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La comunidad judía y el 2001

Se cumplen 20 años de la llamada “crisis del 2001” cuyo desenlace fue una revuelta popular y la renuncia del presidente Fernando de la Rua, con el penoso saldo de 38 muertos por la represión policial. Fue la culminación de un proceso de deterioro que comenzó con el agotamiento del llamado Plan de Convertibilidad de Domingo Cavallo y que se catalizó durante el gobierno de la Alianza hasta llegar a la incautación de los ahorros en pesos y la pesificación de los ahorros en dólares a través del tristemente recordado corralito. Desafiando el estado de sitio, los sectores populares se constituyeron en la calles de todas las ciudades del país, exigiendo la renuncia del presidente y dando nacimiento a la consigna “que se vayan todos”, expresando de esta manera su desconfianza en las soluciones que podría aportar la clase política. Es importante recordar también que la colectividad judía argentina no era ajena al proceso de deterioro económico. Según el informe de un funcionario del American Jewish Comitee, realizado en abril del 2002, el 30 % de los judíos argentinos estaba desocupado y alrededor de 44 mil vivían debajo de la línea de la pobreza. Existía lo que se dio en llamar “pobreza puertas adentro”: familias que habitaban casas o departamentos en los barrios más caros de la ciudad y no podían pagar las expensas ni los servicios. Con el resultado de una fuerte campaña de recaudación en Estados Unidos y con donantes locales, se montó un formidable dispositivo solidario: desde ayudas para pagar alquileres e impuestos, la entrega de bolsones de comida, colonias de vacaciones gratuitas para los más chicos, hasta la creación de los bancos de medicamentos en varias instituciones, cada una de las cuales llegaba a atender a más de 100 personas por día. Al mismo tiempo, por el proceso de expulsión económica, muchas familias eligieron Israel como destino para rehacer sus vidas: entre 2002 y 2003 emigraron con ese destino 8000 personas, que recibieron todo tipo de alicientes y facilidades. Cabe recordar quienes integraban aquel gobierno: Patricia Bullrich (quien como se recordará propuso rebajar las jubilaciones el 13 %) Hernan Lombardi, Ricardo López Murphy, el negacionista Darío Loperfido y Federico Sturzeneger, los mismos que hoy desde la oposición se pretenden mostrar como la alternativa “republicana” cuando en verdad cabalgan sobre los olvidos que en el imaginario popular pueden generarse a través de la asistencia mediática hegemónica que los respalda. Por eso desde el LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDIO, convocamos a evocar los desgraciados sucesos de diciembre de 2001, rendir homenaje a sus víctimas y alertar sobre que quienes produjeron esos terribles desenlaces, hoy pretenden hacer de esas fechas simples menciones del calendario y no la marca registrada de la reciente historia que los condena. Marcelo Horestein Presidente Pablo Gorodneff Secretario

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ESPECTROS DE LA DAIA: La institución que se arroga una representación de la cual carece

