo del exilio dorado– eligieron dos caminos: o bien absorber las divisas provenientes de las exportaciones, o bien a través de la consecución de créditos externos, sean privados o de organismos multilaterales como el FMI. El endeudamiento les permite abalanzarse sobre los dólares. A medida que ingresan son quienes tienen más pesos para cambiarlos. Y la desregulación financiera impulsada por las lógicas neoliberales los autorizan a vaciar dichas arcas, que debería servir –prioritariamente– para el desarrollo industrial local (bienes de capital, máquinas que no se construyen a nivel doméstico) y para insumos médicos que Argentina no produce. Los montos de los ciclos de endeudamiento coinciden con los ingresos por exportaciones o por líneas de crédito. Las elites locales se han coinvertido, en el último medio siglo, en una aspiradora de la riqueza social acumulada. Con la particularidad de que esa riqueza no se transforma en inversión productiva sino en guaridas fiscales. Pero los créditos no solo sirven para la fuga de capitales de los grandes grupos económicos. También garantizan controles externos de la economía. Además de posibilitar la rueda de la deuda, la evasión y la fuga imponen una lógica de pinzas: de un lado, el Departamento de Estado –a través del board del FMI– exige ajuste fiscal funcional a los intereses geopolíticos de los países centrales. Del otro lado de la ventanilla, los grupos concentrados locales colaboran con esas mismas exigencias para obtener el debilitamiento del Estado que de ser poderoso podría regularlos. Los ajustes fiscales, además, remiten a cercenar la inversión social, logrando una oferta de trabajo más precaria y más barata para los mismo empresarios. Por último, los ajustes también permiten configurar el poder al servicio del mercado, entorpeciendo el rol de locomotora del desarrollo, que hace más de un siglo busca aplicar el proyecto nacional y popular. Existe una correlación indudable entre los intereses de Washington y los grupos concentrados locales. Ambos polos coinciden en la necesidad de ahogar cualquier forma de soberanía que posibilite sacar los pies del plato de un orden mundial adecuado a la reproducción de los desequilibrios. Esa es la causa por la que han existido genocidios en América Latina. Y es la misma razón por la que el neoliberalismo –en su última versión macrista– institucionalizó mesas judiciales ilegales, persecución a referentes políticos, grupos de tareas armados por agentes de inteligencia y prisiones preventivas inauditas. Según el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Fondo exige –para firmar un acuerdo que posibilite la extensión de los pagos– reducir el déficit y lograr un acuerdo político con la oposición. Sobre el primer punto no parece existir una aval por parte de la totalidad del Frente de Todos ni un consenso entre sus votantes. Sobre el segundo ítem, la oposición (neoliberal) se encuentra en un aprieto: (a) reconoce su responsabilidad en la irresponsable tramitación de la deuda, y apoya lo que el oficialismo propone o, (b) sabotea cualquier acuerdo con miras a lograr un default. La primera opción supone, como se observó en la última semana, un enfrentamiento entre el radicalismo y el PRO. La segunda supone el riesgo de promover el fortalecimiento del Frente de Todos en términos de un andamiaje latinoamericano más acorde a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En 2022 Argentina tiene vencimientos con el FMI por 3976 millones de dólares. Además tiene que sufragar 2000 millones al Club de Paris y 693 millones a los acreedores privados. El Banco Central carece de reservas suficientes para solventar esos desembolsos. Ante ese escenario se volverá a plantear la encrucijada de un país atravesado por un enfrentamiento consuetudinario: la decisión de una supremacía externa o la decisión soberana de una voluntad que busca relanzar su proyecto nacional. Existe una continuidad entre Álvaro Alsogaray, José Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Cavallo y el macrismo. La ligazón que los une explica la conexión espuria