Nacionales

Fuente:  Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 3 de noviembre de 2019 El próximo 10 de diciembre culminará en Argentina otro doloroso capítulo de la experiencia neoliberal, que trajo las políticas y los resultados de siempre. El legado que deja resulta indiscutible. La pobreza mostró un alarmante aumento, hubo un crecimiento sostenido de la desocupación, cierre de pymes, salto del endeudamiento, baja de los salarios reales y crecimiento de las tarifas públicas, entre otros tantos males a heredar. Este es el escenario con el que se encontrará el Frente de Todos cuando inicie su gobierno. La emergencia en temas concretos, como la alimentación, demandará sin demoras decisiones importantes. A su favor, para tratar de dar vuelta semejante legado, el nuevo gobierno contará con el apoyo de la mayor parte de la población. Los resultados electorales del pasado 27 de octubre dejaron una enseñanza clara: que las mayorías están en contra de las políticas implementadas en los últimos años y que están a favor de comenzar una etapa distinta al neoliberalismo. Afortunadamente se abre un nuevo capítulo en la historia del país, una nueva orientación de sus políticas públicas y un nuevo alineamiento internacional. Sin lugar a dudas el escrutinio definitivo seguirá reflejando el contundente rechazo a las políticas de estos cuatro años. Cuesta encontrar una primera vuelta donde los resultados hayan sido tan contundentes a favor de un candidato. Sin embargo, desde el oficialismo y la prensa dominante se trata de instalar la idea de que el verdadero ganador fue quien salió segundo, una hipótesis que no resiste ningún análisis. De hecho, el propio Marcelo Bonelli afirma en su nota (Clarín, 1/11/19): «Marcos Peña intenta –con su marketing– transformar la derrota en un triunfo. La arremetida final de Macri lo dejó mejor parado y el resultado dejó un escenario más equilibrado. Pero eso no esconde lo esencial: la derrota (…) Macri encabezó el único gobierno oficialista que no logró la reelección. Fue el primer presidente de la historia que buscando la reelección no lo consiguió». Una buena síntesis de lo ocurrido. Las comparaciones con otras elecciones no dejan de ser importantes. Hay que recordar que luego del resultado de 2015 se intentó hacer creer que el proyecto iniciado en el 2003 estaba agotado y que sólo quedaba abrazar la vía de los mercados. Sin embargo, en ese momento la diferencia en el balotaje fue de 2,68 puntos. La catástrofe social a la que llevó el ajuste, que incluyó la vuelta al FMI, hizo que la experiencia neoliberal no resistiera más que un mandato. En estos días se habló de que la polarización observada constituyó en los hechos un adelantamiento del balotaje, pero no alcanza para desmerecer los resultados de la primera vuelta. No significa que no haya habido algunos sectores que modificaron su voto respecto de las PASO a favor del oficialismo. Pero, después de todo, ¿no era eso lo que se buscaba con el «plan alivio» posterior a las Primarias? La pretendida sensación de alivio, si ocurrió, duró poco. Consumadas las elecciones, el actual gobierno volvió a dejar en claro que su compromiso no es con la ciudadanía sino con los sectores que en todos estos años han salido beneficiados. El viernes se efectivizó una suba de las naftas del 5%, y vendrán otras dado que se ratificó que los precios volverán a ser «libres». Se adelanta así el cronograma que estipulaba que hasta el 13 de noviembre los combustibles se mantendrían sin cambios. La ausencia de balotaje seguramente fue la que aceleró los ajustes. En esta línea aparecen los últimos anuncios de aumento en las prepagas (4% en noviembre y 12% en diciembre). También es inminente la suba de los planes de telefonía móvil, y luego vendrían el gas y la luz. Sería bueno que este gobierno no continuara con estas políticas. Con sus decisiones, la actual gestión sigue impactando en la inflación y erosionando el poder adquisitivo de los hogares. Los últimos datos de los salarios y precios muestran que en agosto de 2019 el poder de compra de los trabajadores era un 7,9% más bajo que un año atrás (12,8% fue la baja en privados no registrados). A esto se le suma el deterioro del mercado laboral, que mostró en agosto una baja interanual de empleo formal (-2,3%), monotributistas (-1,1%) y autónomos (-2,5%). El delgado hilo que conduce a la pobreza y la emergencia es lo suficientemente visible. Con datos actualizados a septiembre, una familia tipo precisa ingresos por 34.784 pesos mensuales para no ser pobre y 13.913 para no estar por debajo de la línea de indigencia. En este marco, propuestas como la flexibilización laboral sólo podrían llevar a una mayor caída de los salarios y al empeoramiento de la situación social. Lo que hace falta, de manera urgente, es la implementación de otras políticas, más allá de que algunos analistas insistan con su habitual discurso. En el último informe del Centro de Estudios de Orlando Ferreres se dice: «En líneas generales, no hay mayor espacio para llevar a cabo políticas de estímulo de demanda, y será una condición