POR JORGE ELBAUM | El Cohete a la Luna (5 de dic. 5 de 2021) Soy un pastor que busca a una oveja de su rebaño y sé que vos sos el ladrón que te la llevaste. Soy el pastor de Jacobo Timerman y vos tenés a mi oveja. No me voy hasta que no me la devuelvas. (Marshall Meyer frente a Miguel Etchecolatz, cuando fue a buscar a Timerman al centro de detención.) La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) renovó su consejo directivo, el último martes 30, en una ceremonia celebrada en el Hotel Hilton de la Ciudad Autónoma, de la que participaron –entre otros referentes de la oposición– Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, Waldo Wolff y el ex ministro de Educación del gobierno macrista, Alejandro Finocchiaro. Las autoridades fueron electas para el periodo 2021-2024 en el marco de una asamblea electoral realizada el pasado 10 de noviembre, en la que se presentó una única lista, votada por medio centenar de electores. En el discurso de asunción, Jorge Knoblovits recordó que “durante estos tres años [la institución se vio atravesada por] situaciones muy sensibles y dolorosas para la sociedad en general y para la comunidad judía en particular. (…) Ahora nos damos cuenta, quizás como nunca antes, de lo nocivo que es el enfrentamiento y las descalificaciones que generan divisiones y grietas”. Mientras el actual presidente de la DAIA trastabillaba al leer su alocución, varios de los presentes se preguntaban si la prédica se relacionaba con la persecución política –liderada por la DAIA contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y otros dirigentes políticos populares– o si sus palabras se referían al rol asumido con relación a Héctor Timerman, a quien le impidieron la continuidad del tratamiento oncológico con el que hubiese podido salvar su vida. Una semana antes de reivindicar el diálogo como una expresión de la convivencia democrática, Knoblovits interpuso un recurso de casación contra la resolución del Tribunal Oral Federal 8, que dictaminó –el 7 de octubre pasado– la absolución de todos los acusados en la causa del Memorándum, heredada de la presentación realizada por Natalio Alberto Nisman en enero de 2015, tres días antes de ser hallado muerto en el baño cerrado de su departamento. La persecución política contra CFK continúa a pesar de que el fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, avaló el dictamen del TOF-8 considerando que fue irregular la reapertura de la causa y que además no puede detectarse delito en una decisión tomada por ambas Cámaras del Congreso. En los ágapes de la DAIA de la última década solía participar, indefectiblemente, el actual juez de la Cámara de Casación penal, Mariano Borinsky. Sin embargo, en esta ocasión no se hizo presente. Algunos de los invitados a la asunción atribuyeron esa ausencia a los pormenores de la causa que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, donde se instruye la denuncia del fiscal Marcelo Colombo en relación al posible asesoramiento realizado por Borinsky a directivos de la DAIA en 2016, situación que habría permitido la reapertura de la causa en diciembre de ese mismo año. El procurador a cargo de la instrucción es Ramiro González, quien lleva a cabo medidas de prueba previas. En su denuncia, Marcelo Colombo había solicitado que se develara el vínculo entre uno de los directivos de la DAIA, Santiago Kaplún, y el juez Borinsky. Según dirigentes que formaron parte de la comisión directiva del 2016 al 2019, Borinsky colaboró con Kaplún para garantizar que la DAIA fuera aceptada como querellante, pese al cuestionamiento enunciado por el fiscal general De Luca, que señalaba la ausencia del poder especial que el código procesal le exigía a la DAIA para querellar. El macrismo veía con mucha simpatía que fuese la DAIA la encargada de acusar a CFK porque de esa manera ubicaba la causa en un terreno geopolítico, rotulando a la ex Presidenta como antisemita, sambenito útil para la publicidad internacional, sobre todo en Estados Unidos, Europa e Israel. Esa fue la estrategia diseñada por Paul Singer y Sheldon Adelson, quienes crearon para ello una Fuerza de Tareas Argentina. Borinsky tambien garantizaba una presión a sus colegas de la Cámara para reabrir el expediente. La divulgación de la colaboración entre el dirigente de la DAIA y el casador se sumó a la revelación de las 15 visitas de este último al entonces Presidente Mauricio Macri, mientras su mesa judicial a cargo de Fabián Pepín Rodríguez Simón instigaba las persecuciones contra dirigentes de la oposición. El discurso de Knoblovits del último martes, monitoreado por Patricia Bullrich, evidencia la continuidad del rol de la DAIA como punta de lanza de la criminalización política montada por Nisman, bajo la supervisión de los fondos buitre y la cobertura mediática de la trifecta mediática. Los vínculos de Nisman con dichos grupos especulativos fueron revelados por el ex agente del Mosad, Uzi Shaya, en junio de 2020. Shaya, empleado de Paul Singer, declaró ante la televisión israelí que Nisman fue parte de una operación para extorsionar a CFK con el objetivo de que abonara los casi 10.000 millones de dólares que reclamaban los buitres. Uzi dejó claro que no hubo forma de torcerle el brazo a la entonces Presidenta. PROyecto y PROgrama Lo que no pudieron las extorsiones de los agentes de inteligencia lo pudo el triunfo amarillo de Juntos por el Cambio, que cuatro meses después de la asunción sufragó en efectivo la suma demandada por Singer/Adelson, la cual permitió a posteriori un nuevo endeudamiento. La tarea de Nisman y la DAIA fue reconocida de inmediato por los grupos concentrados que ofertaron bancas y puestos de gobierno a dirigentes habituados a visitar las oficinas de la calle Pasteur. El ex director de la DAIA Claudio Avruj se acomodó como secretario de Derechos Humanos. Waldo Wolff, ex vicepresidente de esa entidad, como diputado nacional, y el bioquímico Sergio Bergman como secretario de Medio Ambiente. Esa fue parte de la compensación por los servicios prestados para garantizar el triunfo del macrismo en 2015. Luego de las confesiones

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Los acuerdos y desacuerdos con el FMI

