Fuente: Sebastián Fernández | Nuestras Voces
Fecha: 12 de marzo de 2021
Hace unos días, Edson Fachin, juez del Supremo Tribunal de Brasil, anuló todas las condenas contra el ex presidente Lula por corrupción y ordenó comenzar nuevamente la investigación en otros fueros ya que se dio cuenta, apenas cuatro años después de la condena y de que millones de brasileños no pudieran votar por el candidato favorito, que el tribunal de Curitiba no sería el idóneo. El Lava Jato, otrora megacausa, es hoy una operación política en pleno derrumbe.
En julio del 2017, el juez federal Sergio Moro condenó al ex presidente Lula da Silva a nueve años y medio de prisión bajo los cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Según el Ministerio Público Fiscal de Brasil, el Grupo OAS, una empresa contratista del Estado, habría otorgado un departamento a Lula y realizado reformas en el mismo en las que habría gastado R$ 3,7 millones (unos US$ 1,2 millones). Moro no encontró documentos que involucraran a Lula con la propiedad ni tampoco pudo probar que haya estado alguna vez en la misma. La única prueba fue la denuncia por supuesto soborno contra el ex presidente que el titular de la empresa realizó bajo el régimen de delación premiada con la que consiguió la reducción de su pena.
Pese a la escasez probatoria, la condena fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Federal 4 de Porto Alegre, que además amplió a 12 años la condena de Lula por “la convicción nacida del conjunto de indicios”.
Tras ser detenido en un operativo transmitido en el mundo entero, Lula fue encarcelado. La ley Ficha Limpia, una alucinación de ONG contraria a la inocencia presunta que él mismo hizo votar, impidió que se presentara a las elecciones presidenciales del 2018 pese a no tener una condena firme. Eso permitió que ganara Jair Bolsonaro, candidato de extrema derecha que apenas asumió nombró al oportuno juez Moro como ministro de Justicia, un encomiable gesto de agradecimiento que cerró el círculo de la persecución política.
Unos pocos meses antes de condenar a Lula, Moro fue recibido en Argentina por el entonces presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti junto al entonces ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano y otros operadores judiciales como Claudio Bonadio, el juez del bolillero mágico que acumuló casi todas las causas referidas a CFK, o el camarista Martín Irurzun, autor de la extravagante “doctrina” homónima que establecía el enorme poder residual de los ex funcionarios kirchneristas imputados e impulsaba la cárcel preventiva para limitarlo.
Moro fue recibido como un héroe de la lucha contra la corrupción. El periodista Alconada Mon lo calificó como “el Messi de las investigaciones”. Garavano pidió “aprender del sistema brasileño” y Laura Alonso, la por entonces titular de la Oficina Anticorrupción, declaró que el juez brasileño “representa para muchos de nosotros lo que quisiéramos para la Argentina”. Bonadio lamentó que en Argentina, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, la ley exige pruebas y no alcance con las declaraciones de los arrepentidos. Claro, con pruebas condena cualquiera.
Según el diario La Nación, “durante todos los encuentros, Moro fue recibido con calidez y aplaudido de pie por los asistentes” y destacó la importancia de la mediatización de los casos y de la colaboración de los empresarios “arrepentidos”. Lo que nosotros solemos llamar la Santísima Trinidad de los medios, la Justicia federal y los servicios.
Unos meses después de aquella recepción emocionada, cuando Moro ya había pasado de juez de Lula a ministro de Bolsonaro, el ex ministro Garavano saludó esa designación y propuso mantener “una agenda de cooperación en materia judicial y de lucha contra la corrupción muy valiosa entre ambos países” y la todavía ministra Pum Pum Patricia Bullrich, menos humilde que su colega, explicó: “nosotros somos los maestros de las cosas que está haciendo Moro, que está haciendo Bolsonaro.”
Hace unos días, Edson Fachin, juez del Supremo Tribunal de Brasil, anuló todas las condenas contra el ex presidente por corrupción y ordenó comenzar nuevamente la investigación en otros fueros ya que se dio cuenta, apenas cuatro años después de la condena y de que millones de brasileños no pudieran votar por el candidato favorito, que el tribunal de Curitiba, el feudo del ex juez anticorrupción, no sería el idóneo. El Lava Jato, otrora megacausa, es hoy una operación política en pleno derrumbe.
Como escribió Graciana Peñafort, abogada de Amado Boudou junto a Alejandro Rúa: “Lula condenado NO pidió un indulto, pidió que se revisara su condena. Y lo consiguió y hoy el Tribunal Supremo Federal las anuló. En Argentina, Boudou NO pidió un indulto, pidió que se revisara su condena. Pero nuestra Corte Suprema no revisó nada y cerró el reclamo sin explicar.”
Ser aún peor que sus desprestigiados colegas brasileños es sin duda otra proeza de nuestros jueces supremos, aunque debemos reconocer que la Justicia federal argentina no tuvo el mismo éxito que su vecina. Aunque encarceló a ex funcionarios kirchneristas, incluyendo a un diputado desaforado sin siquiera una condena de primera instancia o al ex vicepresidente condenado gracias a un oportuno testigo pago, no pudo emular a Moro.
Pese a los deseos de los funcionarios de Cambiemos, en nuestro caso la favorita sí pudo presentarse a elecciones y sacarlos del gobierno en primera vuelta.
