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Fuente: Edgardo Mocca| El Destape Fecha: 29 de diciembre de 2019 La sociedad argentina observa a dos corrientes antagónicas, nacidas al calor del 2001: la rebelión plebeya al ajuste neoliberal contra las clases medias antipolíticas. Es posible que las dos coaliciones que sumaron poco menos que el 90% de los votos en las últimas elecciones presidenciales hayan nacido con el estallido social de diciembre de 2001. No es difícil percibir en aquel incendio la existencia de dos “humores” frente a la crisis: uno plebeyo, que se rebelaba contra la violencia de las reformas neoliberales iniciadas en los años noventa con Menem y que, ya en el gobierno la primera Alianza,  habían sumido a los sectores populares en las más duras privaciones. Era, en ese sentido, un hito en las movilizaciones sociales que tuvieron en la rebelión popular de Cutral Co una referencia memorable. El otro humor era el de las clases medias y medias-altas que fueron la base de sustentación cultural de la Convertibilidad, que disfrutaron de los viajes al exterior y pudieron llevar muy fácilmente a su régimen de vida a algunos de los productos de la revolución técnica que trajo consigo lo que dio en llamarse la “globalización”. Este sector se movilizó contra el corralito; es decir no contra las políticas neoliberales sino contra el último círculo de su decadencia en el que asomó la amenaza a sus ahorros y a su patrimonio. Fugazmente ambos humores se encontraron: piquete y cacerola la lucha es una sola, se gritó entonces. Cuando el gobierno de Duhalde fue enderezando el averiado barco de la sociedad argentina las aguas se separaron.     Menos de dos años después de aquel diciembre el país votó. Dos resultados vienen a cuento de esta hipótesis. Uno, el de la elección nacional que en un contexto de dispersión y debilitamiento de los partidos terminó eligiendo presidente a Néstor Kirchner ante la renuncia de Menem a disputar la segunda vuelta. El otro, el de la ciudad de Buenos Aires en el que Mauricio Macri, que había debutado cuatro años antes en las lides electorales ganaba la primera vuelta. Aun cuando fue derrotado en el ballotage por Aníbal Ibarra, la figura de Macri emergía en el centro de la escena política argentina. Lo anterior adquiere sentido y significación cuando se mira la coyuntura de estos días. La gran fórmula política que exponen los enemigos existenciales del gobierno de Alberto y Cristina es, justamente, la antipolítica. Para resistir las insinuaciones redistributivas del nuevo gobierno, se emplea el recurso de siempre: el “gasto político”. La fórmula mágica para pagar la deuda externa, para satisfacer demandas de la Argentina destruida sistemáticamente por la experiencia macrista, dar pan a los hambrientos, recuperar la producción y el empleo es…la disminución del gasto político. Que el ajuste lo haga “la política”. La oposición no se hace desde un partido o coalición alternativa, desde un programa opuesto y un partido históricamente reconocible; se hace desde el repudio de la política como tal. Hay que decir que Macri debe su malhadada experiencia presidencial a esa subcultura. Eso fue lo que, después del resonante éxito de Massa en las parlamentarias de 2013 inclinó la balanza a favor del empresario. Fueron las masivas columnas caceroleras, las solidaridades con la “familia” judicial después del suicidio de Nisman, las marchas que reivindicaban la “libertad” para comprar dólares, las que encontraron su referencia en Macri. Estamos hablando de una quiebra histórica en el sistema de partidos políticos argentinos. El bipartidismo peronista-radical ha sido desplazado por la lucha entre dos grandes coaliciones sociales que se ordenan en torno de relatos antagónicos del pasado y de imágenes ideales del futuro del país. Relatos que ciertamente han recorrido gran parte de nuestra historia, que han alcanzado un grado de sinceramiento y de intensidad y constituyen un desafío para la democracia argentina. El frente que gobierna ha producido un visible viraje de su lenguaje que se expresa en sus acciones. Propone a sus antagonistas el diálogo, habla de concertaciones, de pactos y de contratos, flexibiliza sus propuestas para lograr amplitud en sus respaldos. No hay dudas de que ese espíritu lo ha fortalecido en términos de respaldo popular. Sin embargo, los grandes emporios mediáticos – verdaderos termómetros de los humores de sectores decisivos del establishment nacional y global- siguen en pie de guerra. En una región conflictiva e inestable y en un mundo en el que están en juego las posiciones hegemónicas, Argentina se ha constituido en un punto de referencia para quienes creen posible un orden diferente y quieren transitar en esa dirección sobre la base de desarrollar la democracia y no de ignorarla.