necesaria que se comience a transitar el camino de las reformas estructurales». Incluso si fuera cierto que no hay espacio para hacerlo, lo que ciertamente no es el caso, ¿no sería bueno dejar de dañar la demanda con los aumentos que se vienen, que repercuten directamente sobre el ingreso disponible de los hogares, la demanda interna y retroalimentan la espiral de caída de la economía? Este análisis no desconoce que los resultados también muestran que hay sectores que han elegido diferentes opciones durante todo el proceso eleccionario. Por lo tanto, pensando en un proyecto para las mayorías, aún queda un gran camino por recorrer en el esfuerzo por sumar a quienes todavía tienen reservas o prejuicios y terminan votando en contra de sus propios intereses. El poder comunicacional que poseen las fuerzas que se oponen al bienestar de las grandes mayorías populares ha ejercido una importante influencia en los estratos medios urbanos. Hay que profundizar

Fuente: Ricardo Aronskind | El cohete a la Luna Fecha: 3 de Noviembre de 2019 El triunfo en primera vuelta del Frente de Todos fue un extraordinario resultado teniendo en cuenta el poder de las fuerzas a las que enfrentó, y abre el camino para una primera mejora: desplazar del aparato estatal a los ejecutores de las medidas que llevaron a esta gravísima situación. Pero durante algunas semanas más estas fuerzas estarán al comando del Estado, y aun disponen de las más importantes palancas de la economía argentina. No hay transición: hay macrismo Ninguno de los efectos económico-sociales por los cuales el experimento neoliberal fue rechazado en las urnas cesó el domingo de la victoria del Frente de Todos. Ya se pusieron en marcha los aumentos de tarifas y combustibles suspendidos para falsear el clima preelectoral. Se están observando remarcaciones gigantescas en productos de primera necesidad sin ningún justificativo. El pan aumentará 30%, la carne 20%, pero esta vez sin la excusa de una devaluación previa. El deslizamiento del dólar en la semana previa a los comicios ya dio pie para que sectores monopólicos  se consideren habilitados a remarcar con impunidad. Hasta ahí la continuidad de una práctica predatoria tradicional, que deberá ser revisada si se quiere lograr cierta recuperación del poder adquisitivo del salario. Pero esta semana se conoció que el gobierno macrista prevé realizar una emisión gigantesca de dinero (entre 250.000 y 400.000 millones de pesos) hacia diciembre, dado que en este último tramo se concentrará el grueso del déficit fiscal del año. El gobierno agonizante pasará de la sacrosanta emisión cero, durante la cual la inflación se aceleró, a una violenta inyección de dinero en un período muy acotado. Es previsible, por lo tanto, una realimentación  del proceso inflacionario y de la demanda de dólares negros, dado que esta administración no está dispuesta a tomar ninguna medida adicional. En tanto, continúa la reducción de la masa de las LELIQs, dado que el Banco Central está bajando la abultadísima tasa pagada hasta ahora, pero en este momento arriesga a empujar a los ahorristas en pesos hacia el dólar, que ya no les suministra en cantidades significativas el Estado desde el día de la derrota gubernamental en las urnas. Se están creando las condiciones para una escalada del dólar negro sin precedentes, luego de meses en los que desaprensivamente se dejaron casi desaparecer las reservas del Banco Central. Muy tarde, se minimiza la venta masiva de divisas al público. Hoy los precios y el dólar están sin control –debido a la catastrófica política económica macrista— y se realimentan mutuamente, a costa del empobrecimiento de las mayorías. La reanudación de los aumentos de tarifas agrega otro acelerador a la velocidad de los precios, otra de las justificaciones de la “patria remarcadora”. Por si faltaba alguna excusa que potencie la nefasta práctica de las remarcaciones precautorias, se han escuchado rumores de alzas de precios decididas en función de la previsión de un eventual acuerdo de precios y salarios en la próxima gestión. Si esto es así, si ahora hay saltos de precios “por si” se intenta poner en el futuro bajo control la inflación, estamos frente a la mejor prueba de la nula disposición de ciertos sectores formadores de precios a realizar un aporte genuino a la estabilización y recuperación económica: todo consiste en hacer la trampa de aceptar frenar los precios luego de colocarlos en niveles exorbitantes, que garanticen en lo microeconómico rentabilidades desmesuradas, pero que en lo macro consolidan efectivamente una realidad distributiva que es un freno a cualquier reactivación. Los empresarios privados se comportan con absoluta irresponsabilidad, ejerciendo su poder monopólico u oligopólico, empujando hacia la contracción de la actividad económica –al provocar la caída del poder adquisitivo de la población—, y por lo tanto a la quiebra de otros colegas empresarios, debido al efecto de desplazamiento de la demanda efectiva hacia los consumos más imprescindibles. Pero al mismo tiempo rechazan, como si fueran brillantes