Nacionales

Fuente: Claudio Scaletta | El Destape Fecha: 20 de octubre de 2019 El desastre económico de la administración macrista-radical es de tal magnitud que opaca otras dimensiones de su herencia. Un estrago de similar magnitud al provocado en la economía, aunque de menor costo social en términos de vidas humanas, fue el deterioro institucional y, dentro de él, la persecución política a opositores, incluida la destrucción de patrimonios. Si se excluye la última dictadura, cuesta encontrar gobiernos que hayan mostrado un mayor desprecio por las formalidades institucionales y que hayan utilizado de forma tan abierta la connivencia entre el poder judicial, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación concentrados con el objetivo de demonizar y encarcelar a los opositores políticos y a los adversarios empresariales. Lo amañado de la persecución fue tan evidente que luego de cuatro años de control prácticamente total del aparato de Estado las causas armadas comienzan a caer una a una. Un reconocimiento tácito, antes que los cambios de los vientos del poder, de que a pesar de los esfuerzos no se pudo encontrar delito alguno. Sólo por citar las causas más conocidas entre cientos, destaca la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, quien desde que abandonó la presidencia tuvo un juez federal, Claudio Bonadío, dedicado tiempo completo a perseguirla, tanto a ella como a su familia, lo que sintetiza un accionar no sólo ominoso, sino también mafioso. Y ello por no hablar de la colaboración activa de figuras de la política mediática, como por ejemplo Margarita Stolbizer, a quien no se le conoce idea política alguna que no sean las denuncias permanentes a la ex presidenta. Bonadío, con la inconcebible complicidad del Senado de la Nación, hasta se dio el lujo de mancillar los domicilios particulares de CFK y apropiarse temporalmente de algunas de sus pertenencias. También abundan los presos políticos como el ex vicepresidente Amado Boudou, el gran demonizado por el grupo Clarín y sus satélites, quien fue condenado por juzgados creados ad hoc y por jueces ascendidos al efecto. O como el caso del ex ministro de Planificación Julio de Vido, quien sigue preso a pesar de la evidencia de la utilización de peritos truchos y personal de inteligencia en el armado de las causas en las que fue involucrado. En el caso de De Vido se suma además la inmoralidad y el oportunismo de algunos compañeros de bancada que avalaron el quite de los fueros que le correspondían como representante del Pueblo, dado que carece de condenas firmes. El caso de Milagro Sala destaca entre los más arbitrarios. El gobernador radical jujeño Gerardo Morales le prometió que “la metería presa” en caso de ser electo y cumplió. También lo hizo amañando causas, armando tribunales especiales y pasando por encima de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sala ya es la presa política más antigua de Cambiemos. Los perseguidos no fueron sólo políticos –presidenta, vicepresidente, ministros y militantes sociales– también cayeron en la volteada los dueños de medios de comunicación opositores, a quienes se encarceló y se les dañó irreversiblemente sus empresas. No sólo se recurrió a denuncias falsas, sino que las mismas denuncias sirvieron para la destrucción patrimonial. El caso paradigmático es el de Cristóbal López. Un demonizado sin ser político ni dueño de medios de comunicación, sólo coterráneo de la ex familia presidencial, fue Lázaro Báez. No hubo excavadoras que encontraran los millones de dólares “húmedos” y “de los Kirchner” enterrados y buscados desaforadamente por un juez que volvió del sur pero no del ridículo, ni peritajes de la propia vialidad nacional macrista que encontraran irregularidades en la obra pública santacruceña. Pero Báez sigue preso y su patrimonio inhibido o destruido. Otro caso paradigmático es el de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, quien ya acumula varias absoluciones. Quizá lo más notable en su caso es que haya sido denunciado por denunciar las más de cuatro mil cuentas suizas de dinero negro propiedad de muchos encumbrados miembros de la alta burguesía local, y que su denunciante haya sido nada menos que un funcionario por entonces con rango de ministro, Alfonso Prat-Gay, sospechado de consejero de una de las familias fugadoras. Los casos citados son apenas una muestra incompleta. Faltan prisiones arbitrarias como la de Luis D’Elia, o la incompatibilidad que significa tener a una militante oficialista como Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción, un cargo para el que ni siquiera estaba calificada. Faltan también todas las incompatibilidades de puerta giratoria y la novela fantástica de inteligencia-judicial-mediática de “las fotocopias de los cuadernos” para el armado de causas. Lo que intentan mostrar los pocos casos reseñados es el accionar sistémico de un gobierno que decía representar la transparencia y reivindicar la idea de “República”, pero que se caracterizó por la persecución política y por pasar, también sistemáticamente, por encima de la división de poderes. Un gobierno que gozó además de un blindaje mediático inédito en democracia y con periodistas pautados que oficiaron de perseguidores y que operaron junto a los servicios de inteligencia. Así como los crímenes de la dictadura demandaron un reparador proceso de memoria, verdad y justicia, lo mismo debe suceder con la persecución política y judicial y con las violaciones sistémicas a la convivencia institucional democrática perpetradas bajo el régimen macrista-radical. También sería deseable que la reparación patrimonial de los afectados no corra a cargo del Estado, sino que pese sobre los responsables directos. No se trata de comisiones de la venganza ni nada que se le parezca, sino de poner en marcha los mecanismos institucionales que impidan la repetición de nuevas páginas negras de la historia.-

