El próximo sábado 9/11 nos volvemos a encontrar 10 hs para charlar, escucharnos, debatir y compartir ideas acerca de esta coyuntura nacional e internacional y de las acciones próximas que el Llamamiento debería encarar. Nos reuniremos, en grupos de aproximadamente 30 compañeres, con la moderación rotativa de miembros del Consejo Directivo e inscripción previa. Te esperamos en Bar Big Joe, Av. Corrientes 4656 y Panamá, CABA.
Lago Escondido © Página 12 Por: Carlos Schmerkin(*) (Compañero del Llamamiento, desde Francia) – El Club Mediapart (9 DE DICIEMBRE. 2022) Las conversaciones filtradas entre jueces, fiscales, espías y líderes del grupo Clarín muestran el lado oscuro del funcionamiento de la justicia federal en Argentina: cabildeo, amañamiento, presión política, sobornos y abuso de poder. Una larga serie de delitos e irregularidades. El sitio Patagonia Facts ha publicado dos chats en los que participan cuatro jueces federales, el fiscal jefe de la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, un publicista, un ex miembro de la Secretaría de Inteligencia y dos ejecutivos del Grupo Clarín. (principal grupo multimedia de Argentina) organizó una serie de maniobras para que no se supiera que los magistrados habían ido gratis -invitados por la multimedia- al paradisíaco Lago Escondido, propiedad ilícita 1 del británico Joe Lewis, amigo del expresidente Mauricio Macri. Las conversaciones filtradas salieron a la luz horas antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py dictara sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Figura central de la política argentina, fue condenada el 6 de diciembre a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la construcción de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. El 22 de agosto, la fiscalía -representada por Diego Luciani y Sergio Mola- había pedido doce años de prisión para CFK y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Diez días después, el 1 de septiembre , Fernando Sabag Montiel intentó dispararle a centímetros de la cabeza cuando se mezclaba con la multitud a la entrada de la casa del Vicepresidente. Aunque tres miembros del grupo que organizó el magnicidio fallido están encarcelados, la investigación está estancada tras la presión sobre el juez a cargo del caso por parte de amigos de Luis Caputo, exministro de Hacienda de Mauricio Macri, cuyo «Caputo Hermanos» es sospechoso de financiación del grupo terrorista «Revolución Federal» 2 Tras la publicación de la sentencia, la actual vicepresidenta anunció que no se postulará para ningún cargo electivo en 2023, ni como presidente ni como senador, y que no ofrecerá a la oposición el argumento de que busca inmunidad de enjuiciamiento para evitar ir a la cárcel. “Mafia y estado paralelo. Esto es lo que está pasando en Argentina y esto es lo que me condenó hoy a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Esta sentencia es lo que querían” , expresó hacia el final de su mensaje, muy emocionada. Durante el juicio, la defensa argumentó que Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta del país, no intervino en las licitaciones a costa de la provincia de Santa Cruz. Luciani argumentó, y el tribunal pareció corroborar esta opinión, que el expresidente permitió que Lázaro Báez, un contratista de la construcción, se beneficiara al enviar presupuestos al Congreso que incluían el pago de las obras por un millón de dólares solicitados por Santa Cruz. En respuesta, la vicepresidenta se defendió diciendo que no podía ser acusada de cometer delitos a través de los presupuestos anuales aprobados por ambas cámaras del Congreso, incluidos los legisladores de EE. UU. Luego de calificar a la corte como un «pelotón de fusilamiento» y acusar a los fiscales de «inventar hechos, ocultar otros, tergiversarlos y mentir» de tal manera que crearon las condiciones para un intento de magnicidio el 1 de septiembre, Cristina Kirchner compartió un documento titulado «La veinte mentiras del asunto Vialidad» en sus redes sociales . https://www.pagina12.com.ar/502683-una-por-una-las-20-mentiras-sobre-la-causa-vialidad-que-deta Más allá de los argumentos, es la oscuridad tóxica de Comodoro Py, sede de la justicia federal, la que entra en juego.Julián Ercolini, el juez de instrucción de este caso denominado “Vialidad”, es uno de los dos jueces federales que centralizaron los múltiples cargos contra Cristina. Kirchner, algunos de ellos muy polémicos, como la muerte del exfiscal Alberto Nisman, oscuro archivo anclado en su despacho. Ya había pruebas de la connivencia del juez Ercolini con el gobierno de Macri, pero estas pruebas aumentaron el pasado fin de semana tras la revelación de los detalles del viaje a una estancia en la Patagonia antes mencionado, en el que sí participó con otros jueces, dos exagentes de inteligencia y dos funcionarios de la alcaldía de Buenos Aires y precandidato conservador a la presidencia, En el diálogo revelado (chat escrito y audio), traman todo tipo de ilegalidades, como falsificación de facturas, traslado del caso de la ciudad de Bariloche a la justicia federal de Buenos Aires -su territorio-, detención ilegal de un funcionario de turno. quienes, según ellos, revelaron su presencia durante la excursión, e incluso el irónico pesar de «no haber cometido un asesinato contra un ‘mapuche’». 