corporaciones globales, la intervención del Estado en la economía. No quieren tener comportamientos disciplinados, ni ser disciplinados por las autoridades públicas, y defienden su “derecho” a sostener conductas económicas depredadoras. Otros incendios No sabemos si es planificada la política pública de despojar a la próxima administración de cualquier instrumento de intervención para estimular la economía. Pero si las medidas que está tomando en diversas áreas estatales que convergen en el debilitamiento extremo de las capacidades estatales son planificadas, el gobierno estaría mostrando habilidades de articulación de medidas económicas que hasta ahora parecía no tener. Hay que explicitarlo ante la opinión pública con total claridad: se está dejando al Banco Central sin reservas ni posibilidades de financiamiento convencional, y al Banco Nación y al Banco Provincia de Buenos Aires en una muy comprometida situación patrimonial, que de haber subsistido el macrismo hubiera desembocado seguramente en su privatización con la excusa de que “dan pérdida” o que “no están en condiciones de cumplir su función”. En materia de destruir las capacidades estatales, el neoliberalismo acude a la batería de excusas que utilizó en sus experimentos previos. Al mismo tiempo, se está dejando plantada una severa crisis de orden federal: varias provincias, producto de los manoseos presupuestarios recientes de la gestión macrista, los recortes provocados por el ajuste fondomonetarista y la contracción general de la economía, comienzan a tener muy serias dificultades para poder pagar las actualizaciones salariales pactadas, disparadas por la inflación que superó ampliamente los aumentos otorgados del 23%. No hace falta describir el escenario provincial cuando no se puedan cubrir las remuneraciones de los empleados públicos. Al mismo tiempo no debemos soslayar los efectos inerciales de la contracción económica en marcha, que permanecen como telón de fondo de las novedades agravantes que mencionamos más arriba: cierre constante de empresas productivas y comerciales y aumento del desempleo y la pobreza. Se debe considerar la posibilidad de que la asunción de Alberto Fernández el 10 de diciembre se produzca en un contexto de aguda crisis económica y social, que no sólo empañe los festejos

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la Luna Fecha: 3 de Noviembre de 2019 En la última semana la empresa Facebook fue condenada en el Reino Unido a pagar una multa de 500.000 libras esterlinas (643.785 dólares) ante el ente público de control de la privacidad de datos personales [1]. En la misma semana la empresa WhatsApp, propiedad de Mark Zuckerberg desde 2014, demandó a la empresa israelí de vigilancia cibernética NSO Group por espiar en 20 países, entre los cuales se encuentra Argentina. Los funcionarios de WhatsApp señalaron en su acusación que se trata de actividades de espionaje a 1400 objetivos (teléfonos celulares) detectados hasta la actualidad. Entre los relevados figura la vigilancia de 100 periodistas y decenas de activistas de derechos humanos [2]. En julio último, Facebook fue condenado por el gobierno de Estados Unidos a pagar 5.000 millones de dólares por violar las regulaciones de privacidad de la información. La imputación se refiere a la entrega de 200 millones de perfiles de sus usuarios a la empresa Cambridge Analytica. Dichos datos fueron utilizados en diversas campañas electorales como el Brexit, el triunfo de Mauricio Macri en 2015 y en 2017 y el éxito de Donald Trump en 2016 [3]. A medida que el hechizo neoliberal empieza a trastabillar en diferentes países, empiezan a divisarse los mecanismos utilizados por los poderes concentrados para manipular y confundir a segmentos específicos de la sociedad. Los tres dispositivos centrales que han sido empleados son: El espionaje y vigilancia de referentes políticos, gremiales y/o judiciales con el objetivo de controlarlos, extorsionarlos o paralizarlos. La segmentación de grupos sociales operables (capaces de ser influidos), utilizando como insumo para su catalogación la Inteligencia Artificial (IA). La multiplicación de operaciones de prensa basadas en datos obtenidos por medios ilícitos (sumados a los recursos provenientes de la IA), destinados a imponer climas sociales, culturales y económicos enfrentados a los intereses mayoritarios. Los tres procedimientos manejan herramental tecnológico y son complementarios a la construcción política clásica, territorial e identitaria. Se superponen y buscan retroalimentarse conjuntamente. Operan sobre conjuntos sociales poco politizados a partir de la utilización de información clasificada que es intervenida y manipulada para conseguir efectos de resentimiento y odio hacia referentes populares. La multa a Facebook y la demanda a NSO Group exhiben la práctica habitual de los tres dispositivos: la modificación, alteración y configuración de relatos públicos acordes a la imposición de intereses concentrados.  