Fuente: Edgardo Mocca | Página/12 Fecha: 20 de octubre de 2019 “No hay que confundir libertad de prensa con delitos”. Con notable economía de palabras, Adolfo Pérez Esquivel, puso claridad en medio del batifondo político-periodístico desatado alrededor del informe de la Comisión Provincial por la Memoria. Este documento fue realizado a pedido del juez Alejo Ramos Padilla a propósito de la investigación que éste lleva a cabo sobre el funcionamiento de una asociación ilícita dedicada a la extorsión. El escándalo gira en torno del probable involucramiento de periodistas en el mecanismo extorsivo, sacado a la luz por la denuncia realizada por una de las víctimas, el empresario Etchebest. La investigación se apoya en una profusa documentación probatoria acerca de la red delictiva que, en principio, era coordinada por un falso abogado de apellido Dalessio, quien decía ser agente de la DEA (la organización estadounidense para el combate contra el narcotráfico). No se trata de un simple episodio policial: todos los indicios hasta ahora recopilados señalan la existencia de un aparato judicial-servicial- político y periodístico destinado a la persecución del más importante sector político de oposición. La banda combinaba esa función estratégica con la recolección de importantes sumas de dinero proveniente del chantaje a personas a las que se involucraba en las causas, a cambio de “protección” por parte de sus integrantes. ¿Qué tiene que ver este cuadro con la libertad de prensa? Los grandes emporios mediáticos han establecido una curiosa –y claramente tramposa- articulación a partir de la imputación y posterior procesamiento del periodista del grupo Clarín Daniel Santoro. Desde allí se establece una estrategia de presentación del caso como un ataque al libre ejercicio del periodismo y de la protección del secreto respecto de las fuentes de información, como si el periodista del caso (y otros que aparecen de diferente manera en los testimonios recogidos en la investigación del juez Padilla) estuviera procesado por la información periodística publicada. Hay que decir que Santoro, a diferencia de muchas personas en parecida situación procesal, no fue privado de su libertad ni tiene restricción alguna sobre el ejercicio de su profesión. No le fue aplicada la doctrina Irurzun, porque, como no se le conocen vínculos de simpatía con los gobiernos kirchneristas no pueden atribuírsele intenciones de ensuciar el proceso. Santoro gozó y goza de todas las garantías judiciales constitucionales y legales. No se le cuestiona el contenido de sus notas periodísticas sino la funcionalidad de su conducta para el accionar de una asociación ilícita. Más aún, Santoro fue provisoriamente eximido de la acusación de formar parte de esa asociación, por la actual falta de pruebas definitivas acerca de ese hecho. No es demasiado difícil deducir que no es la libertad de prensa lo que está en juego en esta escena. De lo que se trata es de la existencia de un patrón de actuación claramente vinculado a la estrategia de guerra judicial que el gobierno de Estados Unidos promueve en los países a los que considera parte de su patio trasero colonial. El actual embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado lo aclaró con vehemencia en sus primeras declaraciones al asumir el cargo. Dijo estar contento con las políticas puestas en marcha por el presidente Macri. Elogió el énfasis en el impulso a la investigación sobre la muerte del fiscal Nis man, explicó que él quería que vinieran al país inversiones estadounidenses y sostuvo que quería “ayudar” al poder judicial para que se creen mejores condiciones para esas inversiones. ¿Cómo se hace para desvincular estas atrevidas definiciones, y la descarada injerencia sobre uno de los poderes del estado argentino que ellas explicitan, de lo que ha ocurrido durante estos años en el poder judicial argentino? Ahora bien, ¿cuál es el lugar que esta estrategia de poder imperial reserva a los medios de comunicación? Lo hemos visto en los últimos años: la prensa que acompañó de modo entusiasta la catastrófica experiencia del gobierno de Macri funcionó como su principal maquinaria de legitimación. Se construyó una leyenda negra de los gobiernos kirchneristas, se los identificó con el extremismo político, se los asoció con el terrorismo internacional, se los acusó de modo excluyente con la corrupción política, como si la colusión entre grandes empresarios privados y el Estado hubiera nacido en esos años, como si la fortuna familiar y personal del actual presidente no tuviera nada que ver con ese fenómeno. Se colocó a los gobiernos kirchneristas en el lugar de la persecución política y comunicativa, cuando en el período anterior ningún opositor fue privado de su libertad y de sus derechos, cuando ningún periodista perdió su trabajo por causa de su opinión política. La investigación del juez Ramos Padilla tiene una extraordinaria importancia política. No se investiga (solamente) a un grupo de delincuentes. Estamos ante un caso que ilustra una trama fundamental, expresiva del modo en que se mueve el poder real en la Argentina, ése que no votamos en ninguna elección, ése que no se somete a ningún escrutinio legal. Ese poder, el del dinero, el de las influencias, es el verdadero nicho de la corrupción y la impunidad en el país. El gobierno que agoniza en estos días fue el más expresivo, desde el punto de vista institucional, de esa plutocracia absolutamente desentendida del interés del país y de sus ciudadanos, el más comprometido con la corrupción y la decadencia nacional. La libertad, cuya defensa esgrime hoy el presidente en su patética gira de despedida, debe entenderse así, como la absoluta impunidad de los poderosos. Por eso, uno de los malentendidos que en esta etapa habrá que aclarar es el insólito intento de atribuir a la experiencia de estos años la condición de un tiempo de “fortalecimiento institucional”. La libertad de expresión no tiene nada que ver con la impunidad de los periodistas. Para defenderla y jerarquizarla realmente, y no como licencia para la operación política y el abuso de poder, es necesaria la crítica de los monopolios informativos, la promoción de voces alternativas, el cuidado sistemático de la pluralidad,

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 20 de octubre de 2019 El establishment trata de influir para que el nuevo gobierno se plantee que hay que tratar con él, para que crea que sin él no hay posibilidad de acuerdo: pero las PASO (y los casi seguros resultados de las próximas elecciones) nos dicen para dónde hay que ir, y parece que no es hacia el camino que piden las recetas del Círculo Rojo. Sin embargo los grandes empresarios, junto con sus agrupaciones, no bajan la presión: intentan condicionar al futuro gobierno en varios aspectos, reflejando la tesis planteada por Mauricio Macri luego de las elecciones. Sostuvo el presidente: «Siempre dije que mi sueño es que cuando yo termine hubiese dos propuestas, que compitan y que generen el mismo nivel de credibilidad frente al mundo entero que quiere que Argentina sea parte de ese mundo». Dos candidatos, un mismo modelo. Por su parte, en la presentación del último Informe de Política Monetaria, Guido Sandleris insistió que el camino para crecer sostenidamente y tener baja inflación es generar «consensos básicos» sobre el equilibrio fiscal, política monetaria con tasas de interés positivas, aumentar la productividad e integrarse al mundo. El mismo enfoque lo transmitió en sus reuniones en EE UU. Los empresarios llegaron aun más lejos. Organizaciones como la Asociación de Bancos Argentinos (integrada por bancos extranjeros), el Foro de Convergencia Empresarial e IDEA solicitaron la permanencia de los funcionarios actuales en lugares clave como el BCRA o la Afip. Y en la lista incluyen además a organismos dependientes del Congreso Nacional, o que deben tener funcionarios que