3 Todo ello salpicado de frases sexistas, homofóbicas y racistas. El intercambio sugiere que los ejecutivos de Clarín y los organizadores de aventuras, Jorge Rendo y Pablo Casey, están hablando con sus interlocutores (jueces, un fiscal, altos funcionarios del gobierno de la ciudad y oficiales de inteligencia) como lo fueron con sus jefes. Finalmente, el dictamen de la fiscal Cándida Echepare corrobora la existencia del viaje en avión privado y las facturas falsificadas. Exigió que se levante el secreto fiscal y bancario de todos los involucrados. El presidente Alberto Fernández se vio obligado a pronunciar un discurso en canales nacionales para denunciar lo que calificó de «promiscuidad antirrepublicana» la conducta de «ciertos empresarios, jueces, fiscales y funcionarios, que hasta ahora se sentían impunes». «Es hora de que empiecen a rendir cuentas», dijo. “Todo parece indicar que ha vuelto a quedar en evidencia el deterioro de la calidad institucional de ciertos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos están envueltos en un perverso juego de corrupción que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, la administración de justicia» Asociaciones de abogados, profesores de derecho y varias organizaciones de DDH exigen la renuncia inmediata de todos los «visitantes» a la estancia y la apertura de un juicio real por el delito de incumplimiento del deber de funcionario público y admisión de coimas para los seis funcionarios. La condena de Cristina Kirchner provocó una ola de solidaridad nacional
A 28 años de la AMIA, las instituciones de la calle Pasteur siguen traicionando la memoria Por: JORGE ELBAUM (compañero del Llamamiento) | El Cohete a la Luna (17 de julio de 2022) El viernes Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el marco de un nuevo aniversario del acto terrorista sucedido en 1994. En la reunión estuvieron presentes, además del Presidente, el canciller Santiago Cafiero, el secretario de Culto Guillermo Oliveri y la vocera presidencial Gabriela Cerruti. La delegación de la institución comunitaria estuvo liderada por su flamante titular, Amos Linetzky. La reunión tuvo características protocolares, formato en que la AMIA ha decidido vincularse con el gobierno, dejándole la tarea de la confrontación a la DAIA, de la que también forma parte. La división del trabajo entre ambas remite al remanido juego del policía bueno y el malo: la AMIA se muestra empática y dialogante, otorgándole la fajina confrontativa a su inquilina en el edificio de Pasteur 633. Cada 18 de julio se renueva la escena aciaga de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA reclamando una justicia que nunca llega. En forma paralela, desde los estrados de las instituciones que tienen sede en la calle Pasteur 633 se repite la demanda sobreactuada de quienes han privilegiado la utilización política de la tragedia para transformarse en referentes corporativos de la derecha local. La DAIA y la AMIA se reparten el rol de producir cortinas de humo mediático-jurídicas dispuestas para debilitar a los gobiernos populares y/o perseguir a sus máximos referentes políticos. Luego del memorándum de entendimiento con Irán y del suicidio de Alberto Nisman, han sido partícipes de diferentes iniciativas destinadas a beneficiar a Juntos por el Cambio y estigmatizar a todo aquello que se opone a la lógica geopolítica impulsada por el eje Washington-Tel Aviv. El último capítulo de la saga corresponde a la aeronave venezolana de carga cuyos 19 tripulantes aún se encuentran retenidos en Buenos Aires por decisión del juez federal Federico Villena, en el marco de una querella impulsada por el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits. Según la presentación judicial realizada por la apoderada de la institución de calle Pasteur, Martha Nercellas, el Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur arribó al aeropuerto de Ezeiza el 6 de junio con la intención de promover el “financiamiento del terrorismo”. Dicho propósito, según la presentación realizada ante el juez Villena y la fiscal Cecilia Incardona, se encontraría promovida por los gobiernos de Caracas y Teherán. El último jueves, Knoblovits, desde Jerusalén, objetó a la vocera presidencial Gabriela Cerruti por considerar que la Justicia debe resolver de forma perentoria el caso de la aeronave venezolana y de los 19 tripulantes demorados: “Es una posición absolutamente sesgada –cuestionó el titular de la DAIA–, que no mira a esos familiares de las 85 víctimas del atentado contra la AMIA, que hace 28 años tienen una silla vacía en su casa, y sí defiende a los iraníes”. Para ahondar en el criterio demonizador, se interrogó en formato retórico: “¿Por qué el gobierno no se preocupa también por el derecho de las víctimas, no de los victimarios?”