Ese oscuro objeto de deseo: La pelea entre Angelo Calcaterra y Marcelo Mindlin por la Vicepresidenta CFK
Fuente: Horacio Verbitzky | El Cohete a la Luna Fecha: 11 de octubre de 2020
Venezuela y el voto en la ONU
Fuente: Pedro Brieger| Nodal Fecha: 10 de octubre de 2020 El 6 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución de condena al gobierno de Nicolás Maduro por violaciones de los derechos humanos. El documento presentado fue aprobado por 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones. Pero hay que ser muy ingenuo para pensar que dicha votación realmente tiene que ver con los derechos humanos como si se pudiera abstraer a Venezuela del contexto regional o de la explícita reivindicación de la Doctrina Monroe durante la presidencia de Donald Trump. La famosa Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 le dio un marco conceptual a la lucha por las libertades individuales y colectivas aun a sabiendas de que muchos de los países firmantes violaban los mismos derechos que decían que había que garantizar. Esta contradicción se mantiene hasta el día de hoy cuando gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos en sus territorios se convierten en adalides de la defensa de los mismos derechos en otros países, aunque carezcan de autoridad moral para hacerlo. Este marco general se aplica también a la votación contra el gobierno de Venezuela, descalificado y demonizado desde que Hugo Chávez llegó al poder a comienzo de 1999 y comenzó a implementar reformas profundas que afectaron los intereses de los más poderosos. Apenas tres años después, en abril 2002, intentaron derrocarlo mediante un golpe de Estado apoyado por los más importantes medios de comunicación venezolanos y los dos principales diarios de los Estados Unidos -el New York Times y el Washington Post- que suelen levantar las banderas de la defensa de la democracia y los derechos humanos. En casi 20 años de chavismo la oposición desconoció numerosos procesos electorales que le eran adversos, intentó derrocar por la fuerza a Chávez -y luego a Nicolás Maduro- e incluso llamó abiertamente a una intervención militar de los Estados Unidos que nunca es ajeno a lo que sucede en Venezuela. La dura declaración del Consejo de Derechos Humanos fue presentada por Perú, que encabeza el llamado “Grupo de Lima”, conformado por varios países de la región con el único objetivo de impulsar la salida del poder de Nicolás Maduro. Un día antes de la presentación ante la ONU el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Faller, aseguraba en una conferencia ante el empresarial Consejo de las Américas que “los esfuerzos por derrocar a Maduro funcionan, pero llevarán tiempo”. A su lado, la embajadora Jean Manes, también del Comando Sur, explicaba que ya estaban planificando “el día después” e incluso “la década después” junto a empresas privadas. El paralelismo con la situación en Irak previo a la invasión en 2003 es notable. Allí numerosas empresas privadas que colaboraban con el Pentágono se habían repartido la “reconstrucción” del país antes de invadirlo. El congresista estadounidense Henry Waxman revisó y analizó minuciosamente las declaraciones del presidente George Bush y sus principales funcionarios y encontró 237 mentiras respecto de Saddam Hussein que sirvieron para demonizarlo durante años y crear un consenso internacional para invadir, derrocarlo y -de paso- quedarse con los preciados recursos petroleros. Al antiguo aliado de la Casa Blanca lo presentaban el Hitler de la era moderna que supuestamente estaba desarrollando armas nucleares y representaba una amenaza para la humanidad.¿Alguien realmente cree que Estados Unidos invadió Irak porque Saddam Hussein era un dictador? ¿Alguien seriamente puede pensar que la resolución en la ONU sobre Venezuela es porque allí se violan los derechos humanos? Notas relacionadas:
Legisladores estadounidenses subordinan su país a Israel
Fuente: Daniel Kupervaser| Blog de Daniel Kupervaser Fecha: 8 de octubre de 2020 Desde sus primeros días hasta hoy, la sociedad estadounidense se caracterizó por otorgar al dinero el primer lugar como factor que forja los caminos en la vida del país. Lo fue históricamente durante la fiebre del oro, y hoy se perfila claramente en la relación entre políticos aspirantes a funciones jerárquicas y los donantes a sus campañas electorales. Las donaciones de magnates judíos a las campañas electorales de políticos estadounidenses de los últimos años se convirtieron en un factor central y dominante de este rubro. Basta observar la corrida y fervientes declaraciones de apoyo a Israel de boca de estos candidatos, muchas veces descabelladas, frente a instituciones y agrupaciones de judíos estadounidenses. Dos informes confirman el carácter crítico para cada candidato que representa la obtención de donaciones de fuentes judías. En una académica investigación que detalla la participación de judíos en las elecciones de USA, Gil Troy, un reconocido investigador judío, afirma que bolsillos judíos, con una participación de solo el 2% en la población estadounidense, aportaron el 50% de las donaciones que recibió el partido demócrata y el 25% de las que recibió el partido republicano en las elecciones de 2016 (“Why the Jewish vote is so important to US presidential candidates”, Ynet, 11-6-2016). En relación con las próximas