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Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 6 de diciembre de 2020 Durante la última semana Horacio Rodríguez Larreta comprendió que su precandidatura a la presidencia deberá contar con algo más que el soporte comunicacional de la trifecta mediática, el apoyo de las grandes fortunas y/o el aval de las delegaciones diplomáticas de los países centrales. Ser el consentido de los centros de poder no parece ser suficiente, por ahora, para disimular los negociados y los desatinos diseminados junto a su promotor político, el ex Presidente Mauricio Macri. La derecha local, articulada en la actual etapa bajo el sello cambiemita, se caracteriza por patrocinar a los más privilegiados en detrimento de los más vulnerables. Esa marca en el orillo es la que justificó el pago de 10.000 millones de dólares a los fondos buitre en 2016, cuando la ONU se había expedido a favor de la Argentina en su pleito contra esos hedge funds ocurrido pocos meses antes, en septiembre de 2015. Y esa predilección también es la que se observa en la caída de un 20% del salario de lxs trabajadores en el cuatrienio, mientras los sectores más acaudalados fugaban 85.000 millones de dólares durante el mismo periodo. También se manifiesta, análogamente, cuando se analiza el exorbitante endeudamiento externo y la distribución inequitativa de la coparticipación federal. Afinidades conducentes: privilegio para los poderosos y escarnio para los más necesitados. El último viernes Alberto Fernández convocó a los mandatarios provinciales a firmar el Consenso Fiscal 2020. Dicho acuerdo autoriza a las provincias a mantener algunos impuestos que el macrismo buscó eliminar, impide el endeudamiento en dólares –una de las fuentes más asiduas del financiamiento de la CABA­– y limita los pleitos de las provincias contra la Nación. Los tres puntos son contradictorios con las políticas de Juntos por el Cambio, y se convierten en los motivos centrales de la autoexclusión del Consenso Fiscal. Sobre todo el último, que le impediría darle continuidad al esquema de judicialización de la política, remanido recurso utilizado por la derecha local desde que el kirchnerismo osó disputarle genuinos espacios de poder a los grupos monopólicos concentrados. La Ciudad de Buenos Aires recibía hasta 2015 el 1,4% de los recursos coparticipables; y el gobierno macrista elevó dicho porcentaje a un 3,75% en 2016 para dejarlo en 3,5% un año después. El ex Presidente duplicó el monto sin debatir dicha decisión en el Congreso y pretendió justificar su resolución en el traslado de una parte de la Policía Federal a dependencias de la seguridad metropolitana, sin divulgar los montos a ser orientados específicamente a esas tareas. Dicha decisión motivó la airada crítica de los gobernadores y el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió que era un incremento desmedido y que debía corregirse: “Vamos a asegurarnos que la Capital sólo llegue lo que implica al traspaso de la Policía Federal”, afirmó el 27 de enero de 2016. El último martes 1º de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que recupera fondos coparticipables para reorientarlos en forma más equitativa. Esa decisión fue el prólogo del Consenso Fiscal, sellado el viernes, cuya imagen evidenció la comunión de la totalidad de las provincias argentinas y puso en evidencia la desconexión de Larreta, responsable de administrar la jurisdicción más acaudalada del país, donde arraiga el PBI per cápita más voluminoso de la Argentina. Dibujar presupuestos En octubre pasado Alberto Fernández había dispuesto, a través del decreto 735, que el porcentaje orientado a Ciudad será del 2.32% hasta que el Congreso disponga el monto adecuado para financiar la seguridad metropolitana. El proyecto aprobado el martes, que debe ser refrendado por la Cámara Alta para convertirse en ley, establece un 2.4% de coparticipación y un monto a ser consensuado entre la CABA y Nación respecto a la financiación de la seguridad metropolitana. El blindaje comunicacional, sin embargo, no alcanza para eludir que el tema de fondo es a quién se beneficia