cambien con cada nueva administración por un tema de control y transparencia. Tal postura, informada por los dirigentes y que estaría contenida en un documento próximo a aparecer, no parece adherirse a las normas republicanas. Las presiones también vienen de distintos analistas. Por ejemplo, en una nota de Clarín del 17/10/19, se dejan traslucir las exigencias de funcionarios de EE UU para un eventual apoyo al nuevo gobierno. Allí el periodista pone en boca de los estadounidenses: «Con el peronismo no tenemos problemas, lo vamos a respaldar», y agrega «pero como en la real politik ‘no existe el amor’, pusieron condiciones para poner en práctica ese respaldo si Alberto Fernández llega a la Casa Rosada». Tales condiciones serían colocar un límite al ingreso de China y sus empresas al país, controlar la Triple Frontera, mantenerse en el Grupo de Lima y alejarse de la Unasur. Lo expresado indica que se está tratando de condicionar el rumbo. Si bien no hay que adelantarse a un triunfo, hay que pensar en lo que viene después del 27 de octubre. Las presiones por los puestos en lugares clave arreciarán, con el objetivo de evitar el cambio de las políticas. Casualmente Bonelli (Clarín 17/10/19) indicó que «le pidieron un trabajo secreto a Daniel Marx, sobre cómo encarar la negociación de la deuda». Luego del 10 de diciembre vendrá otro tipo de presiones, más específicamente sobre las políticas y el respeto a los «consensos». Y en ese aspecto se requerirá que la coalición gobernante unida. No casualmente, en el acto del 17 de Octubre en La Pampa, tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner llamaron a reforzar esa unidad. La inflación es culpa de ustedes… En una entrevista en una radio de Resistencia, Chaco, el presidente Macri reflexionó que «a la luz de lo que nos pasó, entiendo que hemos sido como un alcohólico recurrente con la inflación». Como siempre, la culpa es del otro, en este caso la sociedad toda. Somos todos culpables. Habría que preguntarle qué papel jugaron en la inflación los desmesurados aumentos de tarifas de luz, gas y agua; la disparada del dólar al desarmarse las posiciones especulativas del llamado «carry trade» fomentado a través de la suscripción de las Lebac, las letras del BCRA; o la desregulación del precio de las naftas, entre otras tantas medidas que favorecieron la inflación, tomadas por el gobierno. Para intentar desvanecer aun más su responsabilidad, apuntó al déficit fiscal que –dijo– no pudieron bajar «por falta de consenso y volvimos al mismo lugar». Nuevamente la cuestión de los «consensos» y la exculpación de las políticas aplicadas. Para reforzar estos conceptos apareció una voz personal, pero no solitaria: la de Cristiano Rattazzi, titular de Fiat-Chrysler en el país. Sostuvo que la inflación no baja porque los argentinos estamos enfermos, y que «la sociedad perdió el rumbo en 1930, en un golpe raro, semicivil y semimilitar. Se armaron las juntas de granos y de carne, y se creó el Banco Central, ahí se perdió el rumbo». El peso de las palabras me exime de comentarios. Las declaraciones de Macri fueron formuladas el mismo día en que se conoció el índice de precios al consumidor de septiembre, que arrojó un aumento del 5,9% en el mes, del 37,7% en el acumulado de los nueve meses, y del 53,5% interanual. Al conocerse el índice inflacionario de septiembre, el candidato presidencial Alberto Fernández tuiteó: «El presidente está preocupado porque levanto mi índice al hablar. Pero hay índices que le arruinan la vida a la gente y condenan a millones a la pobreza». Y a renglón seguido exhortó: «Presidente @mauriciomacri, sea serio y preste atención al índice de inflación, que da cuenta de la calidad de su gobierno». Otro tema es el impacto de las políticas del gobierno sobre la actividad económica. Se acaban de conocer los datos del FMI sobre la proyección del PBI para este año, con una caída del 3,1 por ciento. Para dimensionar la magnitud de esta merma, el FMI acaba de informar que el mundo se está desacelerando, por lo que estima un crecimiento de la economía mundial para este año del 3%, el ritmo más lento desde la crisis financiera internacional. Sostiene que esa cifra refleja «una grave disminución respecto del 3,8% de 2017». Ese aparente pequeño cambio está generando grandes problemas en el empleo, el consumo y la producción en la gran mayoría de los países. La caída del

Fuente: Ricardo Aronskind | El cohete a la luna Fecha: 20 de octubre de 2019 La ofensiva que lanzó el propio Mauricio Macri desde su estrado en el “debate” presidencial del domingo pasado no fue espontánea, ni menos aún vinculada a la disputa electoral coyuntural. La partitura fue escrita hace rato, pero ha sido necesario remozarla debido al cambio dramático que introdujo Cristina Fernández cuando anunció el lanzamiento de la candidatura presidencial de Alberto Fernández. La partitura sostiene que el kirchnerismo es autoritario, antirrepublicano, peligroso para la libertad y la propiedad y filo-chavista. Y chorro, para la gente menos ideologizada. Poco de todo eso se ha verificado en la realidad, pero sabemos que la comprobación empírica no tiene importancia alguna en el discurso de la derecha. El discurso les es útil como herramienta política en la lucha por el poder, y si sirve, sirve. La caracterización del peligro kirchnerista fue trabajada durante más de una década por toda la cadena de medios de la derecha argentina y logró cierta implantación, en base a machaque incesante y sistemático y a la ostensible debilidad de los medios alternativos de difusión en el contexto de una falta de estrategia contrahegemónica. Al desplazarse Cristina de una eventual candidatura presidencial, la gigantesca artillería montada durante infinitas horas televisivas y kilómetros interminables de notas, tapas y editoriales, además de febriles actividades literarias en ciertos juzgados, corrió repentinamente peligro de obsolescencia. El tipo de ataque estaba diseñado en función de la ex Presidente, cabeza clara de un espacio opositor nítido e irreductible. La elección de Alberto Fernández tuvo una efectividad política extraordinaria, ya que permitió reunificar varios espacios peronistas alejados, establecer puentes con público independiente, acercar a sectores empresarios no tan ideologizados por el antikirchnerismo y rearmar una importante mayoría electoral a partir de ser capaces de canalizar el malestar poblacional, como se mostró en las PASO. A pesar del vaciamiento que viene sufriendo la idea democrática en el mundo y en nuestro país, todavía las elecciones juegan un significativo papel en la designación de los representantes de las mayorías. (Aun cuando existen una cantidad de mecanismos previos de selección de partidos y candidatxs que tienden a reasegurar el orden dominante.) Cristina, por la índole de sus convicciones y su dignidad personal, ha concitado un rechazo rayano con el paroxismo en