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Fuente:  Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 18 de abril de 2021 Como viene ocurriendo desde que asumió, el gobierno tiene frente a sí tareas complejas y apunta a resolverlas. Uno de los mayores desafíos es el de preservar la recuperación económica y los ingresos, cuidando a la vez la salud, en medio de la segunda ola de Covid-19.  En este marco se acaban de anunciar restricciones temporales con la idea de evitar mayores contagios. El éxito dependerá en gran medida del compromiso de la población. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría un año atrás, hoy la economía está en marcha, hay más información sobre las formas de transmisión del virus, y ha comenzado la campaña de vacunación. Las perspectivas, más allá del cansancio lógico, son otras. Ante esta situación, cabe reflexionar sobre las presentaciones judiciales de algunas personas para no pagar el Aporte Solidario. Esto implica en última instancia el rechazo a que, entre otros destinos específicos, un 20% de lo recaudado se dirija a la compra de medicamentos y vacunas, otro 20% al programa integral de becas Progresar, o a que un 15% vaya al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), enfocado en la mejora de la salud de las y los habitantes de los barrios populares. Sin duda habrá impactos de la segunda ola y el gobierno está activo en los múltiples frentes que se le van presentando. Por eso acaba de anunciar el pago de un bono por 15 mil pesos para beneficiarios de AUH, AU por Embarazo y para monotributistas de las categorías A y B. Apoyos que representan un gran esfuerzo por parte del Estado. El gobierno tiene en claro que es preciso no ahogar la recuperación y los datos alentadores que se venían observando. En cuanto a la recaudación, en marzo aumentó un 22% interanual en términos reales, por lo cual encadenó su séptimo mes consecutivo con crecimiento superior a la inflación. Fue la mayor variación porcentual mensual desde diciembre de 2016. Si bien en las dos últimas licitaciones de deuda del Tesoro Nacional no se llegó a refinanciar la totalidad de los vencimientos, ello en nada empaña que en marzo se haya conseguido financiamiento por encima de lo que vencía, por noveno mes consecutivo. Más aún, durante el primer trimestre de 2021 el financiamiento neto positivo acumulado fue de $ 90.550 millones, superando ampliamente lo obtenido durante los primeros nueve meses del año 2020 ($67.708 millones). En cuanto al frente externo, el Banco Central sobrepasó en la semana los USD 3000 millones de compras netas de dólares en el año. Es una gran señal en términos de “acumulación y fortalecimiento de la política monetaria y cambiaria”, según destacó el presidente del BCRA, Miguel Pesce. Las reservas han superado los U$D 40 mil millones. Sin embargo, en marzo la inflación al consumidor fue el 4,8%, valor que, según el gobierno, será el más alto del año. Más allá de los componentes estacionales que estuvieron impactando como la educación (28,5% en el mes), es importante seguir de cerca al rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, que explica en lo que va del año alrededor de la cuarta parte de la inflación acumulada. En cuanto a las causas, hoy el tipo de cambio y las tarifas no están traccionando a los precios. La política fiscal y monetaria tampoco. Todas las decisiones del gobierno apuntan a la desaceleración, más allá que desde algunas cámaras empresarias se diga que los precios aumentan por los “controles”, un razonamiento desprovisto de todo rigor analítico. Las negociaciones salariales, por su parte, están en línea con las pautas del Presupuesto. Por eso, si los fundamentos y las políticas van por el sendero de llevar “tranquilidad”, ¿por qué entonces aumentan los precios? Dado que la inflación obedece a múltiples causas, como también reconoció el FMI recientemente, resta considerar la dimensión de la puja distributiva, un fenómeno que se exacerbó en el mundo durante la pandemia, pero que en Argentina, en particular, genera tensiones por la vía de los precios. Según el BCRA, el aumento de los precios internacionales de las materias primas llegó en el primer trimestre de 2021 al 14%, y acumula un incremento del 34% desde septiembre de 2020, en especial en el precio de los productos agropecuarios. Esto de ninguna manera justifica la remarcación de los valores de la canasta alimentaria, menos en un país que está en condiciones de garantizar la provisión de estos productos para toda su población. Por eso es necesario recurrir a las herramientas disponibles para que no se generen efectos regresivos. En este marco, el jueves