El LLAMAMIENTO Argentino Judío expresa su desacuerdo con los argumentos del procesamiento dictado por el juez Sergio Torres contra el diputado Leopoldo Moreau en la denuncia presentada por el diputado Waldo Wolff, dictamen encuadrado en la ley 23.592 antidiscriminatoria. En el mismo se incurre en una serie de confusiones sobre antisemitismo, nacionalidad, ciudadanía, identidad judía, que lo llevan a ordenar un procesamiento carente de sustento.
Hoy se ha convertido en un lugar común que cualquier crítica a la política exterior del Estado de Israel se convierta en una acusación de antisemitismo. Toda crítica — correcta o no— recae en el ámbito de la libertad de expresión. Sólo “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional,…” (Ley 23.592) incurren en un acto discriminatorio y racista. Y el caso del diputado Moreau, a todas luces, no encuadra dentro de lo judiciable.
Esa tendencia se traslada también a la crítica al comportamiento político de la dirigencia de la DAIA que exterioriza un pensamiento de derecha o que participa activamente en la persecución judicial de funcionarios del gobierno anterior. Cuando se la cuestiona, en lugar de ampararse en el derecho de opinión, se victimiza alegando “antisemitismo”.
En este marco general hay que ubicar el fallo del juez Torres que dice textualmente “…el día 2 de noviembre de 2017, en el programa televisivo MINUTO UNO del canal C5N, conducido por el periodista GUSTAVO FABIÁN SYLVESTRE, (Moreau) manifestó ‘…ahora están haciendo una sobreactuación, a través de Wolff y otros agentes del Mossad en la Argentina, que son los que están llevando adelante toda esta campaña de difamación…’. Así, identificó al diputado WALDO WOLFF como un agente del Mossad con el objeto de extranjerizarlo por su religión judía”.
La sobreactuación se refería al rol de Wolff y otros en la reapertura de la causa iniciada por el exfiscal Alberto Nisman por encubrimiento por la firma del memorándum con Irán y en las persecuciones y difamaciones contra los acusados, jueces y camaristas que desestimaron la acusación por inconsistente.
El Mosad es el servicio de inteligencia exterior del Estado de Israel, como la CIA el de EE.UU. Sus agentes e informantes los recluta en países extranjeros y pueden ser judíos o no.
¿Cómo llega el juez a afirmar en su fallo que la acusación contra el diputado Wolff de ser un agente del Mosad tiene como “objeto extranjerizarlo por su religión judía”?
Nadie por su religión se convierte en extranjero. No cabe duda que el magistrado acepta la línea de victimización falaz de la dirigencia de la DAIA. El Mosad no es el servicio de inteligencia de la religión judía, sino del Estado de Israel. Es un organismo del Estado cuya actividad, se supone, tiene que ver con prestarles servicio a los israelíes y no a los judíos que habitan otros países del mundo.
Su condición de judío no convierte a Wolff en ciudadano israelí, sigue siendo ciudadano argentino. En la confusión en que incurre el juez Torres se mezclan conceptos y categorías distintas. Se confunde judío con israelí, nacionalidad con religión, crítica con antisemitismo y discriminación, identidad judía con religión judía. Y esta confusión es la que da sustento a la acusación.
Por otro lado, rechazamos el aprovechamiento que el diputado Wolff hace de esta confusión y su accionar jurídico contra su par Leopoldo Moreau que en vez de confrontar con argumentaciones no hace más que judicializar los contenidos de un debate naturalmente político y pone como escudo amañado su condición de judío.
El LLAMAMIENTO Argentino Judío manifiesta su desacuerdo con el dictamen judicial y nos solidarizamos con el diputado Leopoldo Moreau, esperando que las instancias superiores revisen esta errónea decisión.