y a quién se condena. Y son los propios integrantes de Juntos por el Cambio los que no pueden eludir esta encrucijada: “Con respecto a las diferencias entre jurisdicciones –afirmó el senador Martín Lousteau el último 21 de septiembre, en el plenario de comisiones– todos nosotros sabemos que la provincia de Buenos Aires está discriminada fuertemente en el reparto de recursos…” La Ley de coparticipación (23.548 de 1988) dispone que CABA recibe lo que le fija la Nación. Mauricio Macri dispuso por decreto que ese monto alcanzaba el 3.75% (y luego el 3.5%) y Alberto Fernández –con la misma atribución constitucional que su predecesor– dispuso otro porcentual. La controversia central refiere al monto que debiera recibir CABA para solventar el servicio transferido por la Nación (el fragmento de la Policía Federal integrada a la metropolitana). Sin embargo, el larretismo se negó en forma sistemática a exhibir los montos derivados a ese financiamiento, pretendiendo justificar su porcentaje del 3.5% obtenido gracias a su vínculo con su mentor. De ahí su amenaza de recurrir a la Corte Suprema, que deberá hacer malabares, si quiere beneficiar a sus protegidos, para explicar por qué puede ser cuestionable la decisión del actual Presidente cuando los anteriores hicieron lo propio con idénticos instrumentos institucionales. Los cambiemitas insisten en caracterizar al 2.5%, asignado por el decreto o por la futura ley, como una quita o una confiscación enmarcada en “una decisión inconsulta”. Esta aseveración es análoga a la hipotética denuncia por desfalco efectuada por un delincuente luego que un allanamiento policial se dispusiese la custodia de los bienes previamente hurtados por el denunciante. Para darle un barniz justificatorio, el larretismo ha decidido incrementar, al límite del ridículo, sus previsiones de gasto con relación a Seguridad. Mientras que en 2016 esa partida era asimilable –en porcentaje– a Educación y/o a Salud, en 2020 y 2021 (para fundamentar la continuidad del 3.5% otorgado por Macri) han previsto llevar el gasto al triple que en Educación y casi el doble que en Salud. Prioridades claras y dibujos presupuestarios de nula calidad pictórica. Este derrotero revela la autoexclusión arrogante de Larreta en ocasión del

Fuente: Carlos Heller | Página/12 Fecha: 6 de diciembre de 2020 Juntos por el Cambio suele intervenir en la política argentina utilizando su aptitud para construir ficciones. Durante estos últimos días presenciamos un nuevo intento de generar un relato integralmente falsificado. Han sostenido que se le está quitando recursos a la Ciudad de Buenos Aires, se la está asfixiando financieramente o se la está intentando poner de rodillas. Por supuesto: todo ello no es verdad. Es una construcción mediática sin sustento. Seguramente piensan que si una mentira se repite muchas veces se transforma en verdad. Y no es así: una mentira es siempre una mentira. Veamos el tema en detalle. Lo primero que es necesario aclarar: lo que se está debatiendo en la actualidad no es la coparticipación. Lo que se discute es el exceso de recursos que la Nación le transfirió a la Ciudad de Buenos Aires en ocasión del traslado de algunas funciones de la Policía Federal. Corría el año 2016, la Ciudad recibía un 1,40 por ciento de recursos coparticipables y el presidente Mauricio Macri elevó por decreto ese porcentaje a 3,75 por ciento, si bien al poco tiempo corrigió ese dato y lo bajó a 3,50. La cuestión es que la diferencia entre 1,40 y 3,50 por ciento excede largamente el costo de los servicios de seguridad transferidos. Es decir: lo que se produjo allí fue una especie de donación graciable por parte del entonces reciente Presidente de la República, Macri, en favor del distrito que él mismo había gobernado hasta muy poco tiempo atrás y que había quedado a cargo de su socio político, Horacio Rodríguez Larreta. Esto es lo que pasó. Por eso, ahora lo que se está intentando hacer es poner las cosas en su lugar. Es decir, sumarle al 1,40 por ciento de coparticipación que por ley tiene asignada la Ciudad, el monto del costo de los servicios transferidos tal como lo establece