Por: Publicación de Abuelas de Plaza de mayo | 7 de Mayo de 2022
Recomendado por: Liliana Fijtman
“Es grave el traspaso de datos biométricos a la Ciudad de Buenos Aires, se tiene que investigar a fondo. Si me siguieron se habrán aburrido mucho”, afirmó Estela de Carlotto, sin perder su sentido del humor, tras conocerse que el Ministerio de Seguridad porteño buscó información de más de 7 millones de personas de manera ilegal, entre ellas de la presidenta de Abuelas. Estas tareas se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para el rastreo de prófugos y a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), pero ese acuerdo sólo les permitía abordar un universo de poco más de 40.000 individuos. La Justicia suspendió el uso del mecanismo y ordenó medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para hacer inteligencia y vigilancia masiva.
Semejante extralimitación, entre abril de 2019 —apenas firmado el convenio entre el gobierno de Macri y el ReNaPer— y marzo de 2022, significó la obtención de manera ilegítima de datos equivalentes a la mitad de la población total del AMBA: más de 6 mil personas por día en promedio. Es urgente y necesario establecer cuál fue el uso y destino de toda esta información, y también una explicación de los motivos detrás de todo este proceso. Se trata, sin dudas, de una nueva violación del macrismo —gerenciado en la Ciudad por Rodríguez Larreta— a la normativa vigente en materia de privacidad. ¿Por qué, para qué y cómo la Policía Metropolitana realizó búsquedas de datos biométricos de millones de personas en los últimos tres años cuando no existe ninguna regulación que se lo permita?
Después de tantos episodios ligados al espionaje macrista, resulta indignante la impunidad con la que se siguen manejando. Tenemos la esperanza de que el tema no quede reducido a la iniciativa de un magistrado valiente como Andrés Gallardo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad e impulsor del amparo que puso un freno a esta práctica, y más sectores del poder judicial se hagan cargo de la amenaza a la democracia que implica y que sus responsables sean castigados.
Es hora de enfrentar con la ley a quienes la transgreden constantemente desde las altas esferas del poder político y económico. La falta de sanción a este tipo de infracciones —casi un modus operandi del macrismo— perpetúa la impunidad para quienes las cometen y dañan nuestro sistema democrático, a veces inadvertidamente, y luego puede ser muy tarde. Como jefe de Gobierno de la Ciudad y como presidente de la Nación, Macri hizo espionaje ilegal. También Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y ahora se comprueba que Larreta también. ¿Hasta cuándo van a seguir nsin responder por sus actos espurios?