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 29 de diciembre de 2019 Fin de año es época de balances. De lo que se hizo y perfilando lo que vendrá. Pero, para tratar de avizorar el futuro, hay que partir del presente. Aunque este es un presente muy discutido, porque para Juntos por el Cambio parecería que nos dejaron un país muy ordenado, y que la cuestión de la emergencia es un tema del oficialismo. Por eso es esencial discutir el país que nos dejó Mauricio Macri y la emergencia en la que estamos. Una caída del PBI per cápita del 9% durante la gestión anterior, la tasa de desocupación más alta desde 2006 y un retroceso de más de diez años en la lucha por reducir la pobreza. El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006: perdimos 13 años. Se cerraron más de 20 mil empresas en cuatro años, de ellas, más de 4200 industriales. Se produjo una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones de entre el 15% y el 20%, similar a la pérdida de los salarios. Nos enfrentamos entonces a múltiples crisis, como lo dice la ley recientemente sancionada: emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Parecería que se está diciendo lo obvio. Pero es necesario insistir, pues hay una gran tergiversación desde los exfuncionarios (que además hablan como si no hubieran gobernado) y desde los grandes medios de comunicación hegemónicos. Entonces, un balance de lo que se heredó es el punto de partida para que más adelante veamos dónde estamos, y podamos decir si avanzamos o retrocedimos, si las jubilaciones mejoraron o no mejoraron, si la redistribución del ingreso mejoró o empeoró, si hay más desempleados o menos, si se han abierto pymes en vez de seguir cerrando, cuánto se ha reducido el flagelo del hambre. Las tergiversaciones Se dijo y se escribió mucho acerca de que Alberto Fernández, con la nueva ley, estaría aplicando el ajuste que pide el FMI. Sin embargo, el término «ajuste» está referido a cuando hay que ajustarse el cinturón. Es lo que les pasa a los que menos tienen, a los maestros que no ganan lo suficiente, a los trabajadores informales, a los jubilados que cobran la mínima, entre otros. Ahora se está intentando que los sectores más favorecidos contribuyan a partir de los beneficios que han tenido y que seguirán teniendo, para ir hacia un sistema tributario más progresivo. Porque lo que hizo Macri en estos cuatro años fue, precisamente, disminuir los tributos sobre los bienes personales (es decir, la riqueza) y sobre las ganancias de las grandes empresas. Y lo que se está haciendo ahora es corregir ese absurdo, que redujo los tributos a los que más tienen. Ahora, los que más tienen tendrán que pagar más. Desde Juntos por el Cambio se habla de ajuste a partir de la Ley de Solidaridad Social. No obstante, el programa económico actual está en las antípodas de un ajuste, porque se trata de obtener aportes de los que tienen capacidad para aportar los recursos. Y a esta estrategia la gente de Juntos por el Cambio la llama, yo diría maliciosamente, ajuste. Y gran parte de la oposición también degrada el significado de la «solidaridad» sobre el cual se asienta todo este cambio que genera la nueva ley. La verdadera solidaridad atraviesa todo el articulado de la nueva ley, denominada, precisamente, «Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública»: todo un título. Porque hay una cuestión esencial: el asistencialismo es una herramienta para arrancar cuando se está en el peor de los escenarios. Sin embargo, las políticas tienen que apuntar a que se genere trabajo de calidad, con el cual las personas ganen lo suficiente para vivir decentemente, y esa es la rueda virtuosa que hay que poner en marcha. Estos conceptos están en la ley, porque despliega un plan asistencialista, pero en el marco de la justicia redistributiva y de la reactivación económica. Siempre sostuve que no soy partidario del déficit fiscal como meta a largo plazo, y que no creo que deba resolverse por la vía del