la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso dos, quinto párrafo. El mismo dispone que no se puede transferir un servicio sin los recursos para su prestación. Por supuesto: esos recursos están garantizados en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, con media sanción del Senado y modificado por Diputados, y lo que estamos corrigiendo es simplemente el exceso que Macri le transfirió por decreto a la Ciudad en 2016. Pero no es el único exceso cometido por el ex Presidente y el actual jefe de Gobierno de la Ciudad. Hay otros: por ejemplo, las transferencias de 135 inmuebles, muchas de ellas efectuadas luego de las elecciones, es decir, después de octubre de 2019. Por otra parte, el texto que aprobamos en la Cámara de Diputados, y que ahora vuelve en revisión al Senado, fija un periodo de 60 días para que las partes alcancen un acuerdo. También dispone que la Comisión Federal de Impuestos —un órgano técnico inobjetable— establezca un dictamen sobre cuáles son los montos que la Nación le tiene que trasladar a la Ciudad por los servicios transferidos. El proyecto, además, sostiene que las transferencias deberán hacerse en forma mensual y automática y se actualizarán de manera trimestral. Para ello, se utilizará un índice compuesto por el 80 por ciento del salario promedio de la Policía Federal y el 20 por ciento del Índice de Precios al Consumidor de CABA. Por eso, creo que la discusión que está promoviendo Juntos por el Cambio tiene que ver con la interna que tienen adentro. No hay otra explicación. Escuchándolo a Rodríguez Larreta da la sensación de que desconoce lo que se aprobó. Sus argumentos no tienen ningún sustento. En la misma perspectiva, y dentro de la ficción general que intentan construir, está la afirmación de que quienes fuimos elegidos como diputados por la Ciudad de Buenos Aires, al votar este proyecto de ley, habríamos traicionado los intereses de los vecinos de la Ciudad. Es otra falacia. ¿Ello quiere decir que para representar a los habitantes de la Ciudad tenemos que avalar procedimientos irregulares? Además de proteger los intereses de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores de este distrito tenemos que defender los intereses de la Nación, porque somos diputados nacionales y, entre otras cosas, debemos cumplir con lo que establece la Constitución. Esta última dispone, tal como hemos dicho, que cuando se transfiere un servicio hay que hacerlo con los recursos para que ese servicio se pueda prestar. Y eso es lo único que estamos queriendo hacer. Ni siquiera se les está pidiendo que devuelvan los recursos que recibieron de más: en tres años alrededor de 86 mil millones de pesos que actualizados por inflación darían hoy una cifra sustancialmente mayor. Ni tampoco los cerca de 900 millones de dólares en inmuebles que la Nación graciosamente también transfirió a la Ciudad. En este mismo sentido se pronuncia el comunicado de los diputados y diputadas del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires: “actuamos siempre, y también lo hicimos en la última sesión de la Cámara, de acuerdo a nuestras convicciones, con honestidad y con compromiso con el pueblo que nos votó. Teniendo la certeza de que esta adecuación de los recursos necesarios para financiar la policía transferida a la Ciudad no generará ningún perjuicio a los ciudadanos y ciudadanas porteñas. Estamos simplemente obedeciendo lo que dicta nuestra Constitución para reparar una acción ilegal de Macri que Rodríguez Larreta aceptó sin más”. Pero, el debate que acabamos de reseñar sucedió junto a otra serie de hechos relevantes. Por ejemplo, entre otros temas, el Senado acordó con el Poder Ejecutivo la modificación del proyecto sobre los aumentos jubilatorios: el 5% de incremento de diciembre, que en el proyecto original era a cuenta del aumento de marzo, ahora quedó como firme, es decir, como un incremento consolidado y no como un anticipo. Otro cambio importante es que los ajustes serán trimestrales y no semestrales, lo cual es una modificación significativa en la actualización de los haberes del sector pasivo. Este viernes el Senado también convirtió