Derechos Humanos

Memoria, verdad y justicia para los 30.000 Por: Héctor Gurvit (Compañero del Llamamiento e integrante de la comisión del boletín) 2022-10-06 En el marco de una deseada reparación histórica y, por resolución del consejo deliberante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la calle con el nombre del escritor judeofóbico Gustavo Adolfo Martínez Zuviría, conocido por su seudónimo Hugo Wast fue reemplazada por el de Reneé “Yoyi” Slotopolsky de Epelbaum, madre de plaza de mayo y activista del movimiento judío por los derechos humanos. La medida fue tomada en junio de 2021 a iniciativa del legislador Claudio Morresi. Yoyi, cuando le secuestraron a uno de sus hijos, envió a los otros dos al Uruguay suponiendo que allí estarían a salvo. Sin embargo, los fueron a buscar y los trajeron a la Argentina en el marco del Plan Cóndor. A veces, la palabra desaparecidos resulta insuficiente para ejemplificar ciertas conductas. El lenguaje es una limitación, una estructura que requiere especificaciones. Roland Barthes afirmaba que la lengua era fascista. Lo argumentó en el discurso con que inauguró su cátedra de semiología lingüística en el College de France en 1977. Dijo, además: “La lengua es opresiva, no por lo que impide decir sino por lo que obliga a decir y esta obligación está relacionada con el poder”. Esta afirmación se clarifica largamente en el caso de las cuestiones de género. De modo que, a pesar de que es largo decirlo: “secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos” cubre algo mejor los indiscutibles hechos. Desde aquellos tiempos, Reneé “Yoyi” Slotopolsky de Epelbaum ha luchado por la memoria, por la verdad y por la justicia no solo para sus hijes Luis, Claudio y Lila, sino también por los 30.000. Gustavo Adolfo Martínez Zuviría, conocido por su seudónimo Hugo Wast fue un escritor y político argentino. Simpatizó con el franquismo español, como ministro de Educación en 1944 implantó la enseñanza ordinaria, aunque no obligatoria, de la religión católica en todas las escuelas del país y es ampliamente conocido por su ferviente antisemitismo. En ese sentido, y aplicando el criterio de autoridad, recurrimos a Horacio González quién ordenó que se retirara su nombre de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional (BN), institución que Zuviría dirigió durante casi un cuarto de siglo. Walter Beveraggi Allende, basándose fuertemente en la novela de Zuviría, El Kahal, redactó un folleto en el cual sentó las bases de una de las teorías conspirativas más famosas del país detallando la supuesta elaboración del “Plan Andinia”, por el cual los judíos venían a apropiarse de la Patagonia. Claudio Morresi fue un jugador de fútbol exitoso. Su hermano Norberto, militante de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), fue secuestrado el 23 de abril de 1976 a los 17 años, fusilado el mismo día y enterrado como NN en un cementerio de General Villegas, donde se lo encontró en 1989 gracias al Equipo Argentino de Antropología Forense[1]. Desde 2004 hasta 2014 fue Secretario de Deportes de la Nación. Hoy, es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue él quien presentó el proyecto para cambiar el nombre de la calle del escritor judeofóbico por el de la Madre y Abuela de Plaza de Mayo y del movimiento de judío por los derechos humanos, Renée “Yoyi” Slotopolsky de Epelbaum. Estos son los hechos. Que no es sino una muestra repetida del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívica-militar. Es necesario asociar los dos grandes genocidios que tuvo nuestra patria a lo largo de su historia. El primero fue el que el Gobierno Argentino infligió a los pueblos originarios exactamente 100 años antes del segundo. Cuando Roca expone como presidente sus intenciones, llama a ese ordenamiento “Proceso de Organización Nacional”. 