Lago Escondido © Página 12 Por: Carlos Schmerkin(*) (Compañero del Llamamiento, desde Francia) – El Club Mediapart (9 DE DICIEMBRE. 2022) Las conversaciones filtradas entre jueces, fiscales, espías y líderes del grupo Clarín muestran el lado oscuro del funcionamiento de la justicia federal en Argentina: cabildeo, amañamiento, presión política, sobornos y abuso de poder. Una larga serie de delitos e irregularidades. El sitio Patagonia Facts ha publicado dos chats en los que participan cuatro jueces federales, el fiscal jefe de la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, un publicista, un ex miembro de la Secretaría de Inteligencia y dos ejecutivos del Grupo Clarín. (principal grupo multimedia de Argentina) organizó una serie de maniobras para que no se supiera que los magistrados habían ido gratis -invitados por la multimedia- al paradisíaco Lago Escondido, propiedad ilícita 1 del británico Joe Lewis, amigo del expresidente Mauricio Macri. Las conversaciones filtradas salieron a la luz horas antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py dictara sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Figura central de la política argentina, fue condenada el 6 de diciembre a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la construcción de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. El 22 de agosto, la fiscalía -representada por Diego Luciani y Sergio Mola- había pedido doce años de prisión para CFK y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Diez días después, el 1 de septiembre , Fernando Sabag Montiel intentó dispararle a centímetros de la cabeza cuando se mezclaba con la multitud a la entrada de la casa del Vicepresidente. Aunque tres miembros del grupo que organizó el magnicidio fallido están encarcelados, la investigación está estancada tras la presión sobre el juez a cargo del caso por parte de amigos de Luis Caputo, exministro de Hacienda de Mauricio Macri, cuyo «Caputo Hermanos» es sospechoso de financiación del grupo terrorista «Revolución Federal» 2 Tras la publicación de la sentencia, la actual vicepresidenta anunció que no se postulará para ningún cargo electivo en 2023, ni como presidente ni como senador, y que no ofrecerá a la oposición el argumento de que busca inmunidad de enjuiciamiento para evitar ir a la cárcel. “Mafia y estado paralelo. Esto es lo que está pasando en Argentina y esto es lo que me condenó hoy a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Esta sentencia es lo que querían” , expresó hacia el final de su mensaje, muy emocionada. Durante el juicio, la defensa argumentó que Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta del país, no intervino en las licitaciones a costa de la provincia de Santa Cruz. Luciani argumentó, y el tribunal pareció corroborar esta opinión, que el expresidente permitió que Lázaro Báez, un contratista de la construcción, se beneficiara al enviar presupuestos al Congreso que incluían el pago de las obras por un millón de dólares solicitados por Santa Cruz. En respuesta, la vicepresidenta se defendió diciendo que no podía ser acusada de cometer delitos a través de los presupuestos anuales aprobados por ambas cámaras del Congreso, incluidos los legisladores de EE. UU. Luego de calificar a la corte como un «pelotón de fusilamiento» y acusar a los fiscales de «inventar hechos, ocultar otros, tergiversarlos y mentir» de tal manera que crearon las condiciones para un intento de magnicidio el 1 de septiembre, Cristina Kirchner compartió un documento titulado «La veinte mentiras del asunto Vialidad» en sus redes sociales . https://www.pagina12.com.ar/502683-una-por-una-las-20-mentiras-sobre-la-causa-vialidad-que-deta Más allá de los argumentos, es la oscuridad tóxica de Comodoro Py, sede de la justicia federal, la que entra en juego.Julián Ercolini, el juez de instrucción de este caso denominado “Vialidad”, es uno de los dos jueces federales que centralizaron los múltiples cargos contra Cristina. Kirchner, algunos de ellos muy polémicos, como la muerte del exfiscal Alberto Nisman, oscuro archivo anclado en su despacho. Ya había pruebas de la connivencia del juez Ercolini con el gobierno de Macri, pero estas pruebas aumentaron el pasado fin de semana tras la revelación de los detalles del viaje a una estancia en la Patagonia antes mencionado, en el que sí participó con otros jueces, dos exagentes de inteligencia y dos funcionarios de la alcaldía de Buenos Aires y precandidato conservador a la presidencia, En el diálogo revelado (chat escrito y audio), traman todo tipo de ilegalidades, como falsificación de facturas, traslado del caso de la ciudad de Bariloche a la justicia federal de Buenos Aires -su territorio-, detención ilegal de un funcionario de turno. quienes, según ellos, revelaron su presencia durante la excursión, e incluso el irónico pesar de «no haber cometido un asesinato contra un ‘mapuche’». 3 Todo ello salpicado de frases sexistas, homofóbicas y racistas. El intercambio sugiere que los ejecutivos de Clarín y los organizadores de aventuras, Jorge Rendo y Pablo Casey, están hablando con sus interlocutores (jueces, un fiscal, altos funcionarios del gobierno de la ciudad y oficiales de inteligencia) como lo fueron con sus jefes. Finalmente, el dictamen de la fiscal Cándida Echepare corrobora la existencia del viaje en avión privado y las facturas falsificadas. Exigió que se levante el secreto fiscal y bancario de todos los involucrados. El presidente Alberto Fernández se vio obligado a pronunciar un discurso en canales nacionales para denunciar lo que calificó de «promiscuidad antirrepublicana» la conducta de «ciertos empresarios, jueces, fiscales y funcionarios, que hasta ahora se sentían impunes». «Es hora de que empiecen a rendir cuentas», dijo. “Todo parece indicar que ha vuelto a quedar en evidencia el deterioro de la calidad institucional de ciertos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos están envueltos en un perverso juego de corrupción que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, la administración de justicia» Asociaciones de abogados, profesores de derecho y varias organizaciones de DDH exigen la renuncia inmediata de todos los «visitantes» a la estancia y la apertura de un juicio real por el delito de incumplimiento del deber de funcionario público y admisión de coimas para los seis funcionarios. La condena de Cristina Kirchner provocó una ola de solidaridad nacional