Por: Héctor Gurvit (miembro de la Comisión del boletín) | 22 de nov. de 2021 Suponer que el FMI se ha vuelto una organización de beneficencia es una utopía. Algún comunicador habló de realismo mágico. De cómo se deben pagar las distintas cuotas al organismo permite visualizar cuales son los próximos compromisos. El panorama parece no ser muy alentador. Y una recomposición implicaría una suerte de condicionamientos a los que la Argentina debería acatar y acomodarse. Seguiremos los lineamientos oficiales en cuanto al acuerdo o desacuerdo con el FMI. Antes, hagamos un poco de historia. En los tiempos de los Kirchner (y Duhalde) la deuda con el FMI se pagó sin ninguna modificación de los acuerdos. Hasta que se saldó. Lo que fue en aquel tiempo (el acuerdo) con los acreedores privados, que se llegó al alrededor de un 93% quedando pendiente los famosos fondos buitres. Que luego el macrismo pagó, incluso más de lo que se debía. Esto lo dicen los expertos. En la crisis del 2001, si bien fue un golpe duro para los argentinos por la escasez de divisas, los plazos de pago de la deuda con el FMI no eran acuciantes como lo son ahora. Es muy difícil hacer comparaciones con ese tiempo. Acaso con cualquier tiempo. En este momento, al igual que en el 2001 se llegó a un acuerdo con los privados, pero el conflicto con el FMI es complejo, porque los plazos para los pagos son irrealizables. De acuerdo con lo pactado hace tres años, Argentina debería pagar al Fondo, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares el próximo año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024. En noviembre, está programado el pago por US$640 millones en concepto de intereses y recargos. Y el 22 de diciembre, se debería cancelar otro vencimiento de capital por US$1870 millones. Si luego de las elecciones, el Gobierno avanza con una renegociación con el FMI, el segundo pago de capital podría ser postergado para incluirlo dentro de la reestructuración. Otra de las cosas que se pide al FMI y está en discusión son los sobrecargos. ¿Qué son? Se trata de la política de sobretasas. El FMI debería corregir el carácter regresivo y procíclico de la política de sobretasas que no son los que se les brinda a otros países, o al menos a reducirlos sustancialmente. Pensar en el FMI en ese sentido es muy poco probable. Hay un fondo que acumula el FMI que son los Derechos Especiales de Giro (DEG), que es dinero del Fondo. Se trata de un activo creado en 1969, que complementa las reservas oficiales de los países miembros, da liquidez, pero no constituye una moneda en sí misma en el sentido estricto. Es un derecho potencial sobre un conjunto de monedas. En la actualidad esta canasta son el dólar estadounidense (41% del total), el euro (31%), el renminbi chino (11%), el yen japonés y la libra esterlina. El precio del DEG está determinado por el valor ponderado de dichas monedas. Esos DEG fueron recibidos no hace mucho y que fueron unos 4.000 millones que se utilizó para pagar deuda al FMI. Iban a quedar como reserva, pero se utilizaron. No en su totalidad. El FMI distribuyó USD 650.000 millones para apuntalar la liquidez mundial que se distribuyó según el peso de cada socio. Por ejemplo, a EEUU le dieron 100.000 u$s. Ese dinero se transfiere al Ministerio de Economía, quién se lo vende al Banco Central (a cambio de pesos) para fortalecer sus reservas. Y los pesos son circulantes. El G24 también pidió el redireccionamiento de los Derechos Especiales de Giro (DEG) emitidos por el FMI hacia los países de ingresos bajos y medios que más necesitan asistencia para lidiar con los efectos económicos de la pandemia.El G24 sin Argentina, está integrado por Argelia, Brasil, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Filipinas, Gabón, Ghana, Guatemala, India, Irán, Líbano, México, Nigeria, Paquistán, Perú, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica y Trinidad y Tobago. Además, cuenta con la participación de países observadores y una filiación especial de China. El tema Grecia, Con Tsipras, fue un ejemplo de como no hubo arreglo con el FMI y las políticas que aplica hoy son las del fondo con pobreza y desocupación. Esperemos que no nos pase lo mismo. El ministro de Economía hizo un llamado a la oposición para que se sumen al reclamo para que el FMI elimine los sobrecargos (léase sobretasas) que cobra por la deuda. Que se estima en unos 1.000 millones de dólares por año. Por ahora, no hubo eco. El Grupo de los 20 también pidió la revisión de los sobrecargos. El Gobierno ha dado pasos importantes con el objetivo de llegar a un acuerdo que sea bueno para la Argentina. Lo que hace falta es que los distintos factores de poder de la Argentina actúen en favor de la Argentina. EEUU emite billetes y los vuelca al mercado generándose deuda interna. Como son ellos los que pueden emitir dólares la pregunta es ¿por qué nosotros no podemos emitir pesos? Vidal afirmó que emitiendo se crea más deuda en dólares lo cual es un error. En todo caso se crea deuda interna. Acaso inflación. Igualmente, la emisión de moneda nacional no implica necesariamente inflación. Durante el macrismo no se emitió y la inflación incluso se potenció. En cuanto se tengan tasas positivas de PBI se puede emitir sin generar inflación. Esto se puede leer con mas detalle en el libro de Alfredo Zaiat – Economía a contramano. Según comenta Alicia Castro, que fue entrevistada en Radio Del Plata por Tomás Méndez estas son las Imposiciones del FMI sobre la deuda de 44.500 millones del gobierno de Macri. Los importes son “del orden de”. Las tratativas con el FMI son reservadas. Alicia Castro, a quien respetamos, debe tener buenos informantes. El FMI no hace beneficencia. Y si en algún momento nos apoyó con los acreedores privados fue porque pensaba en la deuda al FMI. ¿Se entiende? Los peligros del default serán para otra ocasión. La Argentina tendrá que

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Deudas externas: palabras y conceptos tramposos

