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Hace 150 años: Las mujeres en la Comuna de París

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Fuente: Manuel Kellner | Viento Sur Fecha: 9 de marzo de 2021 Hace 150 años, el 18 de marzo de 1871, comenzó la insurrección que alumbró la Comuna de París, que duraría 72 días. Karl Marx y Friedrich Engels escribieron sobre esta experiencia histórica. Sus conclusiones forman parte hasta nuestros días de los principios básicos del socialismo revolucionario en todo el mundo. El papel de las mujeres en esta insurrección y en la democracia radical que nació de ella suele tratarse más bien poco en ocasión de las conmemoraciones, pese a que existe toda una serie de estudios al respecto. Prosper-Olivier Lissagaray escribió en su Histoire de La Commune 1/, publicada ya en 1876 y que hay que calificar de obra clásica sobre el tema, lo siguiente [traducción propia]: “Las mujeres fueron las primeras en avanzar, como en los días de la revolución. Las mujeres del 18 de marzo estaban curtidas a raíz del asedio –no en vano tuvieron que soportar una doble ración de penuria– y no esperaron a sus hombres. Rodearon las ametralladoras y dijeron a los soldados: ‘¡Es una vergüenza! ¿Qué hacéis aquí?’ Los soldados guardaban silencio. De vez en cuando decía un suboficial: ‘Andad, buenas mujeres, ¡largaos de aquí!’ El tono de su voz no era áspero, y las mujeres se quedaron… Un gran número de guardias nacionales, con las culatas de los fusiles en alto, acompañados de mujeres y niños, avanzaban por la rue des Rosiers. Lecompte (el general) se vio rodeado, ordenó tres veces abrir fuego. Pero sus hombres permanecieron con los fusiles en tierra. Cuando se acercó la multitud, confraternizaron, y Lecompte y sus oficiales fueron detenidos.” El 8 de febrero había sido elegida, por exigencia de Bismarck, una Asamblea Nacional de mayoría monárquica para iniciar las negociaciones de paz. A partir del 17 de febrero, Adolphe Thiers se instaló, como jefe del gobierno, en Versalles, la residencia de los reyes. La masa de trabajadores y trabajadoras y de la pequeña burguesía estaba decidida a defender París frente al ejército prusiano, pese a la enorme penuria que sufría la ciudad sitiada: paro masivo, hambre, frío. La peor parte recayó en las mujeres, que ya desde antes llevaban todas las de perder: cobraban salarios más bajos y se veían oprimidas y acosadas de muchas maneras. La Guardia Nacional, formada mayoritariamente por trabajadores, era el brazo armado de la población parisina. Thiers exigía la capitulación, y su intento del 18 de marzo de desarmar este cuerpo, que en aquel momento contaba probablemente con unos 180.000 hombres, sentó como una enorme provocación. Así comenzó la insurrección del pueblo de París. El papel de avanzadilla de las mujeres en la respuesta a la ofensiva contra el París republicano no fue fruto de la casualidad. “Bellos animales” La efervescencia democrática radical y social se hizo notar meses antes del estallido de la guerra franco-alemana, sobre todo en París. Louis Bonaparte (Napoleón III) emprendió su guerra de agresión precisamente para parar los pies a esta efervescencia. Sin embargo, después de defenderse con éxito, el ejército comandado por Prusia pasó al ataque, y la aventura bonapartista acabó estrepitosamente. Meses antes, muchas mujeres habían comenzado a participar en el movimiento republicano y social, a reunirse por su cuenta y crear organizaciones propias. El 8 de septiembre de 1870, un grupo de mujeres, con André Léo (Léodile Champeix) y Louise Michel a la cabeza, se manifestaron delante del ayuntamiento y pidieron armas para luchar contra los prusianos. El 7 de octubre, estas mujeres reclamaron su derecho a participar en los combates en primera línea, para asegurar la atención a los heridos. Las posiciones contrarias a la participación de las mujeres en el bando republicano y socialista-comunista –en particular, Proudhon estaba estrictamente en contra, e incluso había llegado a afirmar que las mujeres son “bellos animales, pero animales”– comenzaron a desmoronarse. El combate de la Comuna, proclamada el 18 de marzo, se desarrolló en dos frentes al mismo tiempo: contra los sitiadores prusianos y contra el gobierno traidor de Versalles. Además, se intentó resolver los problemas sociales más acuciantes y construir un mundo nuevo en medio de una situación angustiosa, un mundo en que el pueblo trabajador tomaba las riendas de su propio destino. Difícilmente se podía rechazar la implicación de las mujeres en la solución de todos estos problemas. El Comité Central de la Guardia Nacional asumió al principio el mando del París revolucionario y organizó elecciones al consejo municipal, la Comuna, elecciones que tuvieron lugar el 26 de marzo. El 28 de marzo se proclamó públicamente la Comuna. A partir del 29 de marzo funcionaban diez comisiones, que elaboraban propuestas que sometían a la aprobación del consejo. Entre ellas, cabe citar la separación de Iglesia y Estado; escuela laica y gratuita, obligatoria para niños y niñas; derecho al trabajo remunerado; concesión de la nacionalidad a inmigrantes; confiscación de viviendas vacías para personas sin hogar; asistencia letrada gratuita; socialización de las empresas abandonadas por sus propietarios, autogestionadas por cooperativas creadas por el personal. Las medidas de la Comuna Una serie de resoluciones de la Comuna mejoraron la situación de las mujeres. Estas podían obtener el divorcio de sus maridos mediante una simple declaración de voluntad y recibían apoyo material de la Comuna hasta que decidiera el tribunal. Maestras y maestros percibían el mismo salario. Las compañeras de guardias nacionales caídos en combate recibían de la Comuna la misma indemnización que las mujeres casadas. Los representantes electos estaban obligados a rendir cuentas ante su electorado y sus cargos eran revocables en todo momento; el consistorio se consideraba poder legislativo y poder ejecutivo al mismo tiempo, y percibían para su sustento la cantidad equivalente al salario medio de un obrero. Las mujeres no tenían derecho de voto en la Comuna, pero no cabe duda de que esta habría implantado finalmente este derecho si hubiera tenido más tiempo. En los niveles de representación inferiores, en los distritos y en numerosas entidades, muchas mujeres ostentaban cargos de dirección y desempeñaban funciones importantes. Las actividades de las mujeres en la Comuna y para