. Para los dirigentes de calle Pasteur –por estricto mandato de las delegaciones diplomáticas a las que responden– el solo hecho de ser venezolano y/o persa alcanza para ser acusado de complicidad con el atentado de 1994. En la misma línea, el flamante presidente de la AMIA, Amos Linetzky, advirtió durante toda la semana sobre el tenor del discurso que pronunciará el lunes. “Vamos a hacer un fuerte reclamo, aunque no guste, aunque incomode”. El reclamo, como es de esperar, tendrá como beneficiario al colectivo cambiemita, que se hará presente con una decena de figuras estelares lideradas por el panelista televisivo Waldo Wolff, titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, una de las pocas áreas que no ha tratado ni elevado ningún proyecto legislativo desde 2019 hasta la actualidad. El patrocinio de la DAIA, gestionado por la abogada Martha Nercellas, resultó extraño a los ojos de los operadores judiciales asentados en Lomas de Zamora. La penalista es recordada en los pasillos tribunalicios por haber sido sancionada por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados con la suspensión temporaria de su matrícula por las faltas éticas cometidas en relación a la querella de la causa del atentado a la AMIA, también en representación de la DAIA. En aquella ocasión, su confabulación con el entonces presidente de la entidad, Rubén Beraja, el magistrado Juan José Galeano y los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia derivó en la injusta detención de cinco policías de la brigada de Vicente López, por el lapso de ocho años y tres meses. De Macri a Menem La insistencia en estigmatizar a todos aquellos que no coinciden con las políticas exteriores de Estados Unidos e Israel ha sido coherente, además, con el silencio y la indiferencia respecto a lo que se denomina “la pista local” de los atentados del ’92 y el ’94. El último martes, la Corte Suprema –luego de dos décadas– desestimó un recurso del comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda, quien había sido condenado en 2005 a cuatro años de prisión por la destrucción de pruebas relacionadas con el atentado a la AMIA. En esa ocasión, quien revestía como jefe del Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal –encargado de la custodia de evidencias– hizo desaparecer 68 casetes con conversaciones telefónicas del reducidor de autos robados Carlos Telleldín. Entre esos intercambios, se especula, aparecían contactos del ciudadano argentino de origen sirio Alberto Jacinto Kanoore Edul, quien se comunicó el 10 de julio de 1994 con Telleldín con la intención de adquirir una camioneta Trafic. El entonces comisario Jorge Palacios –que tiempo después fuera nombrado como jefe de la policía metropolitana por Mauricio Macri– fue procesado por advertirle a Edul del allanamiento que se iba a llevar a cabo en sus oficinas y en su domicilio. Durante el juicio oral en el que se determinó la
Por: Publicación de Abuelas de Plaza de mayo | 7 de Mayo de 2022 Recomendado por: Liliana Fijtman “Es grave el traspaso de datos biométricos a la Ciudad de Buenos Aires, se tiene que investigar a fondo. Si me siguieron se habrán aburrido mucho”, afirmó Estela de Carlotto, sin perder su sentido del humor, tras conocerse que el Ministerio de Seguridad porteño buscó información de más de 7 millones de personas de manera ilegal, entre ellas de la presidenta de Abuelas. Estas tareas se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para el rastreo de prófugos y a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), pero ese acuerdo sólo les permitía abordar un universo de poco más de 40.000 individuos. La Justicia suspendió el uso del mecanismo y ordenó medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para hacer inteligencia y vigilancia masiva. Semejante extralimitación, entre abril de 2019 —apenas firmado el convenio entre el gobierno de Macri y el ReNaPer— y marzo de 2022, significó la obtención de manera ilegítima de datos equivalentes a la mitad de la población total del AMBA: más de 6 mil personas por día en promedio. Es urgente y necesario establecer cuál fue el uso y destino de toda esta información, y también una explicación de los motivos detrás de todo este proceso. Se trata, sin dudas, de una nueva violación del macrismo —gerenciado en la Ciudad por Rodríguez Larreta— a la normativa vigente en materia de privacidad. ¿Por qué, para qué y cómo la Policía Metropolitana realizó búsquedas de datos biométricos de millones de personas en los últimos tres años cuando no existe ninguna regulación que se lo permita? Después de tantos episodios ligados al espionaje macrista, resulta indignante la impunidad con la que se siguen manejando. Tenemos la esperanza de que el tema no quede reducido a la iniciativa de un magistrado valiente como Andrés Gallardo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad e impulsor del amparo que puso un freno a esta práctica, y más sectores del poder judicial se hagan cargo de la amenaza a la democracia que implica y que sus responsables sean castigados. Es hora de enfrentar con la ley a quienes la transgreden constantemente desde las altas esferas del poder político y económico. La falta de sanción a este tipo de infracciones —casi un modus operandi del macrismo— perpetúa la impunidad para quienes las cometen y dañan nuestro sistema democrático, a veces inadvertidamente, y luego puede ser muy tarde. Como jefe de Gobierno de la Ciudad y como presidente de la Nación, Macri hizo espionaje ilegal. También Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y ahora se comprueba que Larreta también. ¿Hasta cuándo van a seguir nsin responder por sus actos espurios?