elecciones de este año, el medio informativo judío Jewish Telegraphic Agency difundió que, 15 de los 25 mayores donantes son judíos o de origen judío (¿“Who are the biggest Jewish donors of the 2020 campaigns?”, Jerusalem Post, 25-9-2020). LEGISLADORES DE USA QUE PROPONEN SUBORDINARSE A ISRAEL Ante esta realidad, nadie debe sorprenderse de la competencia de la mayoría de los legisladores estadounidenses que quieren reelegirse, como aquellos que proyectan arribar al congreso por primera vez, en congraciarse con estos donantes judíos a través de proyectos cuyo único objetivo es beneficiar a Israel, sin la más mínima relación con la sociedad estadounidense, y, probablemente en contraposición con intereses de ese país. La Jewish Telegraphic Agency informó en estos días que fue presentado un proyecto de ley bipartidista (republicanos y demócratas) destinado a otorgar a Israel el derecho a veto en toda negociación que el gobierno de USA proponga la venta de armamento estadounidense a algún otro país de Medio Oriente que, según la opinión de Israel, ponga en peligro su superioridad militar en la región (“Bipartisan bill would give Israel a veto on Middle East arms sales”, Jerusalem Post, 3-10-2020). Según la nota difundida, el proyecto de ley “requeriría que el presidente de USA consulte con el gobierno israelí para garantizar que se resuelvan las preocupaciones de la ventaja militar cualitativa en lo que respecta a la venta de armas a los países de Oriente Medio”. El mismo informe no deja de mencionar que AIPAC, el poderoso lobby de judíos estadounidenses, expresó su apoyo al proyecto. Sin lugar a dudas, se trata de un paso adelante muy importante en un prolongado proceso en donde legisladores estadounidenses no titubean en desprenderse de las riendas de poder y socavar la soberanía nacional estadounidense a favor de intereses foráneos de un país que tiene relaciones de pertenencia étnica con ciudadanos estadounidenses que, por causalidad, son los mayores donantes a campañas electorales en USA. Hasta poco tiempo atrás, la sociedad estadounidense se mostró mayormente indolente frente a esta perdida de independencia de su liderazgo. Hoy la situación esta cambiando drásticamente. La gran ola de aversión hacia Israel y el judaísmo que se está configurando en USA es un fiel reflejo que la tolerancia de esta sociedad a semejante trasgresión a normas democráticas básicas, lentamente está arribando a su límite. Basta imaginar la respuesta de la sociedad argentina ante una propuesta de algunos de sus legisladores, o candidatos a legislador, que proponga una ley por la cual se le otorga a Israel el derecho a veto para toda venta de granos argentinos a cualquier país de Medio Oriente. Si Israel y los judíos del mundo no quieren ser culpados de usar su dinero para disponer de poder en países donde ciudadanos judíos tratan de interferir en la toma de decisiones en favor de Israel, es necesario frenar todas esas instituciones como AIPAC, J-Street, Coalición Republicana Judía, Consejo Judío Demócrata y otras más. Israel, como cualquier país, tiene el derecho y la obligación de presionar al gobierno estadounidense para la toma de decisión en su favor. Esa es la función de la diplomacia con ciudadanos exclusivamente israelíes. La participación de ciudadanos judíos estadounidenses, y mas aun, las sumas millonarias que vuelcan en esta acción, necesariamente se convertirán en el caldo de cultivo para que parte de la ciudadanía estadounidense se rebele y diga basta. Como se sabe, estas respuestas pueden llevar a una tragedia a la colectividad judía de USA. Que nadie se equivoque: va llegar el momento que la sociedad estadounidense pase factura a su componente judío. Ojalá me equivoque Daniel Kupervaser Herzlya – Israel 7-10-2020 kupervaser.daniel@gmail.com @KupervaserD
Julie Kozack en el país de las islas y los dólares aceitosos
Fuente: Alejandro Bercovich| BAE Negocios Fecha: 8 de octubre de 2020 La conmoción que generó en el cuartel general del FMI que se marchitaran tan rápido los brotes verdes que regó con 44.000 millones de dólares durante el último año y medio del mandato de Mauricio Macri tuvo mucho que ver con la selección de los enviados de Kristalina Georgieva que aterrizaron esta semana en Buenos Aires. El colapso trocó también los interlocutores que eligió el Fondo para conocer la profundidad de la crisis. A la Unión Industrial Argentina (UIA), que no habían escuchado nunca desde su súbito regreso al país en abril de 2018, la citaron ayer para conversar en el Hilton. Su jefe, Miguel Acevedo, trató de hacer equilibrio. -Sabemos que la situación es difícil pero vemos bien la potencialidad de una recuperación. El tipo de cambio está bien. Alcanza. No hay que pagar deuda, no hay stock frenado de importaciones. Sí hacen falta acuerdos básicos en la política -dijo. Casi sin interrumpirlo -intérprete mediante- asentía Julie Kozack, la número dos del departamento para el Hemisferio Occidental del FMI. Aunque sigue formalmente como director para evitar un conflicto supranacional, el argenmex Alejandro Werner debió cederle a ella el timón apenas asumió Georgieva. Fue un gesto al gobierno argentino, para no forzarlo a renegociar el plazo de repago de esos 44.000 millones con los mismos funcionarios que tomaron la decisión de entregárselos a Macri, en plena campaña electoral