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Los orígenes del Lawfare

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Fuente: Eduardo Barcesat | El Destape Fecha: 6 de febrero de 2021 Ya se conoce con bastante aproximación el modo en que opera la perversa práctica del “lawfare”, y qué sectores toman intervención en esta madeja institucional destinada a desbaratar el Estado de Derecho. Incuestionablemente, el sector más responsable de esta madeja es la “pata podrida del Poder Judicial”, en su escaño más dañino, la Justicia Penal Federal, que ejercita el poder punitivo del Estado enderezando el mismo, cual ariete, a la persecución y destrucción del “enemigo” político. Como diría algún Clausewitz tardío, “…la prosecución de la guerra por otros medios”. Y decimos “perversa práctica” porque emplea la institución judicial para fines de destrucción. Paradojal, realmente, que el Poder Judicial, presentado en todo texto que aborde la descripción y fundamentos dogmáticos de la  unidad del “Estado/Derecho”, como el custodio final de todos los derechos y garantías constitucionales deviene, en esta etapa de dominancia del neo-liberalismo,  en el hobbesiano monstruo que tritura esos derechos y garantías forjados por la conciencia jurídica de la humanidad y cuyo peldaño más elevado son los derechos humanos, esa inescindible unidad de libertades civiles y políticas, y de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Cómo opera el poder (poder que es mera fuerza e ideología) para operar este torcimiento? Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. Opera apropiándose de la metodología y esencia del “common law”; esto es, de la fuerza vinculante de los precedentes judiciales. En sus orígenes, los expositores encolumnados con el denominado “realismo jurídico anglo-sajón” alababan y prohíjaban la inexistencia de reglas escritas que determinen, con rigor, el obrar de los jueces. Para ellos (Roscoe Pound; Oliver Wendell Holmes), “…el derecho es lo que los jueces dicen que es en sus resoluciones…”, y si hay algo que pueda ser nominado como “dogmática jurídica”, pues será: “… el conjunto de profecías que emiten los operadores del derecho acerca de cómo los jueces resolverán los casos…” De allí la conocida formulación de Wendell Holmes, al inaugurar una sede de la Universidad de Boston, “…el derecho no es moral, no es lógica, es experiencia; experiencia que hacen los pueblos…”; o el poder, decimos nosotros. En definitiva, que son los jueces los que determinan qué es lo que denominamos “derecho”. Debo exponer, por su carácter paradigmática, la enunciación de un directivo del GAFI, pronunciada en la audiencia que decidiría el pase de la Nación Argentina al “sector blanco”; esto es, el de los países que combaten eficazmente el narcotráfico y el terrorismo. Me encontraba exponiendo, convocado por el titular de la UIF, sobre la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino, y del control de constitucionalidad y convencionalidad que debe ejercer el Poder Judicial de la Nación, en todos sus estamentos. Sorpresivamente, este directivo, profesor universitario canadiense, interrumpe nuestra exposición para vociferar: “…ustedes (se dirige al Estado Argentino)…deben adoptar el Common Law. Con ese sistema los jueces reprimen mejor, no tienen ataduras…”.  La sensata intervención de quién presidía la audiencia, cerró un enfervorizado debate, pues no estaba en nuestro ánimo, ni en el objetivo de la audiencia, consentir tamaño dislate. Supimos desde hace años de las prácticas del poder económico y comunicacional de organizar “safaris judiciales” a la meca del common law, para que sus expositores los “adiestren” en esta metodología que desbarranca, ineluctable y fácilmente, en el “gobierno de los jueces”; esto es,  el poder aristocrático, vitalicio, contra-mayoritario, que debe prevenir y corregir los posibles desbordes demagógicos y populistas de los poderes políticos (frase de “El Federalista”, que colecta los artículos periodísticos producidos por los padres de la futura Constitución de EEUU). El “lawfare”, entonces, es la forma potenciada, exacerbada, del common law, su “Mister Hyde”, una bestia institucional. Los países latinoamericanos, que han seguido la tradición de la ley escrita, exhiben, como el nuestro, una estructura jerárquica del orden jurídico positivo, y si bien los jueces no son, ni deben ser, repetidores inertes de las leyes, deben guardar observancia a la supremacía constitucional, y el resguardo de esa supremacía, frente a los actos de los otros poderes, lo que constituye  el deber primero de todo integrante del Poder Judicial de la Nación Argentina. Para finalizar, los tres poderes que conforman el Gobierno Federal de la Nación Argentina tienen potestades constitucionales para desmontar el “lawfare”. En efecto, el Poder Legislativo, el primero de los tres poderes del Gobierno Federal que regula la Constitución Nacional, tiene la facultad de dictar amnistía; en nuestra situación, el amnistiar a las víctimas del “lawfare”, lo que eliminaría la condena o el proceso judicial persecutorio, señalando, al mismo tiempo, el mal obrar jurisdiccional que llevó a esa victimización y deterioro institucional. El Poder Ejecutivo, a su turno, puede disponer indultos, pero ello no tiene la significación jurídica de la amnistía, que es la medida que denota, como dijéramos, de la excepcionalidad institucional del período 2015/2019, y que impone la ruptura que debe producir el actual Gobierno Nacional para establecer el imperio del Estado de Derecho, que es una tarea más profunda que la del acceso al poder político de la Nación. Finalmente, que el Poder Judicial de la Nación, a través del obrar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene en su poder, hace más de año y medio, diversos planteos de nulidad en las diversas causas paradigmáticas del “lawfare”, como lo es la causa conocida como de las fotocopias de los cuadernos quemados/resucitados, está convocado, en observancia a la supremacía constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos, a dictar señeras sentencias anulando dichas causas. Además, correspondería disponer, en las respectivas sentencias, que se envíen los antecedentes de todos los magistrados involucrados en la producción y convalidación de los entuertos al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial. Como se advierte, los integrantes de los tres poderes del Gobierno Federal tienen las respectivas competencias necesarias para actuar en el desmontaje de la bestia institucional…y así cumplimentar la manda del art. 36 de la C.N., de observar y hacer observar la supremacía de la C.N. y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos

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Ecuador: el laberinto hacia el ballottage y las dos antinomias