El último 11 de septiembre el juez federal Alejo Ramos Padilla tomo declaración testimonial al empresario israelí Dov Kilinsky, quien aparece en los archivos extraídos de las computadoras de Sebastián D’Alessio como un distribuidor de aparatología de seguridad, vigilancia, seguimiento, encriptación y espionaje [4]. En su declaración Kilinsky acepta ser integrante de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, liderada por Mario Montoto, a quien D’Alessio identifica en varios intercambios de WhatsApp como “MM” o “el 1”. Admite, además, ser el representante de la empresa madre de NSO Group, la Israel Aerospace Industry, IAI, constituyéndose como su representante en Argentina desde 2013 [5]. Ciberguerra macrista Dov Kilinsky, uno de los proveedores de Sebastián D’Alessio. El interés de Mauricio Macri por el espionaje ilegal se remonta al caso de las escuchas telefónicas sufridas, entre otros, por familiares de las víctimas de la causa AMIA. Una vez asumida la presidencia en diciembre de 2015, luego de que Macri fuera desvinculado en forma sorpresiva de la imputación por espionaje, la tarea quedó en manos de Patricia Bullrich, que apeló a la colaboración de varios intermediarios con empresas israelíes proveedoras de tecnología de seguridad. El 24 de julio de 2016 Bullrich declaró que “estamos trabajando con la Dirección de Comunicaciones de la Corte (la ex OJOTA, encargada de las escuchas telefónicas) un establecimiento de protocolos. El otro tema al que nos estamos dedicando fuerte es el de la creación de un protocolo unificado de emergencias. El diputado Waldo Wolff lo está trabajando con expertos de distintos lugares en el mundo, para saber qué hacer y cómo operar para que no se colapsen las comunicaciones y la logística” [6]. Meses después de este reconocimiento (o lapsus) público, el diputado Waldo Wolff acompañó a Tel Aviv a Patricia Bullrich a la cuarta Conferencia de Ciberseguridad, exposición en la que se ofertan y comercializan dispositivos tecnológicos destinados al control del terrorismo y la seguridad pública [7]. Del convite participó también Dov Kilinsky. En esa oportunidad el ministerio de Seguridad adquirió un paquete de ciberseguridad que costó al erario público la suma de 5.200.000 de dólares, cuyo desarrollo bien podría haber sido realizado con recursos propios, provenientes de las tecnologías existentes en el INTI o el CONICET.  El software comprado está orientado –según se informó— a prevenir ataques terroristas. Posee la capacidad de recolectar y procesar datos de redes sociales. El último 24 de diciembre de 2018, horas antes de la celebración de la Nochebuena, el diputado Waldo Wolff dialogó con el misógino locutor Baby Etchecopar en su programa radial El Ángel del Mediodía, en relación al aniversario de la muerte de Alberto Nisman, uno de los temas que más apasiona al ex arquero suplente del club Atlanta. En el transcurso del reportaje pasó desapercibida una frase del legislador, asiduo asistente a los paneles de debate vespertino de carácter político revisteril. “Yo también –afirmó, eufórico— tengo acceso a carpetas de la vida privada de mucha gente” [8]. Espionaje en América Latina  Presentación del Juez Alejo Ramos Padilla ante la Cámara de Diputados para denunciar las articulaciones internacionales de Sebastián D’Alessio. En enero de 2015, la Corte Suprema de Panamá difundió el resultado de una investigación sobre espionaje de la que resultó imputado el ex Presidente de ese país, Ricardo Martinelli. La imputación, que supuso el inmediato pedido de extradición de Martinelli –que en 2015 se encontraba residiendo en Estados Unidos— se basó en la acusación de utilizar una aplicación de vigilancia remota conocida como Pegasus, creada y comercializada por NSO Group. Martinelli fue detenido el 12 de junio de 2017 en Miami. En el juicio el ex Presidente reconoció que el Estado panameño adquirió, durante su presidencia, soportes de espionaje a

Fuente:  La Nación Fecha: 2 de noviembre de 2019 Esos dibujos animados, Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Gallo Claudio, representan una disputa entre un tonto y un vivo, donde siempre gana el vivo. ¿Han visto un estafador más grande que Bugs Bunny?», preguntó el presidente electo Alberto Fernández ayer en una charla que dio junto al expresidente uruguayo José «Pepe» Mujica. En medio de una crítica a los medios de comunicación, Fernández aseguró que la empresa estadounidense Warner fue la primera responsable de influir de manera negativa a toda una generación. Pero esa no es una teoría que le pertenece. Hace casi medio siglo, en 1972, el argentino-chileno Ariel Dorfman y belga Armand Mattelart publicaron en Chile el libro Para leer al Pato Donald, en principio un análisis sobre los personajes de Walt Disney, que se luego convirtió en lectura obligatoria de muchas escuelas de comunicación, por su tesis acerca de los procedimientos del imperialismo. «Sería falso afirmar que Walt Disney es un mero comerciante. No se trata de negar la masiva industrialización de sus productos: películas, relojes, paraguas, discos (…) que inundan el mercado. Historietas en cinco mil diarios, traducciones en más de treinta idiomas, leído en cien