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Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 14 de marzo de 2021 Puede decirse que este primero de marzo el presidente Alberto Fernández definió en una frase la visión de su gobierno: “Vengo a proponerles que construyamos juntos un nuevo acuerdo para que la Argentina no recaiga más en un Estado ausente. Aquello que las argentinas y los argentinos esperamos, un país justo, que crezca y distribuya la riqueza, donde haya trabajo y lugar para todas y todos”. Si algo ha quedado claro luego de más de un año del inicio de la gestión de gobierno de Alberto Fernández es que el eje de sus políticas radica en el bienestar de la totalidad de la ciudadanía, no sólo de unos pocos.   En aras de lograr una mayor progresividad, el proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias, que ya se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados, apunta a que cerca de 1,3 millones de los trabajadores/as en relación de dependencia y jubilados/as dejen de pagar el impuesto. En 2015, alrededor del 12% de los trabajadores/as eran alcanzados por este impuesto. Entre 2016 y 2019 este guarismo prácticamente se duplicó. Y esto ocurrió a pesar de que hubo una pérdida importante en el nivel real de los salarios, generando una situación en la que se ganaba menos y se pagaba más impuesto.   De allí que la iniciativa plantea que los salarios mensuales brutos inferiores a $150.000 dejarán de pagar Ganancias, y tampoco quedaría alcanzado el aguinaldo para este grupo. Habrá un intervalo de entre $150.000 y $173.000 mensuales que también verían reducido su aporte aunque de modo progresivo, es decir, la reducción del impuesto va a ser menor cuanto mayor sea el ingreso hasta el límite citado, de forma que no existe un salto entre los que ganan, digamos, $172.500 brutos y los que ganan $173.500, ya que los salarios mayores a $173.000 no tendrán modificación en sus deducciones del tributo.  Para darnos una idea de lo que implicará este nuevo esquema en el bolsillo de los trabajadores: un salario de $150.000 de una persona soltera y sin hijos paga en la actualidad unos $115.000 anuales de Impuesto a las Ganancias. Adicionalmente, una de las modificaciones producto del debate legislativo fue la inclusión de la retroactividad de esta mejora a enero de 2021. Es decir, los trabajadores que han tenido descuentos con el régimen vigente hasta ahora, y están alcanzados por el proyecto de ley, van a obtener una devolución de los anticipos realizados.   En resumen, quedaría sólo un 7% de los trabajadores registrados alcanzados por el impuesto, quienes representan un 26% de la masa salarial total.  Esta normativa también implica un beneficio para los haberes jubilatorios y pensiones, ya que se eleva de 6 a 8 haberes mínimos el piso para quienes estarían alcanzados por el gravamen y se flexibiliza la restricción de que tengan otros ingresos por fuera de la jubilación. Según los cálculos mencionados por la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en la comisión conjunta de Diputados que trata el tema, la proporción de haberes jubilatorios alcanzados por Ganancias era del 5,2% en 2019, 5,3% en 2020 y con esta reforma sería del 2,4%.  Otra de las modificaciones propuestas que pasó bastante desapercibida en los medios es que se incorpora la posibilidad de deducir al concubino, en vez de sólo el cónyuge, en función de la modificación de 2014 del Código Civil, poniéndose a la altura de todos los cambios que la sociedad argentina ha planteado en la materia.  El costo fiscal de esta reforma sería de aproximadamente $42.000 millones, los cuales se traducirán en mayores ingresos reales de los trabajadores/as y pensionados/as. Allí es donde se genera el círculo virtuoso en el que los asalariados destinan esos recursos al consumo y, por ende, al mercado interno. Este mayor consumo genera a su vez una mayor recaudación impositiva por otras vías, como el IVA, y por lo tanto aminora significativamente el efecto del costo mencionado en las cuentas fiscales.  