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Fuente: Gerardo Szalkowicz | Página/12 Fecha: 24 de febrero de 2021 Después de dos semanas en las que la resolución de la primera vuelta presidencial ecuatoriana quedó atrapada en un atolladero de incertidumbre, tensión y suspenso, con giros repentinos que trastocaban el escenario a diario, finalmente el Consejo Nacional Electoral confirmó que será el ex banquero Guillermo Lasso quien disputará el balotaje con Andrés Arauz (foto) el 11 de abril. Queda por ver en qué decanta la impugnación presentada por Yaku Pérez -quedó tercero por apenas 33 mil votos– y la presión que logre la movilización indígena, pero todo indica que Ecuador repetirá la polarización que predomina en la región en este siglo, entre un progresismo de profundidades variadas y una derecha neoliberal con el recetario de siempre. Habrá entonces una confrontación de proyectos abiertamente diferenciados, una disputa político-ideológica más nítida que si hubiera entrado Yaku Pérez, personaje ambivalente, expresión de la corriente más reaccionaria del movimiento indígena, portador de una huella política más bien conservadora pero cuya base social-electoral expresa al indigenismo y a otros sectores del campo popular distanciados del correísmo. Culebrón electoral El resultado final ratificó el triunfo de Arauz con el 32,7 por ciento y una ínfima ventaja de Lasso (19,74) sobre Pérez (19,39), quien desde el primer día denunció fraude y pidió el recuento de votos: la escena siguiente mostró un principio de acuerdo entre ambos candidatos, el CNE y la OEA para revisar las actas en 17 provincias. Se olía un gran pacto de todo el eje anti-correísta. Pero dos días después Lasso se echó para atrás y se consumó el divorcio con Pérez mediante un álgido tiroteo de tuits. Finalmente en el CNE no hubo consenso para reabrir las urnas y este domingo se oficializaron los resultados, aunque no hay que descartar nuevos vaivenes y maniobras desde el Poder Judicial. En este complejo teatro de operaciones, presiones y negociaciones se destacó el protagonismo de la OEA, que aporta más dudas que garantías teniendo en cuenta que su última actuación estelar fue inventar el fraude en Bolivia que dio pie al golpe de Estado de 2019. También enturbió el panorama la injerencia del gobierno colombiano activando un “falso positivo judicial” binacional y enviando al Fiscal General por un supuesto aporte financiero de la guerrilla del ELN a Arauz. La operación había sido publicada por la revista Semana, cercana al uribismo gobernante. En los últimos años, la persecución judicial (hoy le dicen lawfare) y las noticias falsas (hoy le dicen fake news) aplicadas por los grupos de poder encontraron terreno fértil en el Ecuador de Lenín Moreno; si bien lograron proscribir a Rafael Correa, no pudieron evitar que resurgiera el correísmo como primera fuerza (y primera minoría en el Congreso). El dilema de la doble polarización Tanto Arauz como Lasso deberán ampliar alianzas y seducir a parte del electorado ajeno para llegar al Palacio de Carondelet. La primera gran incógnita es qué pasará con el casi 20% que sacó el candidato de Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la organización que protagonizó los levantamientos populares en las últimas tres décadas.  Sin dudas Pérez capitalizó el espíritu de las jornadas de octubre de 2019 contra el ajuste de Moreno y el FMI, aunque él haya tenido un rol marginal. La CONAIE, si bien cerró filas con su candidato, arrastra fuertes tensiones internas fruto de su heterogeneidad. Leonidas Iza, uno de sus líderes más combativos, había advertido que sería “ilegítimo e inconsulto” cualquier acuerdo con Lasso: “Cerramos toda opción de diálogo con la derecha venga de donde venga”. Días después, Pérez, que en 2017 había apoyado a Lasso (“mejor un banquero que una dictadura”), ahora recalculó: “Ni sueñen que vamos a apoyar a la delincuencia organizada de Lasso”. La otra porción importante de votos en juego es la del empresario Xavier Hervas, el “candidato Tiktok” que sacó un sorprendente 15,6% haciendo pie en el electorado joven urbano y también propuso un frente contra Arauz. Las candidaturas de Pérez y Hervas expresan mayormente un voto anti-neoliberal, consolidado con el desastre que deja Moreno. Enfocando desde esta antinomia, Lasso aparece con pocas chances. Ex banquero, miembro del Opus-Dei, símbolo de la política tradicional y de la hecatombe económica de los ´90, llega al ballottage con un caudal de votos mucho menor que en las presidenciales que perdió en 2013 y 2017, con una floja imagen y un discurso demasiado conservador. Su única carta es mendigar un voto útil contra el correísmo. Esa es la segunda antinomia que complejiza los cálculos. La política ecuatoriana de los últimos 15 años está marcada por el correísmo/anti-correísmo. Y el ascenso de Pérez y Hervas es también producto de esa grieta: encarna un voto anti-establishment, diverso o difuso ideológicamente pero permeado por la demonización del correísmo asociado a la corrupción. Arauz tendrá que lidiar con las zancadillas de los poderes fácticos, pero sobre todo tiene el desafío de tender puentes y recomponer el vínculo con buena parte de los sectores indígenas, ambientalistas y feministas con los que Correa ha sido hostil. De rescatar el voto progresista y juvenil captado por Pérez y Hervas. De plantear una agenda que permita problematizar el extractivismo y se desmarque de las posturas conservadoras de su mentor como por ejemplo con el derecho al aborto legal. Para ganar el balotaje pero, sobre todo, para encarar un eventual gobierno que le permita al correísmo “volver mejores”. En definitiva, si Arauz logra que en las urnas prevalezca la antinomia neoliberalismo/anti-neoliberalismo seguramente logre un nuevo paso para el reimpulso de los gobiernos progresistas y la reconstrucción de la integración latinoamericana. Editor de NODAL. Autor del libro “América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista”. Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.