Por: Miguel Julio Rodríguez Villafañe* | Prensa Red (23 de nov. de 2021) El uso de eufemismos para solapar el verdadero significado de conceptos o ideas es una práctica sistemática que usan los medios de comunicación. Un ejemplo extendido es hablar de “gasto” en vez de “inversión” cuando se trata de salud y educación. La intención es -como dice el autor, que viene analizando el tema – avanzar en una “verdadera colonización semántica de personas y pueblos”. En el uso del lenguaje cotidiano se ha manipulado la visión sobre el tema de deuda externa. En ello se usaron y usan palabras o conceptos inductores y tramposos, que favorecían y favorecen una mirada edulcorada, con sometimiento sicológico y cultural, que producían y producen una verdadera colonización semántica de personas y pueblos en la temática. Los gestores de opinión pública enseñaron y enseñan didácticamente, por todos los medios, que siempre se deben “honrar las deudas externas”, sin cuestionar, si son legítimas, indignas, odiosas o irritas. La inducción a “honrar” era elegida a propósito, ya que implica conceptualizar que las deudas, en sí mismas merecen ser “enaltecidas o se debe valorar muchos su mérito”. Actitudes estas que se dispensan sólo a Dioses que se honran o sea a algo superior a uno, a los que no se les habla en condiciones de igualdad, siempre se presupone un respeto reverencial al que se tiene que honrar. En definitiva, se nos obliga a mirar para arriba, ya que no se nos supone al mismo nivel. De esa manera, se nos prepara para no exigir derechos y responsabilidades a los supuestos acreedores, porque a los Dioses no se les reclama nada y menos derechos. A ellos sólo se los alaba y se les rinde cuenta de los deberes que se hicieron y se les implora perdones, por lo que el ser superior puede entender como no cumplido. Esta actitud de sumisión se trabajó como básica para condicionar la discusión sobre las deudas externas de Argentina. Con el agravante, que ello permitió que, cada vez que se negociaban las deudas, se resignaran más derechos y se aumentaban los deberes. Esto último, haciéndonos creer que se nos concedían beneficios que debíamos agradecer. Nunca se habla de los “prestamistas externos”, se los denomina los “acreedores externos”, lo que implica asumirnos, en todo momento, como “deudores”, ante cualquier reclamo de ellos, con independencia de analizar si realmente se debe lo que se nos reclama. Esto último es fundamental dirimirlo, ya que, en muchos casos, se pretenden pagos de supuestas deudas de origen ilegítimo, usurario y producto de diversas situaciones en las que, incluso, los llamados acreedores serían realmente deudores, porque lo que se busca cobrar, ya se ha pagado más de una vez o no corresponde abonarse por ilegítimo, indebido o írrito. Además, cuando se discute el presupuesto nacional las partidas destinadas para salud y educación se las trata como “gastos en salud y en educación”, mientras a las previsiones de pago de los intereses de deudas externas se los denomina como pagos de los “servicios de la deuda”. Dejan en claro que los primeros son gastos, como una carga, no obstante, son una “inversión”, pero el pago de intereses de deudas externas se lo presenta como un “servicio”. Repárese que algunos de los significados que tiene la palabra “servicio”, según el Diccionario de la Real Academia Española es la “Acción y efecto de servir”; o “Favor que se hace a alguien” o el “Conjunto de criados o sirvientes”. Cuesta pensar que debamos “servir a una deuda pesada e injusta” y menos entender que ello es producto de un “favor” que se nos hace. Peor que ello, aunque con dosis de realidad, se nos transforme en “criados o sirvientes de ella”. Son las nuevas esclavitudes semánticas asumidas sin reflexión. A su vez, al tratar la salida de dineros del país, con destino a los llamados “paraísos fiscales”, se usa esa palabra edulcorada, cuando el verdadero nombre es “guarida fiscal”, (en inglés, tax haven). A esas guaridas en bancos, se las presenta con la sensación de un ámbito santo sin pecado, cuando ellas se ocupan, principalmente, del lavado de las ganancias ilícitas y de ocultar, en general, los dineros de los poderosos, corruptos, delincuentes, evasores, mafiosos, etc. Esos bancos cometen el “delito de encubrimiento por receptación”. Nunca se determinan los nombres de los “supuestos acreedores ellos siempre son anónimos”. Resulta esencial exigir un censo de acreedores. De igual manera, cuando se dan verdaderos golpes a los sistemas democráticos, por ejemplo, sobrevaluando el dólar, se lo presenta como algo producido por “el mercado”, sin explicitar quienes son el mercado, cuando ello perfectamente puede determinarse. También detrás de esas acciones financieras se ocultan en fondos de inversión, muchos de ellos los llamados “fondos buitres”. Nunca se dicen quienes los integran, sin embargo, arrodillan a países ante requerimientos indignos. Además, muchos de los organismos que condicionan a las naciones no tienen ni estructura jurídica, como es el caso del llamado “Club de París”. En realidad, no es un club, ni un organismo, ni una persona jurídica propiamente dicha, ya que es un ámbito informal de acreedores, que se arroga la función de coordinar formas de pago y renegociación de deudas externas de los países tenidos como deudores con las instituciones de préstamo. También se enseña que el país se vuelve “riesgoso” si no cumple, sin condicionamientos, lo que se le exige que se abone por los prestamistas. Desde dicho concepto, se nos degradó y degrada como sociedad y la temperatura de nuestra autoestima se la hace depender sólo del índice llamado “riesgo país”. Dicho índice, que brindan diariamente los medios de difusión de manera destacada, es fijado por bancos, como el JP Morgan-Chase y el Goldman Sachs, bancos estos, que fueron sancionados con enormes multas en USA, por brindar información indebida a sus clientes. Asimismo, se nos hace creer que la mayor carga para la sociedad es el costo del trabajo, por lo que se presiona para que haya “flexibilización laboral”, como una manera de convocar a capitales a invertir y generar trabajo. Razonamiento tramposo, indigno, indebido y a la