y pese a que sus estatutos le prohibían (y le prohíben) financiar a economías que experimenten severas fugas de divisas. Es lo mismo que pasó con el italiano Roberto Cardarelli, el encargado del caso argentino eyectado por Georgieva y reemplazado de un plumazo por el venezolano Luis Cubeddu. Pero por la relación que tejieron con ella durante la renegociación de la deuda con los privados, la preferida de Martín Guzmán y del director por Argentina en el FMI, Sergio Chodos, es Julie. La «compañera Kozack», como la llaman en broma entre ellos. Oriunda de New Jersey y menos consustanciada que otros burócratas del Fondo con los intereses de los ejecutivos de Wall Street, a los que incluso alguna vez contó que desprecia por petulantes, Kozack exhibe su experiencia en Islandia como un diploma de heterodoxa pragmática. Entre 2009 y 2012 fue la encargada de supervisar el rescate financiero al país de Björk, donde por primera vez el FMI avaló un cepo cambiario estricto. Tras derretirse peor que la Argentina con Macri, la economía islandesa salió a flote. En Economía dan por hecho que Georgieva avalará la refinanciación de la deuda antes de marzo, cuando opera el primer vencimiento con el Club de París, atado al Fondo. La pregunta es qué exigirá a cambio. La compañera Julie no dio muchas pistas. En todo momento aclaró que no tenía mandato del directorio para negociar nada. Incluso los industriales llegaron a preguntarse para qué había decidido viajar, en plena pandemia. Flexibles Dos de las preguntas que les hizo Kozack a los popes de la UIA y a Matías Kulfas sí pueden servir como anticipo de las condiciones que impondrá Georgieva, su jefa, a la hora de reprogramar los plazos de pago de la deuda que dejó como herencia Macri. Una fue sobre la reciente Ley de Teletrabajo, que en la reunión con la UIA le dio pie a Daniel Funes de Rioja para hablar 20 minutos sobre la necesidad de leyes laborales más flexibles. La otra, sobre la empresa pública que administrará la concesión de la Hidrovía del Paraná, que Fernández anunció que será compartida entre la Nación y las provincias con ribera a ese río. Un cambio que puede leerse desde Washington como una estatización. O peor, como otro avance de China en el manejo de un recurso natural estratégico en Latinoamérica. Son dos temas sobre los cuales el FMI no parece haberse movido de sus posiciones históricas, al menos en el documento que acaba de publicar su staff en Brasil tras concluir la revisión anual que prescribe el Artículo IV de su estatuto. «Se sigue necesitando un renovado impulso para aprobar una reforma fiscal integral, finalizar acuerdos comerciales con la UE y otros socios comerciales y acelerar el ritmo de nuevas concesiones y privatizaciones», le recomendó allí a Jair Bolsonaro. La ortodoxia fiscal del Fondo también luce intacta. El mismo reporte del staff sobre Brasil fechado este lunes reivindica «la reforma previsional histórica que estabilizó el gasto en pensiones como porcentaje del PBI». Ese deber, podría decir Guzmán, ya está cumplido acá con el fin de la movilidad automática. Pero el texto también le reclama a Bolsonaro que recorte gradualmente la Ayuda de Emergencia, su versión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): «Con cerca de 10 veces el costo anual del plan Bolsa Familia (la asignación por hijo vecina), la Ayuda de Emergencia fue demasiado grande dado el espacio fiscal disponible». Sobre que no preguntaron demasiado los enviados del Fondo, curiosamente, es sobre las reservas del Banco Central. «Era como si estuvieran esperando que les pidiéramos plata fresca nosotros», contó a BAE Negocios uno de los ministros que los recibió. Es lo que sí pidió Lenin Moreno en Ecuador, por caso, pero que lo obligará a un severo ajuste fiscal el año próximo. En el Gobierno aseguran que los casos son distintos y que el FMI le está diciendo a cada uno lo que quiere escuchar, mientras gana tiempo hasta que se defina quién ocupará la Casa Blanca -y por ende el Tesoro, y por ende el Fondo- los próximos cuatro años. «En Brasil está (el ultraortodoxo Paulo) Guedes, quizá incluso eso del ajuste lo pidió él», arriesgó otra fuente. Es lo que hacía Nicolás Dujovne en la época de Cardarelli. Aceitosos Mientras tanto, el equipo económico aguarda que los aceiteros y acopiadores de cereales cumplan con su parte del pacto que se coronó con la rebaja temporaria de retenciones de la semana pasada. Pero algunos lamentan que, al haber habido tantos interlocutores distintos del lado oficial, las concesiones que hizo el Estado no vayan a fructificar en la ansiada liquidación de divisas por parte de ese sector exportador. La más promocionada de esas concesiones fue la rebaja de tres puntos de las retenciones a la exportación de soja, pero la más importante para las multis del sector fue la restitución del diferencial entre las retenciones que paga el grano sin procesar y sus subproductos (harina, aceite y pellets). Ese diferencial fue el que motivó a esas multis a montar el complejo de crushing más
La tercera década latinoamericana
