Opinion

Ilustración Lautaro Fiszman Por: Daniel Rafecas – Revista Haroldo En el marco del día de los Derechos Humanos, que se conmemora hoy 10 de diciembre, el juez federal Daniel Rafecas, afirma que “los discursos de odio son una condición necesaria para la consumación de un genocidio”. “A lo que tenemos que apuntar es a que, en el mediano plazo, cuando estos referentes apelen a estos discursos de odio, estos caigan en saco roto, que no tengan repercusión, es más, que sean contraproducentes para sus ambiciones políticas”, enfatiza. He de comenzar con una reflexión que, hoy en día, ya es algo muy conocido en todo lo que son estudios relacionados con crímenes masivos, y es el hecho de que, de la contemplación de los procesos genocidas que hubo a lo largo de los últimos siglos, y en lo que va del siglo XXI también, es una regla constante afirmar que no existe la posibilidad de que se precipite un genocidio, o un crimen masivo cometido desde ámbitos estatales, o con la aquiescencia o consentimiento del Estado, sin la construcción previa de un enemigo, a través de la proliferación y la difusión de discursos de odio. Es decir, hoy en día sabemos que los discursos de odio son una condición necesaria para la consumación de un genocidio, es decir, para la consumación de Auschwitz o de la ESMA, para dar dos ejemplos que nos son muy próximos. Esto surge muy claramente, por ejemplo, de lo que fue el genocidio armenio, en donde los discursos de odio de la mayoría musulmana, panárabe del imperio otomano, dispersó y divulgó discursos de odio contra la minoría armenia que estaba segregada y diferenciada, no solamente desde el punto de vista religioso sino también étnico, durante siglos. Lo mismo por supuesto ocurrió en el caso del genocidio nazi, respecto no solamente de los judíos, sino también de otros colectivos perseguidos, pero especialmente de los judíos, en donde desde 1933 y hasta el inicio del proceso de exterminio -que comienza en 1941-, vamos a tener casi una década de preparación del genocidio, un largo período, en el cual los nazis van a sembrar discursos de odio de modo cotidiano. Y no lo digo metafóricamente: todos los días, en Alemania a partir de 1933, y luego en Austria a partir de 1938, en Checoslovaquia en 1939, y luego en todos los territorios que fueron ocupando, cotidianamente se difundían discursos de odio: un día en la radio, otro día en el cine, otro día en columnas en los medios gráficos, otro día en panfletos, otro día en directivas que circulaban en las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas, en donde se decía “los judíos son culpables”, “los judíos son delincuentes”, “los judíos son bacilos”, “los judíos son nuestros enemigos”, etc. Y esto también ocurrió, por supuesto, en lo que fue el terrorismo de Estado, no solamente en Argentina, sino en los restantes países del Cono Sur, en las dictaduras latinoamericanas. De modo tal, que creo que este es un punto muy importante para que nosotros tengamos en cuenta, en el sentido de que tenemos que estar, como activistas o como actores preocupados por la consolidación de los derechos humanos y la consolidación de la democracia, muy atentos y muy sensibles a la aparición, o la irrupción, o la promoción, o la emergencia de discursos de odio que, casi siempre, o durante muchos años, han circulado en forma muy encapsulada, en grupos cerrados, de redes sociales, y de repente, a lo largo de los meses, se empieza a percibir que empiezan a cobrar mayor protagonismo, que empiezan a salir de esos ámbitos cerrados y empiezan a circular de un modo más abierto y, especialmente, que empiezan a tener penetración en algunos ámbitos que son más proclives, y de entre ellos quizá lo más preocupante es entre las nuevas generaciones, que quizás todavía, de una u otra manera, desde el Estado no hemos podido llegar con contenidos que permitan identificar y neutralizar esos discursos. Por otra parte, la gran pregunta que nos venimos haciendo en los ámbitos que trabajamos estos temas desde hace décadas, es si conviene “combatir” la proliferación de estos discursos del odio desde la represión penal, o a través de otros medios alternativos. En ese sentido, tengo una postura que al principio fue intuitiva, y luego también la fui reafirmando de una manera más elaborada -porque de hecho he participado de discusiones muy serias que se están dando en el máximo nivel de los organismos de derechos humanos, hablando de Madres, de Abuelas, de Hijos, del CELS y otros organismos que están trabajando en este tema-, y creo, pese a que tengo más de treinta años de actuación en la justicia penal y llevo casi veinte años como juez federal en lo criminal, yo no estoy para nada seguro, y no creo, sinceramente, que la