La justicia en los tiempos de Macri

Fuente: Luis Kon | Revista Convergencia
Fecha: 28 de MAR 2018

Hace casi tres siglos, un aristócrata conservador, llamado Charles de Secondat, conocido por sus títulos de nobleza como Barón de Montesquieu, diseñó un sistema tripartito de gobierno, que habría de conformar las bases de los regímenes republicanos. Sin sustraerse a los intereses de su clase, Montesquieu estaba animado sin embargo, por desterrar los regímenes absolutistas.

Aun confrontando con la monarquía, le otorgó la facultad de ejecutar las leyes, pero delegó en otros grupos de la nobleza o de los estados llanos, la misión de elaborarlas estableciendo que un tercer estamento, el judicial, sería el encargado de interpretarlas. Un siglo después, desaparecidas o restringidas substancialmente las funciones de la nobleza, gobiernos civiles, estrictamente republicanos, comenzaron a gestionar las políticas públicas, subordinados a esta separación.

Viene a cuento este antiguo antecedente, fundante para las democracias modernas, porque en una de sus frecuentes muestras de sincericidio, el Presidente Macri declaró el año pasado, en la Bolsa de Comercio, que necesitaba jueces que lo representen y que si eso no se cumplía, saldría a buscarlos.

Es posible que Macri desconozca estas cosas diseñadas por Montesquieu, porque no es su fuerte el conocimiento del pasado.

Sobre esos principios tal vez es posible que registre su existencia, pero así como tuvo la ocurrencia de mandar en un cohete a la luna a unos quinientos sesenta opositores, alumbre la idea de que con los jueces que emiten fallos que lo contrarían podría hacerse lo mismo y mientras tanto, ir nombrando a adherentes de su espacio.

La composición y orientación del Poder Judicial con la que se encontró el macrismo en diciembre de 2015, mantenía las tendencias dominantes de signo regresivo que lo caracterizan desde los primeros años de la organización nacional y desde 1890, mucho no han cambiado, tanto convalidando gobiernos de facto desde 1930 en adelante, respaldando la violación de derechos humanos o produciendo todo tipo de obstáculos a las políticas pùblicas de signo progresista de inclusión social o profundización de la democracia.

Tendencias dominantes, que afortunadamente, tuvieron siempre segmentos disidentes que aùn minoritarios dentro de la corporación judicial, generaron alguna esperanza renovadora. El kirchnerismo iluminó este panorama negativo con los nombramientos que entre 2003 y 2005, conformaron la nueva Corte Suprema y la denuncia de aquellos que habían conformado la mayoría automática del menemismo. Sus propuestas fueron de un pluralismo tan amplio, que habilitaron cortesanos autores de estrategias alineadas con corrientes opositoras, a pesar que su llegada a la Corte no provenía de opciones de esos sectores.

En 2013, logró sancionar una suma de proyectos democratizadores que entre otras cosas intentaban que en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, la voluntad popular se expresara electoralmente para designar alguno de los cargos.

Estas leyes naufragaron ante la reacción desplegada por la corporación, que se sintió atacada en sus privilegios y en sus modos de irse nombrando entre ellos, con mayorías donde magistrados y abogados articulaban los mecanismos para nombrar nuevos jueces, permitiendo reciclar eternamente esa composición del aparato judicial.

Varios fallos decretaron la inconstitucionalidad de esas reformas y a partir de ese momento, los ataques se incrementaron, particularmente en el ámbito de la justicia federal, con resonantes procesos como el del memorándum con Irán, la causa Ciccone, la trágica muerte del fiscal Nisman, los allanamientos espectaculares en la Patagonia, la recepción de cualquier denuncia por más disparatada e infundada que fuera y otros notoriamente conocidos. Siempre con gran apoyo mediático de los medios tradicionales y un contorno periodístico más propio de la farándula que de la investigación informativa.

