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Fuente: Nicolás Eisler | Tiempo Argentino Fecha: 18 de abril de 2021 El investigador y doctor en Ciencias Sociales acaba de publicar un libro en el que hace un balance social y político de la pandemia. Advierte que la ausencia de conductas saludables, como la culpa o la vergüenza, impiden ser mejores como sociedad. “La grieta se comió cualquier reflexión sensata sobre la política sanitaria. La escuela se volvió una consigna que es difícil de entender. Creo que fue desastroso el funcionamiento de la presencialidad en estas condiciones, pero se impidió plantear alternativas porque todo fue en clave de todo o nada”, dice Daniel Feierstein. El investigador y sociólogo es uno de los analistas más lúcidos del escenario actual y esta semana presentó Pandemia. Un balance social y político de la crisis del COVID-19(Fondo de Cultura Económica), un libro que busca, entre otras cosas, indagar en los comportamientos sociales frente a la situación límite que produjo la irrupción del coronavirus. “No hay posibilidad de cumplir con las medidas de distanciamiento sin una ayuda contundente del aparato federal”, advierte en diálogo con Tiempo a la vez que destaca: “La idea de que en las escuelas y los transportes no se producen contagios es insostenible. Una discusión legítima es debatir qué actividad uno decide restringir, pero no se puede negar la realidad de un modo tan flagrante. Sería absurdo pensar que en un lugar no se da lo que se produce en todo el resto de la sociedad”. -Cuando comenzó la pandemia había cierta esperanza de que la sociedad evolucionara hacia comportamientos más solidarios y empáticos, ¿salimos mejores de la pandemia? -No está terminada la situación, pero mi balance es muy negativo, salimos mucho peor. Abandonamos todo eso que había sido positivo de los primeros dos meses, como priorizar la vida de la población sobre la ganancia o pensar que iba a haber una respuesta solidaria y que iba a triunfar el principio precautorio. Nos olvidamos que a fines de abril estaba la situación controlada en todo el territorio nacional, salvo el AMBA, Chaco y Río Negro. -¿Por qué se desmadró? -Terminó en un desastre después de que el AMBA irradiara a todo el país: en octubre llegaron los muertos que no se habían producido en marzo y abril. Me parece que el balance fue pésimo porque quedó la idea de que la pandemia no se puede combatir, algo que es falso, como demostraron otras sociedades. Hay una sensación de bajar los brazos o aplicar medidas desesperadas cuando es muy tarde. –¿Por qué en la Argentina no se llegó a conseguir una inmunidad del cagazo? -Porque depende de las percepciones que tenemos de la realidad, no es un hecho natural. Nos asustamos cuando comprendemos lo que está ocurriendo y eso nos sirve para observarlo e incorporarlo. Lo que está pasando en muchos países es que se naturalizó el nivel de contagios, el nivel de muertes y el colapso del sistema de salud. Son mecanismos de defensa que sirven para adaptarnos a la realidad, pero también son muy dañinos porque nos impiden la sorpresa y el enojo que nos permitiría hacernos cargo de la gravedad situación y tratar de resolverla. El debate se trasladó a si va a colapsar o no el sistema de salud. Pero eso ya está suponiendo “que mueran los que tengan que morir”, algo que parecía inaceptable hace un año. -En el libro rescata los conceptos de vergüenza y de culpa que, a priori, parecen negativos, pero que también podrían tener un rol importante para salir de la situación actual. -Busco instalar algo que va mucho más allá de la pandemia. La nueva subjetividad, que podríamos denominar posmoderna, ha tendido a despreciar muchas de las tendencias humanas más interesantes como percibir que existe un otro y que podemos hacerle daño.  