países. [Pero] Más allá de la cotización bursátil, sus creaciones y símbolos se han transformado en una reserva incuestionable del acervo cultural del hombre contemporáneo: los personajes han sido incorporados a cada hogar», establece la obra en su introducción. Para leer al pato Donald, de Ariel Dorfman y Armand Mattelart Fuente: Archivo Así, con una perspectiva marxista de la cultura de masas, entendida como reproductora de una ideología dominante, Para leer al Pato Donald sostiene durante sus 169 páginas que «más allá de las fronteras y las ideologías, más acá de los odios y las diferencias y los dialectos, (…) los personajes pasan a ser el puente por medio del cual se comunican entre sí los seres humanos». En coincidencia con el discurso de Fernández, los intelectuales Dorfman y Mattelart postulan que las producciones de Disney tienen una estrategia discursiva para difundir y sembrar las ideas características de la sociedad capitalista en un público infantil, en crecimiento, de países poco desarrollados. Del Pato Donald a Bugs Bunny Mattelart y Dorfman eligieron al Pato Donald porque consideraron que representa fielmente el llamado estilo de vida americano. «Ese libro fue escrito en un momento de lucha social en Chile y dentro de una revolución que intentó cambiar todo. Se escribió en diez días, en el calor de la lucha por la supervivencia», dijo Dorfman. Fernández eligió al conejo Bugs Bunny por ser un ejemplo de estafa. «Estamos en un tiempo en donde impera el individualismo, donde el narcisismo es central, donde la meritocracia parece ser la regla, donde la enfermedad central tiene que ver con la estética que es la bulimia y la anorexia. Esos dibujos animados fueron y son el modelo de muchos chicos. En verdad es un modelo de gran promoción del individualismo», dijo el presidente electo. Libro relacionado: Para leer el pato Donald:  http://www.sigloxxieditores.com.ar/pdfs/dorfman_mattelart_para_leer_al_pato_donald.pdf

Fuente: Edgardo Mocca* | La Tecl@ Eñe Fecha: 30 de octubre de 2019 El resultado electoral del último domingo en nuestro país tiene una enorme importancia que excede las fronteras de nuestro país. El prematuro diagnóstico que anunciaba una larga noche de gobiernos antipopulares y rigurosamente alineados con Estados Unidos empieza a mostrar su fragilidad. El triunfo de Evo, la rebelión en Ecuador y el histórico levantamiento del pueblo chileno ya habían iluminado una realidad diferente a la que muestran obsesivamente los aparatos comunicativos. No hay consolidación del neoliberalismo. No hay la derecha moderna y democrática definitivamente triunfadora en la batalla cultural. No hay el ocaso del populismo y la normalización neocolonial de nuestras sociedades. Y los vientos regionales no están divorciados de una dura crisis civilizatoria que preanuncia nuevas tormentas en las más diversas zonas del mundo. Una vez más estamos ante una batalla interpretativa. La derecha simula euforia, simplemente porque la diferencia electoral entre Alberto y Macri fue menor a la que se dio en las primarias abiertas. Eso se entiende como un “triunfo” de Macri. Más aún, como la carta definitiva a favor del liderazgo del empresario corrupto en la oposición. Cuando Scioli perdió por dos puntos el balotaje de 2015, después de doce años de gobiernos populares, eso significaba el derrumbe de la experiencia kirchnerista. Ahora Macri pierde muy ampliamente en primera vuelta en su intento de reelección y eso se interpreta como una victoria. A eso se le llama “análisis político”. La cuestión principal es cómo interpreta el acontecimiento el campo político de quienes somos realmente los vencedores del último domingo. Porque curiosamente lo que ocupa un lugar extraordinario en la mirada es el asombro por el comportamiento de quienes votaron a la segunda alianza. ¿Es lógica la sorpresa por el voto de derecha de un 40% del electorado? ¿Qué podemos decir, entonces de la elección en Brasil? ¿Cómo compatibilizar esa sorpresa con la realidad política del mundo? ¿En cuántos países del mundo una fuerza nacional-popular-democrática gana las elecciones? ¿Cuántos ejemplos tenemos a la vista de una recuperación político-electoral después de una derrota como la que sufrimos en 2015? ¿En cuántos otros sitios se da que una fuerza estigmatizada y sistemáticamente perseguida, con sus principales referentes asediados por el poder judicial, acosados y espiados por los servicios de inteligencia, casi sin recursos económicos ni comunicativos, monopolizada la palabra mediática por sus enemigos más intensos, retome el gobierno en cuatro años? Claro, se puede contra-argumentar que el gobierno de Macri fue desastroso en todas las dimensiones en las que se lo mida y por eso extraña la magnitud de los apoyos que recibió. Pero esa afirmación solamente es válida en un contexto de valores definido. La política no es una ciencia exacta en la que la valoración de una serie prescripta de indicadores define el juicio sobre una experiencia histórica. El juicio sobre un gobierno siempre es un juicio conflictivo, es una forma del conflicto político