100 años después, la dictadura se proclama heredera de aquella, con el nombre de “Proceso de Reorganización Nacional”. No hay casualidades. Dos genocidios, un mismo apelativo. Pero los derechos humanos se defienden siempre y mas temprano que tarde se producen hitos, pequeños o grandes que nos reivindican como sociedad. Y en este caso el proyecto de Claudio Morresi de cambiar el nombre del juedofóbico por el de “Yoyi”, es uno de ellos. La legislatura porteña aprobó esta resolución en junio de 2021. Los judíos secuestrados, torturados, desaparecidos y asesinados por la dictadura, según es de conocimiento, al menos en nuestra comunidad, recibían un trato especialmente sanguinario por los torturadores. Siempre se busca un chivo expiatorio. Pueden ser los judíos, los migrantes, los kirchneristas. Es la punta de lanza del odio alentado por los medios hegemónicos que más tarde se materializa con violencia. Al respecto, Morresi destacó que “Renée sintetiza en su activismo la lucha por una sociedad libre» y dijo que se trata «justamente» del «activismo» que necesitan los argentinos «para luchar contra los crímenes de odio e intolerancia”. Y agregó que “renombrar la calle Gustavo Martínez Zuviría por Renée Slotopolsky de Epelbaum no es meramente un cambio de denominación», sino que representa sumarse «colectivamente a la lucha contra la intolerancia, la xenofobia y el antisemitismo”. La patria está en peligro. Lo humedales, las tierras mapuches, el litio que se lo llevan sin casi ningún beneficio para el país, la hidro-vía y el gasoducto de Vaca Muerta que, si las elecciones las ganara el macrismo, podrían ser privatizadas y desnacionalizadas como lo han hecho a lo largo de nuestra historia reciente con cada una de nuestras riquezas. Con Milagro Sala prisionera, con el frustrado magnicidio, con el juicio a CFK que no tiene parangón en estos años de democracia, con los salarios que, aún con trabajo legítimo, están por debajo de la línea de pobreza y tantas otras muchas cuestiones que sería ocioso referir la patria está en peligro. Las injusticias a las que estamos asistiendo en estos días no cubren las expectativas con las que votamos a este gobierno auto titulado Nacional y Popular. La grieta no se resuelve con palabras y con buenos o malos modales, porque de todas maneras siempre nos han expoliando. En el nombre de esa calle

Por: Maria Paula Doberti y Eugenia Bekeris Los alegatos de las defensas de los genocidas en la Mega Causa Campo de Mayo desde la mirada de Dibujos Urgentes. Entre el 16 de marzo y el 1° de junio de este año nueve abogadxs ocuparon trece audiencias (unas 52 horas en total) para defender lo indefendible. Desde la Defensoría Oficial hablaron Juan Carlos Tripaldi (defensor de Ramón Vito Cabrera, Luis del Valle Arce, Miguel Conde, Carlos Alberto Rojas, Arnaldo José Román, Santiago Omar Riveros, Luis Saadi Pepa, Mario Rubén Domínguez y Eugenio Guañabens Perelló), Hernán Campi, Eduardo Masci y Alejo Pisani (defensores de Francisco Orlando Agostino). Como abogadxs particulares actuaron Sebastián Olmedo Barrios (defensor de Alfredo Oscar Arena), Gonzalo Miño (defensor de Roberto Fusco), Gerardo Ibáñez y Carmen Ibáñez (defensorxs de Carlos Tamini, Pacífico Luis Britos y Federico Ramírez Mitchel) y Alejandro Arguilea (defensor de Carlos Caimi y de Bernardo Caballero). Todxs desplegaron estrategias que abarcaron un abanico estrecho, entre el negacionismo y el desprestigio de las querellas y sobre todo del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Fiscal Gabriela Sosti. La Fiscalía acusó a los imputados por cargos de secuestros, privación ilegal de la libertad, allanamiento ilegal de domicilio, tormentos agravados, violaciones, abuso deshonesto, robo en poblado y en banda, secuestro de bebés y homicidios. Para responder a la CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA que dieron en su alegato la Fiscal Sosti y el abogado querellante Pablo Llonto, la Defensa desplegó diversas respuestas: Tripaldi negó el contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos denunciados. Arguilea reclamó “una legítima reconstrucción histórica” con “datos objetivos”. Masci hizo un sesgado recuento histórico, desde las batallas de San Martín, deteniéndose en los gobiernos peronistas de los 70: “¿Dónde nace la responsabilidad de los hechos, en el gobierno de facto o en los anteriores?”, se preguntó. Olmedo Barrios basándose en que “nuestra Patria fue víctima de un enfrentamiento armado” argumentó que “no hubo persecución política”. Para demostrar esto dijo que “las FAR asaltaron Campo de Mayo”, que hubo “1541 homicidios comprobados, 1745 secuestros y posesión de 5042 explosivos”, que “las organizaciones político-militares no pretendían un país mejor” y que hay que contar “la verdad real”. Gerardo Ibáñez sostuvo que “es una ingenuidad pensar que el Estado no adoptara ninguna defensa frente a la infinidad de secuestros del ERP y Montoneros. La Justicia los había condenado y Cámpora los liberó. Por eso hubo Áreas de Defensa, como el Área 400”. Las leyes de PUNTO FINAL y de OBEDIENCIA DEBIDA reaparecieron reiteradamente. Masci sostuvo que se dictaron para “dar una vuelta de página, como hizo Uruguay con Pepe Mujica”, que “el Congreso no puede anularlas” por lo que “no debería ser juzgado ninguno de los imputados”. Y recordó con nostalgia los INDULTOS de Menem: “se dijo “ya está, es suficiente, unamos de una vez el país””. Argumentaron que se trata de COSA JUZGADA. Gerardo Ibáñez Consideró que “los criterios jurídicos 45 años después, por culpa del Estado, son desatinados” y que “el marco por el que deben ser tratados es el de aquella época, no el de hoy”. Campi llegó más lejos (o más atrás): dijo que en Nuremberg hubo “AUDITORES MILITARES” por lo que “resulta ilógico juzgar a los militares en la Justicia ordinaria”. La comparación entre los acusados de aquel Juicio con los del actual corrió por parte de su propio abogado. Sobre la figura de LESA HUMANIDAD dijeron que, como los hechos son anteriores a la norma “no debería tenerse en cuenta” y que asumirla es “un atropello brutal al principio de legalidad”, que “los hechos están prescriptos”, que es una “violación al principio de legalidad” y que “los guerrilleros armados no eran población civil, eran combatientes”. Rechazaron la figura de GENOCIDIO porque, arguyeron, “no hubo persecución a una Nación”. Basándose en que “no se fijaron las penas antes del hecho” y en que “no se encuentra tipificado” el modo de juzgar estos hechos, pidieron que “se rechace para que se preserve el principio de legalidad”. Intentaron embarrarle la cancha al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, representado por Gabriela Sosti. Tripaldi sostuvo que la Fiscalía “violentó los principios juridireccionales”, que “debió hacerse algo distinto”, que “no se le da al trabajo la seriedad que debería tener”, que “hay liviandad”, que las acusaciones tienen “endeblez del argumento” y son “caóticas”, que hay “falta de talento para organizar la acusación”, que “es un desastre”, que “hay un desinterés en trabajar de manera puntillosa”. Arguilea afirmó que “Sosti no probó el uso de la picana”, que se basó en “conjeturas, indicios y tergiversaciones”, que “armó una imputación con una mirada estrecha” con “afirmaciones falsas” y que “se basa en la nada, sólo en su convencimiento cercana a la Inquisición”. Campi y Masci afirmaron que “los fiscales pueden tener sed de revancha o venganza” y que Sosti parece tiene “una obsesión con los funcionarios de Inteligencia”. Sostuvieron que se hizo una “errónea conclusión de penas, una lectura parcial de la documentación testimoniales y un arribo a conclusiones que no se compadecen con la realidad”. Miño afirmó que “la acusación es subjetiva, caprichosa y antojadiza”. Sobre los TESTIMONIOS escuchados en los más de dos años de Juicio, repitieron casi a coro que “hay testigos que se contradijeron”, que hablaron por terceros, que “hicieron referencia al vox populi” y que “los rumores no tienen valor jurídico”. Campi y Masci dudaron de los testimonios de familiares porque están “contaminados”, “no prueban nada”, por lo que “no hay pruebas que valorar”. Tripaldi osó ensuciar las declaraciones de sobrevivientes y familiares tildándolos de brindar “testimonios contaminados” por “los organismos de Derechos Humanos” que, según él, les brindaron información que no tenían. Hizo preguntas capciosas, como la referida al sobreviviente Gregorio Díaz: “¿Declaró libremente?” En varias audiencias se dedicaron a menoscabar las declaraciones del sobreviviente Juan Carlos “Cacho” Scarpati, quien declaró en diversos juicios dando datos claves para encontrar pruebas y reconocer genocidas. Tripaldi hasta cuestionó el carácter de víctima de Scarpati porque, sostuvo, “no está probado que estuvo privado de la libertad. Siempre resultó

Por: Eugenia Bekeris y Paula Doberti El 23 de febrero comenzó su alegato Carolina Villella, representando la querella de Abuelas. Se refirió a las historias de secuestros y desapariciones de catorce mujeres embarazadas y sus compañeros. Explicó que fueron alojadxs en alguno de los cuatro centros clandestinos de la Zona 4 – El Campito (en la plaza de tiro), la Central de Inteligencia (en ruta 8), la prisión y el hospital militar (en Campo de Mayo)-, donde lxs mantuvieron en “aberrantes condiciones y constantes tormentos e interrogatorios (picana y submarino), golpizas, vejaciones, violaciones y agresiones sexuales, encadenados de pies y manos, con escasa alimentación e higiene”. Las mujeres “tuvieron a sus hijos ahí entre 1976 y 1978, acelerando los partos con cesáreas programadas”. Dijo que “el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional contempla entre los diferentes supuestos de violencia sexual a la violación, la prostitución, la esclavitud y el embarazo forzado” y que son delitos de lesa humanidad. Nombró a los nietos recuperados Maximiliano Menna Lanzilotto y Pablo Casariego Tato (el último apropiado por el médico de la ex ESMA Norberto Bianco), a lxs hijxs pequeñxs que dejaron sin sus padres y madres al secuestrarlxs y a lxs nietxs que Abuelas siguen buscando. La semana siguiente, el 2 de marzo, Carolina Villella terminó su alegato. Se refirió a las historias de secuestros y desapariciones de veintitrés víctimas de la “Caída de los Ferroviarios” y sus familias. Nombró a Egidio Battistiol, Juana Matilde Colayago (embarazada de 6 meses), Ema Battistiol, Sandra Missori, Juan Carlos Catnich, Leonor Landaburu (embarazada de 7 meses y medio), Beatriz Pereyra, Enrique Montarcé, Enrique Gómez Pereyra, Nilda Acosta, Mirtha Noroña, Héctor Noroña, Luisa Nieva, Claudia Noroña, Carlos Osvaldo Moreno, María Aurora Bustos, Liliana Moreno, Adriana Moreno, Carlos Raúl Parra, Georgina del Valle Acevedo de Parra, Oscar Benito Ríos, Juan Carlos Barrionuevo, Rosa Ana Irmina Nusbaum (embarazada de 6 meses), Mariano Belisario Iturriza y Susana Flora Grynberg (embarazada de 3 meses). Explicó que todxs fueron detenidxs ilegalmente y mantenidos en condiciones inhumanas: encapuchadxs, atadxs de pies y manos, con mínimas disposiciones de higiene y de alimentación. Pidió que se condene por allanamientos ilegales, privación ilegal de la libertad, tormentos doblemente agravados (por su carácter de funcionarios públicos y por la condición de perseguidxs políticxs de las víctimas), violencia, amenazas y desaparición forzada. Dijo que todos los imputados son coautores penalmente responsables; aclaró que pide la inhabilitación para cobrar jubilaciones y pensiones y la remoción de prisión domiciliaria y cumplimiento de penas en cárceles comunes. Los hechos son de lesa humanidad y por lo tanto, aclaró, imprescriptibles. Las penas solicitadas son: – Riveros, Somoza, Castagno Monje, Domínguez y Caballero: 25 años – Sadi Pepa: 20 años – Villanova y Tamini: prisión perpetua. El alegato completo se puede ver por el canal de Youtube de La Retaguardia.