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La democracia magullada

Por Juan Carlos Di Lullo | La Barraca (12 de noviembre de 2021) Un columnista de Clarín vaticina el estallido del frente gobernante e imagina una línea sucesoria en el Ejecutivo nacional, asumiendo un triunfo aplastante de la oposición en las elecciones de medio término. Lo notable es que ni siquiera menciona al Presidente (lo imagina de entrada sin banda presidencial), y se enfrasca en sugerencias poco republicanas a partir de un anhelado paso al costado de la Vicepresidenta y de una serie de renuncias posteriores en favor de “la salud de la Argentina”. En esa misma línea, el siempre solícito Luis Majul va descartando presidentes “por falta de aceptación popular”, hasta que llega donde quiere: la presidencia de la cámara de Diputados (en la que espera que haya ya alguien de Juntos). El “constitucionalista” todo terreno Daniel Sabsay le pone signos de interrogación (para disimular un poco) a un profundo deseo personal y de sus mandantes.“¿Peronismo gobernando en minoría?” es el título que elige para su columna (en Clarín), en la que propone “una cohabitación”, con presencia de funcionarios “de diferentes signos políticos” en el Ejecutivo, para no profundizar “la decadencia que vivimos”. Clarín (y los otros diarios dedicados a limar al gobierno nacional) se ocupan profusamente de los episodios de violencia que lamentablemente se producen a diario en todo el país. Cubren maliciosamente el asesinato en un intento de robo de un kiosquero en Ramos Mejía; pero informan con pocos datos y ponen el acento en la inevitable desesperación y la bronca justificada de los parientes y allegados de la víctima. Lo propio hacen los canales de noticias, que extrapolan arbitrariamente la situación y pintan un panorama de violencia descontrolada en todo el territorio nacional. José Luis Espert dice en Radio Rivadavia: “transformemos en un queso gruyere a un par de estos delincuentes… apoyemos a la policía a que haga eso”. “Hay que dar un mensaje claro primero y después empecemos a hablar de cárcel o bala, pero primero es bala”, agrega. Quiere bajar la edad de imputabilidad a 12 años y lanza frases como “Derechos humanos las pelotas…”. Espert habla con la actitud y el tono de un compadrito acodado en la barra de un cafetín, pero posiblemente será diputado en pocos días. Es su estilo para hablarle a un sector durísimo del electorado, y su discurso de violencia y de arbitrariedad ya se ha naturalizado. Rodríguez Larreta no es candidato, pero hace su aporte a la confusión general: “no es posible que, a los 16 años, alguien pueda votar y no sea punible”, arriesga, con escaso conocimiento de las leyes vigentes. Los medios siguen con atención la suba del dólar ilegal. Cuando éste supera los 200 pesos en la cotización, hay un frenesí de títulos que va in crescendo a medida que se aproxima el día de la votación. Han agregado un nuevo dólar a los ya existentes en el mercado financiero: después del dólar oficial, del contado con liqui, del turista, del futuro y del blue o paralelo, llega el “dólar elecciones” o el “dólar tapa de diarios”, destinado a caldear el ambiente en vísperas de los comicios. Mauricio Macri habla de dólares (miles de millones) ante un complaciente cronista de CNN y (tal vez sin advertir la magnitud de su afirmación) declara que el dinero obtenido por su gobierno a través del crédito del FMI fue utilizado para “darles dólares a los bancos privados para que no se vayan del país”. Nadie le señala que antes dijo que el dinero se había aplicado al pago de deuda tomada por gobiernos anteriores (a los que él simplifica como “el kirchnerismo”), ni le advierte que está, lisa y llanamente, confesando un delito grave. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, anuncia que ha decidido intervenir en las causas que involucran a su ex cliente, el grupo Clarín, porque “ya han pasado cinco años” desde que dejó de ser uno de los representantes legales de la empresa. Ha dispuesto que un quinquenio es tiempo suficiente como para certificar su imparcialidad; es un Supremo, y su decisión unilateral es inapelable. Jorge Lanata y Viviana Canosa se burlan del colega de C5N a quien Macri le arrebató el micrófono hace unos días. Consideran que se trata de un incidente menor por el que el canal (perseguido por el ex presidente durante su mandato) se quejó exageradamente.  Hablan de situaciones límite como si fueran moneda corriente, invisibilizan la carga de violencia de una actitud o una expresión verbal, trivializan hechos graves a través de un enfoque pretendidamente humorístico, repiten frases y epítetos que descalifican y ridiculizan a funcionarios hasta convertirlas en sinónimos de sus nombres… de éstas y de muchas otras recetas se vale un vasto operativo comunicacional para inducir a una gran cantidad de electores a sufragar en sentido opuesto a su conveniencia y a sus necesidades. El verdadero periodismo sufre. Sufre el pueblo, cuyo derecho a la información está afectado. Sufren las instituciones, porque las arbitrariedades y los despropósitos se naturalizan y se banalizan.  Sufre la República, desvirtuada. Sufre la Democracia, magullada.

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El futuro del no trabajo es la economía de los robots y la IA

