Por: Eugenia Bekeris y Paula Doberti
El 23 de febrero comenzó su alegato Carolina Villella, representando la querella de Abuelas. Se refirió a las historias de secuestros y desapariciones de catorce mujeres embarazadas y sus compañeros. Explicó que fueron alojadxs en alguno de los cuatro centros clandestinos de la Zona 4 – El Campito (en la plaza de tiro), la Central de Inteligencia (en ruta 8), la prisión y el hospital militar (en Campo de Mayo)-, donde lxs mantuvieron en “aberrantes condiciones y constantes tormentos e interrogatorios (picana y submarino), golpizas, vejaciones, violaciones y agresiones sexuales, encadenados de pies y manos, con escasa alimentación e higiene”. Las mujeres “tuvieron a sus hijos ahí entre 1976 y 1978, acelerando los partos con cesáreas programadas”.
Dijo que “el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional contempla entre los diferentes supuestos de violencia sexual a la violación, la prostitución, la esclavitud y el embarazo forzado” y que son delitos de lesa humanidad.
Nombró a los nietos recuperados Maximiliano Menna Lanzilotto y Pablo Casariego Tato (el último apropiado por el médico de la ex ESMA Norberto Bianco), a lxs hijxs pequeñxs que dejaron sin sus padres y madres al secuestrarlxs y a lxs nietxs que Abuelas siguen buscando.
La semana siguiente, el 2 de marzo, Carolina Villella terminó su alegato. Se refirió a las historias de secuestros y desapariciones de veintitrés víctimas de la “Caída de los Ferroviarios” y sus familias. Nombró a Egidio Battistiol, Juana Matilde Colayago (embarazada de 6 meses), Ema Battistiol, Sandra Missori, Juan Carlos Catnich, Leonor Landaburu (embarazada de 7 meses y medio), Beatriz Pereyra, Enrique Montarcé, Enrique Gómez Pereyra, Nilda Acosta, Mirtha Noroña, Héctor Noroña, Luisa Nieva, Claudia Noroña, Carlos Osvaldo Moreno, María Aurora Bustos, Liliana Moreno, Adriana Moreno, Carlos Raúl Parra, Georgina del Valle Acevedo de Parra, Oscar Benito Ríos, Juan Carlos Barrionuevo, Rosa Ana Irmina Nusbaum (embarazada de 6 meses), Mariano Belisario Iturriza y Susana Flora Grynberg (embarazada de 3 meses).
Explicó que todxs fueron detenidxs ilegalmente y mantenidos en condiciones inhumanas: encapuchadxs, atadxs de pies y manos, con mínimas disposiciones de higiene y de alimentación.
Pidió que se condene por allanamientos ilegales, privación ilegal de la libertad, tormentos doblemente agravados (por su carácter de funcionarios públicos y por la condición de perseguidxs políticxs de las víctimas), violencia, amenazas y desaparición forzada. Dijo que todos los imputados son coautores penalmente responsables; aclaró que pide la inhabilitación para cobrar jubilaciones y pensiones y la remoción de prisión domiciliaria y cumplimiento de penas en cárceles comunes. Los hechos son de lesa humanidad y por lo tanto, aclaró, imprescriptibles.
Las penas solicitadas son:
– Riveros, Somoza, Castagno Monje, Domínguez y Caballero: 25 años
– Sadi Pepa: 20 años
– Villanova y Tamini: prisión perpetua.
El alegato completo se puede ver por el canal de Youtube de La Retaguardia.
Es descomunal la tarea de este colectivo para mantener viva la Memoria, la Verdad y la Justicia