el gobierno anunció una batería de medidas para contener la suba de precios y garantizar el abastecimiento de alimentos, insumos y bienes industriales. Entre las medidas se encuentran varias que apuntan, según el Ministerio de Economía, a “garantizar el abastecimiento de la carne vacuna a precios accesibles y mejorar el funcionamiento del sector”. También se realizarán acuerdos sectoriales para una mayor previsibilidad de precios durante los próximos meses. Entre ellos, con la cadena de producción agrícola, y además con “los principales proveedores de insumos industriales de uso difundido y de la construcción a los fines de sostener el precio vigente al mes de marzo hasta fin de año, con cláusula de revisión trimestral. Este acuerdo incluye a los sectores productores de insumos textiles, cueros, madera, celulosa y papel, plásticos, químicos, hierro y acero, caucho y aluminio, cartón y vidrio y cemento”.  Para fortalecer el acceso a los alimentos a precios accesibles se lanzará el programa Mercado Federal Móvil, que permitirá acceder a productos frescos a precios mayoristas. También se está negociando “con empresas alimenticias una nueva canasta de productos a precios accesibles, previsibles y de cumplimiento obligatorio en todo el país”. Se implementará, además, el Programa PYMES en Góndolas, y otras medidas destinadas a financiar a pymes, cooperativas y agricultores familiares para aumentar y mejorar la producción de alimentos frescos. En este marco, según el Mecon, se exigirá el real cumplimiento del programa de Precios Máximos, con la

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 18 de abril de 2021 Mariano Borinsky y Germán Garavano, dos días después de que el primero confirmara la condena contra Amado Boudou. En la Justicia federal existe una opinión unánime acerca de quién apadrinó a Mariano Borinsky a la Cámara de Casación. Quienes frecuentan los pasillos del edificio de Retiro señalan a Horacio Antonio Stiuso como el gran influencer que logró ubicar al actual magistrado mientras cumplimentaba su especialidad de silenciar a otros mediante los denominados carpetazos. “Jaime” –o El Ingeniero– desplegó su ascendencia y señorío en los ámbitos tribunalicios durante la primera década y media del siglo XXI, hasta que su estrella se apagó en diciembre de 2014 cuando Cristina Fernández de Kirchner lo despojó de la botonera con la que ejercitaba su poder. Borinsky fue designado en la Cámara de Casación en 2011. El actual vicepresidente segundo de la Cámara de Casación tuvo varias oportunidades para gratificar el aval recibido en sus primeros pasos en Comodoro Py. Algunas de esas retribuciones quedaron expuestas de forma sugestiva en dictámenes en los que Borinsky buscó salvaguardar el buen nombre y honor de su promotor. En 2011, Gustavo Beliz –actual Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia– había sido absuelto por el Tribunal Oral Federal 3 en la imputación –promovida por Stiuso– de violación de secretos de Estado, por haber exhibido una imagen del espía en el programa de TV de Mariano Grondona. Borinsky, integrante de la Sala IV de Casación, consideró junto a Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani que el Tribunal Oral Federal 3 había actuado con parcialidad, y dictaminó en 2012 que se volviera a juzgar a Beliz. El escándalo por la salvaguardia del espía generó tanto revuelo que la Corte Suprema revocó el fallo de la Sala IV, y Beliz fue definitivamente absuelto. Muchos operadores judiciales consideran que el vínculo entre Borinsky y Stiuso supone algo más que una devolución de favores. En 2019, cuando todavía estaba operativa la Mesa Judicial bifronte gestionada por Fabián Rodríguez “Pepín” Simón y Daniel “El Tano” Angelici, la jueza federal María Romilda Servini desestimó una nueva denuncia promovida por Stiuso, dirigida contra el titular de la asociación La Alameda, Gustavo Vera, y los jueces Daniel Rafecas y Sebastián Casanello. Según la presentación promovida por el ex espía, los tres se habrían reunido de forma secreta en una quinta de Moreno para confabular contra su persona. El motivo real de la reunión, que no fue clandestina y de la que participó también el sacerdote Marcelo Sánchez Sorondo, fue la organización de unas jornadas antimafia en la legislatura porteña. La operación mediático-jurídica de la que se hizo eco Stiuso fue iniciada por el matutino Clarín con una nota publicada el 19 de noviembre de 2016, titulada “Casanello, Rafecas y Vera y una reunión secreta”, en el marco de una ofensiva contra los dos jueces de Comodoro Py, que en tiempos macristas no aceptaban someterse a los mandatos de la mesa judicial diagramada por “Pepín” y “El Tano”. A pesar de que la Cámara Federal y el fiscal actuante habían coincidido con Servini en que debía archivarse la causa contra Vera, Rafecas y Casanello, los camaristas de Casación Borinsky y Javier Carbajo decidieron anular la resolución y le ordenaron a la magistrada que dispusiera un nuevo pronunciamiento, acorde a los cuestionamientos planteados por Stiuso. Un tercer expediente en el que el juez de Casación evidenció su afinidad sinuosa con el ex espía es el que tiene como imputado e Juan Sebastián “El Enano” De Stéfano, director del área jurídica de la central de inteligencia dirigida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani hasta 2019. Según conocedores del submundo de la AFI, De Stéfano recurrió en varias oportunidades al consejo de Stiuso para planificar, diseñar y ejecutar el espionaje contra aliados díscolos, empresarios, periodistas y dirigentes opositores. Las prioridades de las operaciones de espionaje tuvieron como propósito central el contribuir a deteriorar la imagen pública de Cristina Fernández de Kirchner, asegurar su proscripción política y/o promover su detención. Borrar las huellas Esa colaboración entre “Jaime” y “El Enano” es la que Borinsky se empecina en invisibilizar cuando impulsa el pase de la causa de Lomas de Zamora –donde está imputado De Stéfano– a los tribunales de Comodoro Py, en connivencia con el ex secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto. Esta es la razón además por la que el casador rechazó apartarse de la misma causa pese a que uno de los defensores de “El Enano” es Darío Rubinska, hermano de su concuñado. Ramiro Rubinska está casado con Ingrid Meischenguiser, y la hermana de esta última, Evelyn, es la esposa de Borinsky. El entramado que rodea al juez Borinsky incluye al padre de los Rubinska (Jorge), quien compartió variados patrocinios junto a Julián Subias, socio de Santiago Blanco Bermúdez. Los dos últimos son los históricos abogados de Antonio Horacio Stiuso. De Stéfano está procesado por el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, en el marco de la megacausa de espionaje de la que fueron víctimas la ex Presidenta, presos políticos detenidos en instalaciones del Servicio Penitenciario Federal, jueces, periodistas y legisladores, entre otros. La falta de recato del juez, sin embargo, tuvo etapas menos bochornosas: en 2013 Borinsky solicitó su inhibición de una causa debido a que el abogado patrocinante era Ramiro Rubinska. En aquella ocasión, su pedido fue concedido debido a “razones de decoro y delicadeza, atento el parentesco que el señor juez guarda respecto del defensor particular de la imputada”. Según los periodistas que transitan los pasillos de Comodoro Py, el casador reincidió en una falta absoluta de decoro al votar in límine contra su apartamiento de las causas ligadas al espionaje, solicitado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a través del abogado querellante Mario Filozof. El pedido de inhibición se planteó luego de que trascendieran sus quince visitas a la Quinta de Olivos y su ligazón con el dirigente de la DAIA Santiago Kaplún. Para superar dicho pedido de apartamento, Borinsky se vio conminado a definir la

Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Fecha: 17 de abril de 2021 El fantasma del autoritarismo es un arma muy importante del arsenal propagandístico de la derecha. A propósito de las “luchas por la libertad” en Buenos Aires.  “Es muy curiosa la vocación despótica y nihilista del control militarizado de las calles y de la libertad”. Así empieza a comentar la situación política argentina actual la columna de ayer de Miguel Wiñazki en el diario Clarín. ¿Quién vio en estos días algún militar patrullando alguna calle en la ciudad de Buenos Aires? Hubo sí un tiempo en que había muchos militares en las calles porteñas, no siempre con uniforme, claro está. Y no solamente patrullaban. Hostigaban a los ciudadanos, perseguían, secuestraban y mataban. En esa época, la de la última dictadura empresarial-militar, el diario en el que se escribe la nota mencionada no criticaba una “vocación despótica”; más bien elogiaba la acción del “gobierno de las fuerzas armadas” y la consideraba necesaria para “poner orden” en el país. Nunca se conoció una autocrítica de sus dueños y gerentes. El fantasma del autoritarismo es un arma muy importante del arsenal propagandístico de la derecha; en el país y en todo el mundo. El uso de esos conceptos remite con frecuencia a los procesos nacidos en Europa en los años previos a la segunda guerra mundial. Era el tiempo de las crisis de las democracias liberales y de la experiencia de fuerzas políticas que llegaban al gobierno a través de procesos constitucionales y a partir de allí emprendían el tránsito hacia regímenes de excepción.  