***

En esas condiciones, asume el nuevo gobierno. Una de sus primeras medidas fue el intento de completar la integración de la Corte, con dos jueces adictos, a través de un DNU.

Una fuerte resistencia cívica lo hizo desistir de esa variable de urgencia, pero no de sus objetivos finales.
Con mayores precauciones, luego de ese traspié, las estrategias para ir cooptando el Poder Judicial y particularmente la justicia federal, se desenvolvieron con más cuidado. Muchísimas medidas dan cuenta de ello.

Para las limitaciones de espacio que tiene este trabajo, podrían seleccionarse dos demostraciones inequívocas de ese proceder invasivo. La primera fue y es el hostigamiento y la persecución de magistrados independientes que no producían fallos a la medida del gobierno.

Entre otros Gils Carbo, Rozansky, Freiler, Rafecas, Arias, Ballesteros, Farah, varios del fuero laboral y otros que fueron obligados a renunciar o se los removió, con la mayoría adicta al gobierno que pasó a comandar el Consejo de la Magistratura, con mecanismos poco claros.

Algunos se agotaron y así renunciaron Gils Carbo, Rozansky y Maria Laura Garrigos de Rebori. El caso de Gils Carbo es emblemático. Desde el año 2000, cuando era fiscal general ante la Cámara Comercial, mantuvo enfrentamientos constantes con jueces de ese tribunal que observaban una conducta muy laxa en los procesos concursales que obtenían enormes licuaciones de pasivos en concordatos logrados con mayorías espurreas y otros procedimientos abusivos. También en desenmascarar a las sociedades “off shore” que pretendían encontrar protección jurisdiccional para encubrir lavado de dinero o evasiones impositivas.

Eso le ganó la antipatía de los grandes estudios corporativos y su nombramiento no fue bienvenido en la misma medida que abrió un sendero renovador en el resto del aparato de las fiscalías.

El establecimiento de varias unidades de acción, con dotaciones aptas para abordar la trata de personas, el lavado de dinero, la evasión, la violencia de género, el tráfico de drogas y los juicios vinculados al terrorismo de Estado, caracterizaron su gestión.

Para un gobierno de empresarios ligados al mundo de las off shore, con causas pendientes como la del vaciamiento del Correo Argentino o radicación de activos en paraísos fiscales, Gils Carbo resultaba incompatible en ese mundo de negocios.

Le inventaron una comisión inmobiliaria con la que no tuvo ninguna vinculación y al fin, incapaz de continuar resistiendo un bombardeo mediático incesante, renunció.

Hoy no se habla más de la inmobiliaria y una jueza de perfil opuesto, Inés Weimberg, de raíces conservadores, cónyuge de Eduardo Roca, un funcionario diplomático relevante de las dictaduras del 66 y del 76, ha sido propuesta para ocupar ese sitial en la Procuración.

La segunda variable que puede destacarse, deriva de que a partir de enero de 2017, comenzó a regir la ley 27307 que le permite al Poder Ejecutivo integrar los tribunales federales, ante los cuales recaen la mayoría de las causas vinculadas a las denuncias de corrupción, con jueces que elige dentro de los tribunales ordinarios del fuero penal, sin pasar por el trámite de concursos y la propuesta a las autoridades parlamentarias. Con la mayoría lograda en el Consejo de la Magistratura merced al desplazamiento forzado del miembro no letrado del mismo, los mecanismos de la ley habilitaron al macrismo para conformar los nuevos tribunales con magistrados elegidos a dedo. Así se integro el TOF 9, que en un sorteo que arroja serias sospechas, fue designado para juzgar a la ex presidenta Cristina Kirchner.

En esto de los sorteos ya estaba el precedente del que se anuló por un supuesto error electrónico cuando el sistema adjudicó la causa AMIA bis, donde se juzgaba a la ex presidenta, al Juzgado de Casanello. Todavía se está investigando que sucedió, pero después de enmendar ese supuesto fallo, otro sorteo electrónico le envió la causa a Bonadío. Todo sospechable.