recorte del gasto, sino por la vía del aumento de los ingresos que debe venir de una mayor actividad. Comencemos con los aumentos que obligatoriamente el gobierno tendrá que dar en los próximos dos trimestres a los jubilados. No se trata sólo de la nueva fórmula, sino de que hay que regenerar los ingresos previsionales para que una fórmula de mejora pueda ser sustentable. No se menciona, por ejemplo, que el 70% de la mayor recaudación por vía del impuesto al atesoramiento y a los gastos en el exterior irá a la Seguridad Social y al Pami, y un 30% a la vivienda social. En el caso de los eventuales aumentos en las retenciones, irían un 67% a financiar también a la Seguridad Social y al Pami, y un 3% a un fondo solidario de competitividad industrial para estimular la producción de pequeños productores y cooperativas; el 30% restante se destinaría a rentas generales. Además, «el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas» con criterios que tengan en cuenta las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización, entre otros. Estos son los conceptos de solidaridad incluidos en la ley, que la mayoría de la oposición y los medios concentrados casi no mencionan. La otra cara de la moneda de la solidaridad es que el sistema tributario se hace más progresivo. Por eso se incrementó el impuesto a los bienes personales. En verdad, se llevaron las alícuotas a los niveles de 2015, nada excepcional. Además, se excluye el valor de la vivienda familiar de la base de tributación. Lo que sí es nuevo, que los bienes en el exterior, principalmente los que fueron declarados en el blanqueo que hizo Macri, tributarían una tasa de hasta el doble

Fuente: Guillermo Wierzba | El cohete a la luna Fecha: 29 de diciembre de 2019 Acorralado y desprestigiado debido a los pésimos resultados macroeconómicos de su gestión, el gobierno de la Alianza Cambiemos, rebautizada como Juntos por el Cambio, intentó resaltar aspectos presuntamente exitosos de la misma. Sus referentes y los operadores-periodistas que la blindaban eligieron apologizar supuestas mejoras en la vida institucional argentina, como soporte para sostener la campaña reeleccionista del presidente neoliberal que culminaría su mandato el 10 de diciembre pasado. Pero el debate planteado dejó expuestas las evidencias de un grave deterioro de esa vida institucional durante el macrismo. El intento de designar jueces supremos por decreto, la estigmatización y represión de la movilización social, las presiones sobre el Poder Judicial y la articulación con sectores de éste para el despliegue de una sistemática persecución a dirigentes sociales y funcionarios de los gobiernos anteriores, caracterizaron ese grave retroceso. Fuera de la ley Una cuestión adicional fue el incumplimiento de la Ley como modo permanente de ejercicio del gobierno. Hoy se tramitan judicialmente, entre otras, la causa sobre el incumplimiento de las formalidades necesarias y exigidas por el orden legal y administrativo en el endeudamiento con el FMI. La lógica de comportarse por fuera de las leyes incluyó la violación permanente de la Carta Orgánica del BCRA. El artículo 3° de la Carta Orgánica sancionada en 2012 expresa la clave del cambio de legislación que se introdujo, dándole al organismo objetivos múltiples que reemplazaban la versión sustituida que sostenía uno único. El texto vigente establece que: “El banco central tiene como finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Con un claro objetivo de escamotear lo previsto por la Ley, Szturzenegger en su discurso 14/12/15 expresó: “Fíjense qué interesante cómo está redactado. Lo que aquí se enumeró no está en orden alfabético, está en orden de prelación o importancia”. El Doctor en Economía del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) había resuelto autorizarse, así, a dar por legislado lo que no lo está: jerarquizar el objetivo de “estabilidad monetaria” frente a los otros establecidos para la institución, acudiendo al