DEUDA E IMPUNIDAD
En diciembre prescribe una imputación contra Macri por la deuda contraída con el FMI Por Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna (7 de noviembre de 2021) La jueza federal María Eugenia Capuchetti deberá llamar a indagatoria al ex Presidente Mauricio Macri antes del próximo 9 de diciembre para evitar que prescriba una de las tres imputaciones relacionadas con el anómalo acuerdo dispuesto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio de 2018. Los imputados en la causa, además del ex Presidente, son el ex ministro Nicolás Dujovne y los tres ex titulares del Banco Central: Luis Andrés Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. A los cinco se les imputan tres delitos: (a) incumplimiento de los deberes de funcionario público, (b) malversación de caudales públicos, y (c) defraudación por administración indebida de los recursos públicos. El Estado Nacional, a través de la Procuración del Tesoro, dirigida por Carlos Zannini, fue aceptado como querellante en marzo de 2021, luego de que se formalizara la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Félix Crous. La documentación aportada ante la Justicia federal incluyó informes técnicos aportados por el Banco Central y una auditoría elaborada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que brindan fundamentos y evidencia de una acción delictiva monumental cuyos damnificados directos son el Estado nacional y la totalidad de la ciudadanía argentina. Según fuentes judiciales próximas al tercer piso de Comodoro Py –donde se encuentra el despacho de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, María Eugenia Capuchetti–, los cinco imputados se verían beneficiados con la impunidad en relación con uno de los tres delitos dados los dos años transcurridos desde el fin de su mandato gubernamental, fechado el 9 de diciembre de 2021. Este escenario le garantizaría al ex Presidente volver a esquivar a la Justicia –como ha hecho durante las últimas tres décadas– debido al vencimiento de los plazos procesales con relación al delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. De no existir el llamado a indagatoria, la jueza Capuchetti podría optar, como alternativa para evitar la prescripción, por la integración sumatoria de los tres delitos, tomando la fecha más tardía como vencimiento posible de la acción penal. Sin embargo, esta última opción le concedería a los variados estudios jurídicos que asesoran a la famiglia –con sus íntimos nexos tribunalicios dentro de Comodoro PRO– una ventana de oportunidad para defender la prescripción ante la Cámara Federal, que audita el trabajo de la jueza de instrucción. Dada la indudable capacidad de sortear a la Justicia que ha evidenciado Macri, la magistrada deberá estar atenta ante las maniobras dilatorias que pueden observarse, también en la actualidad, en el caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan. El acuerdo con el FMI fue celebrado violando todos los procedimientos regulados al momento de suscitarse. No se respetaron las asignaciones de competencias estipuladas ni se acataron los pasos administrativos requeridos. La normativa exigía que todo endeudamiento externo de índole multilateral debía estar previsto en la ley de presupuesto (del año en curso) o, en su defecto, consignado en una norma específica, aprobada por el Congreso. Sin embargo, no se efectivizó ninguna de las dos opciones, dada la asunción del oficialismo macrista de que no hubiese contado con la complicidad de la entonces oposición legislativa, que no estaba dispuesta a avalar tamaña irresponsabilidad. Al no contar con votos suficientes en las Cámaras, el macrismo decidió quebrantar, de forma flagrante, la norma vigente. Los artículos 4 y 75 de Constitución Nacional autorizan las operaciones de endeudamiento al Poder Ejecutivo bajo ciertas condiciones explícitas, ninguna de las cuales fue cumplida ni respetada en el caso del “Acuerdo de Derechos de Giro (Stand- By)” concretado en 2018. El entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fueron los encargados de firmar las “Cartas de Intención” con fechas del 12 y el 18 de junio de 2018, aunque ninguno de los dos contaba con la autorización para certificar dicho acuerdo. Una situación similar se observó el 18 de octubre de 2018, cuando la extensión del convenio fue rubricada nuevamente por Dujovne y por Guido Sandleris. Sin embargo, al momento de celebrarse dichos compromisos de “Derechos de Giro”, sólo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, contaba con la potestad para rubricarlos. Tocata y fuga La normativa también consignaba que debían elaborarse dictámenes previos de índole técnico-financieros y jurídicos. Dichos informes, entre ellos el del Banco Central, debían justificar la necesidad, la oportunidad, la conveniencia y la legalidad del convenio con el organismo multilateral, al tiempo que debían preverse los formatos de reembolso de los créditos. Lejos de respetar el marco institucional republicano, el primero de los expedientes domésticos elaborado para respaldar el acuerdo con el FMI fue confeccionado días después de haberse producido la firma con el Fondo: el 18 de junio se divulgó un documento de tres carillas, laudatorio de las políticas financieras y económicas impulsadas por el gobierno cambiemita, sin la más mínima referencia a cómo se iba a honrar la deuda de los años posteriores, que suponía erogaciones por 42.000 millones de dólares: 4.854 millones debían devolverse en 2021; 19.271 millones en 2022; y 19.523 millones en 2023. Un total de 43.600 millones, en concepto de restitución de capital más intereses. El informe de la Sindicatura General de la Nación presentado ante la Justicia cuestionó la inexistencia de los informes técnicos previos –exigidos por la normativa– que debían evaluar de forma detallada, las proyecciones de los ingresos y/o ahorros de fondos capaces de garantizar la capacidad de reembolso del crédito. No se hicieron los informes porque en 2018, cuando se firmó el acuerdo, la Argentina tenía un saldo negativo de la balanza comercial cercano a los 3.000 millones de dólares y no podía pensarse que dos años después podrían cancelarse 20.000 millones de dólares. Sólo el financiamiento electoral de la campaña de Macri impulsado por el trumpismo –con el único interés de evitar el triunfo