La literatura y las ciencias sociales construyeron entonces una doctrina interpretativa de los fenómenos de caídas de la democracia sobre la base de una categoría central: el “totalitarismo”. Se trataría de una versión extrema del régimen autoritario, caracterizado por el carácter ilimitado del dominio del estado sobre las vidas individuales. Es decir, un estado sin límites, “total”. Después del fin de la guerra y caídos los autoritarismos nazi-fascistas y de un breve intervalo de paz entre las dos superpotencias emergidas del conflicto, el término totalitarismo pasó a ocupar un lugar central en la propaganda de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Democracia o totalitarismo pasó a ser el principio retórico central, el fundamento de la superioridad de “occidente” frente a los ensayos soviéticos y del oriente europeo de organizar un régimen social alternativo al capitalismo. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. Con el tiempo el uso se extendió para caracterizar como autoritaria o totalitaria a cualquier fuerza a la que se considerara una amenaza política a los intereses globales de Estados Unidos, tal como sigue ocurriendo en la actualidad. La literatura daría, con “1984”, la novela distópica de George Orwell, escrita en 1949, una visión clásica del fenómeno. Desde las ciencias sociales, los trabajos de Hannah Arendt le dieron al término un corpus teórico muy funcional a las necesidades político-diplomáticas de Estados Unidos, al concebir a la realidad soviética, en tiempos de Stalin y después, como el modelo más completo del concepto, más aún que el propio régimen hitleriano.  Ahora bien, alrededor del totalitarismo se desarrolló de modo nada casual una visión particular del mundo en cuyo interior el peligro de la pérdida de la libertad humana viene de modo invariable de los estados. Así el neoliberalismo conquistó posiciones en Estados Unidos y en Europa sobre la base del ataque al estado como portador del peligro -cuando no de la experiencia- de la pérdida de la libertad de los ciudadanos. Los “estados sociales” creados en la posguerra pasaron a ser considerados como elefantes burocráticos e ineficientes que buscan apoderarse de cada vez más recursos sociales. El ataque al estado fue el fundamento de la gran revolución capitalista iniciada en los años setenta del siglo pasado. Se dice, en general, que el terreno de prueba de la “nueva doctrina” fue la Inglaterra de Thatcher y los Estados Unidos de Reagan, pero su forma primera y más drástica más drástica se conoció en las dictaduras del Cono Sur, particularmente de Argentina y Chile. Con la caída de la Unión Soviética pareció cerrarse el círculo: el mundo marchaba hacia una progresiva liberalización sacándose de encima el salvavidas de plomo de los estados “autoritarios”.  ¿Quién establece el orden político en estos tiempos de decadencia de los estados? ¿Quién decide sobre las inversiones, los precios, los ingresos y el presupuesto? Formalmente siguen siendo los parlamentos y los gobiernos. Pero está claro que el panel de mando que toma las decisiones se ha corrido del estado a las corporaciones económicas y financieras que ejercen en la mayor parte del mundo un virtual “poder de veto” sobre las decisiones estatales. Y la creación (“orweliana”) de un mundo en el que el significado de las palabras era fijado por el poder se desplazó desde los estados hacia los grandes medios de comunicación, herramientas ideológicas centrales del régimen capitalista neoliberal. ¿Qué significan hoy “democracia”, “libertad”, “derechos humanos”? En muchas grandes ciudades del mundo se desarrolla un ánimo político propenso a ver cualquier intervención preventiva del estado, en tiempos tan dramáticos como los de la actual pandemia, como una invasión a los derechos individuales.  El politólogo estadounidense llamó a este fenómeno el “totalitarismo invertido”. Ya no es el estado regulando los vínculos sociales sino la economía de mercado (y su ideología), imponiendo su poder de facto, la que establece el significado de las palabras. Por supuesto que no se trata de un círculo definitivamente cerrado. Por el contrario, probablemente estemos ante la proximidad de una crisis de este nuevo totalitarismo en tiempos en que lo que se acapara de modo individualista ya no es solamente dinero y propiedad sino -como está ocurriendo- los recursos de supervivencia humana que la ciencia ha generado, como son las vacunas contra la pandemia. Acaso la lucha contra el nuevo totalitarismo esté recién empezando.