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El “delito” de vacunar

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Fuente:  Maximiliano Rusconi | Infobae Fecha: 23 de febrero de 2021 Daniel Gollán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires A nuestro país le cuesta encontrar la armonía. Estamos más acostumbrados al movimiento pendular pero, en verdad, pertenecemos a una comunidad que disfruta sólo cuando el péndulo se encuentra en los extremos, aunque esa satisfacción dure poco. Al mejor estilo de las penas infamantes de la inquisición nos gusta disfrutar de la hoguera del caído en desgracia. Y mucho más cuando todos nuestros vecinos salen a denunciar siempre tardíamente que en verdad el quemado hacía brujería. Voy a hacer una aclaración previa para evitar lecturas improvisadas: nadie puede estar de acuerdo con darle la vacuna a uno que se “coló” en la fila. Nadie. Eso está mal. Pero también está mal seguir clavándole cuchillos al cadáver como si pudiera responder. Mucho peor es ser cínico o pretender ocultar otros problemas subrayando y sobreexponiendo algún caso particular, o en la crítica pública no tomar en cuenta nuestros propios males como sociedad. Pero lo que es peor es que desde las instituciones los funcionarios encargados de hacer justicia operen con la misma inquina con la cual algunos centros de poder se sacan fotos aprovechándose de la crisis.El presidente Alberto Fernández. al recibir la dosis de la vacuna Sputnik Últimamente pareciera que algún sector del Poder judicial y del Ministerio Público no deja escapar una sola oportunidad de empeorar su imagen. No se desperdicia ni una chance de aumentar el nivel de mezquindad. Algunos sienten una especial seducción no en saber la verdad y aplicar la ley frente a la sociedad (gran deuda) sino en aprovechar la época de la crisis para hacer prevalecer su espíritu carroñero y llevar el resultado al mejor postor político. No sólo era de esperar que éste episodio de la vacunación sin turno generara denuncias de quienes han construído su carrera política sólo denunciando hechos (cuya falsedad o veracidad nada importa), sino que también era previsible que un grupo de fiscales (con o sin excavadoras) impulsara con enorme energía estos casos. La participación activa de estos fiscales (si lo hacen con ecuanimidad) en la investigación de delitos me parece no sólo positiva sino esencial en el sistema republicano. Pero ello sólo siempre y cuando haya un delito posible como conducta típica. El juez penal y el fiscal deben hacer su trabajo pero siempre que las acciones sometidas a su estudio puedan ser encuadradas en una figura penal. Debo decir que, según mi impresión ello no sucede en este caso. El episodio no tiene nada para aplaudir, pero ¿hay o no un delito? Porque, según creo, en ocasiones, los representantes del Ministerio Público estiman que pueden intervenir, producir allanamientos, potenciar el escarnio público, ya que de todos modos siempre habrá algún tipo penal que pueda ser invocado. Por ello a veces se culmina con figuras aplicadas de modo disparatado pero que tienen la suficiente ambigüedad para “emprolijar el asunto” (asociación ilícita, administración fraudulenta, etc, etc).Cristina Kirchner, la vicepresidenta, también se inoculó contra el coronavirus Pero el problema es que vacunar al que está, en la mitad de la cuadra, saltando turnos previos, es muy feo, pero no hay ningún ilícito en ello. En una sociedad democrática en la cual rige el estado de derecho el control de la jurisdicción penal es la “ultima ratio” (el ultimo eslabón) de la cadena de controles sociales. No siempre podemos o debemos acudir al derecho penal. Una cosa es que nos parezca inmoral “colarse”, pero hay que decir que se vacunó a personas que tarde o temprano tenían que ser vacunadas. Para que quede claro: vacunar no es ningún verbo típico en el código penal. No hay un tipo penal que diga: “el que autorice a vacunar a otro al que no le tocara su turno de forma inmediata será castigado con una pena de x años de prisión. La misma pena se aplicará al que recibiera la vacuna”. No es bueno utilizar el derecho penal para fines políticos. Tampoco hay aquí delitos funcionales genéricos (malversación, incumplimiento de deberes, tráfico de influencia). En estos casos siempre aparecen exigencias que no se darían en este supuesto: la ventaja patrimonial para el funcionario, el cambiar de destino el dinero de la vacuna, o directamente incumplir un deber específico que aquí no se ha incumplido (se cumplió de un modo perfectible, en todo caso). Ojala algún día aparezca una vacuna contra un mal a veces difundido en algunos sectores de la vida institucional, el “BPA”: bipolaridad politicamente activada. Los delitos no se generan por indignación popular o construcción mediática: deben estar en el Código Penal.

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MENEM, LA DAIA Y EL ATENTADO A LA AMIA

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Asombro y perplejidad ante el volantazo discursivo sin autocrítica de la dirigencia comunitaria judía POR: EL LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDÍO  FEB 21, 2021 El fallecimiento del ex presidente Carlos Menem motivó un comunicado de la DAIA en el que recuerda que bajo su mandato se produjeron los atentados a la embajada de Israel y la AMIA-DAIA, consignando que “nunca pagó por su responsabilidad en el encubrimiento del atentado contra la AMIA-DAIA”. No podemos dejar de expresar nuestro asombro y perplejidad, siendo que la propia DAIA ha sido a través de los años el principal sostén de encubrimiento menemista, sin realizar autocrítica ni cambio sustancial de rumbo hasta la actualidad. Resultaría agotador reseñar 26 años de maniobras de apoyo por parte de la dirigencia y la querella AMIA-DAIA a la insostenible historia oficial del atentado, y la defensa denodada que ejercieron para defender a funcionarios judiciales y policiales corruptos, responsables de la impunidad organizada por el gobierno de Menem. Desfilaron una y otra vez en apoyo del ex juez Juan José Galeano a cargo de la fraudulenta causa (hoy destituido y condenado penalmente, como delito de lesa humanidad, por encubrimiento); continúan defendiendo a los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia; negaron por años el comprobado pago de la coima de más de 400.000 dólares al entonces preso Carlos Telleldín con fondos de la SIDE, de lo que tenían conocimiento, con los que se le compró una declaración falsa que desvió la investigación por una década; premiaron al comisario Jorge “Fino” Palacios y a otros jefes policiales involucrados en el ocultamiento y en el espionaje sobre la comunidad judía; embistieron contra el titular de la Unidad AMIA Mario Cimadevilla porque se animó a impulsar investigaciones en una línea distinta de la historia oficial; taparon a los responsables de la impunidad –y su propio involucramiento– impulsando denuncias contra la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vaciando así de contenido real el término “encubrimiento” y poniendo en su lugar la discusión por el memorándum con Irán. En ese emprendimiento contaron con el impulso de los medios hegemónicos en articulación estrecha con el PRO y Cambiemos, y con sectores del Poder Judicial, constituyéndose en instrumento central del lawfare. Entretanto, silenciaron el juicio por el verdadero encubrimiento finalizado en 2019, que entre otras cosas dio por probado el desvío de la “pista siria”, que la DAIA siempre calificó como “fantasía”. Buena parte de estos y muchos otros actos la DAIA los perpetró en pretendida “representación de la comunidad judía”, situación intolerable que motivó el propio nacimiento del Llamamiento, bajo la consigna “no nos representan”. Este sorpresivo y aparente cambio de rumbo, por lo menos en lo discursivo, debería traducirse en un ejercicio real de debate y autocrítica, para que nunca más la dirigencia comunitaria vuelva a cumplir tan lamentable papel. Luis Kon, Horacio Lutzky y Marcelo Seltzer Comisión jurídica del Llamamiento Argentino Judío.