Flavio LoPresti sostiene que hay una vindicación de la culpa, de la asunción de la propia culpa, poder avergonzarnos por lo que hacemos, por lo que no somos capaces de hacer, por nuestra falta de cuidados, por nuestro egoísmo. Son conductas saludables que tienen poca prensa. Si no sentimos vergüenza por nada es muy difícil que podamos ser mejores. Si siempre buscamos poner la culpa y la responsabilidad en otro, afuera, si nos ubicamos en el lugar de víctimas, en el lugar de la queja y el reclamo; no hay margen para poder modificar nuestra práctica. -¿Por qué es importante el rol de las representaciones sociales en la pandemia? ¿El Gobierno pudo comprender el fenómeno? -Es crucial. Una pandemia es un hecho social porque depende de los comportamientos de las personas y esos comportamientos dependen de la representación que las personas se hacen de lo que está pasando. El nudo que termina definiendo cómo se desarrolla una pandemia está en cómo nos representamos lo que está ocurriendo. En este sentido, el gobierno no ha tenido mucha claridad sobre la relevancia de esas representaciones. Piensa que la realidad es más transparente de lo que es. No se asesora suficientemente en lógicas de comunicación y representación. La postura más negativa en relación a la pandemia, vinculada a algunos sectores de la oposición, ha tenido mucha más claridad y comunicó mucho mejor. El gobierno comunicó su postura de forma más errática. -¿Cómo termina impactando en la población? -Es muy grave que a un año después de la pandemia a la gente no le quede claro cuál es la gravedad de la situación ni por qué se toman las medidas que se toman, cuál es la lógica y el sentido. Queda la imagen de una situación de permanente arbitrariedad que produce mucho enojo. Pareciera que el presidente se levanta de una manera y dice una cosa y al otro día dice otra. Tenés un ministro de Educación que dice que no se producen contagios en las escuelas y a los dos días el presidente cierra la presencialidad escolar. En ese discurso tan contradictorio, tan de ida y vuelta, se produce confusión y no ayuda en la disputa por las representaciones. -¿Cómo se explica que la oposición rechace aquí 

Fuente:  Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 18 de abril de 2021 Como viene ocurriendo desde que asumió, el gobierno tiene frente a sí tareas complejas y apunta a resolverlas. Uno de los mayores desafíos es el de preservar la recuperación económica y los ingresos, cuidando a la vez la salud, en medio de la segunda ola de Covid-19.  En este marco se acaban de anunciar restricciones temporales con la idea de evitar mayores contagios. El éxito dependerá en gran medida del compromiso de la población. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría un año atrás, hoy la economía está en marcha, hay más información sobre las formas de transmisión del virus, y ha comenzado la campaña de vacunación. Las perspectivas, más allá del cansancio lógico, son otras. Ante esta situación, cabe reflexionar sobre las presentaciones judiciales de algunas personas para no pagar el Aporte Solidario. Esto implica en última instancia el rechazo a que, entre otros destinos específicos, un 20% de lo recaudado se dirija a la compra de medicamentos y vacunas, otro 20% al programa integral de becas Progresar, o a que un 15% vaya al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), enfocado en la mejora de la salud de las y los habitantes de los barrios populares. Sin duda habrá impactos de la segunda ola y el gobierno está activo en los múltiples frentes que se le van presentando. Por eso acaba de anunciar el pago de un bono por 15 mil pesos para beneficiarios de AUH, AU por Embarazo y para monotributistas de las categorías A y B. Apoyos que representan un gran esfuerzo por parte del Estado. El gobierno tiene en claro que es preciso no ahogar la recuperación y los datos alentadores que se venían observando. En cuanto a la recaudación, en marzo aumentó un 22% interanual en términos reales, por lo cual encadenó su séptimo mes consecutivo con crecimiento superior a la inflación. Fue la mayor variación porcentual mensual desde diciembre de 2016. Si bien en las dos últimas licitaciones de deuda del Tesoro Nacional no se llegó a refinanciar la totalidad de los vencimientos, ello en nada empaña que en marzo se haya conseguido financiamiento por encima de lo que vencía, por noveno mes consecutivo. Más aún, durante el primer trimestre de 2021 el financiamiento neto positivo acumulado fue de $ 90.550 millones, superando ampliamente lo obtenido durante los primeros nueve meses del año 2020 ($67.708 millones). En cuanto al frente externo, el Banco Central sobrepasó en la semana los USD 3000 millones de compras netas de dólares en el año. Es una gran señal en términos de “acumulación y fortalecimiento de la política monetaria y cambiaria”, según destacó el presidente del BCRA, Miguel Pesce. Las reservas han superado los U$D 40 mil millones. Sin