represión -es decir, la utilización de delitos penales para castigar actitudes como el negacionismo o el relativismo u otras formas agraviantes a la memoria de los sobrevinientes, de las víctimas y de los familiares de procesos genocidas o de crímenes masivos-, sea el camino. Pero esta es una cuestión puramente de estrategia: me parece que no es la estrategia adecuada desde un sistema democrático. Y voy a contar una pequeña anécdota para intentar reafirmar mi punto. Lautaro Fiszman Hace muchos años -quizás quien lea este artículo lo recuerde-, en mis primeros años como juez, me tocó intervenir en un caso en el cual tres jóvenes habían agredido a otro, por su condición de judío: le hostigaron, lo empujaron, y le depararon algunos insultos de carácter antisemita. En ese entonces, los medios de comunicación tomaron nota del caso y hablaban de tres “skinheads” que habían atacado a un chico judío. Ese caso llegó a mi juzgado. Tanto la víctima, como los victimarios, eran menores de edad. Y después, al poco tiempo, cuando empezamos a indagar a los agresores, advertimos rápidamente que no eran “skinheads”, que por supuesto estaban cargados de prejuicios y estaban muy contaminados con discursos de odio que circulan en algunos ámbitos, pero que carecían por completo

Por: Carlos Alberto Rozanski | Página/12 (31 de marzo de 2022) El odio recorre las entrañas de la historia. Crímenes atroces han sido cometidos impunemente en el nombre de superioridades de todo tipo y culpabilidades atribuidas a las propias víctimas. Razas, colores, edades, géneros y disidencias, han sido razones que sólo tenían sustento en las mentes de los perpetradores. Sus verdaderos fines siempre fueron el poder, la riqueza o simplemente la satisfacción de perversos impulsos nunca confesados. Sin embargo, a pesar del dolor infinito que causaban y lo insostenible de sus argumentos, la mayoría de esos crímenes, han quedado sin castigo. Las razones profundas de esa obscena impunidad, excederían el espacio de estas líneas, pero se impone al menos, advertir sobre el avance en nuestro país de discursos de odio que de manera organizada se vienen llevando adelante a través de los diversos medios de comunicación masivos y redes sociales. Forman parte de la estrategia política de las derechas en todo el mundo. Sus impulsores, inspirados en los 11 principios de Goebbels, reiteran a diario todo tipo de mentiras, las que terminan instalándose como verdades en aquellos sectores de la comunidad a quienes están dirigidas. No se trata de manipular grandes porcentajes de la población, lo cual sin dudas sería muy difícil. El objetivo es una porción de votantes que son los que terminan definiendo una elección. Recuérdese que Mauricio Macri, llegó a la presidencia de Argentina con un porcentaje de ventaja final del 2,7 % sobre Daniel Scioli. Para ello, con el asesoramiento de la empresa Cambridge Analytica de Inglaterra, instalaron todo tipo de falsedades respecto de los líderes de las fórmulas opositoras. Se trata de maniobras de manipulación para convencer a parte de un colectivo determinado, de que le conviene votar una propuesta que en definitiva lo va a perjudicar. Esas maniobras se basan en la descalificación del oponente, no sólo con falsedades sino, además y muy especialmente, con discursos de odio. Recientemente, en los peores momentos de la pandemia por el covid 19, esos sectores políticos, impulsaron campañas de descrédito de las medidas sanitarias gubernamentales, utilizando los recursos más deleznables que podrían pensarse. Líderes de la oposición acusaron al Presidente de la Nación de “envenenar a la población” por la adquisición de vacunas que luego resultaron ser de gran eficacia. Asimismo, impulsaban la quema de barbijos o la colocación de bolsas mortuorias simulando mortajas en la puerta de la Casa de Gobierno con carteles con el nombre de figuras públicas. En aquel desgaste planificado del gobierno surgido en las elecciones de 2019, se fue incrementando el nivel de agresividad y violencia de los mensajes. Con diversas estrategias pero similares fines, la principal coalición opositora Juntos por el Cambio, así como los restantes sectores de las derechas, liderados por Javier Milei y Jose Luis Espert, intensificaron en los últimos meses el nivel de violencia de sus discursos. Negacionismo y denostación de los movimientos defensores de los Derechos Humanos, recrudecieron con motivo del recuerdo del proceso genocida iniciado el 24 de marzo de 1976 que se lleva adelante todos los años. Espert, con la naturalidad característica de los violentos, insultó públicamente a madres, hijos, abuelas y al movimiento de defensa de los DDHH en un programa de televisión (Desafio 2022). Su conductor y panelistas