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La discusión de fondo

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Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 21 de febrero de 2021 Como varias veces hemos afirmado, la regulación del Estado en ciertos sectores económicos resulta fundamental para evitar distorsiones y abusos en las distintas redes que componen el sector productivo de la economía. En esta última semana se conocieron varias decisiones que tomó el gobierno nacional en este sentido y que justamente instan a resolver, a partir de las potestades legales, situaciones que le generan grandes perjuicios al bolsillo de las personas.  Un ejemplo de ello fue la aplicación de la Ley de Abastecimiento (modificada en 2014 por la Ley 26.991 de Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo) a través de la resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior. En el marco de un alza en el nivel de los precios de los alimentos (en enero registraron una suba del 4,8%) algunas grandes empresas del sector fueron instadas a cumplir la ley. Tan sólo eso. En concreto, la Secretaría de Comercio Interior imputó a un grupo de grandes empresas por retención de sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo. Este comportamiento irregular, señala el comunicado oficial, se detectó ya que las empresas “habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020”. Esta normativa establece además que el marco legal para la implementación de los Precios Máximos, “tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados”. El procedimiento en los comercios identificó faltantes en las góndolas de productos de consumo masivo, evidencia que derivó en inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras a las que se les solicitó información sobre stocks e inventarios de noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021. El titular de la Copal se quejó porque fueron a la reunión con el gobierno “y ahora se les imputa generar desabastecimiento. Parecería que nos olvidamos que el propio Presidente dijo que éramos una industria esencial”. Pero los que son esenciales son los alimentos que producen, que no pueden faltar en la mesa de los argentinos y las argentinas, o venderse a precios que no tienen justificación. En cuanto al hecho de sentarse en la mesa de diálogo, si bien siempre es importante, eso por sí solo no legitima comportamientos que se están tratando de cambiar. Por eso considero que el diálogo y los acuerdos que se alcancen deben ir acompañados de metas específicas que deben ser cumplidas y presentadas ante la sociedad. En este caso en particular, se requiere que las empresas restablezcan los stocks registrados a noviembre de 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización. No se les está pidiendo a las empresas que produzcan a pérdida, se está tomando como referencia el nivel de producción de hace tan sólo tres meses y con el objetivo de no perjudicar a los consumidores finales con alzas innecesarias en los precios de productos esenciales como los alimentos. Discusiones de fondo En definitiva todo termina retornando, y no sólo en Argentina, al tema de fondo: cuál debería ser el rol del Estado. O más aún, a la dicotomía entre “Estado y mercado”. Referida a Estados Unidos, en una nota del Financial Times se afirma que “la estrategia de Biden para la economía estadounidense implica el cambio más radical de las políticas predominantes desde las reformas de libre mercado de Ronald Reagan de hace 40 años; con planes de endeudamiento y gasto público a escala nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial, la administración está haciendo un enorme experimento fiscal”. En la nota se comenta que “si el plan da resultado, demostrará que la innecesaria timidez de las últimas décadas hizo que millones de personas estuvieran desempleadas sin ninguna necesidad, le quitó a muchas zonas la oportunidad de mejorar su nivel de vida y amplió las desigualdades (…). Si los planes de recuperación que impulsa Biden terminan siendo correctos, demostrarán que (…) durante los últimos treinta años las economías avanzadas se obsesionaron demasiado con la inflación”. Sin embargo, el énfasis ideológico que se quiere dar queda claro a partir del propio título de la nota: “Si el plan de Biden fracasa pasará a la historia como el mayor «gol en contra»”. Se trata de una argumentación que desafía toda lógica. Incluso si el Plan Biden no llevara a los resultados esperados, nada induciría a concluir que la opción que queda sean las políticas de ajuste. Argentina, por su parte, ha sido un ejemplo de lo que generan las políticas neoliberales. Vinculado a ello, hace unos días falleció Carlos Menem, quien fuera presidente argentino durante diez años. Más allá del respeto por el dolor de sus familiares y amigos y de las condolencias que la formalidad del momento impone, no hay que dejar de decir que su figura encabezó precisamente un proyecto de políticas que tuvieron un profundo impacto regresivo, dándole continuidad y profundidad al plan económico que comenzó en la última dictadura militar. En definitiva fueron los mismos “cómo” (desregulación y Estado mínimo, apertura externa indiscriminada, etc.), que guiaron a la Alianza y que el macrismo retomó más tarde. Los resultados, casi idénticos en todos los casos (endeudamiento, fuga de capitales, quiebra de pymes, desempleo y pobreza), y cada vez más complejos de revertir.  Muchas problemáticas que hoy padecemos, como la tendencia a la dolarización y la desindustrialización, tuvieron el germen en estas políticas. Desde la apología de las privatizaciones y de los productos importados, a la subordinación en el orden internacional a la política de los Estados Unidos (“relaciones carnales”), la aplicación del decálogo del Consenso de Washington fue completa en los noventa. Se trata de una ideología que aún está muy activa en Argentina y aquí radica buena parte

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Encrucijadas de la soberanía digital

