Fuente: Maximiliano Rusconi* | Infobae
Fecha: 15 de MAY 2018
Hay episodios en la vida institucional o política de un país que nos obligan a preguntarnos si las coincidencias visibles en algunos movimientos o comportamientos que emanan del poder están guiados por el azar, por las buenas intenciones o por las peores y más oscuras motivaciones. Muchas veces esa pregunta tiene respuestas claras pero que, en cambio, muchos no se animan a expresar por temor, egoísmo, falta de solidaridad, vagancia comunitaria, o lo que sea. Cuando eso sucede, debemos reconocer, estamos en el peor de los mundos. Mientas vivamos en un país donde nos animemos a expresar todo lo que pensamos, entonces todavía hay esperanzas.
Con títulos festivos de algunos medios de comunicación masivos se acompañó un descomunal embate del Poder Ejecutivo sobre algunos y determinados jueces que integraban la selecta justicia federal penal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. También los elegidos para ese castigo mediático e institucional fueron cuidadosamente seleccionados. La crítica no fue a todos, ni a muchos, ni por varias razones, sino por excusas elegidas con llamativo esmero discriminador.
No se trató de ir contra todos los jueces, supongamos, que ingresaron al poder judicial en épocas no democráticas, ni ir contra todos los que, imaginemos, prestaron su apellido para que algunas servilletas sean bordadas (perdón, se trataba de una servilleta de papel), tampoco se trató de averiguar si algunos jueces con sus fallos demostraron un desconocimiento del derecho que deprimiría al más optimista. Mucho menos se utilizó el criterio estandarizado de preguntarse si algunos de los jueces normalmente hacen estallar las agendas del Consejo de la Magistratura por la multiplicidad de las denuncias en su contra. No, nada de esto sucedió. Frente a la ausencia de criterios visibles, que por lo menos lucieran como «objetivos», parece razonable preguntarnos qué es aquello que se presenta como un dato común en los magistrados elegidos en los últimos dos años (es decir, por ESTE gobierno) para su castigo y crítica pública previos a la emanación de las elegantes invitaciones a irse de sus lugares.
Recordemos, con fecha 14 de mayo de 2010, el ex juez, Norberto Oyarbide, procesó, entre otros, al Sr. Mauricio Macri, por ser penalmente responsable en carácter de coautor de los delitos contenidos en los art. 153 – violación de secretos y privacidad -, 248 – abuso de autoridad – y 293 – falsificación de documentos – , en concurso con el delito de asociación ilícita – 210 CP -.
Dicho procesamiento fue, posteriormente confirmado por tres magistrados de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones – incidente N°12466/09/40 -, que con fecha 15 de julio de 2010 estaba conformada por los Dres. Jorge L. Ballestero, Eduardo R. Freiler y Eduardo G. Farah.
Seguramente, salvo esta casualidad estos cuatro jueces no comparten muchas cosas y sus trayectorias serán distintas, pero los cuatro o ya no están, o están en trámites para no estar o están mudados a lugares menos estratégicos.
Hay que recordar que la causa continuó su trámite, hasta que, luego de la asunción presidencial de fecha 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri fue sobreseído con fecha 29 de diciembre de 2015. Pero posiblemente, ese dato tranquilizador llegó tarde para las exigencias de la política.
Seguramente se trata de una casualidad. También es arbitrario suponer que dentro de aquellos jueces que no gozan de tanta antipatía por el Poder de turno habrá algunos que están dispuestos a darle buenas noticias (¡y a tiempo!) al Presidente. Como por ejemplo, mantener en cautiverio a uno de los Diputados, como Julio de Vido, que más podrían haber resistido y alzado la voz en épocas en las cuales se debate la independencia económica, la autonomía energética, la distribución económica y la pobreza.
En épocas en las cuales muchas decisiones judiciales no son explicables jurídicamente, se corre el riesgo de tener que realizar estas especulaciones que seguramente son exageradas. Por todo ello, los abogados, jueces y fiscales que pretenden que el derecho penal se encamine bajo reglas del estado de derecho añoramos una vuelta a lo jurídico. Esa esperanza se sostiene en la enorme mayoría de jueces que no están dispuestos a someter sus decisiones al buen o mal humor del Poder de turno.
*Maximiliano Rusconi es doctor en derecho (UBA), profesor titular de derecho penal (UBA) y profesor honorario (San Martín de Porres, Perú).
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