Fuente: Emir Sader | Alainet Fecha: 8 de octubre de 2020 El siglo XX se anunciaba como un siglo de revoluciones y contrarrevoluciones ya en su primera década, con la masacre de la Escuela de Santa María de Iquique y la Revolución Mexicana. La segunda década contó con la Reforma Universitaria de Córdoba y las movilizaciones populares que propiciaron la fundación de los Partidos Comunistas y Socialistas. La tercera década fue abierta con las sublevaciones populares lidereadas por Sandino y por Farabundo Martí, en Nicaragua y en El Salvador. Todo confirmaba los presagios del viraje del siglo. El siglo XXI comenzaba en un marco de viraje conservador en el mundo, con sus reflejos en Latinoamérica, territorio de la más grande cantidad de gobiernos neoliberales, en sus modalidades más radicales. La última década del siglo XX fue la del auge de la hegemonía neoliberal en el continente, que se impone como consenso, en el marco internacional del Consenso de Washington y del pensamiento único. El canciller de Brasil que aceptó sacarse los zapatos para ingresar a un aeropuerto de EEUU y el deseo de Carlos Menem de establecer “relaciones carnales” con EEUU son símbolos de la postura de la total subordinación de los gobiernos del continente con Washington en aquella década. Pero la primera década del siglo XXI en Latinoamérica sorprendió, con una ola de reacción a los gobiernos neoliberales, cambiando radicalmente el escenario político en el continente y constituyéndose, una vez más, en el epicentro de las luchas en el plano internacional. Al solitario triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela, todavía a fines del siglo, vio sumarse la victoria de Lula en Brasil. Chávez compareció a la toma de posesión del nuevo presidente brasileño, manifestando que, finalmente, dejará de estar solo en la lucha. El abrazo de Lula a Néstor Kirchner, en la toma de posesión de éste, en el primer año del nuevo gobierno brasileño fue un marco que sellaría la primera década del siglo en Latinoamérica. Los dos gobiernos se constituirían en el eje de los procesos de integración regional que nacían en aquel momento. Cuando los dos fueron a la toma de posesión de Tabaré Vázquez en Uruguay, ya tenían claro que nacía un proyecto con dimensiones estratégicas para Latinoamérica. A ello se sumaron Bolivia, con el extraordinario triunfo de Evo Morales, y Ecuador, con el de Rafael Correa, que expresaron que ya no se trataba de una nueva época de cambios, sino de un cambio de época. Esos seis gobiernos han protagonizado, en la primera década del nuevo siglo, la lucha contra el neoliberalismo y en la construcción de gobiernos posneoliberales. A contramano del capitalismo en escala mundial, disminuyeron las desigualdades en esos países, fortalecieron la presencia del Estado y desarrollaron procesos de integración regional e intercambio Sur-Sur. Tuvieron un extraordinario éxito, haciendo de la década la más importante de la historia de esos países. En el paso hacia la segunda década del siglo XXI ya se notaban elementos de recomposición de la iniciativa de la derecha y debilidades de esos gobiernos, que han hecho con que la segunda década fuera marcada por una contraofensiva de la derecha, que ha restablecido gobiernos neoliberales en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia e Uruguay, desarticulando el eje de gobiernos antineoliberales que había marcado la primera década. A lo largo de la década, el neoliberalismo ha demostrado el aliento corto que tienen sus políticas, al punto que, en Argentina, en la primera elección presidencial a que se han sometido, han sido desplazados de nuevo del gobierno. En otros países como Ecuador y Brasil, se ha confirmado que la derecha solo dispone del modelo neoliberal, duro y puro, que los llevan al fracaso. Que tienden a ser derrotados en disputas electorales democráticas, frente a lo cual han puesto en práctica su estrategia de judicialización de la política, poniendo en práctica nuevas formas de golpes, como son los casos de Brasil y de Bolivia, que demuestran más bien la debilidad de la derecha y no su fuerza. Cuando llegamos al final de la segunda década, hay una disputa abierta sobre el carácter que tendrá la tercera década en Latinoamérica. La elecciones en Bolivia y Ecuador, así como el desenlace de la crisis brasileña, definirán los rasgos de esa nueva década. En caso de que la izquierda triunfe, esos nuevos gobiernos se sumarán al de Argentina, contando, en cierta medida también con el de México – limitado por los tratados de libre comercio que tiene con EEUU -, así como el de Venezuela, para recomponer el eje de gobiernos antineoliberales. Como la derecha mantiene el neoliberalismo como su bandera, esos gobiernos tienen que caracterizarse, antes de todo, por su antineoliberalismo. Cuando surgía la crisis de esos gobiernos, hace algunos años, Rafael Correa convocó a una reunión en Guayaquil, un evento de balance sobre los cambios que se venían, participando, entre otros, Pepe Mujica y representantes de Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay. Se sacó la decisión de publicar un libro con un balance de la situación y perspectivas de los seis gobiernos. Yo coordiné entonces la publicación del libro que tomó el título de Las vías abiertas de América Latina, publicado en Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia. En ese libro, Álvaro García Linera, René Ramírez, Ricardo Forster, Constanza Moreira, Alfredo Serrano, Manuel Canelas, Juan Guijaro y yo, presentamos nuestras visiones de cada país, introducidos por un análisis general de la tendencias en todo el continente. Ahora es el momento para retomar algo similar, con un proyecto de investigación ambicioso, que haga el balance de la primera y la segunda décadas en esos países y proyecte la tercera década. Es hora de convocar a los intelectuales del pensamiento crítico latino-americano para sumarse a ese proyecto, que analice y apoye a las fuerzas políticas antineoliberales en la reconstrucción del eje de gobiernos con esa orientación, así como para que entregue análisis sobre las debilidades que han permitido la recomposición de la derecha y los reveses de la izquierda, para retomar el proyecto antineoliberal con más profundidad