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Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha:  de febrero de 2021 “Hay que evitar la creencia de que las innovaciones tecnológicas son positivas sólo por ser nuevas, o son negativas sólo porque son tecnológicas” David E. Graham La última semana se informó la construcción de un consorcio de medios de comunicación argentinos asociados a la plataforma Google, destinada a reproducir material informativo local en su portal de noticias global denominado News Showcase. El acuerdo incluye a más de 30 grupos periodísticos, tanto porteños como provinciales, entre los que figuran Clarín, La Nación, Infobae, Página/12, El Cronista, La Arena, La Gaceta y Nueva Rioja, entre otros. El acuerdo implica un financiamiento de los medios locales por parte de Alphabet (la corporación que administra Google) y un decidido involucramiento en la selección de contenidos. Dicho desembarco forma parte de una campaña internacional para blindarse frente a las acusaciones de prácticas monopólicas, posición dominante, comercialización de datos privados a empresas y desvío de información crítica hacia la National Security Agency (NSA). News Showcase ofrece colaboración y apoyo financiero al periodismo de cada uno de los países con el objeto de obtener una legitimidad cuestionada por la Unión Europea y otros estados. Argentina es uno de los doce países en donde se decidió implementar el programa, que incluye acuerdos similares con medios de Alemania, Brasil, Canadá, Francia, el Reino Unido, Australia y Japón, entre otros. La inversión inicial es de 1.000 millones de dólares e incluye, hasta la actualidad, a unos 450 medios. La participación de los medios argentinos contribuye a la tendencia generalizada de una mayor concentración monopólica global y a la vez faculta a Google a convertirse en el gran responsable de modelar la imagen de la Argentina a nivel internacional, permitiéndole la selección de noticias aptas para el paladar del neoliberalismo hegemónico. Los medios locales recibirán compensaciones económicas por replicar una selección de sus titulares, mientras que Google compilará los datos obtenidos como insumo de sus operaciones de Inteligencia Artificial (IE). Una vez procesados, los comercializará a miles de empresas que los utilizarán como soporte para el marketing directo y personalizado. Los medios argentinos obtendrán dos tipos de financiamiento: por un lado, como consecuencia de la provisión de contenidos a la plataforma News Showcase, y por el otro como resultado de proporcionar acceso a artículos de las versiones pagas de dichos medios asociados. El resultado de este involucramiento de Google en la producción de la noticialidad cotidiana local ampliará el control de la plataforma estadounidense sobre el denominado ecosistema informativo local, incrementando su capacidad para modelar el sentido común, imprescindible para la reproducción ampliada del sistema financiarizado. En ese marco, la restricción sobre la soberanía comunicacional se expresará a partir de las cinco dimensiones siguientes: Agenda: decidirá qué temas y qué medios serán los que ocuparán los lugares prioritarios y cuáles serán ubicados en los márgenes. Dado que la selección inicial será ofertada por los propios medios, la trifecta mediática local (Clarín, La Nación e Infobae) logrará apalancar su legitimidad a la hora de difundir sus posverdades, falacias y tergiversaciones, apoyada en la cobertura brindada por una plataforma globalizada. Ese escenario es lo que Google conceptualiza como un ecosistema informativo, nominación aséptica con la que se pretende esconder las decisiones corporativas de sus CEOs. El ecosistema funciona como la mano invisible del mercado. Algo que está direccionalizado por poderosos actores que buscan atribuir sus movimientos a una naturaleza independiente de intereses. Concentración: incrementará la monopolización de los medios locales sin tener que regirse por normativas democráticas –presentes o futuras–, dada su localización empresaria en Estados Unidos. Operará sin arbitraje del Estado y decidirá qué coartar, ampliar o cercenar sin que una autoridad soberana o multilateral cuente con capacidad de intervención. Monetización: incrementará la capacidad de comerciar los datos personales de los ciudadanos argentinos, tanto para ofrecer agregados aptos para el marketing personalizado como para modelar campañas electorales, tal cual fue denunciado en ocasión del caso Cambridge Analytica. Vigilancia: aumento de la capilaridad informativa sobre partidos políticos y sus referentes, combinado con el desarrollo de mecanismos de inteligencia artificial dispuestos para completar una arquitectura global capaz de instalar mercados de futuros conductuales. Una disposición posible gracias a una concentración extrema de conocimiento, ajena a la supervisión democrática: se profundizará la manipulación destinada a conformar tribus antipolíticas y modelo de consumidores antes que ciudadanos. Sujetos aislados enemigos de la cooperación, admiradores de la competencia, reivindicadores de la desconfianza y de guerra de todos contra todos. Tergiversación, sobreabundancia y escándalo: La articulación convergente planificada por News Showcase será gobernada por algoritmos funcionales a los requerimientos empresariales trasnacionales, generalmente opuestos a las demandas sociales o las necesidades soberanas. En ese contexto, se omitirán los circuitos capaces de dotar a los usuarios de pensamiento crítico, convirtiendo a los ciudadanos en cibernautas. La difamación se hace confusa y ambigua y se la denomina fake new. “Cuando nos conectamos a internet ya no vemos el bosque. Ni siquiera los árboles, vemos sólo hojas, ramas (…) un ecosistema de tecnologías de interrupción (…) donde nos presentan pedazos o fragmentos de la realidad a través de sus buscadores”. La emocionalidad, la intemperancia, el odio y la intolerancia aparecen como vehículos de articulación social más premiados por las redes sociales y los buscadores. Cuánta más agresión se reproduce, mayor es la cantidad de respuestas. A eso se le suma el aluvión de contenido indiferenciado que –sin alfabetización digital– logra equiparar, sin jerarquizar, a un infectólogo con una presentadora televisiva, debatiendo temáticas de inmunización. Regular o sucumbir Desde 2019 el control del intercambio político en el ciberespacio es regulado por Google sólo en Estados Unidos, la Unión Europea (UE), la India y el Reino Unido. En 2020 se incluyó a Nueva Zelanda, Israel, Australia y Taiwán. En todos esos países, Google limitó, seleccionó y/o censuró la divulgación de anuncios electorales según segmentaciones generacionales, de sexo y de ubicación georreferencial. Aunque Google intenta resguardarse frente a posibles acusaciones de interferencia electoral, la Unión Europea y algunos de sus países miembros, por separado, han avanzado en la aplicación de normativas destinadas a limitar su poder discrecional. A partir de enero de 2021 se aplica en España

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Horacio Verbitsky. El oscuro día de los moralizantes