embargo, en marzo la inflación al consumidor fue el 4,8%, valor que, según el gobierno, será el más alto del año. Más allá de los componentes estacionales que estuvieron impactando como la educación (28,5% en el mes), es importante seguir de cerca al rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, que explica en lo que va del año alrededor de la cuarta parte de la inflación acumulada. En cuanto a las causas, hoy el tipo de cambio y las tarifas no están traccionando a los precios. La política fiscal y monetaria tampoco. Todas las decisiones del gobierno apuntan a la desaceleración, más allá que desde algunas cámaras empresarias se diga que los precios aumentan por los “controles”, un razonamiento desprovisto de todo rigor analítico. Las negociaciones salariales, por su parte, están en línea con las pautas del Presupuesto. Por eso, si los fundamentos y las políticas van por el sendero de llevar “tranquilidad”, ¿por qué entonces aumentan los precios? Dado que la inflación obedece a múltiples causas, como también reconoció el FMI recientemente, resta considerar la dimensión de la puja distributiva, un fenómeno que se exacerbó en el mundo durante la pandemia, pero que en Argentina, en particular, genera tensiones por la vía de los precios. Según el BCRA, el aumento de los precios internacionales de las materias primas llegó en el primer trimestre de 2021 al 14%, y acumula un incremento del 34% desde septiembre de 2020, en especial en el precio de los productos agropecuarios. Esto de ninguna manera justifica la remarcación de los valores de la canasta alimentaria, menos en un país que está en condiciones de garantizar la provisión de estos productos para toda su población. Por eso es necesario recurrir a las herramientas disponibles para que no se generen efectos regresivos. En este marco, el jueves el gobierno anunció una batería de medidas para contener la suba de precios y garantizar el abastecimiento de alimentos, insumos y bienes industriales. Entre las medidas se encuentran varias que apuntan, según el Ministerio de Economía, a “garantizar el abastecimiento de la carne vacuna a precios accesibles y mejorar el funcionamiento del sector”. También se realizarán acuerdos sectoriales para una mayor previsibilidad de precios durante los próximos meses. Entre ellos, con la cadena de producción agrícola, y además con “los principales proveedores de insumos industriales de uso difundido y de la construcción a los fines de sostener el precio vigente al mes de marzo hasta fin de año, con cláusula de revisión trimestral. Este acuerdo incluye a los sectores productores de insumos textiles, cueros, madera, celulosa y papel, plásticos, químicos, hierro y acero, caucho y aluminio, cartón y vidrio y cemento”.  Para fortalecer el acceso a los alimentos a precios accesibles se lanzará el programa Mercado Federal Móvil, que permitirá acceder a productos frescos a precios mayoristas. También se está negociando “con empresas alimenticias una nueva canasta de productos a precios accesibles, previsibles y de cumplimiento obligatorio en todo el país”. Se implementará, además, el Programa PYMES en Góndolas, y otras medidas destinadas a financiar a pymes, cooperativas y agricultores familiares para aumentar y mejorar la producción de alimentos frescos. En este marco, según el Mecon, se exigirá el real cumplimiento del programa de Precios Máximos, con la

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 18 de abril de 2021 Mariano Borinsky y Germán Garavano, dos días después de que el primero confirmara la condena contra Amado Boudou. En la Justicia federal existe una opinión unánime acerca de quién apadrinó a Mariano Borinsky a la Cámara de Casación. Quienes frecuentan los pasillos del edificio de Retiro señalan a Horacio Antonio Stiuso como el gran influencer que logró ubicar al actual magistrado mientras cumplimentaba su especialidad de silenciar a otros mediante los denominados carpetazos. “Jaime” –o El Ingeniero– desplegó su ascendencia y señorío en los ámbitos tribunalicios durante la primera década y media del siglo XXI, hasta que su estrella se apagó en diciembre de 2014 cuando Cristina Fernández de Kirchner lo despojó de la botonera con la que ejercitaba su poder. Borinsky fue designado en la Cámara de Casación en 2011. El actual vicepresidente segundo de la Cámara de Casación tuvo varias oportunidades para