En el papel de la quinta columna: la comunidad ultraortodoxa de Israel
Fuente: Gideon Levy | Haaretz Fecha: 8 de octubre de 2020 Los ultraortodoxos (haredim) han sido durante años un objetivo del odio secular. Su otredad, su aislamiento, sus extrañas costumbres y líderes murmuradores, su actitud hacia las mujeres, la coacción religiosa y particularmente el hecho de que no sirven en el ejército (Dios no lo quiera), no estudian materias básicas y en muchos casos no trabajan, avivó el fuego contra ellos. El odio hacia ellos era ciego, ardiente, exagerado e indigno, a veces parecido al antisemitismo. Algunas de las expresiones utilizadas para describirlos se encuentran entre las más feas y repulsivas que se hayan escuchado aquí. Junto con su propia contribución a la formación de la actitud hacia ellos, también han sido víctimas de emociones oscuras, a veces fascistas. Los israelíes admiraban a los colonos, que les habían hecho un daño mucho mayor y más fatídico, pero odiaban a los haredim. Los árabes israelíes son mucho más despreciados, excluidos, discriminados, humillados y rechazados. A diferencia de los haredim, siempre se ha sospechado que son una quinta columna que socava los cimientos del estado y busca destruirlo desde adentro. Se cuestiona su lealtad, no se reconoce su contribución al estado, se bloquea su camino hacia el avance y se condiciona su libertad. Son claramente víctimas del nacionalismo y el racismo que están profundamente arraigados en este país. Debido a la crisis del coronavirus, se requiere una reevaluación de la actitud de la sociedad hacia estas comunidades. Este es el momento de reiniciar, llegar a una cuenta contundente con los haredim por su comportamiento desenfrenado y desconsiderado y de renovar totalmente nuestra actitud hacia los árabes debido a sus contribuciones. Si ha habido una quinta columna en esta campaña en concreto, ha sido la comunidad Haredi, con todas las generalizaciones que ello conlleva. Por primera vez en su historia, el comportamiento de la comunidad está socavando la base de la sociedad y haciéndole un daño grave. El desafío total de grandes sectores de esta comunidad, la forma en que los haredim se enseñorean con otros israelíes y su indiferencia descarada y arrogante ante la angustia, las dificultades y el sufrimiento del pueblo han cambiado su estatus en la sociedad. Incluso aquellos que los admiraban y pensaban que la actitud hacia ellos era escandalosamente inapropiada ya no pueden ignorar su vergonzoso comportamiento. Así es como se ve una quinta columna. Son las acciones de una comunidad que no piensa en nadie más que en sí misma, en sus necesidades, en su fe y en su idiosincrasia. Los haredim pagarán por esto de una manera que nunca antes habían pagado. Los israelíes no olvidarán su comportamiento tan rápido. Las semillas del odio que los haredim han plantado ahora con sus propias manos han creado una situación en la que la mayoría ya no aceptará seguir las viejas reglas del juego. Esta falta de solidaridad tendrá un precio. No debemos olvidar la forma en que le dieron la espalda a la sociedad y pusieron en riesgo la salud y la vida de muchas personas. No sucederá en un día, pero los haredim aún extrañarán el antiguo arreglo. El odio por ellos aumentará y estallará. Por otro lado, esta debería ser la hora de gloria para la comunidad árabe de Israel, más excluida pero más leal. Esta comunidad, al comienzo de la pandemia, también actuó de manera vergonzosa y dañina, ignorando los requisitos y las reglas, pero con el paso del tiempo se recompuso y cambió de dirección. Después de meses en los que la tasa de infección en la comunidad árabe se asemejaba a la de los haredim, aprendieron la lección y redujeron su tasa de morbilidad al promedio nacional. Este es el momento no solo de reconocer la corrección que hicieron con respecto al coronavirus, sino también de apreciar su impresionante contribución a la batalla contra él. A diferencia de los haredim, cuya contribución es mínima, la comunidad árabe juega un papel importante en el sistema de salud. Ella no es una quinta columna. Es una primera o segunda columna. Debido a sus otras contribuciones a la sociedad y la economía, que son demasiado numerosas para enumerarlas, los judíos israelíes deben revertir su actitud ingrata hacia ellos. En un raro y emotivo momento televisado en Channel 12 News, Arad Nir recibió a dos médicos de la sala de coronavirus del Hospital Ha’emek en Afula. Solo sus nombres dan testimonio de sus orígenes étnicos. El Dr. Na’il Bisharat y el Dr. Ehud Paz estaban discutiendo sobre la gravedad de la pandemia. El concepto de igualdad entre árabes y judíos nunca tuvo una mejor expresión. Quién sabe, tal vez presagia el comienzo de un cambio.