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Fuente: Horacio González | La Tecl@ Eñe Fecha: 21 de febrero de 2021 El caso de Horacio Verbitsky se prestó para que se concentrara la polución colectiva de los grandes medios de comunicación, recogiendo las ansiedades malogradas de miles y miles de personas que dirigieron hacia ese único e impensable punto, sus desbaratadas ganas de ultrajar. Bastaba que en ese punto apareciera la figura de Horacio Verbitsky. Una figura pública que durante más de medio siglo fue reinventando una modalidad de periodismo que sin perder sutileza, ironía y fino sarcasmo, se dedicó a desnudar las tramas ilegales, represivas y destructivas de las formas políticas más horrendas que conoció la humanidad, desde actos de sufrimiento y aniquilación producidos en personas con compromisos políticos revolucionarios hasta esquemas ilegales de negocios que estrujaron hasta dejar exangüe a nuestro país. ¿Se olvidó eso? Los grandes medios que sacaron sus relucientes armamentos hechos de emoticones y rabiosa opinología, se frotan las manos. Por Horacio González* (para La Tecl@ Eñe) Un riesgoso fanatismo, un alud que cae violentamente sobre un único individuo que súbitamente concentra las acusaciones en que se cifran, si fueran dichas de otra manera, todas las frustraciones colectivas, las innumerables desistencias de la vida social argentina para evitar convertirse en un ámbito problemático. Una catarata que renueva sus aguas revueltas con una penitenciaría de flechas envenenadas contra un hombre que pasó su vida en un combate contra las condensaciones políticas que se deleitaron creando espanto y horror, y que ahora parecen haber revelado, en un único acto de su vida del que se arrepiente, que la impugnación a emisarios de la muerte organizada desde el Estado -en oscuros períodos que es imposible olvidar-, era una fantasía de alguien que llevaba en sus venas el deseo de actuar sin pedir turno, saltarse el lugar en la cola. Si somos prístinos en la vocación de pensar la política, debemos seguir siendo capaces de analizar sus problemas en vez de emplear hachas de sílex que caen sobre el “enemigo del pueblo”. Recordamos con esta expresión al Doctor Stockmann, el famoso personaje de Ibsen. Ojalá, estuviésemos entonces discutiendo una obra de teatro de un gran autor noruego. Stockmann, como médico había descubierto que estaban contaminadas las aguas del lago turístico del pueblo, y los políticos que lo saben, aunque lo niegan para no arruinar un negocio. Consiguen que el pueblo acuse a Stockmann, que a su vez, mantiene la idea de que los pueblos son fáciles de engañar. Con las enormes diferencias del caso, Horacio Verbitsky ha sido declarado “enemigo del pueblo” en una gran carnavalada de hipocresía y agua bendita. ¿Es el “enemigo del pueblo”? Si alguien fue capaz de decirlo, consultando quizás el acervo de grandes frases del teatro clásico, no se tomó el trabajo de consultar lo inverosímil de sus anatemas. “¡Se atribuye un privilegio cuando hay cincuenta mil muertos en el país!”. La insólita acusación es grave a dos puntas. Una es obvia. Verbistsky se vacunó sin acatar la larga espera a la que muchos estamos sometidos, corriendo la suerte de miles y miles de hombres y mujeres que vivimos con tristeza estos tiempos de cerrazón para las preguntas fundamentales sobre la vida, que no es que se ausenten, pero vienen demasiadas veces montadas en la televisada caballería de la impugnación, el insulto fácil, la moralina proclamada desde la supuesta  indemnidad personal de quienes se saben envueltos en celofanes, purezas de facultades de juzgar al prójimo en un escupitajo de desprecio. Inquisitoriales, se basan en un error personal para preparar la desmesura de hacerlo cargar con una insensibilidad estadística hacia los muertos que va dejando este estropicio que originó debates filosóficos, ecológicos, científicos y toda clase de especulaciones sobre una geopolítica de las vacunas, en la que tanto tienen que ver los que usan toga de moralistas, mantillas de severos analistas políticos. Nos vacunábamos desde chicos en las escuelas públicas, con una mera intervención de un enfermero que pasaba alcohol en nuestros tiernos brazos, bastaba hacer una cola como un trámite republicano, llamémoslo así, pero ahora esperamos la vacuna como una centella mesiánica salida ya de laboratorios cuyos nombres proféticos no conocíamos meses antes. Gamaleya, AstraZeneca, Pfizer. Este último nos era más familiar, pues como los grandes laboratorios occidentales tanto produce vacunas contra males específicos como gases asfixiantes y otros artículos vinculados a la violencia y la guerra. Pero ahora adquirían aspectos mesiánicos, heroísmos hospitalarios justamente conmemorados, y hasta entonaciones socialistas como dijo Iñigo Errejón en un reportaje desde España, donde comparó la vacuna a un “acto casi socialista”. Hace casi un siglo, los socialdemócratas alemanes dijeron que el correo postal era ya un indicio de socialismo. Comprendemos a estas personas y estos pensamientos benefactores que se entusiasman con aspectos científicos supletorios de la voluntad humanan política. Más de un siglo después el Correo no mostró esas virtudes que el candor político le atribuía, y su sucesor tecnológico, las “redes sociales”, se muestran especialmente como un reservorio de frases ponzoñosas, sostenidas en el anonimato, pero especialmente activas en la quiebra general de los tejidos asociativos que crean expectativas mutuas de solidaridad. Y no suelen evitar la injuria babosa, el escarnio ponzoñoso y la piqueta pública avalados por “tantas y tantas miles de visitas”. Se dice “las redes” como si se mencionara un ser, antropófago y ávido de devorar cuerpos vivos, canibalizarlos provocando un pequeño éxtasis domiciliario pues con el computador en nuestro penumbroso dormitorio podemos lanzar epítesis que producen un secreto espasmo, impiden pensar, pero producen un secreto temblor en nuestras soledades. El caso de Horacio Verbitsky se prestó para que se concentrara la polución colectiva de los grandes medios de comunicación, recogiendo las ansiedades malogradas de miles y miles de personas que dirigieron hacia ese punto -ese único e impensable punto-, sus desbaratadas ganas de ultrajar. Bastaba que en ese punto apareciera la figura de Horacio Verbitsky. Una figura pública que durante más de medio siglo fue reinventando una modalidad de periodismo que sin perder sutileza, ironía y fino sarcasmo, se dedicó a desnudar las tramas ilegales, represivas