gratificar el aval recibido en sus primeros pasos en Comodoro Py. Algunas de esas retribuciones quedaron expuestas de forma sugestiva en dictámenes en los que Borinsky buscó salvaguardar el buen nombre y honor de su promotor. En 2011, Gustavo Beliz –actual Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia– había sido absuelto por el Tribunal Oral Federal 3 en la imputación –promovida por Stiuso– de violación de secretos de Estado, por haber exhibido una imagen del espía en el programa de TV de Mariano Grondona. Borinsky, integrante de la Sala IV de Casación, consideró junto a Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani que el Tribunal Oral Federal 3 había actuado con parcialidad, y dictaminó en 2012 que se volviera a juzgar a Beliz. El escándalo por la salvaguardia del espía generó tanto revuelo que la Corte Suprema revocó el fallo de la Sala IV, y Beliz fue definitivamente absuelto. Muchos operadores judiciales consideran que el vínculo entre Borinsky y Stiuso supone algo más que una devolución de favores. En 2019, cuando todavía estaba operativa la Mesa Judicial bifronte gestionada por Fabián Rodríguez “Pepín” Simón y Daniel “El Tano” Angelici, la jueza federal María Romilda Servini desestimó una nueva denuncia promovida por Stiuso, dirigida contra el titular de la asociación La Alameda, Gustavo Vera, y los jueces Daniel Rafecas y Sebastián Casanello. Según la presentación promovida por el ex espía, los tres se habrían reunido de forma secreta en una quinta de Moreno para confabular contra su persona. El motivo real de la reunión, que no fue clandestina y de la que participó también el sacerdote Marcelo Sánchez Sorondo, fue la organización de unas jornadas antimafia en la legislatura porteña. La operación mediático-jurídica de la que se hizo eco Stiuso fue iniciada por el matutino Clarín con una nota publicada el 19 de noviembre de 2016, titulada “Casanello, Rafecas y Vera y una reunión secreta”, en el marco de una ofensiva contra los dos jueces de Comodoro Py, que en tiempos macristas no aceptaban someterse a los mandatos de la mesa judicial diagramada por “Pepín” y “El Tano”. A pesar de que la Cámara Federal y el fiscal actuante habían coincidido con Servini en que debía archivarse la causa contra Vera, Rafecas y Casanello, los camaristas de Casación Borinsky y Javier Carbajo decidieron anular la resolución y le ordenaron a la magistrada que dispusiera un nuevo pronunciamiento, acorde a los cuestionamientos planteados por Stiuso. Un tercer expediente en el que el juez de Casación evidenció su afinidad sinuosa con el ex espía es el que tiene como imputado e Juan Sebastián “El Enano” De Stéfano, director del área jurídica de la central de inteligencia dirigida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani hasta 2019. Según conocedores del submundo de la AFI, De Stéfano recurrió en varias oportunidades al consejo de Stiuso para planificar, diseñar y ejecutar el espionaje contra aliados díscolos, empresarios, periodistas y dirigentes opositores. Las prioridades de las operaciones de espionaje tuvieron como propósito central el contribuir a deteriorar la imagen pública de Cristina Fernández de Kirchner, asegurar su proscripción política y/o promover su detención. Borrar las huellas Esa colaboración entre “Jaime” y “El Enano” es la que Borinsky se empecina en invisibilizar cuando impulsa el pase de la causa de Lomas de Zamora –donde está imputado De Stéfano– a los tribunales de Comodoro Py, en connivencia con el ex secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto. Esta es la razón además por la que el casador rechazó apartarse de la misma causa pese a que uno de los defensores de “El Enano” es Darío Rubinska, hermano de su concuñado. Ramiro Rubinska está casado con Ingrid Meischenguiser, y la hermana de esta última, Evelyn, es la esposa de Borinsky. El entramado que rodea al juez Borinsky incluye al padre de los Rubinska (Jorge), quien compartió variados patrocinios junto a Julián Subias, socio de Santiago Blanco Bermúdez. Los dos últimos son los históricos abogados de Antonio Horacio Stiuso. De Stéfano está procesado por el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, en el marco de la megacausa de espionaje de la que fueron víctimas la ex Presidenta, presos políticos detenidos en instalaciones del Servicio Penitenciario Federal, jueces, periodistas y