Base de una sociedad con más equidad y bienestar Por: Benjamín Malamud Lerner (Compañero del Llamamiento, desde Córdoba) | 8 de julio de 2022 Cada celebración de una Fiesta Patria, en este caso la conmemoración de la declaración de nuestra Independencia Nacional, es una oportunidad para confrontar la actual realidad, con los anhelos y planes originales, de quienes luchando, la hicieron posible. La ruptura con la metrópolis ibérica y sus representantes, tuvo en 1816 en el Congreso de Tucumán un respaldo significativo, aunque parcial de las Provincias del Virreinato. Las noticias que llegaban a los congresales no eran auspiciosas: el avance del ejército realista desde el norte; el final de la ocupación Francesa de España y la recuperación del trono por Fernando VII, presagiaba un futuro incierto. La declaración de la Independencia en 1816 permitió el inicio de la estrategia libertadora del Gral. San Martín y la preparación defensiva en el Norte por parte de Güemes y sus bravos gauchos. Es de destacar que contó con el respaldo de los pueblos nativos, siendo refrendada en el idioma original, quechua, aymará y guaraní. Se iniciaba una nueva etapa decisiva de la guerra de liberación del yugo colonial. No había espacio para angustiarse por romper las cadenas que nos habían oprimido. Hubo una declaración previa de independencia según algunos historiadores, que se habría producido el 29 de junio de 1815 en Concepción del Uruguay, con José Gervasio Artigas como gran protagonista del Congreso de los Pueblos Libres que declararon “la independencia bajo un régimen constitucional democrático que garantizaba el voto popular, la reforma agraria, la libertad de culto y el federalismo”. Participaron en dicho Congreso “la Banda Oriental, las misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, a las que se agregó una parte de Córdoba”.. Desde 1816 a la fecha, el modelo colonial o neocolonial latino americano, se ha modificado sustancialmente, y la metrópolis ya no está en Europa, sino en el primer país del continente, EEUU, en declarar su independencia y que por su poderoso desarrollo, nos viene considerando “su patio trasero” o incluso “delantero”, si exhibimos fidelidad al neoliberalismo y su condicionante geo estratégico, la NATO. La Patria Grande El primero en independizarse heroicamente en Latinoamérica fue Haiti en 1804 y al mismo tiempo que la proclamaba al mundo, determinaba el final de la esclavitud. Las consecuencias para el puebla haitiano fueron feroces por los antiguos y renovados explotadores-esclavistas del orbe. “Los motivos del «olvido» del proceso haitiano… son diversos; entre ellos la censura… , por temor a la influencia de la revolución en otras colonias, a su rechazo a la esclavitud,… la negrofobia y el racismo”. Fidel Castro A lo largo de los 2 últimos siglos, Latinoamérica padeció invasiones, golpes de estado, implantación de bases militares, acoso financiero, estrategias desestabilización, atentados, magnicidios, narcotráfico, etc, pretendiendo convertir a los países insumisos, en “inviables” por la suma de conflictos inducidos, e impedir su efectiva independencia. En este siglo XXI los EEUU ya no nos invaden militarmente, ahora utilizan otras metodologías de dominación. Usan al modelo neoliberal con endeudamientos impagables, freno a las industrias o empresas nacionales, o su privatización y extranjerización. Fomentan el extractivismo y al uso de agro tóxicos, desentendiéndose de las graves consecuencias sanitarias. Nos duele que una oficina del FMI esté en Ministerio de Economía monitoreando lo que como país hacemos.. No obstante la resistencia al imperio no cesa: el triunfo en Colombia de G. Petro, la casi segura victoria de Lula en Brasil, los avances democráticos y progresistas en Chile, Honduras y Perú, el regreso del MAS al gobierno de Bolivia, la negativa de Méjico a participar de una Cumbre discriminatoria de la OEA, son novedades auspiciosas. Destaco asimismo la actitud de nuestro Presidente de denunciar en esa Cumbre, a quien conduce la OEA por ser parte del golpe en Bolivia (Al igual que el anterior gobierno argentino) y el fuerte reclamo por Malvinas ante el RU. Necesitamos más independencia y más equidad en este sub continente, el más desigual y con más pobreza en los últimos 10 años. Y más desigualdad es más violencia y hasta 10 años menos de vida de los habitantes empobrecidos. La Mano Siniestra Una de las metodologías usadas del neoliberalismo es el Lawfare, para enjuiciar y encarcelar a opositores como fue el caso de Lula en Brasil, Correa en Ecuador o de Milagro Sala en Jujuy. Esta compatriota, ahora con graves problemas en su salud, (Por lo que la CI de DDHH a pedido informes) sufre un acoso político judicial del gobierno de Jujuy, con 6 años de encarcelamiento por jueces nombrados a dedo por el Gobernador. Las apelaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice la falsedad de las denuncias, llevan 2 años sin respuesta, al igual que los pedidos de la Corte Interamericana de DDHH. Mientras tanto Pepin R. Simón responsable del nombramiento de 2 jueces de esa corte, y del armado de causas a políticos, sindicalistas, referentes sociales, goza de su refugio en