Fuente: Jorge Elbaum y Horacio Verbitzky | El Cohete a la Luna Fecha: 11 de abril de 2021 El camarista Mariano Borinsky asesoró a la DAIA sobre el modo de conseguir la reapertura de la causa iniciada contra la ex Presidenta CFK por el fiscal general Natalio A. Nisman, que él mismo decidió junto con Gustavo Hornos, como jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Fue lo que el habla popular llama juez y parte. Sus contactos fueron el secretario general y abogado de la DAIA, Santiago Kaplún, y su pro-tesorero, Daniel Belinki. Así lo narraron al Cohete varios miembros de la Comisión Directiva que actuó en el periodo 2015-2018. Además, Kaplún es socio de Ramiro Rubinska, casado con Ingrid Meischenguiser, cuya hermana Evelyn es la esposa de Borinsky. Esa operación concebida en familia no conformó a todos los miembros de la Comisión Directiva de la DAIA, y por eso lo sucedido llegó a conocimiento del Cohete a la Luna. El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tenía relación con el abogado de la DAIA, desde hacía más de una década: Kaplún fue quien presentó directamente ante la Corte la causa Mendoza, en la que el tribunal ordenó a los gobiernos de la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires la limpieza del Riachuelo. Desde entonces, el juez publicó libros y dictó conferencias sobre derecho ambiental. La última, esta semana, en la Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados de Brasil, donde hace dos años expuso el juez Sergio Moro. El encuentro no es para gente modesta: se titula Grandes Juristas del Mundo (sic). Allí Lorenzetti hizo una llamativa autocrítica:  “Es aconsejable que los tribunales tengan la sabiduría de limitar los procedimientos y dejar que los demás poderes del Estado cumplan su función”, dijo. En marzo de 2015, Lorenzetti publicó un video sobre la Justicia, que incluía la muerte de Nisman entre los crímenes impunes, cuando sólo habían transcurrido 45 días del hallazgo de su cuerpo y nada indicaba la intervención de terceros. La dimisión Según los ex directivos de la DAIA consultados, el juez Borinsky brindó un asesoramiento clave y sugerencias varias para garantizar: que la DAIA fuera aceptada como querellante, pese a la oposición manifestada por el fiscal general de Casación, Javier De Luca, dado que la entidad no había presentado el poder especial que el código procesal señala como necesario para querellar, y que la presentación contuviera argumentos suficientes para motivar a sus colegas, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, a dar el consentimiento para la reapertura de una causa que ya constituía cosa juzgada. Para ello se utilizó la grabación anónima de un diálogo telefónico entre el canciller Héctor Timerman y Guillermo Borger, el presidente de la AMIA, que compartía el edificio con la DAIA. Borger le recriminaba que se abriera una negociación con un “Estado mentiroso y negacionista como Irán” y Timerman le respondía: “Si fuera otro, no hubiese puesto la bomba, ¿tenés otro para negociar?”. Quienes interactuaron con Kaplún recuerdan su especial inquina contra Timerman. La DAIA y la AMIA habían saludado como un avance la firma del Memorándum, hasta que los gobiernos de Israel y de Estados Unidos lo condenaron. El giro de 180° fue inmediato. Días antes que la Cámara de Casación se pronunciara, Kaplún le garantizó al resto de los integrantes de la Comisión Directiva: “Hay acuerdo para que el expediente se reabra”. Creada en 1934, la DAIA se convirtió este siglo en una operadora política  del PRO. Nunca antes se había involucrado de tal modo en cuestiones de política partidaria argentina, aunque ha sido tradicional su alineamiento con los partidos de la derecha de Israel. El malestar en la DAIA llegó a tal punto, que Kaplún fue forzado a dimitir de su cargo. El entonces presidente interino Alberto Indij le exigió la renuncia “por llevar a cabo iniciativas inconsultas respecto al resto de la mesa ejecutiva, tomando decisiones a espaldas de las máximas autoridades de la institución”. —¿A qué iniciativas inconsultas se refiere? —le preguntó El Cohete. —Entre otras, a la carta que presentó en la audiencia ante la Cámara de Casación, que no había sido autorizada por las autoridades —respondió Indij. El matutino Clarín tituló su nota del 19 de diciembre de 2016: “Impactante y provocadora carta de la DAIA para pedir que se abra la denuncia de Nisman”. Su texto, que Kaplún leyó ante la Cámara de Casación se preguntaba qué sucedería con esa causa si Daniel Scioli y Carlos Zannini hubieran sido electos Presidente y Vice un año antes, Aníbal Fernández