Es probable que al llegar la adjudicación al TOF 9, el Poder Ejecutivo superó un límite que abrió la primera grieta con la Corte. Políticamente no está muy claro que llevó al Alto Tribunal a detener este procedimiento.
Puede haber sido la idea de que en el futuro, si se dejaba pasar esa instancia, irían por ellos o los dejarían muy restringidos en los alcances de sus poderes.

También el registro de que en los últimos meses, el gobierno ha perdido parte del respaldo social que lo acompañaba en sus dos primeros años.

Sea por oportunismo o por defensa de sus intereses sectoriales, ya que por convicciones democráticas no hay indicadores previos para atribuirle a los magistrados esa virtud, lo cierto es que una acordada, dudoso instrumento para alterar la vigencia de una ley, dejó al TOF 9 sin poder jurisdiccional.

El 15 de marzo, la Corte estableció que los jueces nombrados en un fuero ordinario, para una misión específica, no pueden ser trasladados a otro -en este caso el federal- sin atravesar todos los mecanismos de concursos y oposición de antecedentes, evaluación del Consejo de la Magistratura y demás mecánicas que rodean la designación de un magistrado.

Dentro de estos cambios de orientación algunos fallos cuyo análisis excedería ya el contenido de este artículo pueden sin embargo mencionarse para abrigar la esperanza de que algunos tribunales, hayan decidido ponerle un límite a los avances autoritarios del macrismo.

La delegación de causas en otros tribunales, como el TOF 8, ya produjo la revocación de una medida diabólicamente arbitraria, como era la detención de Zannini y D Elia, donde se había aplicado la doctrina “Irurzun”. El tribunal, con el voto de dos de sus integrantes, recogió el dictamen de la fiscal Gabriela Baigún, estableciendo que no había justificaciones para mantener en la cárcel a los acusados. Es más, como dijo la fiscal, si una mera sospecha habilitaba la detención, no se comprende como los procesados efectivamente por encubrimiento del atentado como Menem, Anzorreguy, el ex juez Galeano, dos fiscales, el ex jefe de Policía Palacio y el dirigente comunitario Rubén Beraja, siguen en libertad cuando su situación procesal es notoriamente grave.

El procesamiento del policía Chocobar, ratificado por la Cámara del Crimen, las excarcelaciones de otros funcionarios que fueron a prisión sin fundamentos, los cambios de calificación para las causas que imputaban a Cristóbal López y su socio, amén de su liberación, dan cuenta de que han comenzado a respirarse otros aires.
Por supuesto, no se trata aquí de defender el comportamiento de un evasor impositivo sino de destacar que en la situación de Cristóbal López, están cientos de empresarios que no pueden exhibir una conducta tributaria impoluta.

Comenzando por el Presidente de la Nación, su padre, su hermano, su primo, su esposa, su hermano del alma, el secretario de Finanzas, y varios miembros del gabinete identificados por sus inversiones en paraísos fiscales y otras conductas fraudulentas. También con su ingresos constantes en moratorias fiscales o blanqueos impositivos, incluso en el caso de los familiares, en virtud de un decreto que suprimió una exclusión de la ley, para brindarles una norma inconstitucional, a la medida de sus necesidades. Si las razones para encarcelar a Cristóbal López son válidas, para los demás sobran motivos dada la envergadura y evidencias de su comportamiento económico y tributario.

Pero ninguno de ellos ha tenido afinidades empresarias con el gobierno kirchnerista, porque si así fuera, tendrían el mismo destino que López. Persecuciones penales y quiebras comerciales, de las que se han librado por no haberse apartado de su pertenencia de origen, haciendo bien los cálculos que este audaz empresario no contempló. Eso viene siendo el derecho y la justicia en tiempos de Macri.

* Abogado, integrante de la Comisión Jurídica del LLAMAMIENTO Argentino Judío