las fracciones más extremistas de las clases dominantes locales y en los principales centros de poder occidentales, que prefieren políticos y Presidentes fiables, colonizados por la ideología de la globalización. Son esos sectores extremistas los que han acuñado la versión del kirchnerismo chavista, los que han alucinado milicias de La Cámpora, los que fabularon amenazas a la libertad de prensa y peligros inminentes de expropiaciones generalizadas. Mediante el aparato comunicacional que les pertenece, lograron implantar en sectores sociales subordinados el peregrino “recuerdo” de que se vivió con miedo en el período kirchnerista y que a ese “pasado negro” no se debe volver. La irrupción de Alberto Fernández provocó desconcierto en ese decorado de ideas al gusto de la parte más retrógrada del poder local. Pero también generó en círculos empresariales dejados de lado por el macrismo expectativas de un mayor acceso a las futuras autoridades peronistas. En muchos anti-k, se multiplican las suspicacias en relación a la articulación política Alberto-Cristina. El domingo del primer debate presidencial se develó cómo se reconfigura el discurso de la derecha local, no sólo para asustar independientes en el tiempo que resta hasta los comicios, sino para empezar a tratar con el enigma Alberto. El índice del autoritarismo Pongamos brevemente la campaña electoral en su contexto económico social. El cuadro es tan calamitoso que el registro de 5,9% de inflación mensual pasa casi desapercibido y una caída de la Bolsa del 5% en un día no sorprende a nadie. No fue producto de una guerra ni de un cataclismo, sino de pésimas políticas aplicadas por la actual gestión. El país aparece fuertemente endeudado, con un Estado severamente comprometido en sus finanzas y sin ningún horizonte alentador. Es un país descerebrado, flotando en el mar embravecido de la globalización, con un gobierno que festeja este hecho y ofrece su territorio a los capitales del mundo que quieran depredarlo. Si en esas condiciones objetivas cualquier candidato/a que se llame opositor no va a manifestar su malestar, su discrepancia, o el repudio que millones de argentinxs sienten por este cuadro de situación, debería retirarse de la política y dedicarse a otras actividades que no requieran capacidades mínimas para la confrontación. ¿Cómo no va a levantar la voz, enojarse, esgrimir argumentos y señalar responsabilidades un candidato opositor? La acusación de intolerancia, autoritarismo y otros epítetos por parte de Macri y el coro a su servicio, es sólo la bandera de largada de una campaña que se podría titular: “Alberto es tan confrontativo, peligroso y extremista como Cristina, hasta que no nos demuestre lo contrario”. Hay que decir que todas las democracias occidentales en los últimos 40 años han hecho un culto de la moderación… de los izquierdistas. Una vez realizadas las reformas neoliberales en todos los escenarios políticos, se desató una campaña educativa para que todos los que formaron parte de cualquier sistema político partidario se comportaran “moderadamente”, respetando las reglas e instituciones destinadas a preservar el orden neoliberal. El culto del político anodino, que no dice nada porque no se anima o porque ya no sabe qué podría decir, se transformó en una cultura política a reproducir e imitar, sinónimo de conducta cívica correcta. Esta fue la tendencia global, que ahora se está destruyendo porque el líder de la principal potencia mundial la está demoliendo en base a tweets e improperios. Pero en el caso argentino tenemos un matiz adicional: se pide respeto y moderación republicana frente a un modelo económico y social ruinoso para la mayoría de lxs argentinxs, pero además económicamente inviable. Según el enfoque que difunden los principales medios, no habría razón alguna para indignarse, ni por el tremendo fracaso económico, ni por el desastre social, por el pisoteo de

Fuente: Luis Bruschtein | Página/12 Fecha: 19 de octubre de 2019 Macri hizo renunciar a Paula Bertol en la OEA para designar un diplomático de carrera afin al PRO. Se trata de dejar contento al presidente norteamericano, complicarle las relaciones al futuro gobierno y mantener la agresión contra Venezuela. “La alianza entre Italia y Estados Unidos se remonta al imperio romano” mandó Donald Trump, mientras en la Argentina, su amigo Mauricio Macri, en campaña, arengaba: “¡Que se escuche en todo Corrientes!” pero estaba en la provincia de Chaco. Están hermanados por un rasero cultural de cuarta. Y bien clasista en cuanto importa más el poder del dinero que el conocimiento. Por lo menos los dos coinciden en sus dificultades con historia y geografía y en otras cuestiones, como Venezuela. Macri se desvive por halagarlo. Diez días antes de los comicios en los que todo el mundo da por descontado que no tendrá reelección, que será rechazado por la absoluta mayoría de los argentinos, sin siquiera segunda vuelta, tomó decisiones estratégicas para beneficiar los intereses de Trump en la región pero que comprometen el planteo más democrático y pacífico del futuro gobierno. Ante el inminente derrumbe de su presidencia, Macri hizo renunciar a Paula Bertol como representante del país en la Organización de Estados Americanos (OEA) y ordenó al canciller Jorge Faurie que la reemplace por un funcionario de carrera allegado al PRO a través del secretario de Asuntos Estratégicos de la cancillería, Fulvio Pompeo. Bertol es un cuadro destacado del PRO. Ha sido legisladora por la ciudad y diputada nacional. Su designación se correspondió con la decisión de Washington de convertir a la OEA en la herramienta principal de su ofensiva para recuperar el petróleo de Venezuela, una prioridad de la política norteamericana para la región. Felipe Solá, posible futuro canciller de Alberto Fernandez si gana las elecciones, denunció estos cambios en la cancillería como “escandalosos y de mala fe”. Y explicó en declaraciones periodísticas que “Bertol no cumplió su mandato como embajadora, renunció para la campaña y nombraron a un embajador de carrera que piensa parecido en la OEA, donde se discuten cosas donde nuestro pensamiento es distinto al del Gobierno». Como la de Bertol fue una designación política, hubiera tenido que renunciar al cambiar el gobierno, ahora el nuevo representante tendrá que ser removido por decreto. Macri hizo renunciar antes de tiempo a Bertol con la excusa inverosímil de que la necesita en una campaña que ya está en su tramo final. Antes de renunciar, la dirigente aprobó una convocatoria al TIAR impulsada por Estados Unidos para estudiar un plan conjunto de agresión a Venezuela. Entre los puntos que incluyó esa decisión se indica que una de las medidas que se podrá tomar será «identificar o designar personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional, a los fines de utilizar todas las medidas disponibles y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los