gobernador de Buenos Aires y Luis D’Elía designado embajador en Teherán. Suponía que la comisión de la verdad contemplada en el Memorándum estaba trabajando en Irán y que sus miembros terminarían de leer el medio millón de fojas de la causa en 2026. Por último se congratulaba de que nada de eso hubiera ocurrido y que la reapertura de la causa trajera esperanza. Indij presidió la DAIA entre mayo de 2017, cuando debió alejarse el titular Ariel Cohen Sabban luego de la denuncia de Esmeralda Mitre por juego de manos, y octubre de ese mismo año, cuando lo sucedió el actual presidente Jorge Knoblovits. La renuncia de Kaplún se produjo en julio de 2017, durante el interinato de Indij. En diciembre de ese año, cuando el doctor Glock procesó a Cristina, Timerman, Zannini y el actual viceministro de Justicia Juan Martín Mena, Kaplún ventiló su resentimiento ante un grupo de socios de Macabi, cuya comisión directiva integra: “Me van a tener que agradecer el trabajo que hice en 2016. No pudimos por ahora meter en cana a Cristina. Pero falta menos…”.  Uno de los asistentes lo transmitió al Cohete. Los deportistas Belinki se alejó en solidaridad con Kaplún y se sumó como asesor a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, que presidía Waldo Wolff, aunque ambos carecían de competencia alguna en temas de seguridad. Los dos presidieron la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos, FACCMA, donde Borinsky desarrolló las capacidades tenísticas que

Fuente: Eduardo Mocca| El Destape Fecha: 10 de abril de 2021 El modo de “discusión política” que intenta imponer la derecha argentina es el del batifondo, los insultos, las mentiras y el cinismo. Pasaron las referencias al buen desempeño de Chile o de Uruguay frente a la pandemia, la campaña contra la “vacuna rusa”, campaña modelada con más de treinta años de atraso y bajo el relato más propicio para la política imperial de Estados Unidos, con sus apelaciones al “mundo libre”, al peligro del autoritarismo ruso y hasta el espionaje que pudiera venir de Cuba disfrazado de ayuda sanitaria… Todo ese ruido tiene un solo sentido, el de debilitar al gobierno y fortalecer la dependencia intelectual de la política argentina respecto de la mirada del mundo del Departamento de Estado de los Estados Unidos.        Por su parte el gobierno modeló una hoja de ruta correcta. Aislamiento inmediato y casi generalizado, concentración de los esfuerzos para evitar el colapso del sistema sanitario, seriamente debilitado durante el cuatrienio macrista, coordinación intensa entre el estado nacional y las administraciones provinciales y seguimiento coordinado de la acción. Con la aparición de las vacunas y los procesos de aprovisionamiento, el centro de la cuestión se corrió. Las vacunas establecen una nueva dimensión temporal. El tiempo que nos lleve la inmunización directa o indirecta de la población marcará la transición. Pero, de qué transición se trata. La expresión “nueva normalidad” fue afortunada en términos comunicativos. Pero tiene un problema: no significa nada. Nadie sabe en qué consiste. Y además fueron apareciendo nuevas cepas del virus, lo que abre el interrogante sobre cuánto de esta nueva experiencia civilizatoria podrá ser resuelta o reencauzada desde la industria farmacológica. Industria que, además, y como no podía ser de otro modo, está altamente concentrada en pocos laboratorios a nivel mundial, lo que la pandemia ha puesto de relieve de modo macabro.        Es completamente comprensible que los gobiernos intenten influir positivamente en el estado de ánimo social. La capacidad de generar un ánimo colectivo sensible a la cuestión del cuidado y optimista en cuanto a la capacidad colectiva de actuar para reducir el daño forma parte del núcleo de la política para atravesar períodos de pronunciada fragilidad como ésta. La oposición de derecha trabaja incansablemente para neutralizar esos esfuerzos, para bajar la autoestima nacional, producir desconfianzas artificiales y a veces lindantes con el delirio. En la polifonía de Juntos por el Cambio, cada vez cobran más importancia las modalidades extremas y más peligrosas, las menos propensas a un diálogo con pretensiones de alcance estatal. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.        