y no un veredicto que se establece con rigor matemático. El impacto por ese cuarenta por ciento que votó a Macri desconoce la existencia de un profundo antagonismo político en el país. No una “grieta” debida a la voluntad de tal o cual actor político, sino un viejo antagonismo, una vieja querella por el ser histórico de nuestro país. ¿Por qué fue Macri el candidato en 2015 y no alguno de los políticos exitosos que desafiaron a los Kirchner en el interior del peronismo? Lo fue porque el sector más dinámico, más intenso, con mayor voluntad hegemónica en el interior del antikirchnerismo vio en él a su figura más representativa de la oposición. Porque lo eligieron en los cacerolazos contra Cristina que fue el punto histórico más alto de la movilización de la derecha en muchas décadas. Porque no estaba “contaminado” por ninguna sospecha de eventuales concesiones futuras al populismo. Eso fue Macri. Y eso es lo que acaba de fracasar –por lo menos provisoriamente- en la Argentina. Cuarenta por ciento de los votos para Macri… Imposible saber cuánta gente apoyó intensamente el golpe de 1976 (para no ir más lejos), pero no era un grupo minoritario, ni fueron tan masivas las resistencias en esos tiempos amargos. Y no digamos que los años de la dictadura fueron menos desastrosos que los últimos cuatro… Ciertamente haríamos bien en reemplazar los lugares ya comunes de la influencia del bombardeo mediático sobre las personas por una indagación más profunda del sistema de símbolos que permite esa conquista de las subjetividades. En los últimos tiempos el significante político central de ese proceso es la palabra “república”: curiosa resignificación de una categoría cuya raíz semántica consiste en lo público, en la res pública, en la cosa pública. La república se ha reconvertido en su contrario: ser republicano es defender los derechos de propiedad. La oligarquía ha logrado universalizar su concepto acerca de la superioridad de la propiedad privada sobre cualquier otro derecho. Ha capturado el miedo de las clases medias y hasta de sectores populares no totalmente empobrecidos para utilizarlo como escudo simbólico para la defensa de sus privilegios. República es no a los impuestos, a las retenciones, a las restricciones para la compra de dólares (es muy sintomático que el gobierno haya dejado el súper cepo para el día siguiente a las elecciones). No, por supuesto, a cualquier idea de un nuevo contrato social, político y constitucional que sitúe a la propiedad privada dentro de una escala de derechos y garantías; que ponga, por ejemplo, el derecho a la alimentación personal y familiar por encima del derecho a veranear en el exterior. Tal vez haya que poner esta discusión en el lugar que hoy ocupan los enojos por la conducta electoral de los que no votan como nosotros. Es necesario que nuestras ilusiones incumplidas respecto a la amplitud de la victoria no nos oculten la trascendencia de lo conseguido. Porque la conciencia de esa trascendencia es un componente político-moral decisivo en los días que vienen. Días que serán tensos y complejos porque la imagen de la tierra arrasada

Fuente: Claudio Scaletta | El Destape Fecha: 20 de octubre de 2019 El desastre económico de la administración macrista-radical es de tal magnitud que opaca otras dimensiones de su herencia. Un estrago de similar magnitud al provocado en la economía, aunque de menor costo social en términos de vidas humanas, fue el deterioro institucional y, dentro de él, la persecución política a opositores, incluida la destrucción de patrimonios. Si se excluye la última dictadura, cuesta encontrar gobiernos que hayan mostrado un mayor desprecio por las formalidades institucionales y que hayan utilizado de forma tan abierta la connivencia entre el poder judicial, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación concentrados con el objetivo de demonizar y encarcelar a los opositores políticos y a los adversarios empresariales. Lo amañado de la persecución fue tan evidente que luego de cuatro años de control prácticamente total del aparato de Estado las causas armadas comienzan a caer una a una. Un reconocimiento tácito, antes que los cambios de los vientos del poder, de que a pesar de los esfuerzos no se pudo encontrar delito alguno. Sólo por citar las causas más conocidas entre cientos, destaca la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, quien desde que abandonó la presidencia tuvo un juez federal, Claudio Bonadío, dedicado tiempo completo a perseguirla, tanto a ella como a su familia, lo que sintetiza un accionar no sólo ominoso, sino también mafioso. Y ello por no hablar de la colaboración activa de figuras de la política mediática, como por ejemplo Margarita Stolbizer, a quien no se le conoce idea política alguna que no sean las denuncias permanentes a la ex presidenta. Bonadío, con la inconcebible complicidad del Senado de la Nación, hasta se dio el lujo de mancillar los domicilios particulares de CFK y apropiarse temporalmente de algunas de sus pertenencias. También abundan los presos políticos como el ex vicepresidente Amado