Por: Sam Lehman-Wilzig | Times of  Israel (26 de noviembre de 2021) Un panorama sombrío para un Israel en el que los trabajadores están menos dispuestos a aceptar trabajos insatisfactorios y los empleadores invierten más en reemplazarlos. Últimamente, Israel y Estados Unidos parecen estar sufriendo una queja económica muy inusual: no hay suficientes trabajadores, incluso cuando el desempleo está en niveles relativamente altos. Hay varias razones posibles para esto, pero la mayoría de los expertos ven esto como resultado de empleados que quieren un salario más alto y / o trabajos que no matan el alma. Desafortunadamente, a mediano y largo plazo, esto podría resultar en un bumerán en ellos a lo grande. Algunos ejemplos: Entre otras profesiones, Estados Unidos tiene actualmente una escasez de 80.000 camioneros, el máximo histórico de la industria. Los puestos de trabajo de enfermería abiertos son más de un 250% más altos este año en comparación con el año pasado, y todas las proyecciones muestran que las cosas solo empeorarán. Más de una cuarta parte de los restaurantes no pueden encontrar suficientes cocineros (y la escasez de trabajo de otros trabajadores de restaurantes es casi tan grave). Todo esto cuando en agosto de 2021 (el último mes para el que hay datos disponibles), 4,3 millones de trabajadores estadounidenses dejaron sus trabajos, ¡el total más alto jamás registrado! En Israel, el problema parece ser más agudo entre los trabajadores de alta tecnología, y el país sufre un déficit de entre 15.000 y 18.000 programadores e ingenieros cada año. Y este no es un problema específico del trabajo altamente calificado. En general, el 65% (!) De los empleadores israelíes tienen problemas para encontrar suficientes trabajadores. La tendencia a exigir un trabajo más significativo y una mejor remuneración es ciertamente digna de mención, y positiva desde un punto de vista puramente humanista. Hoy en día, nadie quiere trabajar en los tipos de empleo de Charlie Chaplinesque “Tiempos Modernos” que adormecen la mente en línea de montaje, y no deberían tener que hacerlo. Ni en esta era de creciente desigualdad económica (la desigualdad israelí es tan mala como en los EE. UU.). Los trabajadores deberían verse afectados financieramente por su esfuerzo. El problema, sin embargo, no radica en el humanismo sino en la realidad económica. El sector de alta tecnología de Israel es quizás el mejor lugar para mostrar lo que podría suceder. Aunque todo tipo de aplicaciones algorítmicas (por ejemplo, WAZE) aparecen en los titulares, la «acción» real, lo que eventualmente dará forma a nuestro futuro económico, radica en la Inteligencia Artificial (IA), un campo en el que Israel también se cuenta entre los líderes mundiales con más de 2400 empresas de nueva creación especializadas en IA . Si bien tal I + D es excelente para la economía de Israel en la actualidad (y Estados Unidos está aún más avanzado en el campo), el futuro de una economía basada en la inteligencia artificial es muy problemático precisamente debido a su vasto potencial. En pocas palabras (y no demasiado simplista): la IA dejará sin trabajo a millones de personas debido a la eficiencia y los ahorros económicos de tener una “computadora” haciendo el trabajo en lugar de una persona. Actualmente, AI está escribiendo algunos de los artículos sobre deportes y finanzas que lees en los periódicos; diagnóstico de imágenes radiológicas para cánceres y otras enfermedades; mover lentamente el transporte hacia la era de la automatización vehicular (Noruega acaba de lanzar el buque de carga totalmente autónomo del mundo ) e incluso permitir que los robots sirvan como cuidadores de ancianos en Japón; la lista sigue y sigue… en prácticamente todos los campos de actividad. ¡Las computadoras pueden incluso programar un nuevo código de computadora! “No se preocupe”, opinan muchos investigadores. “Hemos visto este tipo de tendencia antes en la historia. Por cada tipo de trabajo perdido a causa del progreso tecnológico, ha tomado su lugar un tipo de trabajo completamente nuevo ”. Eso es cierto hasta donde llega, pero la historia no necesariamente se repite (incluso si tiende a rimar). Pero nuestra situación contemporánea bien podría ser diferente. Este es el por qué. Todos los nuevos trabajos y profesiones del pasado se basaron en el aumento de las capacidades humanas. El granjero necesitaba pensar más que el cazador-recolector; el trabajador de la fábrica más que el agricultor; el trabajador de servicios más que el empleado de fabricación; y finalmente, el trabajador de la era de la información de hoy más que el trabajador de servicios. ¿El problema? La inteligencia artificial y las tecnologías relacionadas serán capaces de hacer cosas al más alto nivel «cognitivo», es decir, los humanos no podrán «superar» a la inteligencia artificial (información) y ciertamente no podrán «trabajar más allá» de los robots autónomos (fabricación y servicio) para que no ganen ‘ Hay suficientes puestos de trabajo para las generaciones futuras. Y es aquí donde la consecuencia involuntaria de la elección “no laboral” de hoy puede entrar en escena. Si la financiación para I + D en IA ya era alta antes de COVID-19 y la elección contemporánea de muchos trabajadores de no buscar empleo (o ser muy selectivos sobre dónde trabajar y en qué), esto no dejará a los empleadores otra opción que invertir mucho más en IA. , acelerando así la tendencia hacia una economía impulsada por robots e inteligencia artificial. Esto no sugiere que Israel, los EE. UU. Y otros países líderes en IA deban deshacerse de la investigación de IA. Ésa no es una solución. Sin embargo, es para sugerir que necesitan instituir políticas que «desincentiven» las actividades no laborales, o para decirlo más claramente: gastar más en educación humana, cambiar las leyes tributarias (corporativas e individuales) para que sea más valioso para los trabajadores buscar trabajo y que las empresas contraten humanos y, en general, considerar cómo suavizar la transición de la economía hacia una mayor dependencia de la inteligencia artificial sin un desempleo masivo. El castigo de Adán y Eva fue que una vez desterrados del Jardín del Edén, tuvieron que trabajar para sobrevivir. Sería irónico, y aún más doloroso socialmente, si volteáramos las tornas castigándonos a nosotros mismos con la abolición del trabajo humano satisfactorio. SOBRE EL AUTOR El Prof. Sam Lehman-Wilzig (PhD en Gobierno, 1976; Universidad de Harvard) enseñó en la

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¿INVERSIÓN SOCIAL Y EN SALUD, GASTO O VACUNA CONTRA LAS VIOLENCIAS?