Uruguay. Pero en Argentina el objetivo mayor del lawfare es Cristina Fernández, desde hace varios años. Privarla de su libertad y del derecho a ser elegida es lo que se procura. Con las herramientas del lawfare se obstruyen todas las posibilidades de que algunos poderosos beneficiarios y cómplices de la dictadura genocida, como Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma lleguen a la cárcel. Es uno de los responsables de la detención y traslado en sus camiones de los trabajadores desaparecidos en Brigadier San Martín de Jujuy, entre ellos el pediatra e Intendente radical de la Ciudad, Luis Aredes. Saludable Independencia Quienes de una manera u otra procuramos el mejor y más justo nivel de salud para nuestro pueblo, no podemos ignorar que el desafío de los poderosos intereses. Los traficantes de la enfermedad (multinacionales de los medicamentos, tecnologías e intermediaciones lucrativas), han condicionado la vida en democracia con golpes militares o de mercado. Aconteció con A. H. Illía al rechazar el costo abusivo de los medicamentos o con R. Alfonsín
Por: Alejandro Stein (Adherente del Llamamiento, desde Israel) | 11 de enero de 2022 Por: Alejandro Stein (Adherente del Llamamiento, desde Israel) Pero hablemos de la Corte Suprema. O de los Cortesanos, nombre que les viene mejor. Y de aquella manifestación multitudinaria de septiembre de 1945 en la que todos los partidos, la mayoría de ellos lo que hoy se da en llamar tradicionales, y que forman parte de esa infamia que es Juntos por el Cambio, y otros con historias vergonzantes como el Partido Comunista, que hoy apoya al Gobierno, oponiéndose a la dictablanda de Edelmiro Farrell con ese coronel como secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente (¿alguien recuerda su nombre?) exigiendo… entregar el gobierno al presidente de la Corte Suprema. Esa manifestación, que marchó desde el Congreso hasta Recoleta, desencadenó los acontecimientos que culminaron con la detención de Perón y el 17 de octubre, que agarró a todos los manifestantes a contrapié porque ellos mismos fueron los parteros del “hecho maldito del país burgués” John William Cooke dixit. Ya va para 77 años de ese momento, que reestructuró la historia argentina, que parió este fenómeno con el que nos acostumbramos a vivir, en cuyo nombre no sólo se construye, sino que se cometen infamias, y si no pregúntenle a Menem, que les va a contestar desde el infierno. Pero hablábamos de la Corte, de las Cortes. Nuestra Constitución establece la división de poderes, y es el presidente, con acuerdo del senado, quien designa a los jueces, que en definitiva seguirán en funciones en tanto su conducta sea correcta. Acá tengo la tentación de decir no me hagas reír que tengo el labio partido…Un listado de los ministros de las diferentes Cortes Supremas muestra sin duda que el presi que los nombra busca, cómo expresarlo, cierta comunidad ideológica con sus propuestos si se vive en democracia, o designados si se vive en dictadura. Y muestra que, como en general la conducta de sus señorías es impecable, y el senado, muchas más veces de lo que nos conviene tiene tendencia a actuar como un sello de goma, el presidente de turno tiene que comerse la herencia de su antecesor, a veces por varias generaciones (¿se acuerdan de Carlos Fayt paz descanse y su amor al sillón?). Independientemente, entonces, de que escribo esto como una forma de catarsis, me estoy cuestionando ese asuntillo de la división de poderes que me enseñaron en el cole cuando nos hablaron de la Constitución, y tuvimos que aprendernos de memoria lo que recitaba Alfonsín en su campaña electoral. Y el tiempo actúa con las leyendas como lo hace con el vino: Si es tinto, las mejora, si es blanco, las joroba. Tengo suficientes años para haber vivido las Cortes y el Poder Judicial de la dictadura de 1966-73 y su Cámara del Terror (la Cámara Federal en lo Penal), la de la última dictadura, que en su mayoría viví en el exilio, pero no por eso sentí menos vergüenza ajena e indignación propia, y miro desde aquí el desempeño de la Corte y el Poder Judicial macristas. Puede ser que no sepa bastante. Puede ser que esté desinformado. Pero creo que gana el campeonato. Milagro Sala, la persecución a Cristina, la conducta desalmada, cínica, enfermiza, cruel con Héctor Timerman, y que nadie me diga que esa no fue una forma refinada de tortura. Con asco, cito acá el infausto nombre de bonadío, y la minúscula no es un error. Y hay tanto más. Y el desempeño actual del Poder Judicial, y de los cuatro señores en sus sitiales, corriendo a veces con sus fallos, tomándoselo con calma otras, por decirlo de alguna manera, acorde a la conveniencia de sus trompas.Entonces, a ustedes, que me tuvieron la vela hasta aquí, yo les pregunto: ¿Dónde está esa División de Poderes? ¿Es independiente el Poder Judicial? (vuelvo a recordarles lo de mi labio partido). Este es mi modesto apoyo a la marcha a Tribunales, esta vez exigiendo “que se vayan todos”, o limpiar la casa, con Comodoro Py como primer lugar donde pasar la aspiradora, y perdonen que sea medio anarco (nunca libertario), es mi deseo que este sea el comienzo de una marcha que va a ser muy, muy larga.Hasta aquíAle, 11.1.22