Boudou, el gran demonizado por el grupo Clarín y sus satélites, quien fue condenado por juzgados creados ad hoc y por jueces ascendidos al efecto. O como el caso del ex ministro de Planificación Julio de Vido, quien sigue preso a pesar de la evidencia de la utilización de peritos truchos y personal de inteligencia en el armado de las causas en las que fue involucrado. En el caso de De Vido se suma además la inmoralidad y el oportunismo de algunos compañeros de bancada que avalaron el quite de los fueros que le correspondían como representante del Pueblo, dado que carece de condenas firmes. El caso de Milagro Sala destaca entre los más arbitrarios. El gobernador radical jujeño Gerardo Morales le prometió que “la metería presa” en caso de ser electo y cumplió. También lo hizo amañando causas, armando tribunales especiales y pasando por encima de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sala ya es la presa política más antigua de Cambiemos. Los perseguidos no fueron sólo políticos –presidenta, vicepresidente, ministros y militantes sociales– también cayeron en la volteada los dueños de medios de comunicación opositores, a quienes se encarceló y se les dañó irreversiblemente sus empresas. No sólo se recurrió a denuncias falsas, sino que las mismas denuncias sirvieron para la destrucción patrimonial. El caso paradigmático es el de Cristóbal López. Un demonizado sin ser político ni dueño de medios de comunicación, sólo coterráneo de la ex familia presidencial, fue Lázaro Báez. No hubo excavadoras que encontraran los millones de dólares “húmedos” y “de los Kirchner” enterrados y buscados desaforadamente por un juez que volvió del sur pero no del ridículo, ni peritajes de la propia vialidad nacional macrista que encontraran irregularidades en la obra pública santacruceña. Pero Báez sigue preso y su patrimonio inhibido o destruido. Otro caso paradigmático es el de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, quien ya acumula varias absoluciones. Quizá lo más notable en su caso es que haya sido denunciado por denunciar las más de cuatro mil cuentas suizas de dinero negro propiedad de muchos encumbrados miembros de la alta burguesía local, y que su denunciante haya sido nada menos que un funcionario por entonces con rango de ministro, Alfonso Prat-Gay, sospechado de consejero de una de las familias fugadoras. Los casos citados son apenas una muestra incompleta. Faltan prisiones arbitrarias como la de Luis D’Elia, o la incompatibilidad que significa tener a una militante oficialista como Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción, un cargo para el que ni siquiera estaba calificada. Faltan también todas las incompatibilidades de puerta giratoria y la novela fantástica de inteligencia-judicial-mediática de “las fotocopias de los cuadernos” para el armado de causas. Lo que intentan mostrar los pocos casos reseñados es el accionar sistémico de un gobierno que decía representar la transparencia y reivindicar la idea de “República”, pero que se caracterizó por la persecución política y por pasar, también sistemáticamente, por encima de la división de poderes. Un gobierno que gozó además de un blindaje mediático inédito en democracia y con periodistas pautados que oficiaron de perseguidores y que operaron junto a los servicios de inteligencia. Así como los crímenes de la dictadura demandaron un reparador proceso de memoria, verdad y justicia, lo mismo debe suceder con la persecución política y judicial y con las violaciones sistémicas a la convivencia institucional democrática perpetradas bajo el régimen macrista-radical. También sería deseable que la reparación patrimonial de los afectados no corra a cargo del Estado, sino que pese sobre los responsables directos. No se trata de comisiones de la venganza ni nada que se le parezca, sino de poner en marcha los mecanismos institucionales que impidan la repetición de nuevas páginas negras de la historia.-

Fuente: Edgardo Mocca | Página/12 Fecha: 20 de octubre de 2019 “No hay que confundir libertad de prensa con delitos”. Con notable economía de palabras, Adolfo Pérez Esquivel, puso claridad en medio del batifondo político-periodístico desatado alrededor del informe de la Comisión Provincial por la Memoria. Este documento fue realizado a pedido del juez Alejo Ramos Padilla a propósito de la investigación que éste lleva a cabo sobre el funcionamiento de una asociación ilícita dedicada a la extorsión. El escándalo gira en torno del probable involucramiento de periodistas en el mecanismo extorsivo, sacado a la luz por la denuncia realizada por una de las víctimas, el empresario Etchebest. La investigación se apoya en una profusa documentación probatoria acerca de la red delictiva que, en principio, era coordinada por un falso abogado de apellido Dalessio, quien decía ser agente de la DEA (la organización estadounidense para el combate contra el narcotráfico). No se trata de un simple episodio policial: todos los indicios hasta ahora recopilados señalan la existencia de un aparato judicial-servicial- político y periodístico destinado a la