Pero lo importante es que el equilibrio fiscal no debería ser el principal objetivo de las políticas públicas, sino el bienestar de la población. Desde esa premisa, por supuesto, es necesario ir construyendo “una posición fiscal más robusta”, en palabras del ministro Martín Guzmán. Sin perder de vista, no obstante, el importante rol del Estado en resolver las cuestiones que el mercado por sí solo no soluciona. No debemos confundir este enfoque de equilibrio fiscal con el que suelen apoyar los sectores de derecha, que piden un Estado mínimo, con poca presencia en la economía, que debe apuntar a bajar los impuestos y dejar aspectos clave como el desarrollo de la ciencia, la educación, la salud, la innovación en manos del sector privado, lo que suele generar importantes inequidades sociales. Por el contrario, este gobierno se propone que la sostenibilidad fiscal debe ir alcanzándose con políticas a favor de la ciudadanía y no a costa de ella.  Entonces, vale la pena destacar que esta propuesta de reforma del esquema del Impuesto a las Ganancias es congruente con los principales objetivos del actual gobierno. Al incrementarse el ingreso disponible de los trabajadores y trabajadoras se genera mayor demanda, si además este proceso viene acompañado de políticas que protegen la producción nacional, esa mayor demanda genera mayor empleo y esto tiene un efecto multiplicador en la actividad.   Queda aún mucho camino por recorrer, luego de haber atravesado la pandemia neoliberal y la pandemia sanitaria. Uno de los últimos datos sobre el sector industrial que publicó el INDEC esta semana da cuenta de que la utilización de la capacidad instalada de la industria llegó al 57,2% en enero, 1,1 puntos porcentuales más que en el mismo mes del 2020. Tomando en cuenta los resultados de los últimos meses, los datos indican que aún existe una capacidad instalada ociosa de más del 40%, lo cual permite un rápido crecimiento de la producción sin necesidad de inversión.  Está claro que el gobierno tiene una firme postura de no resolver la situación de déficit

Fuente: Eduardo Barcesat | El Destape Fecha: 6 de febrero de 2021 Ya se conoce con bastante aproximación el modo en que opera la perversa práctica del “lawfare”, y qué sectores toman intervención en esta madeja institucional destinada a desbaratar el Estado de Derecho. Incuestionablemente, el sector más responsable de esta madeja es la “pata podrida del Poder Judicial”, en su escaño más dañino, la Justicia Penal Federal, que ejercita el poder punitivo del Estado enderezando el mismo, cual ariete, a la persecución y destrucción del “enemigo” político. Como diría algún Clausewitz tardío, “…la prosecución de la guerra por otros medios”. Y decimos “perversa práctica” porque emplea la institución judicial para fines de destrucción. Paradojal, realmente, que el Poder Judicial, presentado en todo texto que aborde la descripción y fundamentos dogmáticos de la  unidad del “Estado/Derecho”, como el custodio final de todos los derechos y garantías constitucionales deviene, en esta etapa de dominancia del neo-liberalismo,  en el hobbesiano monstruo que tritura esos derechos y garantías forjados por la conciencia jurídica de la humanidad y cuyo peldaño más elevado son los derechos humanos, esa inescindible unidad de libertades civiles y políticas, y de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Cómo opera el poder (poder que es mera fuerza e ideología) para operar este torcimiento? Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. Opera apropiándose de la metodología y esencia del “common law”; esto es, de la fuerza vinculante de los precedentes judiciales. En sus orígenes, los expositores encolumnados con el denominado “realismo jurídico anglo-sajón” alababan y prohíjaban la inexistencia de reglas escritas que determinen, con rigor, el obrar de los jueces. Para ellos (Roscoe Pound; Oliver Wendell Holmes), “…el derecho es lo que los jueces dicen que es en sus resoluciones…”, y si hay algo que pueda ser nominado como “dogmática jurídica”, pues será: “… el conjunto de profecías que emiten los operadores del derecho acerca de cómo los jueces resolverán los casos…” De allí la conocida formulación de Wendell Holmes, al inaugurar una sede de la Universidad de Boston, “…el derecho no es moral, no es lógica, es experiencia; experiencia que hacen los pueblos…”; o el poder, decimos nosotros. En definitiva, que son los jueces los que determinan qué es lo que denominamos “derecho”. Debo exponer, por su carácter paradigmática, la enunciación de un directivo del GAFI, pronunciada en la audiencia que decidiría el pase de la Nación Argentina al “sector blanco”; esto es, el de los países que combaten eficazmente el narcotráfico y el terrorismo. Me encontraba exponiendo, convocado por el titular de la UIF, sobre la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino, y del control de constitucionalidad y convencionalidad que debe ejercer el Poder Judicial de la Nación, en todos sus estamentos. Sorpresivamente, este directivo, profesor universitario canadiense, interrumpe nuestra exposición para vociferar: “…ustedes (se dirige al Estado Argentino)…deben adoptar el Common Law. Con ese sistema los jueces reprimen mejor, no tienen ataduras…”.  