Por: Jorge Elbaum | La Tecla Eñe (8/1/2022) El modelo neoliberal del macrismo pretendió sostenerse con el soporte de lo Estados Unidos, los aparatos de inteligencia, el blindaje comunicacional y persecución política a opositores Cuando se piensa estructuralmente las relaciones de poder en Argentina se observan líneas de continuidad indudables. El liberalismo decimonónico local adscribió tempranamente a la tradición económica neoclásica que tuvo en América Latina su lugar de inserción primigenia: en 1973 el general Augusto Pinochet, en el marco de una dictadura criminal, inauguró el modelo que hoy se conoce como neoliberalismo. Ese mismo proyecto fue replicado tres años más tarde en nuestro país, orientado por José Alfredo Martínez de Hoz. Pero su instauración requirió la represión genocida: los 30 mil detenidos-desaparecidos fueron tildados como parta de los “costos” y las consecuencias inherentes al programa planificado desde Washington. Desde 1976 la lógica neoliberal se instituyó como veracidad económica y política entre los sectores dominantes. La razón de fondo se vinculaba a la necesidad de quebrar las capacidades de organización de los trabajadores y sus expresiones políticas. La grilla neoliberal desreguló la dimensión financiera para permitirle a los grupos concentrados al sobrevivencia especulativa, liberada del vínculo con la clase obrera. Se reprodujo una historia a partir del último tercio del siglo XX con el claro objetivo de desconectar a los trabajadores de la reproducción del dinero: las grandes fortunas podían continuar con su carrera de beneficios a través de la rentabilidad que le brindaba la bicicleta financiera. Ese movimiento incrementó de forma exponencial la desocupación, debilitó a las sindicatos y multiplicó los indicadores de pobreza, marginalidad, indigencia. El capitalismo neoliberal buscó –y logró– quitarle poder a los trabajadores a través del aumento de la precariedad laboral: cuánto mayor es el nivel de desocupación menos capacidad de negociación salarial poseen los referentes gremiales. Pero las clases dominantes en argentina –los grupos concentrados– siempre aspiraron a ser parte del mundo occidental y cristino, es decir de Miami. Para maximizar sus rendimientos no solo lograron limitar los incrementos salariales –y las condiciones de trabajo– sino que buscaron en forma denodada dolarizarse. Y para capitalizarse en esa moneda extranjera –ceñidos al remanido deseo del exilio dorado– eligieron dos caminos: o bien absorber las divisas provenientes de las exportaciones, o bien a través de la consecución de créditos externos, sean privados o de organismos multilaterales como el FMI. El endeudamiento les permite abalanzarse sobre los dólares. A medida que ingresan son quienes tienen más pesos para cambiarlos. Y la desregulación financiera impulsada por las lógicas neoliberales los autorizan a vaciar dichas arcas, que debería servir –prioritariamente– para el desarrollo industrial local (bienes de capital, máquinas que no se construyen a nivel doméstico) y para insumos médicos que Argentina no produce. Los montos de los ciclos de endeudamiento coinciden con los ingresos por exportaciones o por líneas de crédito. Las elites locales se han coinvertido, en el último medio siglo, en una aspiradora de la riqueza social acumulada. Con la particularidad de que esa riqueza no se transforma en inversión productiva sino en guaridas fiscales. Pero los créditos no solo sirven para la fuga de capitales de los grandes grupos económicos. También garantizan controles externos de la economía. Además de posibilitar la rueda de la deuda, la evasión y la fuga imponen una lógica de pinzas: de un lado, el Departamento de Estado –a través del board del FMI– exige ajuste fiscal funcional a los intereses geopolíticos de los países centrales. Del otro lado de la ventanilla, los grupos concentrados locales colaboran con esas mismas exigencias para obtener el debilitamiento del Estado que de ser poderoso podría regularlos. Los ajustes fiscales, además, remiten a cercenar la inversión social, logrando una oferta de trabajo más precaria y más barata para los mismo empresarios. Por último, los ajustes también permiten configurar el poder al servicio del mercado, entorpeciendo el rol de locomotora del desarrollo, que hace más de un siglo busca aplicar el proyecto nacional y popular. Existe una correlación indudable entre los intereses de Washington y los grupos concentrados locales. Ambos polos coinciden en la necesidad de ahogar cualquier forma de soberanía que posibilite sacar los pies del plato de un orden mundial adecuado a la reproducción de los desequilibrios. Esa es la causa por la que han existido genocidios en América Latina. Y es la misma razón por la que el neoliberalismo –en su última versión macrista– institucionalizó mesas judiciales ilegales, persecución a referentes políticos, grupos de tareas armados por agentes de inteligencia y prisiones preventivas inauditas. Según el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Fondo exige –para firmar un acuerdo que posibilite la extensión de los pagos– reducir el déficit y lograr un acuerdo político con la