persecución del más importante sector político de oposición. La banda combinaba esa función estratégica con la recolección de importantes sumas de dinero proveniente del chantaje a personas a las que se involucraba en las causas, a cambio de “protección” por parte de sus integrantes. ¿Qué tiene que ver este cuadro con la libertad de prensa? Los grandes emporios mediáticos han establecido una curiosa –y claramente tramposa- articulación a partir de la imputación y posterior procesamiento del periodista del grupo Clarín Daniel Santoro. Desde allí se establece una estrategia de presentación del caso como un ataque al libre ejercicio del periodismo y de la protección del secreto respecto de las fuentes de información, como si el periodista del caso (y otros que aparecen de diferente manera en los testimonios recogidos en la investigación del juez Padilla) estuviera procesado por la información periodística publicada. Hay que decir que Santoro, a diferencia de muchas personas en parecida situación procesal, no fue privado de su libertad ni tiene restricción alguna sobre el ejercicio de su profesión. No le fue aplicada la doctrina Irurzun, porque, como no se le conocen vínculos de simpatía con los gobiernos kirchneristas no pueden atribuírsele intenciones de ensuciar el proceso. Santoro gozó y goza de todas las garantías judiciales constitucionales y legales. No se le cuestiona el contenido de sus notas periodísticas sino la funcionalidad de su conducta para el accionar de una asociación ilícita. Más aún, Santoro fue provisoriamente eximido de la acusación de formar parte de esa asociación, por la actual falta de pruebas definitivas acerca de ese hecho. No es demasiado difícil deducir que no es la libertad de prensa lo que está en juego en esta escena. De lo que se trata es de la existencia de un patrón de actuación claramente vinculado a la estrategia de guerra judicial que el gobierno de Estados Unidos promueve en los países a los que considera parte de su patio trasero colonial. El actual embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado lo aclaró con vehemencia en sus primeras declaraciones al asumir el cargo. Dijo estar contento con las políticas puestas en marcha por el presidente Macri. Elogió el énfasis en el impulso a la investigación sobre la muerte del fiscal Nis man, explicó que él quería que vinieran al país inversiones estadounidenses y sostuvo que quería “ayudar” al poder judicial para que se creen mejores condiciones para esas inversiones. ¿Cómo se hace para desvincular estas atrevidas definiciones, y la descarada injerencia sobre uno de los poderes del estado argentino que ellas explicitan, de lo que ha ocurrido durante estos años en el poder judicial argentino? Ahora bien, ¿cuál es el lugar que esta estrategia de poder imperial reserva a los medios de comunicación? Lo hemos visto en los últimos años: la prensa que acompañó de modo entusiasta la catastrófica experiencia del gobierno de Macri funcionó como su principal maquinaria de legitimación. Se construyó una leyenda negra de los gobiernos kirchneristas, se los identificó con el extremismo político, se los asoció con el terrorismo internacional, se los acusó de modo excluyente con la corrupción política, como si la colusión entre grandes empresarios privados y el Estado hubiera nacido en esos años, como si la fortuna familiar y personal del actual presidente no tuviera nada que ver con ese fenómeno. Se colocó a los gobiernos kirchneristas en el lugar de la persecución política y comunicativa, cuando en el período anterior ningún opositor fue privado de su libertad y de sus derechos, cuando ningún periodista perdió su trabajo por causa de su opinión política. La investigación del juez Ramos Padilla tiene una extraordinaria importancia política. No se investiga (solamente) a un grupo de delincuentes. Estamos ante un caso que ilustra una trama fundamental, expresiva del modo en que se mueve el poder real en la Argentina, ése que no votamos en ninguna elección, ése que no se somete a ningún escrutinio legal. Ese poder, el del dinero, el de las influencias, es el verdadero nicho de la corrupción y la impunidad en el país. El gobierno que agoniza en estos días fue el más expresivo, desde el punto de vista institucional, de esa plutocracia absolutamente desentendida del interés del país y de sus ciudadanos, el más comprometido con la corrupción y la decadencia nacional. La libertad, cuya defensa esgrime hoy el presidente en su patética gira de despedida, debe entenderse así, como la absoluta impunidad de los poderosos. Por eso, uno de los malentendidos que en esta etapa habrá que aclarar es el insólito intento de atribuir a la experiencia de estos años la condición de un tiempo de “fortalecimiento institucional”. La libertad de expresión no tiene nada que ver con la impunidad de los periodistas. Para defenderla y jerarquizarla realmente, y no como licencia para la operación política y el abuso de poder, es necesaria la crítica de los monopolios informativos, la promoción de voces alternativas, el cuidado sistemático de la pluralidad,