En medio de las tensiones de estos tiempos, el gobierno argentino resolvió hasta ahora el objetivo -siempre en riesgo- de mantener en orden el sistema sanitario. Tuvo y tiene un protagonismo importante en la lucha por el abastecimiento de vacunas, en un mundo en que los estados siguen compitiendo en términos hobbesianos, sin contrato social alguno, contradiciendo la profecía neoliberal de los años noventa del siglo pasado. ¿Cuáles son los países que encabezan el abastecimiento global de vacunas? Pues los mismos que encabezan todos los rubros relacionados con la riqueza y el poder. Argentina, lejos de ese club, se las va arreglando dignamente en la provisión de vacunas diversas y validadas científicamente.        Sin embargo, el comprensible discurso oficial deja brechas profundas. Esas brechas consisten en que lo que estamos haciendo es prepararnos para vivir en un país y en un mundo igual al que existía antes de la pandemia. Baste para ilustrarlo el lugar simbólico que adquieren las “negociaciones con el Fondo”: qué es lo que deberá pagar el estado argentino por la fiesta que enriqueció los bolsillos de unos pocos, y destruyó al país, con plena anuencia y colaboración del hoy exigente y estricto Fondo Monetario. Es decir, estamos negociando en los mismos términos que en todos y cada uno de los casos anteriores de endeudamiento inmoral y antinacional, como si estuviéramos en un “mundo normal”.        Claro que simultáneamente se desarrolla un activismo internacional muy interesante, que no es un viraje ideológico, como lo interpreta maliciosamente la derecha, sino la recuperación de una política soberana de asociación en múltiples tableros, solamente demarcados por el interés nacional. Ese activismo internacional tendrá que ser intensificado en un futuro inmediato. Porque no estamos ante la inminencia de la recuperación de la “vida normal”, sino en la antesala de un proceso profundamente crítico en lo que hace a la relación entre los seres humanos y la naturaleza, así como entre los seres humanos entre sí. Cualquier intento de volver al mundo que era a fines de 2019 va a chocar contra el muro de la realidad.        Sin que mediara una experiencia atroz como la pandemia actual, la década del treinta del siglo pasado produjo una importante mutación de múltiples, y en algunos casos contradictorios, aspectos de la vida mundial. Fue la transición desde el liberalismo al keynesianismo. Desde las democracias liberales hacia duras dictaduras del capital y luego hacia democracias sostenidas por los “contratos de responsabilidad ciudadana” que recibieron el nombre de estados sociales o “de bienestar”. Ese mundo duró hasta comienzos de los años setenta del siglo pasado, momento en que Estados Unidos termina unilateralmente con la convertibilidad fija entre dólar y oro y desata las energías devastadoras de la especulación financiera. A eso se lo llamó “globalización” y eso es lo que está atravesando un trance resolutivo en nuestros días.        Nuestro país no está en condiciones de influir decisivamente en el curso de esta transición sin rumbo conocido. Pero hay dos cosas que sí puede hacer. Una es encarar una fuerte ofensiva de relacionamiento y construcción institucional en el interior de nuestra región y proyectarse desde ahí a la exploración de posibilidades de cooperación en condiciones de dignidad nacional con otras regiones del mundo. Es decir, aprovechar los cambios de correlación de fuerzas estatales que ya se insinúan con fuerza creciente para romper con la larga (aunque discontinua) etapa de subordinación a los intereses de

Fuente: E. Raúl Zaffaroni | La Tecl@ Eñe Fecha: 11 de abril de 2021 Raúl Zaffaroni sostiene que el irregular endeudamiento de la Nación efectuado por el gobierno de Mauricio Macri, a través de un crédito del FMI por 57.000 millones de dólares, tramitado irregularmente a dos puntas y destinado a la fuga de capitales, brinda una muy buena oportunidad para que un equipo interdisciplinario – tanto en materia económica como jurídica- promueva una convención internacional en la ONU que tipifique los hechos de desbaratamientos dolosos de economías como delito internacional.  Hace poco más de un siglo y, a regañadientes de los diplomáticos profesionales, Hipólito Yrigoyen ordenaba el retiro inmediato de la delegación de nuestro país de la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, vaticinando el fracaso para la paz de un derecho internacional manejado por los poderosos. El payaso bigotudo dictador fascista de los treinta dispuso lo contrario y volvimos a la Sociedad de las Naciones –con el aplauso de La Nación y de la oligarquía- para asistir al destino que había previsto Yrigoyen. Pero la línea internacional de nuestros gobiernos populares había hecho que el mundo escuchase la voz del Pueblo de la Nación Argentina. Es la misma voz que se hizo oír otras muchas veces en gobiernos populares, como en 2005 cuando por iniciativa