oposición. Sobre el primer punto no parece existir una aval por parte de la totalidad del Frente de Todos ni un consenso entre sus votantes. Sobre el segundo ítem, la oposición (neoliberal) se encuentra en un aprieto: (a) reconoce su responsabilidad en la irresponsable tramitación de la deuda, y apoya lo que el oficialismo propone o, (b) sabotea cualquier acuerdo con miras a lograr un default. La primera opción supone, como se observó en la última semana, un enfrentamiento entre el radicalismo y el PRO. La segunda supone el riesgo de promover el fortalecimiento del Frente de Todos en términos de un andamiaje latinoamericano más acorde a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En 2022 Argentina tiene vencimientos con el FMI por 3976 millones de dólares. Además tiene que sufragar 2000 millones al Club de Paris y 693 millones a los acreedores privados. El Banco Central carece de reservas suficientes para solventar esos desembolsos. Ante ese escenario se volverá a plantear la encrucijada de un país atravesado por un enfrentamiento consuetudinario: la decisión de una supremacía externa o la decisión soberana de una voluntad que busca relanzar su proyecto nacional. Existe una continuidad entre Álvaro Alsogaray, José Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Cavallo y el macrismo. La ligazón que los une explica la conexión espuria
Se cumplen 20 años de la llamada “crisis del 2001” cuyo desenlace fue una revuelta popular y la renuncia del presidente Fernando de la Rua, con el penoso saldo de 38 muertos por la represión policial. Fue la culminación de un proceso de deterioro que comenzó con el agotamiento del llamado Plan de Convertibilidad de Domingo Cavallo y que se catalizó durante el gobierno de la Alianza hasta llegar a la incautación de los ahorros en pesos y la pesificación de los ahorros en dólares a través del tristemente recordado corralito. Desafiando el estado de sitio, los sectores populares se constituyeron en la calles de todas las ciudades del país, exigiendo la renuncia del presidente y dando nacimiento a la consigna “que se vayan todos”, expresando de esta manera su desconfianza en las soluciones que podría aportar la clase política. Es importante recordar también que la colectividad judía argentina no era ajena al proceso de deterioro económico. Según el informe de un funcionario del American Jewish Comitee, realizado en abril del 2002, el 30 % de los judíos argentinos estaba desocupado y alrededor de 44 mil vivían debajo de la línea de la pobreza. Existía lo que se dio en llamar “pobreza puertas adentro”: familias que habitaban casas o departamentos en los barrios más caros de la ciudad y no podían pagar las expensas ni los servicios. Con el resultado de una fuerte campaña de recaudación en Estados Unidos y con donantes locales, se montó un formidable dispositivo solidario: desde ayudas para pagar alquileres e impuestos, la entrega de bolsones de comida, colonias de vacaciones gratuitas para los más chicos, hasta la creación de los bancos de medicamentos en varias instituciones, cada una de las cuales llegaba a atender a más de 100 personas por día. Al mismo tiempo, por el proceso de expulsión económica, muchas familias eligieron Israel como destino para rehacer sus vidas: entre 2002 y 2003 emigraron con ese destino 8000 personas, que recibieron todo tipo de alicientes y facilidades. Cabe recordar quienes integraban aquel gobierno: Patricia Bullrich (quien como se recordará propuso rebajar las jubilaciones el 13 %) Hernan Lombardi, Ricardo López Murphy, el negacionista Darío Loperfido y Federico Sturzeneger, los mismos que hoy desde la oposición se pretenden mostrar como la alternativa “republicana” cuando en verdad cabalgan sobre los olvidos que en el imaginario popular pueden generarse a través de la asistencia mediática hegemónica que los respalda. Por eso desde el LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDIO, convocamos a evocar los desgraciados sucesos de diciembre de 2001, rendir homenaje a sus víctimas y alertar sobre que quienes produjeron esos terribles desenlaces, hoy pretenden hacer de esas fechas simples menciones del calendario y no la marca registrada de la reciente historia que los condena. Marcelo Horestein Presidente Pablo Gorodneff Secretario
POR JORGE ELBAUM | El Cohete a la Luna (5 de dic. 5 de 2021) Soy un pastor que busca a una oveja de su rebaño y sé que vos sos el ladrón que te la llevaste. Soy el pastor de Jacobo Timerman y vos tenés a mi oveja. No me voy hasta que no me la devuelvas. (Marshall Meyer frente a Miguel Etchecolatz, cuando fue a buscar a Timerman al centro de detención.) La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) renovó su consejo directivo, el último martes 30, en una ceremonia celebrada en el Hotel Hilton de la Ciudad Autónoma, de la que participaron –entre otros referentes de la oposición– Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, Waldo Wolff y el ex ministro de Educación del gobierno macrista, Alejandro Finocchiaro. Las autoridades fueron electas para el periodo 2021-2024 en el marco de una asamblea electoral realizada el pasado 10 de noviembre, en la que se presentó una única lista, votada