La sensata intervención de quién presidía la audiencia, cerró un enfervorizado debate, pues no estaba en nuestro ánimo, ni en el objetivo de la audiencia, consentir tamaño dislate. Supimos desde hace años de las prácticas del poder económico y comunicacional de organizar “safaris judiciales” a la meca del common law, para que sus expositores los “adiestren” en esta metodología que desbarranca, ineluctable y fácilmente, en el “gobierno de los jueces”; esto es,  el poder aristocrático, vitalicio, contra-mayoritario, que debe prevenir y corregir los posibles desbordes demagógicos y populistas de los poderes políticos (frase de “El Federalista”, que colecta los artículos periodísticos producidos por los padres de la futura Constitución de EEUU). El “lawfare”, entonces, es la forma potenciada, exacerbada, del common law, su “Mister Hyde”, una bestia institucional. Los países latinoamericanos, que han seguido la tradición de la ley escrita, exhiben, como el nuestro, una estructura jerárquica del orden jurídico positivo, y si bien los jueces no son, ni deben ser, repetidores inertes de las leyes, deben guardar observancia a la supremacía constitucional, y el resguardo de esa supremacía, frente a los actos de los otros poderes, lo que constituye  el deber primero de todo integrante del Poder Judicial de la Nación Argentina. Para finalizar, los tres poderes que conforman el Gobierno Federal de la Nación Argentina tienen potestades constitucionales para desmontar el “lawfare”. En efecto, el Poder Legislativo, el primero de los tres poderes del Gobierno Federal que regula la Constitución Nacional, tiene la facultad de dictar amnistía; en nuestra situación, el amnistiar a las víctimas del “lawfare”, lo que eliminaría la condena o el proceso judicial persecutorio, señalando, al mismo tiempo, el mal obrar jurisdiccional que llevó a esa victimización y deterioro institucional. El Poder Ejecutivo, a su turno, puede disponer indultos, pero ello no tiene la significación jurídica de la amnistía, que es la medida que denota, como dijéramos, de la excepcionalidad institucional del período 2015/2019, y que impone la ruptura que debe producir el actual Gobierno Nacional para establecer el imperio del Estado de Derecho, que es una tarea más profunda que la del acceso al poder político de la Nación. Finalmente, que el Poder Judicial de la Nación, a través del obrar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene en su poder, hace más de año y medio, diversos planteos de nulidad en las diversas causas paradigmáticas del “lawfare”, como lo es la causa conocida como de las fotocopias de los cuadernos quemados/resucitados, está convocado, en observancia a la supremacía constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos, a dictar señeras sentencias anulando dichas causas. Además, correspondería disponer, en las respectivas sentencias, que se envíen los antecedentes de todos los magistrados involucrados en la producción y convalidación de los entuertos al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial. Como se advierte, los integrantes de los tres poderes del Gobierno Federal tienen las respectivas competencias necesarias para actuar en el desmontaje de la bestia institucional…y así cumplimentar la manda del art. 36 de la C.N., de observar y hacer observar la supremacía de la C.N. y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos

Fuente:  Maximiliano Rusconi | Infobae Fecha: 23 de febrero de 2021 Daniel Gollán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires A nuestro país le cuesta encontrar la armonía. Estamos más acostumbrados al movimiento pendular pero, en verdad, pertenecemos a una comunidad que disfruta sólo cuando el péndulo se encuentra en los extremos, aunque esa satisfacción dure poco. Al mejor estilo de las penas infamantes de la inquisición nos gusta disfrutar de la hoguera del caído en desgracia. Y mucho más cuando todos nuestros vecinos salen a denunciar siempre tardíamente que en verdad el quemado hacía brujería. Voy a hacer una aclaración previa para evitar lecturas improvisadas: nadie puede estar de acuerdo con darle la vacuna a uno que se “coló” en la fila. Nadie. Eso está mal. Pero también está mal seguir clavándole cuchillos al cadáver como si pudiera responder. Mucho peor es ser cínico o pretender ocultar otros problemas subrayando y sobreexponiendo algún caso particular, o en la crítica pública no tomar en cuenta nuestros propios males como sociedad. Pero lo que es peor es que desde las instituciones los funcionarios encargados de hacer justicia operen con la misma inquina con la cual algunos centros de poder se sacan fotos aprovechándose de la crisis.El presidente Alberto Fernández. al recibir la dosis de la vacuna Sputnik Últimamente pareciera que algún sector del Poder judicial y del Ministerio Público no deja escapar una sola oportunidad de empeorar su imagen. No se desperdicia ni una chance de aumentar el nivel de mezquindad. Algunos sienten una especial seducción no en saber la verdad y aplicar la ley frente a la sociedad (gran deuda) sino en aprovechar la época de la crisis para hacer prevalecer su espíritu carroñero y llevar el resultado al mejor postor político. No sólo era de esperar que éste episodio de la vacunación sin turno generara denuncias de quienes han construído su carrera política sólo denunciando hechos (cuya falsedad o veracidad nada importa), sino que también era previsible que un grupo de fiscales (con o sin excavadoras) impulsara con enorme energía estos casos. La participación activa de estos fiscales (si lo hacen con ecuanimidad) en la investigación de delitos me parece no sólo positiva sino esencial en el sistema republicano. Pero ello sólo siempre y cuando haya un delito posible como conducta típica. El juez penal y el fiscal deben hacer su trabajo pero siempre que las acciones sometidas a su estudio puedan ser encuadradas en una figura penal. Debo decir que, según mi impresión ello no sucede en este caso. El episodio no tiene nada para aplaudir, pero ¿hay o no un delito? Porque, según creo, en ocasiones, los representantes del Ministerio Público estiman que pueden intervenir, producir allanamientos, potenciar el escarnio público, ya que de todos modos siempre habrá algún tipo penal que pueda ser invocado. Por ello a veces se culmina con figuras aplicadas de modo disparatado pero que tienen la suficiente ambigüedad para “emprolijar el asunto” (asociación ilícita, administración fraudulenta, etc, etc).Cristina Kirchner, la vicepresidenta, también se inoculó contra el coronavirus Pero el problema es que vacunar al que está, en la mitad de la cuadra, saltando turnos previos, es muy feo, pero no hay ningún ilícito en ello. En una sociedad democrática en la cual rige el estado de derecho el control de la jurisdicción penal es la “ultima ratio” (el ultimo eslabón) de la cadena de controles sociales. No siempre podemos o debemos acudir al derecho penal. Una cosa es que nos parezca inmoral “colarse”, pero hay que decir que se vacunó a personas que tarde o temprano tenían que ser vacunadas. Para que quede claro: vacunar no es ningún verbo típico en el código penal. No hay un tipo penal que diga: “el que autorice a vacunar a otro al que no le tocara su turno de forma inmediata será castigado con una pena de x años de prisión. La misma pena se aplicará al que recibiera la vacuna”. No es bueno utilizar el derecho penal para fines políticos. Tampoco hay aquí delitos funcionales genéricos (malversación, incumplimiento de deberes, tráfico de influencia). En estos casos siempre aparecen exigencias que no se darían en este supuesto: la ventaja patrimonial para el funcionario, el cambiar de destino el dinero de la vacuna, o directamente incumplir un deber específico que aquí no se ha incumplido (se cumplió de un modo perfectible, en todo caso). Ojala algún día aparezca una vacuna contra un mal a veces difundido en algunos sectores de la vida institucional, el “BPA”: bipolaridad politicamente activada. Los delitos no se generan por indignación popular o construcción mediática: deben estar en el Código Penal.