fueron igualmente agredidos con descalificaciones pocas veces vistas en televisión. Se trata sólo de un ejemplo del incremento de los discursos violentos que integran las estrategias de las derechas en nuestro país pero que se desarrollan simultáneamente en todo el mundo. Naciones Unidas tomó nota de este fenómeno altamente peligroso. Señaló al respecto Antonio Guterres, Secretario General de la ONU: “En los últimos años se ha observado un aumento preocupante del discurso de odio y de la incitación a la violencia. El derecho a la libertad de expresión está protegido por las normas internacionales, pero las expresiones que constituyen una incitación a la violencia, están prohibidas”. La aclaración resulta pertinente, toda vez que disipa la falsa oposición entre la libertad de expresión y el combate a los discursos de odio. Al respecto, el Estado tiene la obligación de proteger a la población de quienes, con sus mensajes, estimulan la violencia tratando de impedir la plena vigencia de los DDHH. La prevención de la incitación a la violencia se basa en la más alta normativa, en especial el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que integra nuestra Constitución Nacional. En su art. 20 el Pacto señala: “2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”. Cuando Espert vocifera públicamente que “Los derechos humanos son un curro”, o que las madres de plaza de mayo «curran con los DDHH” y que los desaparecidos no son 30.000, por dar sólo algunos ejemplos recientes, no sólo realiza apología del crimen, sino que además incita al odio en los términos de la legislación vigente. Concretar en sentencias las sanciones a los violentos es una decisión jurídica, garantizar una justicia independiente, capaz de frenar los discursos de odio, es una decisión política. 

Fuente:  Carlos Heller| Tiempo Argentino Fecha: 11 de abril de 2021 Entre la batería de comunicados que se conocieron en estos días no hay que dejar de mencionar uno en particular: el de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Allí se habla de preocupación porque “frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”, una aseveración que generosamente se podría calificar como errada. También se usan expresiones como “fracaso del plan vacunatorio”, cuando, se sabe, hay a nivel global una problemática de insuficiencia de vacunas que es generalizada. No se trata de una declaración puntual sino de un discurso elaborado y con carácter institucional. El actual contexto sanitario demanda responsabilidad de todas las partes involucradas, y el comunicado en cuestión no parece reunir ese requisito. En el plano económico, las cámaras empresariales que nuclean al capital concentrado hicieron sus propios comunicados en contra de las políticas de precios. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) afirmó que “el sector ha tenido que convivir desde marzo del 2020 con el congelamiento de todos sus precios”. Pura posverdad, ya que en su conjunto el segmento de Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un aumento de la inflación en febrero de 2021 del 43,9% interanual. Es el rubro que más incidencia tiene en la canasta de los hogares y el que, en un contexto de pérdida de ingresos laborales, define por ejemplo los niveles de indigencia. Al respecto, los últimos datos muestran que en el segundo semestre de 2020 no cubría la ingesta mínima necesaria el 10,5% de las personas (+2,5 puntos porcentuales respecto de un año atrás). Ni pensar en qué ocurriría de no existir las regulaciones que estos empresarios rechazan. Según la Copal, este tipo de políticas de precios representan un riesgo para la “sustentabilidad de las empresas, debido a los persistentes incrementos de costos que han dejado a los distintos sectores en una situación crítica”. También se rechaza la creación del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE), por medio del cual las empresas de mayor tamaño deben informar mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos sus productos. La Copal requirió la suspensión de los efectos de la norma hasta tanto se evalúe su derogación, basándose en una presunta “ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de dicha resolución”. “Asimismo —continúa el documento—, considerando los inconvenientes técnicos lejos está de ser una medida que atienda a la real situación que atraviesan las industrias de alimentos y bebidas, intensifica la carga burocrática de las empresas demandando mayores recursos para atender la normativa establecida, lo que atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria”. Hay que decir que es información que las empresas manejan cotidianamente, por lo que no debiera ser una tarea ardua ni costosa brindársela al Estado. Las políticas de precios están plenamente justificadas y son más que necesarias. El propio FMI reconoce que la inflación es un fenómeno multicausal, lo que significa que no es exclusivamente monetario ni fiscal, como se solía argumentar. Hoy en Argentina se observa una mejora de las cuentas públicas, el tipo de cambio no tracciona a la inflación y tampoco lo hacen las tarifas, por lo que es en la puja distributiva donde hay que ver qué está ocurriendo. En este marco, poder ingresar a las cadenas de valor sería una buena forma de conocer las problemáticas del sector. ¿Qué mejor manera de hacerlo que abrir la información y analizar dónde están las distorsiones? Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), que representa a las empresas de ese país, señaló en otro comunicado que “la disposición sobre precios máximos ha sido una decisión unilateral del gobierno, que desoye la predisposición de las empresas, conscientes de la situación social de nuestro país, al verse imposibilitados de orientar su oferta o portafolio hacia audiencias con distintos niveles de poder adquisitivo”. El poder económico real está jugando su partido, presiona y condiciona en pos de un Estado canchero, para seguir maximizando sus ganancias, en Argentina y en el mundo. Recientemente se conoció el ranking 2020 de los milmillonarios de la revista Forbes. Los datos muestran que a nivel global hay 660 personas en el mundo que han ingresado al selecto club de los milmillonarios, que llega a las 2.755. En el otro extremo, según el Banco Mundial, unas 100 millones de personas habrían ingresado en condición de pobreza extrema. Nada de que alegrarse. Según Forbes, las fortunas en conjunto de esas 2.755 suman a fines de 2020 unos 13,1 billones de dólares, frente a los 8 billones de hace un año, un aumento de los patrimonios del 63,8% medidos en dólares, que además ocurrió a ritmo récord. Una oscura postal de un mundo injusto e inviable, que se nubló aún más con la irrupción de la pandemia. Por eso es preciso generar los mecanismos fiscales para que la riqueza empiece a “derramar” hacia abajo, ya que no se puede confiar en que lo haga el crecimiento, según sostiene el pensamiento neoliberal. Una de las esferas a modificar es la impositiva ya que las personas más ricas se siguen enriqueciendo aprovechando los “huecos” de las normativas vigentes, que facilitan la elusión y el pago de menos impuestos, facturando desde los lugares de baja tributación, operando con paraísos fiscales, etc. En materia de tributación corporativa global, si bien las medidas deben ser encaradas de forma coordinada entre los principales países, Estados Unidos acaba de dar un puntapié importante. El presidente Joe Biden anunció su plan para recaudar 2,5 billones de dólares durante los próximos 15 años, que ahora deberá tratar el Congreso. Se establece, entre otras cuestiones, que las empresas que actualmente pagan impuestos en el exterior no podrán evitar los tributos estadounidenses sobre los pagos que realicen a subsidiarias extranjeras. Como señaló Biden, “no es aceptable que 91 de las 500

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la luna Fecha: 14 de marzo de 2021 El 22 de febrero el conductor Tomás Méndez, en su programa radial Vuelta de Rosca, utilizó el micrófono de Radio 10 para desparramar una serie de aseveraciones dignas de ser contrastadas en forma minuciosa con la realidad. Las falsedades e inexactitudes prodigadas por el comunicador así lo exigen. La confrontación metódica entre las afirmaciones y su contracara, las evidencias, aparece como un anacronismo para quienes pretenden convertir al periodismo en un apéndice del mundo del espectáculo, en el que la invención y la realidad se presentan como indistintos y homólogos. Existe una larga tradición que insiste en dejar pasar estos contrasentidos, con el justificativo de no dar lugar a los impostores ni otorgarles un lugar de reconocimiento enunciativo. Sin embargo, esa concesión desconoce el derrotero –y el impacto– que determinados discursos pueden alcanzar entre quienes no están acostumbrados a sumergirse en específicas áreas de la historia: dejar y dar testimonio es lo mínimo que se puede hacer frente al tosco revoltijo de declaraciones artificiosas, orientadas únicamente a denigrar a un periodista. En su monólogo matinal, Mendaz difunde, con la impostura de un investigador periodístico riguroso, una serie profusa de afirmaciones concentradas en tres áreas: la historia militante de Horacio Verbitsky, su vínculo con el CELS y un supuesto interés pecuniario del director de El Cohete en avalar la vacuna Pfizer. Respecto a la primera dimensión, asevera que era supuestamente “de Montoneros” cuando esa participación ha sido reconocida