Maniobras de desánimo y pánico moral
Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 27 de septiembre de 2020 Hace pocos días Alberto Fernández manifestó que “muchas veces los medios no dicen la verdad, la tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales”. Dicha aseveración remite en forma directa a la actual operación destinada a montar un clima de época basado en dos dimensiones. La primera, de carácter directo y explícito, diseñada para frustrar o entorpecer el cumplimiento del programa de gobierno del Frente de Todxs y la segunda enfocada a enrarecer el clima social, generar desaliento y garantizar el regreso del neoliberalismo. La primera interpela a las tres fracciones convergentes y superpuestas de la oposición, los neoliberales antiestatistas, los antiperonistas viscerales y los anticuarentena conspiranoicos. Sus mensajes buscan empoderar a los defensores de los grupos concentrados, dotándolo de autoconfianza para obstaculizar la gobernabilidad. La segunda maniobra, más sinuosa y estratégica, tiene como destinatarios los perfiles menos sensibles a los debates político-institucionales. Sobre estos últimos, la trifecta corporativa de medios (Clarín, La Nación e Infobae), viene desplegando una batería de falacias e inexactitudes manifiestas destinadas a sumarle aflicción y confusión a la actual situación pandémica. Mientras sugieren cuestionamientos larvados de las medidas sanitarias indicadas por los epidemiólogos e infectólogos, difunden (y propician) pretendidos éxodos multitudinarios a Punta del Este, publicitan la visa de residencia en variados destinos internacionales y notifican la (supuesta) huida en masa de empresas trasnacionales. Las fracciones fuertemente ligadas al mundo financiero exhiben un espanto manifiesto frente a la posibilidad de perder influencia en el manejo de los resortes claves: por un lado lideran el cuestionamiento a las medidas impulsadas por el gobierno, y –en forma simultánea– instalan la degradación del clima social, impulsando el desánimo y su traducción anómica del sálvese quien pueda. Esta última operación, además de disolver cualquier expectativa respecto al actual gobierno, intenta fundar un espacio vacante para la irrupción de una esperanza política futura, que logre anclar en las próximas elecciones legislativas, cuya campaña se inicia en un semestre. Esta siembra de mensajes cotidianos trabaja para debilitar cualquier contacto entre los colectivos menos politizados de la sociedad y el Frente de Todxs. El ataque directo se ejecuta contra la progresiva desarticulación de la mesa judicial macrista –impulsora de las causas mediáticas destinadas a destruir al kirchnerismo–, el impuesto a las grandes fortunas y las regulaciones del Banco Central en relación con la divisa estadounidense. La justificación discursiva desde la que se monta esta ofensiva es la defensa de los valores republicanos y el resguardo de la instituciones. Sin embargo, esta arremetida omite el rol que ocupan dos de sus instituciones claves: el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación. Para los poderes fácticos, los valores republicanos solo son reivindicables cuando coinciden con los criterios y los intereses de sus portavoces y/o sus respectivos patrones. La ofensiva directa es palmaria y explícita. Interpela a los grupos opositores, les brinda insumos discursivos para desafiar al gobierno y los dota de confianza para ilusionarse con un retorno al poder político en un futuro cercano. La maniobra de desánimo, por su parte, tiene como destinatario al tercio de la sociedad cuyo voto es fluctuante y está básicamente articulado al universo simbólico, cotidiano, que lo rodea. Este colectivo es el que ha decidido los diferentes vuelcos electorales desde 1983 hasta la actualidad. Para este segmento, la trifecta sigue los postulados de la metodología instituida por primera vez en el Reino Unido en la década del ’70 del siglo pasado, consistente en la siembra sistemática de malas noticias y la difusión del pesimismo. Se inocula, mediante la insistencia de malas noticias, la sensación de caos social. A la pandemia que conlleva el peligro permanente de contagio, ahogo económico y dificultad para proyectarse en el tiempo, se le añade la sensación de desgobierno y el horizonte de una crisis terminal. Esta actividad comunicacional es específicamente pregnante entre quienes se sienten ajenos a las disputas políticas institucionales, suelen percibirlas con desconfianza y cimentan su percepción de la realidad en torno a contextos marcados por el optimismo socioeconómico o su contracara, la depresión. Estratagemas que son coherentes con los modelos elaborados por el Departamento de Estado para fomentar la catalogación de Estados Fallidos, necesitados de asistencia o injerencia extranjeras para su sobrevivencia. Desolación y después La ofensiva comunicacional indirecta apunta a divulgar determinados mensajes periódicos, dispuestos para exacerbar la decepción, el desaliento y el abatimiento generalizado: La recurrente invitación para acceder a ciudadanías extranjeras de diversos países como solución al desasosiego previamente instalado, haciendo caso omiso a su contraparte de regresos vertiginosos producto de situaciones más graves en otros países. La multiplicación de noticias falsas sobre manejos más eficientes de la gestión sanitaria respecto al coronavirus en otros países. La propagación de información sobre la huida de empresas trasnacionales. (Cantidad mínima comparada con el éxodo sucedido durante el gobierno macrista, según esta concisa cronología). El exilio dorado de integrantes del mundo del espectáculo. Estos discursos fomentan el pánico moral, que busca la reacción de un sector de la sociedad frente a una amenaza que exige respuestas rápidas. Sus difusores