Estados partes del TIAR». Durante la administración de George Bush, Estados Unidos secuestró en distintos países a personas acusadas de terrorismo y las mantuvo desaparecidas en campos de concentración como el de Guantánamo. El documento que firmó Bertol en Nueva York, con la anuencia de Macri habilita “investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar”. Durante el debate electoral, Alberto Fernández advirtió sobre la posibilidad de que esa decisión de política exterior que tomó el macrismo, junto a otros gobiernos reaccionarios de la región, sea usada para legitimar una invasión a Venezuela. “No quisiera que un soldado argentino cayera muerto en territorio venezolano” fue la frase que utilizó Fernández y que para muchos sonó a exageración. El candidato del Frente de Todos no exageró. El TIAR fue creado en 1947 en el marco de la Guerra Fría y se utilizó para legitimar intervenciones militares en Guatemala en 1954, en Cuba en 1961, en República Dominicana en 1965, en Granada en 1983 y en Panamá en 1989. Por orden del entonces presidente Juan Perón, el canciller Juan Atilio Bramuglia había dado una dura batalla para oponerse a la creación del TIAR, pero finalmente Argentina tuvo que plegarse para no quedar aislada del resto de sus vecinos. En 2012, Hugo Chávez retiró a Venezuela del organismo y lo siguieron Nicaragua, Ecuador y Bolivia. «Resulta doloroso que países que fueron invadidos por tropas estadounidenses y cuyos pueblos fueron masacrados en aplicación del TIAR –declaró el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado– hoy avalen un crimen semejante contra un país hermano, en una sesión del Consejo Permanente de la OEA a todas luces írrita y nula. Será la Historia y los pueblos de la Patria Grande los que se encarguen de juzgar esta indigna actitud». El comunicado recordó que durante la guerra de Malvinas, Argentina convocó al TIAR, pero Estados Unidos ignoró el compromiso de auxilio al que obliga el Tratado ante una agresión externa y, en cambio, actuó como aliado de Gran Bretaña en la OTAN, el enemigo de Argentina, que ahora se junta con Estados Unidos para agredir a Venezuela. El desarrollo del conflicto con Venezuela puso en evidencia el papel hegemónico de Estados Unidos en la OEA porque el país que exigió la intervención del TIAR, fue la delegación venezolana, que representa a un grupo de la oposición y no al gobierno que ganó las elecciones. Juan Guaidó fue reconocido como presidente de Venezuela por una minoría de países influenciados por Washington. En vez de buscar una solución pacífica, el gobierno de Macri ha sido uno de los más entusiastas en acompañar la escalada agresiva de Donald Trump. En un gesto que a esta altura tiene una proyección puramente simbólica, Macri reconoció hace pocos días a la representante de Juan Guaidó, Elisa Trotta, como la única embajadora de ese país en Argentina. Y dejó trascender que no renovará la visa a los diplomáticos venezolanos reales. Si Macri ganara las elecciones, este proceso hubiera

Fuente: Jorge Alemán* | La Tecl@ Eñe Fecha: 12 de octubre de 2019 La prudencia de Alberto Fernández, el tacto firme de su enunciación, no es sólo una disposición de carácter, es lo que demanda la situación si se desea que lo político retorne a su lugar. La hora de Fernández es la nuestra, pero no todo depende de él sino de lo que podamos construir para que se pueda  gobernar una situación compleja. El peronismo está siempre habitado por vertientes contrapuestas .Una  es disruptiva, instituyente, de apropiación popular del espacio público. La  otra es institucional, republicana y perteneciente a la lógica de Estado en sus distintos órdenes. No hay nunca una síntesis final entre estas dos dimensiones ni mediaciones que le otorguen un equilibrio definitivo. Es en el seno de estas tensiones irresolubles donde aparece en la escena la conducción política. Y el saber hacer de la política exige tanto del cálculo como la invención. Este es el lugar de Alberto Fernández, donde en  lo ya hecho hasta aquí ha sabido mostrar sus condiciones para la apuesta por esa conducción. En primer lugar en sus diversas comparecencias en los medios adversarios, donde además de la paciencia infinita que ha sabido mostrar, ha sido muy importante también la firmeza y astucia para no permitir que su discurso pierda sus aristas más propias y novedosas. Fernández,  mientras construía su posición singular de futuro presidente, encontraba el lugar pertinente para su reconocimiento al gran peso histórico de Cristina. Cuestión nada fácil que siempre supo solventar frente a los interlocutores más suspicaces y hostiles. Nunca su reconocimiento y admiración por la vicepresidenta le hizo perder fuerza y novedad al propio estilo que él inaugura para esta etapa. Un estilo que se conjuga de inmediato y en una misma lógica con la gravísima situación argentina y el complejo mundo del siglo XXI, donde los poderes mundiales ya anunciaron lo que se prepara en el 2020. El recurso a la moderación de Alberto jamás le impide, todo lo contrario, insistir en que en este tiempo sinuoso, una conducción no es más que una herramienta asediada por una urgente responsabilidad colectiva en un auténtico final de época en la Argentina. Tal vez  estemos en la más urgente de todas nuestras encrucijadas históricas. Por ello más que reclamar una identificación a un líder, Alberto invita a la participación de una construcción colectiva que se permita dar el tiempo para pensar lo que nos pudo ocurrir para que tuviera lugar semejante devastación. Reflexión que nos debemos, aún en las condiciones durísimas de nuestro pueblo. Por ello cuando habla se percibe claramente la intensidad de este dilema. Incluso su sensibilidad liberal y progresista pueda en esta ocasión canalizar de un modo más sensato el enorme caudal transformador de nuestros sectores más jugados y comprometidos en su vocación emancipadora. En otros términos, impedir que se diseminen energías políticas en el sector donde reside nuestro mejor legado. Suele ser difícil que dos personalidades políticas como Cristina y Alberto, transformen la escena pública en un suceder ininterrumpido de lecturas que preparan un diagnóstico de la situación. Será para siempre una muestra definitiva del talento político de Cristina haber elegido a Alberto, y una prueba de solidez e inteligencia prudencial de Alberto haberse construido en un país tan difícil, su lugar inconfundible y singular. La prudencia de Alberto, el tacto firme de su enunciación, no es sólo una disposición de carácter. Es lo que demanda la situación si se desea que lo político retorne a su lugar y que nuestros legados, que estuvieron a punto de naufragar y que otros con tanto poder quisieron hundir, vuelvan  a tomar la palabra. La hora de Fernández es la nuestra, pero no todo depende de él sino de lo que podamos construir para que se pueda  gobernar una situación endemoniada.