no sólo por HV sino por los jefes de esa organización, muchos de los cuales siguen vivos y certifican su pertenencia. Más adelante consigna que “en la SIDE, HV, figura[ba] como servicio de inteligencia”. Sin embargo, no existe en ningún documento desclasificados desde 1983 hasta la actualidad –ni en los liberados por la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño– ninguna referencia, ni siquiera nimia, respecto a esa aseveración. Como parte de su arremetida, Mendaz no tiene prurito en sumarse a los desatinos difundidos por el panelista televisivo Gabriel Levinas, quien acusó a HV –­en un librito olvidado– de ser “parte de la Fuerza Aérea Argentina”. La imputación hecha por el integrante del jurado de Gran Hermano se sustentaba en la dedicatoria que hizo el comodoro Juan José Güiraldes en su libro El poder aéreo de los argentinos, en la que agradece a HV porque el libro “no hubiera podido llegar a la prensa de no haber recibido el permanente aliento y la eficaz colaboración de Horacio Verbitsky”. Mendaz se suma a quien suele secundar a Baby Etchecopar –Levinas– para añadir que HV fue escriba del jefe de la Fuerza Aérea, Omar Graffigna, y que además había sido contratado por esa organización militar. Según Levinas, HV había recibido honorarios del Instituto Jorge Newbery, ligado a la aeronáutica, pero no existe admisión alguna del desembolso. La operación de difamación de Levinas, planificada en 2014 por el Grupo Clarín como parte de una campaña desembozada para garantizar el triunfo de la derecha en 2015, no logró traspasar el umbral de lo escolástico e inquisitorial: Güiraldes negó la acusación y el propio ex jefe aeronáutico de la dictadura, en un reportaje con el Buenos Aires Herald, desestimó la versión desparramada por Levinas de que HV fuese su asistente lexical durante su faena criminal a cargo de la Fuerza Aérea. Tampoco tuvieron suerte quienes consignaron que los apuntes de los discursos castrenses –supuestamente manuscritos por HV– podían ser acreditados a su persona: los peritajes profesionales comparados efectuados para cotejar la letra fidedigna de Verbitsky respecto a las exhibidas en los anexos del libro de Levinas demostraron ser disímiles. Según Mendaz, “Güiraldes era de la inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina en el ’78, plena dictadura militar”. No existe ninguna fuente testimonial ni documental que avale dicha aserción. Menos aún el extraviado cargo de que HV ha sido un “un tipo que ha puesto bombas según sus propios compañeros del Ejército (sic). Un colega del Ejército lo denunció por poner bombas y salir corriendo detrás de él… Lo ha dicho en juicio… puso la bomba, la activó y morían niños y mujeres… Entonces yo salí corriendo detrás de él. El cómplice de él lo mandó al frente”. Mientras que Mendaz no provee la fuente de su grave imputación, los testimonios disponibles de juicios de lesa humanidad y los repositorios de declaraciones de genocidas niegan tal infamia: nadie oyó nunca una historia similar, análoga o siquiera afín. Dada la gravedad de la imputación, Mendaz nos debiera permitir acceder al conocimiento del nombre del “colega del Ejército” que dio ese testimonio. Mendaz agrega, en su perorata radial, que este último integró, además de la SIDE, la inteligencia de la aeronáutica. Y en la cumbre del relato conspiranoico vincula al director de El Cohete con la inteligencia británica. “El soft que se utiliza para detectar los barcos que entran en aguas argentinas es inglés”, testifica sin ruborizarse. Sus conjeturas no parecen ser confiables: nuestro país carece de sistema de detección propio a nivel marítimo. No posee ni sensores ni radarización. El macrismo interrumpió los convenios llevados a cabo con el INVAP, que hubiesen permitido entre 2015 y 2020 acceder a los mismos. Para no dejar aspectos sin abordar, en la misma línea de su rigurosa investigación periodística desliza que HV cuenta con una “obra social de Mercedes Benz”, cuando su suscripción corresponde al sistema médico ofrecido por el Hospital Alemán. En otra parte de su monserga, Mendaz asegura que “cuenta los movimientos de cuenta de su hijo Miguel, a quien le depositaron 20 millones de pesos en septiembre de 2012”. Dicho vástago de HV, sin embargo, vive fuera del país hace veinte años y no tiene ninguna cuenta bancaria en la Argentina. Tirá fruta En referencia al CELS –otro de los sambenitos clarinetistas recuperados con insistencia desde que HV es su presidente– Mendaz despliega una cantidad de datos irrisorios que debieran figurar en los planes de estudio de las carreras de periodismo para ejemplificar aquello que no se debe hacerse: “El CELS maneja un presupuesto más grande que los Estados (…) 1.600 millones de pesos