cuentan con los sucesos del 2001 como referencia obligada y, aunque no nombren dicha crisis, la utilizan como espejo caótico posible de destino prefijado. Según el sociólogo británico Stanley Cohen, que concibió el concepto de pánico moral, su utilización por parte de los sectores conservadores gira en torno a una amenaza agitada por soportes mediáticos para etiquetar enemigos y al mismo tiempo impedir las transformaciones sociales. Se trata –como sugiere Raúl Zaffaroni en La estructura inquisitorial– de apelar a un instrumento discursivo que proporciona la base para crear un estado de temor colectivo, orientado a ubicar límites a quienes estorban al poder. Este ejercicio se asemeja a una verdadera caza de brujas que necesita personificar y hacer visibles a los chivos expiatorios (la familia Kirchner, los tomadores de tierras en Guernica, los maestros que se resisten a convertirse en vectores de contagio en CABA), de forma similar a quienes fueron etiquetadxs y perseguidxs por el macartismo en la década de 1950. Algunas de las características detalladas por Cohen respecto de la conformación del pánico moral son claramente visibles en
El irresponsable lenguaje de la deslegitimación
Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Fecha: 26 de septiembre de 2020 «Nunca en toda nuestra historia se desplazaron a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal por decretos del Poder Ejecutivo. Hasta acá, las remociones o desplazamientos forzados de los jueces habían sido patrimonio exclusivo de los gobiernos que usurparon el poder por golpes de Estado”, señalaron los legisladores del interbloque opositor. Este texto forma parte de una declaración en la cual un conjunto de legisladores de Juntos por el cambio “exhortan” a la Corte a intervenir en la cuestión abierta sobre la anulación del traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli decidida en su momento por el entonces presidente Macri a través de un decreto. La mentira en la discusión de los hechos consiste en que se rechaza una “remoción”, cuando de lo que se trata es justamente del restablecimiento de la forma establecida por la Constitución, violentada durante el anterior gobierno y reemplazada por la decisión presidencial sin necesidad del paso por el Senado: la famosa designación “a la carta”. Pero la cuestión principal no es la falsificación de los hechos sino el tono del documento. Lo realmente inédito en los años posteriores a 1983 es la expresa deslegitimación de un gobierno producida por el principal bloque de oposición. Una deslegitimación que, además, no surge del entusiasmo de un discurso de barricada, sino que forma parte de un documento de diputados del Congreso de la nación dirigido nada menos que a la Corte Suprema. En buen romance, miembros de un poder de la república le piden a otro poder que restablezca la vigencia de la constitución alterada por la acción de un tercer poder –el ejecutivo. Eso sí que es un ataque directo y perverso a la legalidad democrática en uno de sus aspectos cardinales como es el carácter soberano del sufragio popular, el principio de la mayoría electoral como forma de elegir las autoridades. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE Cuenta la historia que el día 11 de octubre de 1945 una coalición llamada “junta de coordinación democrática”, que abarcaba al radicalismo encabezado por su sector “unionista”, al conservadorismo e incluía a sectores de izquierda, acordó llevar al ejército la propuesta de la renuncia del gobierno militar de entonces y la entrega del poder a la corte suprema. El contexto era la crisis de gobierno provocada por el disenso en la oficialidad respecto del liderazgo del coronel Perón, quien un día después de ese pronunciamiento sería llevado preso a la isla Martín García y luego liberado por una hasta ahí inédita concentración de trabajadores en la Plaza de Mayo. Hay, pues, una tradición argentina en torno al recurso de las clases más poderosos al único poder no electivo de nuestra constitución como garante último de sus intereses. Esto está en línea con la tradición del pensamiento conservador que acuñó el concepto de “poder moderador” o “poder neutral”. Los conservadores consideran que lo que hay que moderar, en definitiva, es “el poder del número”, el poder de las mayorías. Para convocar al poder moderador hay que construir una escena de crisis, de angustias colectivas, de barco sin timón. Es la tarea a la que se dedican a tiempo completo las maquinarias comunicativas oligopólicas. En estos tiempos ha nacido otra rama en la estrategia del desgaste al poder elegido por las mayorías: la pandemia ha habilitado una forma de “rebelión” que consiste en la ocupación de calles por pequeños grupos que invariablemente convierten en gritos e improperios (con algún condimento de violencia) las consignas que son títulos principales de las grandes cadenas de la “información”. No importa que sean muy poco numerosas esas demostraciones porque en los tiempos de la pandemia los pequeños grupos funcionan articuladamente con esos medios en la creación de un clima de rebeldía y de desorden. La creación de ese clima es la etapa que está transitando la desestabilización entre nosotros. En otras palabras se está tratando de gestar la necesidad política de un “poder moderador”. La Corte Suprema tomaría el próximo jueves una resolución sobre el caso de los jueces designados por Macri y vueltos a su lugar anterior por el Senado actual. No hay ninguna posibilidad de que la Corte “modere” nada. En general, en Argentina no aparece posible esa moderación, pensada desde fuera de la lucha política. Duhalde presentó su candidatura a moderador nacional, presentando como curriculum su desempeño en el período posterior a la crisis de diciembre de 2001. Pero como supo