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 6 de octubre de 2019 Suena a partido de fútbol pero no lo es. La frase «un tiempo más» (para gobernar) salió de boca de Mauricio Macri en un acto en Entre Ríos. Allí también dijo: «El fin de mes se ha hecho muy duro. Cortar esto, lo otro, la tarjeta de crédito. No llegar». Y lejos de «tomar nota» se mostró «orgulloso de todas las cosas» que logró el gobierno. ¿Cómo se sentirá el presidente con los datos de pobreza e indigencia que se acaban de publicar y que muestran el tenor de la emergencia social y, en particular, la alimentaria? Según el Indec, la indigencia llegó en el primer semestre al 7,7% de la población, por encima del 4,9% de un año atrás. Hay que decir que esto no contempla los impactos de la devaluación post PASO que sin dudas seguirá haciendo crecer el número de personas que no llegan a cubrir una canasta básica de alimentos. La culpa es por completo del modelo, no de la democracia. Es lo mismo que pasa con la cifra de pobreza, que en el último año pasó del 27,3% al 35,4% de la población. Extrapolando la muestra del Indec al total de la población, se puede observar que entre el primer semestre de 2018 y el de 2019 se generaron cerca de 3 millones 300 mil nuevos pobres. Para que la pobreza tienda a reducirse es preciso implementar políticas que por un lado mejoren el poder adquisitivo de los ingresos, y que en paralelo incentiven la generación de empleo de calidad. Por caso, la caída del salario real de los siete primeros meses del año contra el mismo lapso de 2018 fue del -10,8%, y los más castigados fueron los del sector privado no registrado (-14,2%). El desempleo también ha ido en alza, pasando del 9,6% en el segundo trimestre de 2018 al 10,6% en el segundo de 2019. La subocupación, en tanto, se incrementó en casi 2 puntos porcentuales. El impulso de la actividad económica, condición necesaria para que los ingresos de la economía se expandan, tampoco parece haber estado en las prioridades de este gobierno. Los últimos datos de la producción de la industria que presentó el Indec muestran una caída del 8,1% en los primeros ocho meses del año, y un 8% de baja en la actividad de la construcción. Para empezar a revertir la situación que deja el gobierno actual hay que poner en marcha la economía, y esto sólo se puede hacer con medidas de corte virtuoso, que generen demanda interna y trasciendan la lógica del ajuste y las reformas, entre ellas las que llevan a la precarización laboral. Los datos del resultado fiscal evidencian el fortísimo ajuste en el gasto, salvo en un ítem: los intereses de la deuda pública. Estos no dejan de crecer: si los medimos como porcentaje del gasto primario, alcanzaron el 6,7% en 2016 y el 9,4% en 2017. Para comparar con los datos actuales, que llegan hasta agosto, en los ocho primeros meses de 2018 este indicador llegó al 11,1%, y en igual período de este año al 17,5%. Esta evolución demuestra que el resultado fiscal primario (sin considerar los intereses, y que es el que mide y exige el FMI) es un enfoque erróneo. Este oculta el incremento de los intereses de la deuda pública. El resultado fiscal que debe considerarse es el total (llamado financiero) que incluye los intereses, ya que es ese el importe que impacta sobre la necesidad de financiarse (si es deficitario) o de poder cancelar deuda e intereses (si es superavitario). En el acumulado de los 8 meses de 2019 las jubilaciones y pensiones cayeron un 10,5% en términos reales, es decir, su poder adquisitivo, y las asignaciones familiares un 19,6%. También se redujeron un 13% los salarios de los empleados públicos de la Nación, un 32% los gastos en educación (y un 43% las asignaciones a infraestructura para este destino) y un 25% los gastos en salud. Pero los subsidios a la energía aumentaron un 8%, aunque los subsidios al transporte cayeron 26%, claro indicador de los sectores que han sido privilegiados por este gobierno. Un tema importante es la evolución de los ingresos tributarios, que cayeron un 5,2% en el acumulado a agosto, debido a la fuerte recesión imperante. Con un plan de ajuste, este comportamiento se vuelve mucho más preocupante, puesto que, para reducir el déficit primario, los gastos deben bajar aun más. De hecho, en dicho período el gasto primario bajó un 11%, el doble de la reducción de los ingresos, siempre medidos en términos reales. Lineamientos básicos El Macri candidato prometió esta semana rebaja de Ganancias a pymes y alivio fiscal a monotributistas para 2020, sin siquiera poner sobre la mesa el cálculo de cómo se afectan los recursos fiscales. Llama la atención que los grandes medios en este caso no le pidan propuestas consistentes. En este plano, ¿cuán coherente con la supuesta intención de tener un sistema previsional sostenible es la propuesta de bajar los aportes patronales, algo que también anunciaron en la semana? Poco y nada. Más allá de las promesas de siempre de Macri, el espíritu que persiguen desde fines de 2015 sigue intacto y puede verse a la luz de las declaraciones de su compañero de fórmula, quien preguntó: «¿Cómo puede ser que los 400 mil venezolanos que ingresaron en el último año estén todos trabajando?». El problema no es la falta del deseo de trabajar (se considera desempleado a quien busca activamente trabajo y no lo consigue), sino la aguda falta de trabajo. Y lo poco que hay es trabajo precarizado, con salarios fuera de convenio y sin ningún tipo de beneficio social, que es al que podrían acceder los recién llegados. Esta semana la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) recibió a Alberto Fernández, quien tras la reunión comentó que le plantearon «la necesidad de una reforma impositiva, y muchos de esos planteos son ciertos», pero