argentina y para detener el accionar de los llamados fondos buitres, se aprobaron por la Asamblea de las Naciones Unidas los nueve principios para la reestructuración de deuda, con el voto favorable de 136 país, 41 abstenciones y sólo seis obvios votos en contra (Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Alemania Federal, Israel y Japón). La voz argentina sonó igual:  Muchachos, con estos privilegios, la paz no se consigue ni se garantiza. No en vano pasó un siglo; de los acuerdos precarios entre los poderosos del mundo que en París y Ginebra querían ponerse de acuerdo para explotar al resto evitando choques interimperialistas –que no los evitaron, obviamente-, se pasó ahora a garantizar los intereses de las corporaciones transnacionales con sede en los países que votaron en contra o en sus socios o beneficiarios. Son las mismas que corrompen las democracias de los países del sur mediante los partidos únicos de medios monopólicos, para instalar a sus agentes locales que contraen deudas cuya ejecución queda sometida a la jurisdicción de sus miles de jueces municipales tipo Griesa, capaces de inmovilizar nuestro dinero en sus bancos, de embargar nuestros buques de guerra, todo para garantizar la extorsión de la banda de fulleros que muestra su cara a través de un gordito antipático al que nadie le compraría un auto usado. En todos nuestros países operan sus agentes: los Martínez de Hoz, Cavallo, Macri y Clarín y La Nación, nunca faltan en cada uno de los países de la región, donde por acción u omisión de estados atrofiados mueren cientos de miles de personas y se cometen atrocidades violatorias de Derechos Humanos a mansalva. Pero de nuevo la voz argentina se hizo oír: Muchachos, así no puede haber paz.   Ahora tenemos una nueva oportunidad de estar en el mundo. La Oficina Anticorrupción ha denunciado y es querellante contra el ex-presidente y varios funcionarios de la anterior administración por un concurso de delitos que convergen en el irregular endeudamiento de la Nación en un crédito del FMI por 57.000 millones de dólares, tramitado irregularmente a dos puntas y destinados a la llamada fuga de capitales, que no fue ninguna fuga sino una simple salida, porque nadie cuidaba la puerta. Se trata nada menos que del mayor crédito otorgado por el FMI, presionado por la administración Trump para ayudar a la reelección de Macri, tal como lo explicó Clever Carone, asesor senior del Tesoro de los Estados Unidos. Sin entrar en mayores detalles acerca de los delitos concurrentes, lo cierto es que el principal de ellos encuadra en el inciso 7º del artículo 173 del código penal: el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos. La conducta está ligeramente agravada en función del inciso 5º del artículo 174: el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública.  El tipo penal del inciso 7º del artículo 173 no estaba en el código de 1921, sino que fue introducido por la reforma de facto de Onganía de 1967 y mantenido por el Congreso en 1973. Los autores de la reforma de 1967 lo copiaron casi textualmente del parágrafo 266 del código alemán, donde había sido legislado el 1º de junio de 1933 y recibe hasta hoy el curioso nombre de Untreue, que puede traducirse como infidelidad. En tiempos macristas se pretendió usarlo para criminalizar decisiones de política económica, como es el caso de las operaciones de dólares a término que, como quedó claro para todos -salvo para los jueces del lawfare– no fueron ruinosas por obra de Cristina Kirchner, sino por la de Macri y en beneficio de sus amigos, advertidos con la debida anticipación de la devaluación que éste dispondría, sin esperar dos meses para que el daño no se produjese. Los alemanes siempre cuidaron que ese tipo no criminalizase políticas económicas, pero allá pesa también una gran desconfianza a esta disposición, más que por haber sido introducida en tiempos del nazismo, porque su nombre causa cierto escozor: Treue significa fidelidad –incluso conyugal- pero fue usada en ese tiempo para caracterizar a todo su perverso concepto del derecho como fidelidad a la comunidad popular cuyo intérprete último era el Führer, o sea, que todo delito era en esencia una infidelidad, que se valoraba al margen de la legalidad formal. De todas formas, esta es una historia alemana y no nuestra, donde nuestra ley no usa esa expresión. Por ende, siempre pensé y sigo pensando que en nuestro tipo encuadran los casos extremos que llevasen a un país al default o a alguna catástrofe parecida. Es decir, entiendo que lo correcto es considerar que las usuales medidas de política económica,