legisladores, entre otros. La falta de recato del juez, sin embargo, tuvo etapas menos bochornosas: en 2013 Borinsky solicitó su inhibición de una causa debido a que el abogado patrocinante era Ramiro Rubinska. En aquella ocasión, su pedido fue concedido debido a “razones de decoro y delicadeza, atento el parentesco que el señor juez guarda respecto del defensor particular de la imputada”. Según los periodistas que transitan los pasillos de Comodoro Py, el casador reincidió en una falta absoluta de decoro al votar in límine contra su apartamiento de las causas ligadas al espionaje, solicitado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a través del abogado querellante Mario Filozof. El pedido de inhibición se planteó luego de que trascendieran sus quince visitas a la Quinta de Olivos y su ligazón con el dirigente de la DAIA Santiago Kaplún. Para superar dicho pedido de apartamento, Borinsky se vio conminado a definir la

Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Fecha: 17 de abril de 2021 El fantasma del autoritarismo es un arma muy importante del arsenal propagandístico de la derecha. A propósito de las “luchas por la libertad” en Buenos Aires.  “Es muy curiosa la vocación despótica y nihilista del control militarizado de las calles y de la libertad”. Así empieza a comentar la situación política argentina actual la columna de ayer de Miguel Wiñazki en el diario Clarín. ¿Quién vio en estos días algún militar patrullando alguna calle en la ciudad de Buenos Aires? Hubo sí un tiempo en que había muchos militares en las calles porteñas, no siempre con uniforme, claro está. Y no solamente patrullaban. Hostigaban a los ciudadanos, perseguían, secuestraban y mataban. En esa época, la de la última dictadura empresarial-militar, el diario en el que se escribe la nota mencionada no criticaba una “vocación despótica”; más bien elogiaba la acción del “gobierno de las fuerzas armadas” y la consideraba necesaria para “poner orden” en el país. Nunca se conoció una autocrítica de sus dueños y gerentes. El fantasma del autoritarismo es un arma muy importante del arsenal propagandístico de la derecha; en el país y en todo el mundo. El uso de esos conceptos remite con frecuencia a los procesos nacidos en Europa en los años previos a la segunda guerra mundial. Era el tiempo de las crisis de las democracias liberales y de la experiencia de fuerzas políticas que llegaban al gobierno a través de procesos constitucionales y a partir de allí emprendían el tránsito hacia regímenes de excepción.  La literatura y las ciencias sociales construyeron entonces una doctrina interpretativa de los fenómenos de caídas de la democracia sobre la base de una categoría central: el “totalitarismo”. Se trataría de una versión extrema del régimen autoritario, caracterizado por el carácter ilimitado del dominio del estado sobre las vidas individuales. Es decir, un estado sin límites, “total”. Después del fin de la guerra y caídos los autoritarismos nazi-fascistas y de un breve intervalo de paz entre las dos superpotencias emergidas del conflicto, el término totalitarismo pasó a ocupar un lugar central en la propaganda de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Democracia o totalitarismo pasó a ser el principio retórico central, el fundamento de la superioridad de “occidente” frente a los ensayos soviéticos y del oriente europeo de organizar un régimen social alternativo al capitalismo. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. Con el tiempo el uso se extendió para caracterizar como autoritaria o totalitaria a cualquier fuerza a la que se considerara una amenaza política a los intereses globales de Estados Unidos, tal como sigue ocurriendo en la actualidad. La literatura daría, con “1984”, la novela distópica de George Orwell, escrita en 1949, una visión clásica del fenómeno. Desde las ciencias sociales, los trabajos de Hannah Arendt le dieron al término un corpus teórico muy funcional a las necesidades político-diplomáticas de Estados Unidos, al concebir a la realidad soviética, en tiempos de Stalin y después, como el modelo más completo del concepto, más aún que el propio régimen hitleriano.  