Fuente: Horacio Verbitzky | El cohete a la luna Fecha: 6 de octubre de 2019 Alberto Fernández prepara un shock económico, social, político e institucional, que comenzaría a aplicarse en diciembre, en cuanto asuma la presidencia. Entretanto, sigue abocado a la conformación de su gabinete de ministros, del que no piensa dar indicios antes de la elección del 27 de octubre, para impedir que entre los medios que apostaron a la extinción de lo que llaman populismo o kirchnerismo, y los kamikazes del macrismo terminal (cuyas principales figuras son el ex peronista Micky Vainilla y la ex radical Elisa Carrió), erosionen a los futuros funcionarios antes de tiempo. En sus conversaciones diarias con Cristina Fernández de Kirchner, que no se han interrumpido durante el nuevo viaje de la futura vicepresidente a Cuba, se discuten los nombres propuestos por cada un de les Fernández. La decisión es de Alberto, pero todo está sometido a consulta con Cristina. Ambos están juramentados para no volver a pelearse, algo que sólo ocurriría por diferencias inconciliables sobre temas fundamentales, cosa que no asoma en el horizonte previsible. En la entrevista con Jorge Fontevecchia dije que Alberto pudo comprobar que la primera parte de su definición (sin Cristina no se puede) se demostró cierta, a diferencia de la segunda (con Cristina sola no alcanza). Un alcahuete de provincias escribió que el kirchnerismo intentaba así condicionar y ningunear al candidato. Por ignorancia o mala fe, omitió que no fui yo sino Alberto quien dijo que Cristina no necesitaba cederle la candidatura, porque ella sola ganaba, con Felipe Solá como candidato a la vicepresidencia, como él proponía. La vida te da sorpresas El secreto sobre la nómina de los elegidos provocará sorpresas, cuando algunos de quienes son considerados seguros en todas las especulaciones, no figuren o aparezcan en posiciones de menor relevancia, y otros que nadie tiene en cuenta o menoscaban como secundarios, ocupen cargos decisivos. Un elemento influyente para la decisión es el síndrome de Paladino, puesto en evidencia en los meses en los que varios referentes actuaron en nombre de Alberto ante distintos poderes fácticos, lo cual permitió medir la dimensión de sus apetencias y la extensión y carácter de sus relaciones. Otro, la firmeza de carácter, que será imprescindible para lo que viene. Ni el brillo personal, ni los contactos con el otro lado garantizan ser seleccionado. Casi lo contrario. Lo único que por ahora puede darse por cierto es que a diferencia de Cambiemos, que constituyó una alianza electoral pero nunca una coalición de gobierno, el próximo Presidente será acompañado por representantes de todos los sectores que confluyeron en la conformación del Frente. El candidato afirma que no quiere un albertismo. Entre sus secretarios de Estado figurarán distintos grupos del peronismo (entre otros, representantes de gobernadores e intendentes e incluso alguno de ellos) y las demás fuerzas aliadas. El candidato entiende que esto se expresa también en el trío de inseparables que lo acompañan: Su colaborador personal Santiago Cafiero, quien se estrenará como Jefe de Gabinete de Ministros a una edad avanzada en comparación con su abuelo Tony, quien fue ministro de Comercio Exterior de Juan Perón a los 30 años, diez menos de los que tiene Santiago.     El ministerio de Comercio Internacional, Relaciones Exteriores y Culto, como pasará a denominarse, fue asignado a Felipe Solá, en representación del Frente Renovador de Sergio Massa. Lo acompañará un embajador de carrera para manejar las relaciones al interior de la guarida de devoradores de canapés de la calle Esmeralda, y un especialista en comercio, con la dura tarea de promover el crecimiento de las exportaciones. El candidato habló de duplicarlas. Bastaría con que no le ocurra como a Macrì, quien presentó la meta de triplicarlas y, como en casi todos los rubros, apenas logró igualar las del último año de Cristina, que no fue el más brillante. La Nomenclatura Arancelaria del Mercosur lista 99 capítulos. En dos tercios, las exportaciones decayeron. El ministro del Interior, Wado de Pedro, secretario general en el último gabinete de Cristina, el miembro de la conducción de La Cámpora más próximo a Máximo Kirchner y uno de los hombres que muñequeó la reunificación peronista, desde antes del reencuentro de Alberto y Cristina. Las distintas procedencias de cada uno (y de quienes completen el elenco) no implica que se trate de un loteo al estilo de las coaliciones europeas o, más cerca, de Chile. Todos ellos son personas de confianza personal de Alberto, con quien conforman el núcleo del próximo gobierno. Cafiero ama a Cristina, y Solá sólo desearía que ella fuera más expresiva hacia él y lo considerara como ministro propio, y no sólo de Alberto. Los temas de la agenda La triada prioritaria que encarará el nuevo gobierno incluye la deuda externa, con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional; la inflación, y la recomposición de ingresos de los trabajadores formales e informales, ya sean ocupados, subocupados o desocupados. El Consejo Económico Social, cuya conformación ya anunció Alberto, será integrado por representantes de los sindicatos patronales y de trabajadores, y allí se negociarán los compromisos imprescindibles para poner un corte abrupto a las políticas que derivaron en la más profunda estanflación de la historia argentina, con caída de la rentabilidad empresarial (salvo los parientes y entenados presidenciales y parte del sector financiero), destrucción de empresas y puestos de trabajo y deterioro de la capacidad industrial instalada. En el rubro alimenticio está ociosa la mitad de esa capacidad, pero ese dato general, que el vicepresidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, le suministró al candidato, debe ponderarse por el estado de esa capacidad. No es lo mismo una empresa cuya planta trabaja la mitad de los turnos pero sigue en el mercado, que otra que quebró y remató sus maquinarias. El candidato tiene muchas expectativas en el funcionamiento del Consejo, que debería permitir que los apagados motores del consumo y del crecimiento se encendieran, y en los acuerdos que procura alcanzar. Esa seguridad se basa en la percepción de que todos los sectores