Por: Benjamín Malamud Lerner (Miembro del Llamamiento) Pasadas las elecciones, con una nueva composición el parlamento nacional, uno de los temas ineludibles será el del Presupuesto Nacional. A nivel local, nuestro Concejo Deliberante deberá igualmente afrontar el proyecto del Ejecutivo y justipreciar cuanto se destinará del mismo a cada programa o sector de la administración municipal.  El debate no dejará de tener en cuenta las nuevas olas de una derecha que recorre el mundo, donde se desprecian los derechos laborales y sociales en bien de la “libertad del mercado”. Aún en conocimiento de los efectos devastadores de la pandemia, sumados a la crisis económica y social previa de la gestión que finalizó en 2019, con un default encubierto por un impagable crédito del FMI, persisten con un fuerte respaldo mediático, procurando despojar de todo sentido solidario de la sociedad. NIÑEZ EN RIESGO Y OPORTUNIDADES DE PROTECCIÓN Fueron muchas las víctimas que dejó la pandemia, un tema que analizaré luego, pero dentro de las mismas, la niñez fue una de las más golpeadas: con el proceso educativo perturbado sin la presencialidad, los encierros, las múltiples privaciones y un incremento de la conflictividad familiar. Se agravó un malestar previo y hubo a nivel mundial, un incremento de las diversas formas de maltrato infanto juvenil: físico, emocional, sexual y especialmente por desatención o negligencias. De hecho que los más golpeados por esta enfermedad social que es la violencia familiar, fueron los sectores más empobrecidos, sin desconocer que el fenómeno no respeta clases sociales.  Prevenir esta forma de sufrimiento social y de los derechos de la infancia es una obligación moral de los estados. En la lectura de la  revista científica Pediatrics, (V148, N5) encontré una investigación que pone de manifiesto la importancia de los programas de apoyo social, aún en un país tan desarrollado como EEUU y se denomina  “Gasto estatal en programas de beneficio público y maltrato infantil”. Fue publicado el 1 de noviembre, como un  “un estudio ecológico de todos los estados de EE. UU durante los años 2010-2017, evaluando los efectos del programa tanto de entrega dinero en efectivo, mejoramiento de las viviendas, alimentos, atención médica, créditos, etc”. Concluye que por cada 1000 dólares gastados en las personas que viven en la pobreza, se podrían haber evitado unos 180.000 maltratos, 4000 niños enviados a hogares de acogida y un 7.7% menos de muertes infantiles (unas 130). Utilizaron el método científico para constatar lo que ya sabemos: que las inequidades sociales, enferman y matan pero que se pueden mitigar y que es un deber hacerlo. Muchos de los niños maltratados reproducen el modelo violento en las escuelas o luego como novios o padres en otros ámbitos. Algunos, con lo que aprenden en las cárceles o en ambientes delictivos, terminan en las tapas de los medios como violentos criminales y desatan olas de reclamos de mayor mano dura, en lugar de mayor mano justa, tanto en los social como en lo judicial y reparativo. Cortar esta concatenación entre causas y efectos requiere un profundo cambio socio económico, con mayor equidad social, más la continuidad de estos programas enuestro país deben continuar y mejorarse: se trata de vidas y futuros resguardados. PRESUPUESTO NACIONAL, FMI Y SOBERANÍA El nuevo Congreso deberá definir entonces como se distribuye el presupuesto y previamente que hacer con la impagable deuda al FMI, con un compromiso anual de más de 19.000 millones CADA UNO DE los próximos 4 años, y fuertes condicionantes a nuestra soberanía nacional, dentro del proyecto neoliberal y neo colonial, donde la salud, la educación y el bienestar social sufrirán recortes sustanciales en beneficio de los acreedores externos. La Procuración del Tesoro ha denunciado ante la Justicia fundadas evidencias de que ese credito fue concedido fuera de las normas legales argentinas y del propio FMI.  En “cba24n” encuentro una investigación sobre que piensa la ciudadanía al respecto de cómo afrontar la deuda con el FMI, presentada por el periodista Norman Berra. Se observa que un 25% de los encuestados acepta la reducción del presupuesto en salud, educación y seguridad y u 64% opta por hacerlo en más de 10 años exponiéndose al riesgo de una ruptura con el FMI. La recuperación pos pandemia, aunque todavía ignoramos la duración de este recreo epidemiológico que las vacunas vienen afianzando, especialmente con la cobertura de los escolares (Finalmente respaldada por la Sociedad Argentina de Pediatría) y una tercera dosis a la población de mayor riesgo, incluye inversiones en fuentes laborales, en infra estructura, incluso en el apoyo al turismo. ¿Qué actitud tomará el Congreso frente a los dineros de argentinos en los paraísos fiscales? Se estima en más de 300.000 millones de dólares allí se encuentran y se conoce también en que momento histórico estos se fugaron, afectando la vida económica y su correlato social. Jorge Elbaun expone en el Cohete a la luna este gráfico (Informe CIEFCE Nº 25: Enero 2020) ampliamente  demostrativo:   Los 4 años del modelo neo liberal, sin pandemia, fueron de caída del PBI y de un fenomenal endeudamiento. ¿Debemos ignorar esta dura realidad y mirar para adelante aceptando que sobre los más castigados socialmente vuelva a ceñirse otro injustificado ajuste? Y no duele más aun saber que gran parte de la deuda contraída y fugada, fue destinada a que Macri ganara las elecciones de 2015 o como él ahora dice, “para que administrara la transición hacia el segundo mandato”. ECONOMÍA Y PANDEMIA El ritmo actual de crecimiento económico, cercano al 9%, apenas compensará un déficit semejante en porcentaje del primer año de la pandemia, donde la inversión en respiradores, camas, hospitales modulares impidieron que desastre por el covid 19 no fuera aún mayor. Lo negativo e innegable que a pesar del crecimiento la inflación afecta los ingresos menguados. Un estudio reciente ha evidenciado que las vidas perdidas hasta el presente en Argentina representan un aumento del 12, 6% sobre la mortalidad previsible, cuando el promedio mundial fue del 14,5% de “exceso de muertes”. Llega la información de que hubo a nivel internacional