Ahora bien, alrededor del totalitarismo se desarrolló de modo nada casual una visión particular del mundo en cuyo interior el peligro de la pérdida de la libertad humana viene de modo invariable de los estados. Así el neoliberalismo conquistó posiciones en Estados Unidos y en Europa sobre la base del ataque al estado como portador del peligro -cuando no de la experiencia- de la pérdida de la libertad de los ciudadanos. Los “estados sociales” creados en la posguerra pasaron a ser considerados como elefantes burocráticos e ineficientes que buscan apoderarse de cada vez más recursos sociales. El ataque al estado fue el fundamento de la gran revolución capitalista iniciada en los años setenta del siglo pasado. Se dice, en general, que el terreno de prueba de la “nueva doctrina” fue la Inglaterra de Thatcher y los Estados Unidos de Reagan, pero su forma primera y más drástica más drástica se conoció en las dictaduras del Cono Sur, particularmente de Argentina y Chile. Con la caída de la Unión Soviética pareció cerrarse el círculo: el mundo marchaba hacia una progresiva liberalización sacándose de encima el salvavidas de plomo de los estados “autoritarios”.  ¿Quién establece el orden político en estos tiempos de decadencia de los estados? ¿Quién decide sobre las inversiones, los precios, los ingresos y el presupuesto? Formalmente siguen siendo los parlamentos y los gobiernos. Pero está claro que el panel de mando que toma las decisiones se ha corrido del estado a las corporaciones económicas y financieras que ejercen en la mayor parte del mundo un virtual “poder de veto” sobre las decisiones estatales. Y la creación (“orweliana”) de un mundo en el que el significado de las palabras era fijado por el poder se desplazó desde los estados hacia los grandes medios de comunicación, herramientas ideológicas centrales del régimen capitalista neoliberal. ¿Qué significan hoy “democracia”, “libertad”, “derechos humanos”? En muchas grandes ciudades del mundo se desarrolla un ánimo político propenso a ver cualquier intervención preventiva del estado, en tiempos tan dramáticos como los de la actual pandemia, como una invasión a los derechos individuales.  El politólogo estadounidense llamó a este fenómeno el “totalitarismo invertido”. Ya no es el estado regulando los vínculos sociales sino la economía de mercado (y su ideología), imponiendo su poder de facto, la que establece el significado de las palabras. Por supuesto que no se trata de un círculo definitivamente cerrado. Por el contrario, probablemente estemos ante la proximidad de una crisis de este nuevo totalitarismo en tiempos en que lo que se acapara de modo individualista ya no es solamente dinero y propiedad sino -como está ocurriendo- los recursos de supervivencia humana que la ciencia ha generado, como son las vacunas contra la pandemia. Acaso la lucha contra el nuevo totalitarismo esté recién empezando.

Fuente: Jorge Elbaum y Horacio Verbitzky | El Cohete a la Luna Fecha: 11 de abril de 2021 El camarista Mariano Borinsky asesoró a la DAIA sobre el modo de conseguir la reapertura de la causa iniciada contra la ex Presidenta CFK por el fiscal general Natalio A. Nisman, que él mismo decidió junto con Gustavo Hornos, como jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Fue lo que el habla popular llama juez y parte. Sus contactos fueron el secretario general y abogado de la DAIA, Santiago Kaplún, y su pro-tesorero, Daniel Belinki. Así lo narraron al Cohete varios miembros de la Comisión Directiva que actuó en el periodo 2015-2018. Además, Kaplún es socio de Ramiro Rubinska, casado con Ingrid Meischenguiser, cuya hermana Evelyn es la esposa de Borinsky. Esa operación concebida en familia no conformó a todos los miembros de la Comisión Directiva de la DAIA, y por eso lo sucedido llegó a conocimiento del Cohete a la Luna. El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tenía relación con el abogado de la DAIA, desde hacía más de una década: Kaplún fue quien presentó directamente ante la Corte la causa Mendoza, en la que el tribunal ordenó a los gobiernos de la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires la limpieza del Riachuelo. Desde entonces, el juez publicó libros y dictó conferencias sobre derecho ambiental. La última, esta semana, en la Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados de Brasil, donde hace dos años expuso el juez Sergio Moro. El encuentro no es para gente modesta: se titula Grandes Juristas del Mundo (sic). Allí Lorenzetti hizo una llamativa autocrítica:  “Es aconsejable que los tribunales tengan la sabiduría de limitar