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Una confederación entre Israel y Palestina puede resolver el conflicto

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Fuente: Bishara A. Bahbah (*)| The Times of Israel Fecha: 15 de enero de 2021 Dos estados soberanos, cada uno de los cuales acuerda ceder algunos de sus poderes a una autoridad conjunta para promover el bienestar de sus ciudadanos. Ilustrativo: los israelíes reparten rosas a los árabes en el barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén, durante el Día de Jerusalén. 24 de mayo de 2017 (Nati Shohat / Flash90) Al entrar en 2021, es hora de enfrentar la realidad. El mundo está harto del conflicto entre Israel y Palestina y el tiempo no está del lado de nadie. Israelíes y palestinos pueden recorrer cualquiera de los tres caminos trillados, todos los cuales no conducen a ninguna parte en el mejor de los casos, o pueden optar por la confederación, la única esperanza que queda para un escenario en el que ambas partes vivan juntas en paz y dignidad. Prescindamos de los tres primeros: existe el statu quo de no hacer nada, que significa dejar que las cosas se deslicen hacia un único estado binacional gobernado por Israel como un régimen de apartheid. Existe la tan anunciada solución de un solo estado con igualdad de derechos para todos, que es una fantasía inalcanzable dado que niega la razón de ser de Israel como estado judío. Y finalmente, la solución de dos estados, que cae en la categoría de una operación exitosa en la que murió el paciente: fue hábilmente planeada en Oslo, pero después de 22 años, un primer ministro israelí asesinado, una segunda Intifada y 350.000 occidentales adicionales. Colonos judíos del banco, está operativa y prácticamente muerto. Después de una extensa investigación y un examen de conciencia, creo que una confederación entre el Estado soberano de Palestina y el Estado soberano de Israel será la solución más práctica, implementable y menos exigente para el conflicto entre Israel y Palestina. He aquí por qué. Una confederación es una asociación flexible entre dos estados soberanos mediante la cual cada estado acuerda ceder algunos de sus poderes soberanos a una autoridad conjunta para promover el bienestar de sus ciudadanos y evitar la implementación de alternativas costosas o imposibles. Bajo una confederación, Israel no tendrá que remover los grandes asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, siempre que Israel se comprometa a detener la expansión de esos asentamientos. A los colonos (ciudadanos) israelíes se les otorgarían derechos de residencia en Palestina mientras mantenían sus derechos de ciudadanía con Israel. Los israelíes que residen en Palestina estarían sujetos a las reglas y regulaciones locales mientras se encuentren en Palestina. Ni los residentes israelíes ni palestinos tendrían derechos extraterritoriales que los eximieran de seguir las leyes locales. Sin embargo, se les puede permitir votar en las elecciones locales en las que residan con derecho a votar en las elecciones nacionales de su país de ciudadanía. Si esta idea suena atractiva, entonces aplíquela a los palestinos, que no son ciudadanos israelíes y que desean vivir en Israel. Esta alternativa podría resolver el tema de los asentamientos sin tener que desalojar o trasplantar a las personas de donde viven desde hace décadas, aunque sea de forma ilegal según el derecho internacional. Dado que la frontera es porosa entre Israel y Palestina, habrá una frontera política entre los dos estados pero, en realidad, habrá libertad de movimiento en ambas direcciones para personas y bienes. Solo aquellos que están en las listas de seguridad no podrán viajar libremente entre los países. La cooperación en materia de seguridad entre las dos partes sería fundamental para permitir este tipo de libre circulación. De hecho, este arreglo de seguridad existe ahora mismo entre Israel y la Autoridad Palestina y ha funcionado bien, con pocas excepciones. Las dos partes tendrían la tarea de mantener la seguridad fronteriza mediante patrullas conjuntas e intercambio de inteligencia. Las patrullas conjuntas podrían monitorear las fronteras de Palestina con Jordania y el Sinaí. Esto eliminaría la necesidad de Israel de anexar el Valle del Jordán con el pretexto de que quiere garantizar que las fronteras de Cisjordania con Jordania sean seguras. Jerusalén: compartida, no dividida Una confederación respondería a las legítimas aspiraciones políticas y la autodeterminación de Israel y Palestina. Israel permanece como un estado judío soberano en nacionalidad y carácter, mientras que Palestina se convierte en un estado soberano independiente y democrático. Con respecto a los refugiados palestinos, estos serán repatriados en su mayoría al estado palestino recién creado con un número preaprobado que regresará a Israel según un programa de reunificación familiar acordado. En una encuesta realizada en 2020 por el Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas con sede en Ramallah, se preguntó a los palestinos: «Independientemente de lo que sea correcto», ¿cuántos estarían de acuerdo en que «la mayoría de los colonos israelíes probablemente se quedarán donde están,» y la mayoría de los refugiados palestinos no volverán a las tierras de 1948? Una mayoría del 71 por ciento de los palestinos en Cisjordania y el 52 por ciento en Gaza, estuvo de acuerdo con esa declaración. En términos sencillos, los palestinos no son ajenos a la realidad que los rodea y son más honestos consigo mismos que sus líderes políticos. Cuando se les preguntó en la misma encuesta si estaban de acuerdo o muy de acuerdo en que «Hamas debería dejar de pedir la destrucción de Israel y, en cambio, aceptar una solución permanente de dos estados basada en las fronteras de 1967», el 68 por ciento de los palestinos en Cisjordania y el 50 por ciento en Gaza estuvo de acuerdo con esa declaración. Con respecto a los costos de indemnización y repatriación de los refugiados palestinos, se crearía un fondo internacional, como se ha propuesto en numerosas ocasiones en el pasado, para compensar a los refugiados que opten por no regresar al Estado de Palestina, así como a los que opten por repatriarse. al estado soberano de Palestina. Bajo estos arreglos, los refugiados palestinos que regresan no alterarán la naturaleza y el carácter judío de Israel ni representarán una amenaza para la seguridad. Para aquellos que rechazan la idea de un estado judío, permítanme ser franco. Despierta y deja de engañarte. Palestina se define

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