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DEUDA E IMPUNIDAD

En diciembre prescribe una imputación contra Macri por la deuda contraída con el FMI Por Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna (7 de noviembre de 2021) La jueza federal María Eugenia Capuchetti deberá llamar a indagatoria al ex Presidente Mauricio Macri antes del próximo 9 de diciembre para evitar que prescriba una de las tres imputaciones relacionadas con el anómalo acuerdo dispuesto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio de 2018. Los imputados en la causa, además del ex Presidente, son el ex ministro Nicolás Dujovne y los tres ex titulares del Banco Central: Luis Andrés Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. A los cinco se les imputan tres delitos: (a) incumplimiento de los deberes de funcionario público, (b) malversación de caudales públicos, y (c) defraudación por administración indebida de los recursos públicos. El Estado Nacional, a través de la Procuración del Tesoro, dirigida por Carlos Zannini, fue aceptado como querellante en marzo de 2021, luego de que se formalizara la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Félix Crous. La documentación aportada ante la Justicia federal incluyó informes técnicos aportados por el Banco Central y una auditoría elaborada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que brindan fundamentos y evidencia de una acción delictiva monumental cuyos damnificados directos son el Estado nacional y la totalidad de la ciudadanía argentina. Según fuentes judiciales próximas al tercer piso de Comodoro Py –donde se encuentra el despacho de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, María Eugenia Capuchetti–, los cinco imputados se verían beneficiados con la impunidad en relación con uno de los tres delitos dados los dos años transcurridos desde el fin de su mandato gubernamental, fechado el 9 de diciembre de 2021. Este escenario le garantizaría al ex Presidente volver a esquivar a la Justicia –como ha hecho durante las últimas tres décadas– debido al vencimiento de los plazos procesales con relación al delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. De no existir el llamado a indagatoria, la jueza Capuchetti podría optar, como alternativa para evitar la prescripción, por la integración sumatoria de los tres delitos, tomando la fecha más tardía como vencimiento posible de la acción penal. Sin embargo, esta última opción le concedería a los variados estudios jurídicos que asesoran a la famiglia –con sus íntimos nexos tribunalicios dentro de Comodoro PRO– una ventana de oportunidad para defender la prescripción ante la Cámara Federal, que audita el trabajo de la jueza de instrucción. Dada la indudable capacidad de sortear a la Justicia que ha evidenciado Macri, la magistrada deberá estar atenta ante las maniobras dilatorias que pueden observarse, también en la actualidad, en el caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan. El acuerdo con el FMI fue celebrado violando todos los procedimientos regulados al momento de suscitarse. No se respetaron las asignaciones de competencias estipuladas ni se acataron los pasos administrativos requeridos. La normativa exigía que todo endeudamiento externo de índole multilateral debía estar previsto en la ley de presupuesto (del año en curso) o, en su defecto, consignado en una norma específica, aprobada por el Congreso. Sin embargo, no se efectivizó ninguna de las dos opciones, dada la asunción del oficialismo macrista de que no hubiese contado con la complicidad de la entonces oposición legislativa, que no estaba dispuesta a avalar tamaña irresponsabilidad. Al no contar con votos suficientes en las Cámaras, el macrismo decidió quebrantar, de forma flagrante, la norma vigente. Los artículos 4 y 75 de Constitución Nacional autorizan las operaciones de endeudamiento al Poder Ejecutivo bajo ciertas condiciones explícitas, ninguna de las cuales fue cumplida ni respetada en el caso del “Acuerdo de Derechos de Giro (Stand- By)” concretado en 2018. El entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fueron los encargados de firmar las “Cartas de Intención” con fechas del 12 y el 18 de junio de 2018, aunque ninguno de los dos contaba con la autorización para certificar dicho acuerdo. Una situación similar se observó el 18 de octubre de 2018, cuando la extensión del convenio fue rubricada nuevamente por Dujovne y por Guido Sandleris. Sin embargo, al momento de celebrarse dichos compromisos de “Derechos de Giro”, sólo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, contaba con la potestad para rubricarlos. Tocata y fuga La normativa también consignaba que debían elaborarse dictámenes previos de índole técnico-financieros y jurídicos. Dichos informes, entre ellos el del Banco Central, debían justificar la necesidad, la oportunidad, la conveniencia y la legalidad del convenio con el organismo multilateral, al tiempo que debían preverse los formatos de reembolso de los créditos. Lejos de respetar el marco institucional republicano, el primero de los expedientes domésticos elaborado para respaldar el acuerdo con el FMI fue confeccionado días después de haberse producido la firma con el Fondo: el 18 de junio se divulgó un documento de tres carillas, laudatorio de las políticas financieras y económicas impulsadas por el gobierno cambiemita, sin la más mínima referencia a cómo se iba a honrar la deuda de los años posteriores, que suponía erogaciones por 42.000 millones de dólares: 4.854 millones debían devolverse en 2021; 19.271 millones en 2022; y 19.523 millones en 2023. Un total de 43.600 millones, en concepto de restitución de capital más intereses. El informe de la Sindicatura General de la Nación presentado ante la Justicia cuestionó la inexistencia de los informes técnicos previos –exigidos por la normativa– que debían evaluar de forma detallada, las proyecciones de los ingresos y/o ahorros de fondos capaces de garantizar la capacidad de reembolso del crédito. No se hicieron los informes porque en 2018, cuando se firmó el acuerdo, la Argentina tenía un saldo negativo de la balanza comercial cercano a los 3.000 millones de dólares y no podía pensarse que dos años después podrían cancelarse 20.000 millones de dólares. Sólo el financiamiento electoral de la campaña de Macri impulsado por el trumpismo –con el único interés de evitar el triunfo

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