los procedimientos y dejar que los demás poderes del Estado cumplan su función”, dijo. En marzo de 2015, Lorenzetti publicó un video sobre la Justicia, que incluía la muerte de Nisman entre los crímenes impunes, cuando sólo habían transcurrido 45 días del hallazgo de su cuerpo y nada indicaba la intervención de terceros. La dimisión Según los ex directivos de la DAIA consultados, el juez Borinsky brindó un asesoramiento clave y sugerencias varias para garantizar: que la DAIA fuera aceptada como querellante, pese a la oposición manifestada por el fiscal general de Casación, Javier De Luca, dado que la entidad no había presentado el poder especial que el código procesal señala como necesario para querellar, y que la presentación contuviera argumentos suficientes para motivar a sus colegas, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, a dar el consentimiento para la reapertura de una causa que ya constituía cosa juzgada. Para ello se utilizó la grabación anónima de un diálogo telefónico entre el canciller Héctor Timerman y Guillermo Borger, el presidente de la AMIA, que compartía el edificio con la DAIA. Borger le recriminaba que se abriera una negociación con un “Estado mentiroso y negacionista como Irán” y Timerman le respondía: “Si fuera otro, no hubiese puesto la bomba, ¿tenés otro para negociar?”. Quienes interactuaron con Kaplún recuerdan su especial inquina contra Timerman. La DAIA y la AMIA habían saludado como un avance la firma del Memorándum, hasta que los gobiernos de Israel y de Estados Unidos lo condenaron. El giro de 180° fue inmediato. Días antes que la Cámara de Casación se pronunciara, Kaplún le garantizó al resto de los integrantes de la Comisión Directiva: “Hay acuerdo para que el expediente se reabra”. Creada en 1934, la DAIA se convirtió este siglo en una operadora política  del PRO. Nunca antes se había involucrado de tal modo en cuestiones de política partidaria argentina, aunque ha sido tradicional su alineamiento con los partidos de la derecha de Israel. El malestar en la DAIA llegó a tal punto, que Kaplún fue forzado a dimitir de su cargo. El entonces presidente interino Alberto Indij le exigió la renuncia “por llevar a cabo iniciativas inconsultas respecto al resto de la mesa ejecutiva, tomando decisiones a espaldas de las máximas autoridades de la institución”. —¿A qué iniciativas inconsultas se refiere? —le preguntó El Cohete. —Entre otras, a la carta que presentó en la audiencia ante la Cámara de Casación, que no había sido autorizada por las autoridades —respondió Indij. El matutino Clarín tituló su nota del 19 de diciembre de 2016: “Impactante y provocadora carta de la DAIA para pedir que se abra la denuncia de Nisman”. Su texto, que Kaplún leyó ante la Cámara de Casación se preguntaba qué sucedería con esa causa si Daniel Scioli y Carlos Zannini hubieran sido electos Presidente y Vice un año antes, Aníbal Fernández gobernador de Buenos Aires y Luis D’Elía designado embajador en Teherán. Suponía que la comisión de la verdad contemplada en el Memorándum estaba trabajando en Irán y que sus miembros terminarían de leer el medio millón de fojas de la causa en 2026. Por último se congratulaba de que nada de eso hubiera ocurrido y que la reapertura de la causa trajera esperanza. Indij presidió la DAIA entre mayo de 2017, cuando debió alejarse el titular Ariel Cohen Sabban luego de la denuncia de Esmeralda Mitre por juego de manos, y octubre de ese mismo año, cuando lo sucedió el actual presidente Jorge Knoblovits. La renuncia de Kaplún se produjo en julio de 2017, durante el interinato de Indij. En diciembre de ese año, cuando el doctor Glock procesó a Cristina, Timerman, Zannini y el actual viceministro de Justicia Juan Martín Mena, Kaplún ventiló su resentimiento ante un grupo de socios de Macabi, cuya comisión directiva integra: “Me van a tener que agradecer el trabajo que hice en 2016. No pudimos por ahora meter en cana a Cristina. Pero falta menos…”.  Uno de los asistentes lo transmitió al Cohete. Los deportistas Belinki se alejó en solidaridad con Kaplún y se sumó como asesor a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, que presidía Waldo Wolff, aunque ambos carecían de competencia alguna en temas de seguridad. Los dos presidieron la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos, FACCMA, donde Borinsky desarrolló las capacidades tenísticas que