por medio centenar de electores. En el discurso de asunción, Jorge Knoblovits recordó que “durante estos tres años [la institución se vio atravesada por] situaciones muy sensibles y dolorosas para la sociedad en general y para la comunidad judía en particular. (…) Ahora nos damos cuenta, quizás como nunca antes, de lo nocivo que es el enfrentamiento y las descalificaciones que generan divisiones y grietas”. Mientras el actual presidente de la DAIA trastabillaba al leer su alocución, varios de los presentes se preguntaban si la prédica se relacionaba con la persecución política –liderada por la DAIA contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y otros dirigentes políticos populares– o si sus palabras se referían al rol asumido con relación a Héctor Timerman, a quien le impidieron la continuidad del tratamiento oncológico con el que hubiese podido salvar su vida. Una semana antes de reivindicar el diálogo como una expresión de la convivencia democrática, Knoblovits interpuso un recurso de casación contra la resolución del Tribunal Oral Federal 8, que dictaminó –el 7 de octubre pasado– la absolución de todos los acusados en la causa del Memorándum, heredada de la presentación realizada por Natalio Alberto Nisman en enero de 2015, tres días antes de ser hallado muerto en el baño cerrado de su departamento. La persecución política contra CFK continúa a pesar de que el fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, avaló el dictamen del TOF-8 considerando que fue irregular la reapertura de la causa y que además no puede detectarse delito en una decisión tomada por ambas Cámaras del Congreso. En los ágapes de la DAIA de la última década solía participar, indefectiblemente, el actual juez de la Cámara de Casación penal, Mariano Borinsky. Sin embargo, en esta ocasión no se hizo presente. Algunos de los invitados a la asunción atribuyeron esa ausencia a los pormenores de la causa que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, donde se instruye la denuncia del fiscal Marcelo Colombo en relación al posible asesoramiento realizado por Borinsky a directivos de la DAIA en 2016, situación que habría permitido la reapertura de la causa en diciembre de ese mismo año. El procurador a cargo de la instrucción es Ramiro González, quien lleva a cabo medidas de prueba previas. En su denuncia, Marcelo Colombo había solicitado que se develara el vínculo entre uno de los directivos de la DAIA, Santiago Kaplún, y el juez Borinsky. Según dirigentes que formaron parte de la comisión directiva del 2016 al 2019, Borinsky colaboró con Kaplún para garantizar que la DAIA fuera aceptada como querellante, pese al cuestionamiento enunciado por el fiscal general De Luca, que señalaba la ausencia del poder especial que el código procesal le exigía a la DAIA para querellar. El macrismo veía con mucha simpatía que fuese la DAIA la encargada de acusar a CFK porque de esa manera ubicaba la causa en un terreno geopolítico, rotulando a la ex Presidenta como antisemita, sambenito útil para la publicidad internacional, sobre todo en Estados Unidos, Europa e Israel. Esa fue la estrategia diseñada por Paul Singer y Sheldon Adelson, quienes crearon para ello una Fuerza de Tareas Argentina. Borinsky tambien garantizaba una presión a sus colegas de la Cámara para reabrir el expediente. La divulgación de la colaboración entre el dirigente de la DAIA y el casador se sumó a la revelación de las 15 visitas de este último al entonces Presidente Mauricio Macri, mientras su mesa judicial a cargo de Fabián Pepín Rodríguez Simón instigaba las persecuciones contra dirigentes de la oposición. El discurso de Knoblovits del último martes, monitoreado por Patricia Bullrich, evidencia la continuidad del rol de la DAIA como punta de lanza de la criminalización política montada por Nisman, bajo la supervisión de los fondos buitre y la cobertura mediática de la trifecta mediática. Los vínculos de Nisman con dichos grupos especulativos fueron revelados por el ex agente del Mosad, Uzi Shaya, en junio de 2020. Shaya, empleado de Paul Singer, declaró ante la televisión israelí que Nisman fue parte de una operación para extorsionar a CFK con el objetivo de que abonara los casi 10.000 millones de dólares que reclamaban los buitres. Uzi dejó claro que no hubo forma de torcerle el brazo a la entonces Presidenta. PROyecto y PROgrama Lo que no pudieron las extorsiones de los agentes de inteligencia lo pudo el triunfo amarillo de Juntos por el Cambio, que cuatro meses después de la asunción sufragó en efectivo la suma demandada por Singer/Adelson, la cual permitió a posteriori un nuevo endeudamiento. La tarea de Nisman y la DAIA fue reconocida de inmediato por los grupos concentrados que ofertaron bancas y puestos de gobierno a dirigentes habituados a visitar las oficinas de la calle Pasteur. El ex director de la DAIA Claudio Avruj se acomodó como secretario de Derechos Humanos. Waldo Wolff, ex vicepresidente de esa entidad, como diputado nacional, y el bioquímico Sergio Bergman como secretario de Medio Ambiente. Esa fue parte de la compensación por los servicios prestados para garantizar el triunfo del macrismo en 2015. Luego de las confesiones