decir el gran Alfredo Le Pera “las horas que pasan ya no vuelven más”. No solamente porque Duhalde sufrió en el medio más de un derrumbe electoral, sino porque la realidad política se ha transformado, ha construido un antagonismo político que habrá que transitar con prudencia y espíritu pacífico pero que no puede deshacerse por decreto. Allá por 1955 primó la idea de deshacer aquel antagonismo (referencia ineludible del actual) recurriendo a la violencia, la persecución y la proscripción. Y dentro de pocos días el peronismo cumplirá 75 años unido y en el gobierno. La misma lozanía que muestra el antiperonismo incondicional. Para suprimir con violencia el antagonismo político hubo muchas dictaduras y en 1976 se llegó a la más violenta de todas, la que incubó el más criminal de los terrorismos de estado. En la década de los 90, Argentina parecía haber llegado a la meta: el gran consenso neoliberal. Introducidas por Menem y continuadas por De la Rúa, las “reformas de mercado” parecían el fin de la historia de los antagonismos argentinos, lo que estaba además en la agenda política y cultural del mundo. Ese tiempo pasó. En 2001 se dio vuelta la página. Y las dos coaliciones políticas que hoy compiten en el terreno político y electoral son herederas de aquella crisis. Expresan la diversidad social de aquella rebelión. Con la particularidad de que se han alternado en el gobierno sin rupturas constitucionales. Eso es lo que hoy se amenaza,
Diferencias en la comunidad judía por el discurso ante la ONU en el que Fernández pidió «colaboración» a Irán
Fuente: Jaime Rosemberg| La Nación Fecha: 24 de septiembre de 2020 Las entidades centrales de la comunidad judía en el país reaccionaron de manera dispar ante el discurso del presidenteAlberto Fernández, que ayer, en su primera presentación ante las Naciones Unidas, pidió a Irán que «coopere» en el esclarecimiento del atentado a la sede de la AMIA y a la comunidad internacional en el cumplimiento de las alertas rojas de Interpol que pesan sobre ex funcionarios de Teherán implicados en el ataque, que dejara 85 muertos y centenares de heridos. «Vemos como muy positivo que se haya retomado el reclamo y una hoja de ruta que se abandonó con el Memorandum de Entendimiento (con Teherán, firmado en 2013). Pero a Irán hay que exigirle, y no pedirle, que entregue a los buscados por Interpol para que los juzgue la justicia argentina», afirmó a La Nación Jorge Knoblovits, titular de la DAIA. Para el dirigente comunitario, hay «cierta inocencia» en pedirle «a Irán que colabore», luego de 26 años sin avances en el juzgamiento de quienes, a criterio de la Justicia, fueron responsables de la planificación del atentado, ejecutado por el grupo pro-iraní Hezbollah. Con un tono más diplomático, la AMIA valoró las declaraciones del Presidente y calificaron de «necesario destacar la vital importancia de que en un foro internacional de máxima trascendencia se haya reclamado expresamente la colaboración de la República Islámica de Irán, para poder avanzar en el total esclarecimiento del peor atentado terrorista que sufrió nuestro país el 18 de julio de 1994, y en el juzgamiento de sus culpables». La entidad mutual recordó, en un comunicado, que «está probada la responsabilidad intelectual y material del ataque a la sede de la AMIA de ciudadanos y funcionarios de la República Islámica de Irán, y de la agrupación terrorista Hezbollah» y calificó de «gran importancia» el pedido de Fernández para que los ex y actuales funcionarios iraníes buscados sean detenidos al salir de su país. En diálogo con La Nación, el titular de la AMIA, Ariel Eichbaum, fue más allá. «Creemos que la mención que el presidente Fernández dedicó a la causa AMIA, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue correcta, precisa y también novedosa. El hecho de que haya pedido que los países no hagan caso omiso a las alertas rojas que pesan sobre los acusados iraníes es algo inédito, y es algo que la AMIA viene reclamando año tras año», afirmó el titular de la mutual judía. En su discurso, el primero ante la ONU como Presidente y de manera virtual, el Presidente afirmó que «a 26 años del atentado a la sede de la AMIA quiero continuar la política iniciada en este ámbito en 2003 y continuada posteriormente, y requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación de dicho atentado». Fernández también solicitó a la comunidad internacional «cumplimentar las solicitudes contenidas en las cédulas rojas de Interpol ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que Argentina jamás dejó de reclamar». No mencionó al Memorándum y aludió sin nombrarlo a la política de Néstor Kirchner en relación al tema durante su mandato como presidente. Los matices entre DAIA y AMIA tienen su explicación en el vínculo que los une con la Casa Rosada y el kirchnerismo. Mientras la DAIA se mantiene como querellante en la causa por presunto encubrimiento del atentado a través del acuerdo con Irán, en el que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner, la AMIA reitera cada vez que tiene oportunidad que no tiene «nada que ver» con esa querella, que además de la DAIA está impulsada por dos familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch. «Es una relación que transita, como debe ser, canales de diálogo institucional de manera frecuente», definió Eichbaum en diálogo con este diario. Las reacciones del Gobierno ante las entidades también son disímiles. Mientras el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, acompañó a la quinta de Olivos a encontrarse con el Presidente al padre de una de las víctimas (Sebastián Barreiro), el pasado 16 de julio, Knoblovits no fue vuelto a citar luego de un encuentro suspendido a último momento con el Presidente, antes del ingreso del coronavirus al país.