Fuente: Edgardo Mocca | Página/12 Fecha: 6 de octubre de 2019 Macri y sus funcionarios nombran a sus principales adversarios electorales con la palabra “kirchnerismo”. Desde los candidatos de esa oposición se responde que el frente de todos excede esa identidad. Sin embargo, gran parte de su composición se organiza en torno a esa denominación: hay quienes se identifican como kirchneristas (y hasta como cristinistas), están quienes fueron kirchneristas y se distanciaron, progresistas que nunca lo fueron y están también, claro, los peronistas. Pero resulta que dentro del peronismo hay kirchneristas, ex kirchneristas y también gente que tuvo y tiene escasas simpatías por el kirchnerismo. El macrismo nombra a la oposición como kirchnerismo para agitar el nuevo macartismo argentino, para fundar las alegorías de Venezuela, la lucha armada, el ataque a la propiedad privada, la disolución de la familia y otras de parecido tenor. Hay que agradecer, en términos de claridad política, que Pichetto se haya sumado a esta derecha “moderna y democrática”. Sin embargo, es cierto que el kirchnerismo es, como tal, un protagonista central de esta escena política, contrariando así las profecías que cundían a principios de 2016. El candidato a presidente reivindica como su mejor antecedente su condición de jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Su relación histórica con Cristina es presentada por él de modo menos lineal; también la acompañó desde esa jefatura, pero se distanció a los pocos meses de que aquella asumiera la presidencia. ¿Es entonces kirchnerista? Por otro lado, los Kirchner nunca se autodenominaron “kirchneristas”, lo que termina de poner ese nombre en una situación bastante ambigua. Sin embargo, más allá de los nombres están las cosas. La palabra kirchnerismo no alude a una estructura partidaria ni a una doctrina elaborada y unívoca. Designa una determinada experiencia histórica que no nace con su forma habitual el día de la asunción de Néstor. Se fue constituyendo a partir de una sucesión de conflictos y de disputas de poder interiores y exteriores al peronismo y a su soporte institucional, el Partido Justicialista. Es, por lo tanto, siguiendo las huellas trazadas en su origen peronista, no un partido sino un “movimiento”. El movimiento no es una estructura orgánica, se constituye alrededor de un liderazgo. Los politólogos liberales siempre han percibido esa condición como una anomalía perniciosa del peronismo, lo que se explica porque no entra fácilmente en los códigos de la democracia liberal con sus rituales consensualistas y con la alternancia en el gobierno como principio central. En este curioso compás de espera que vive la política argentina, en el que todo el mundo está esperando que se concrete la derrota del oficialismo y se produzca el cambio de gobierno, el centro de la atención se desplaza hacia Alberto Fernández. Quien hoy no es más que un candidato es recibido un día por el líder de un importante país europeo y otro día consigue que los gremios aeronáuticos posterguen una medida de fuerza. ¿Qué puede esperarse de su gobierno? Dicho de una manera más directa: ¿Cuán kirchnerista es Alberto Fernández? Para los enemigos del kirchnerismo (básicamente de Cristina) el modo en que accedió a la candidatura alcanza para colocarlo bajo ese mote que, en el caso, comporta miedo y odio. Para los kirchneristas es lo contrario: gran parte de la conversación entre ellos –hoy sujeta a cuidadosas medidas de discreción que a veces llevan a la autocensura- gira en torno a si puede esperarse que el candidato exprese una inequívoca continuidad de la experiencia de los doce años anteriores a 2015 o que más lenta o más rápidamente vaya poniendo distancias de esa saga. Subyace a estas discusiones un malentendido. Se vive la condición de kirchnerista como un hecho dado de una vez y para siempre. Como si todas las peripecias argentinas de aquellos doce años –y las de los cuatro últimos- fueran un simple desenvolvimiento de un designio inicial establecido el mismo día en que asumió Néstor. Lo vive así el kirchnerismo y también sus enemigos. Es probable que una reflexión un poco más histórica y un poco más realista develara que lo que todos denominamos kirchnerismo es el fruto del desarrollo de conflictos, de contradicciones, de marchas y contramarchas que tienen mucho más que ver con las necesidades de la lucha política por el poder que con minuciosos programas y cálculos preconcebidos. Lo que se conoce como kirchnerismo es un proceso histórico, una práctica política. Abierta, contradictoria, guiada sí por principios y por valores y conectada con fuentes muy profundas de la historia política argentina, pero también emanadas del resultado de luchas menores, de cálculos correctos o errados, en fin, de casualidades que son siempre el modo en que se abren paso los procesos históricos. Habría que empezar por considerar que desde el propio triunfo electoral de 2003 estuvo sometido a esa condición. El candidato del Frente expresa reconocimiento y admiración a Cristina y agrega siempre que sostiene las divergencias que tuvo con sus gobiernos. El modo en que se presenta a propios y extraños es el de alguien que recupera la experiencia de los gobiernos kirchneristas y al mismo tiempo la entiende críticamente. Es inevitable que su opinión no sea unánimemente compartida por todos quienes lo reconocen y lo votan. Y es muy importante que las diferencias no sean censuradas ni autocensuradas sino administradas oportuna e inteligentemente. A esto debe agregarse, como parte del cuadro, que quien instaló a Alberto en su actual rol y en el que tendrá en el futuro próximo fue la propia ex presidenta. Este giro político no puede entenderse sino como un intento de recuperar un rumbo general –políticas de inclusión, recuperación de soberanía, reindustrialización- en condiciones nacionales e internacionales distintas. Y que el movimiento táctico producido por Cristina opera como una señal política de la búsqueda de un nuevo punto de partida, que intenta horadar la roca dura de aquellas resistencias al rumbo nacional-popular que no responden a obvios intereses de poder sino a prejuicios largamente cultivados en la historia de las últimas décadas. Está claro que ni