orden prelativo. Szturzenegger aseguró que en una enumeración siempre existe una jerarquía y fijó un criterio, no enunciado por el legislador, que implicó inferir una misión para el Banco Central, devaluando el cambio de la Carta Orgánica, y que de hecho significó asimilarla al espíritu de la ley sustituida. Así, el economista ortodoxo se hizo su propia ley. ¡Vaya institucionalidad! Metas de inflación Con esa treta se dio comienzo al período de aplicación de un esquema de metas de inflación para bajar la tasa de crecimiento de los precios. El banco central asumió, así, el dispositivo preferido y recomendado por el FMI, para la construcción de las políticas monetarias y el combate de la inflación. El diagnóstico subyacente respecto de ésta es que el incremento de los precios proviene de un exceso de demanda en la economía. Para combatirlo, el Banco Central adopta como instrumento la tasa de interés de referencia de política, con la cual pretende afectar el precio de los activos y el resto de los tipos de interés. La autoridad monetaria se propone una inflación objetivo, y si se evidencia una tendencia de la tasa de inflación efectiva a superarla, se elevará el tipo de interés de referencia, provocando la disminución de la actividad económica, el consumo y la inversión, para lograr un descenso del ritmo de crecimiento del nivel de precios. El esquema supone que la reducción de la actividad también impactará en el nivel de empleo, deprimiéndolo, para alcanzar una tasa de desocupación que, como manifiestan Abeles y Borzel en el documento de trabajo n°1 del CEFID-AR Metas de Inflación: implicancias para el desarrollo, “mantiene los reclamos salariales en línea con la distribución del ingreso prevaleciente”. Una de las condiciones requeridas para la aplicación del dispositivo de Metas de Inflación es la independencia de la autoridad monetaria, autonomizada de las representaciones ciudadanas, que, una vez definida cuantitativamente la meta inflacionaria, deberán abstenerse de discutir la estructura del régimen de política monetaria. ¡Vaya democracia! Su aplicación requiere la libre flotación cambiaria y la libre movilidad internacional de capitales. Este régimen fue aplicado durante el gobierno de Macri hasta que estas dos últimas condicionalidades, junto a la decisión de financiar el déficit fiscal en pesos tomando préstamos en dólares, condujeron a la situación de iliquidez e insolvencia externa. De hecho, un virtual default, sin haber logrado -ni haberse acercado nunca- a las metas de inflación planteadas, pese a haber sometido a la economía a una elevadísima tasa de interés que, junto a otras medidas de política económica, provocaron el devenir de un cuatrienio de caída del PBI, derrumbe del salario y de los ingresos fijos y aumento del desempleo. Un festival de títulos y letras Mientras tanto, un festival de títulos y letras remuneraban con abultados intereses al capital especulativo. En la Argentina el esquema de Metas de Inflación constituyó un rotundo fracaso de la receta fondomonetarista. Por el contrario, el nivel inflacionario superó con creces el tan cuestionado de los doce años de gobierno popular. Siendo dos inflaciones de sustancia distinta. Mientras la primera se desplegaba en un patrón de acumulación de valorización financiera que despojaba a los sectores populares, la del período del gobierno de Cristina Fernández expresaba una puja distributiva, en la que los asalariados defendían las mejoras alcanzadas. Pero el fracaso en Argentina de tal régimen, no es un episodio aislado. La ineficacia parece extenderse a los países periféricos en general. La ortodoxia se ha empeñado en destacar la disminución del traspaso (pass throught) del tipo de cambio a precios en esos países, adjudicando su causalidad al establecimiento de regímenes de metas de inflación, asociados a un crecimiento de la credibilidad en las autoridades monetarias y al cumplimiento de las otras condiciones requeridas para la vigencia