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Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 21 de junio de 2020 Uzi Shaia, un agente del chantaje. El periódico retorno del caso Nisman al debate público se produjo en esta oportunidad a partir de la emisión de un programa televisivo difundido por el canal 12 de la televisión israelí. Cinco meses atrás había sido la miniserie de Netflix la que motivó su retorno. En esta ocasión, el jueves 11 de junio, el programa televisivo israelí Uvdá (hecho o dato por su traducción del hebreo) divulgó una entrevista realizada por Ilana Daian a un ex integrante de los servicios secretos israelíes (Mossad, sigla que designa al Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales.) El caso del suicidio del fiscal argentino fue la plataforma central con la que se logró aglutinar a la oposición al kirchnerismo. En un segundo momento se convirtió en un elemento decisivo para el triunfo de Macri sobre Scioli. Con el PRO en el gobierno devino en un recurrente dispositivo jurídico y comunicacional orientado a perseguir al kirchnerismo y sobre todo a la ex Presidenta. Más allá de las posibles falsedades, simulaciones y tergiversaciones deslizadas por el ex espía Uzi Shaia, su relato evidencia varios aspectos que fueron soslayados por los medios locales y sus reputados operadores de prensa disfrazados de periodistas: El ex espía del Mossad asume que participó en forma deliberada de un intento de extorsión a la Presidenta de un país soberano como la Argentina. Los datos provistos por Shaia dejan en evidencia que Nisman era cómplice de intereses especulativos (de los Fondos Buitre) a expensas de su rol como procurador de la causa del atentado de la AMIA de 1994. El fiscal, además, mantenía relaciones clandestinas con una agencia de inteligencia extranjera sin contar con la autorización de los organismos institucionales competentes, aptos para otorgar dichas prerrogativas. El 18 de abril de 2015, tres meses después de que Nisman se pegara un tiro en el baño de su casa, publiqué un artículo en el que describía los vínculos del fiscal con los Fondos Buitre y explicaba la entente entre la DAIA, la derecha israelí y los republicanos, conjurados tanto para debilitar al gobierno kirchnerista como para garantizarse el cobro de sus bonos basura. La estrategia de pinzas incluyó obviamente al macrismo, que usufructuó la falacia mediática del asesinato para desplegar una campaña electoral basada en la victimización recurrente del fiscal. El ex espía asumió frente a Daian que fue copartícipe de una operación internacional para extorsionar a una Presidenta, con el objeto de beneficiar a especuladores financieros: “El objetivo era utilizar la información para presionarla [a Cristina Kirchner] a fin de pagar la deuda”. Además de autoincriminarse en un delito, recalca que esos intereses eran ajenos a todo interés patriótico: estaban únicamente motivados por ganar dinero. “Se trataba de un negocio y no de un país. No valía la pena morir por eso”. En la entrevista advierte sobre la  participación de otros integrantes de la comunidad de inteligencia, con sede en Washington, quienes fueron los encargados de producir y/o derivar los documentos necesarios para viabilizar el chantaje. Una operación de extorsión a tres bandas: Estados Unidos, Israel y Argentina. Esa operación de chantaje tuvo su correlato en solicitadas financiadas durante el año 2014 en los grandes medios gráficos de Washington y Nueva York. La Fuerza de Tareas Argentina (ATFA, por su sigla en inglés) financiada por Paul Singer y Sheldon Adelson, entre otros, presentaban a CFK y al entonces Presidente del gobierno persa, Majmud Ajmadineyad, como delincuentes internacionales: “Ha llegado el momento de impedir que la Argentina siga transgrediendo la ley estadounidense y la ley internacional”. La entrega de esos informes, que buscaban favorecer los intereses de los Fondos Buitre, llevó a un importante analista Israelí, Guy Ulster, a interrogarse –el sábado 23 de junio, dos días después de la emisión–: “¿Por qué Shaia no informó sobre esa documentación después de que falleció el fiscal? ¿Por qué no aportó los datos que supuestamente tenía, ante la Justicia?”. La omisión se debió a que los informes originariamente entregados a Nisman (no necesariamente en el lobby de una capital europea, como deslizó Shaia, con clara intención de despistar a futuros investigadores), fueron derivados poco tiempo después hacia la usina de operaciones de prensa comandadas desde el Grupo Clarín. Los datos vertidos ex profeso fueron reproducidos por su periodista estrella, Daniel Santoro, quien curiosamente terminó años después involucrado en causas de extorsión. A rey muerto, rey puesto El 29 de marzo de 2015, dos meses después del fallecimiento del fiscal, cuando se lanzaba la campaña electoral de cara a las presidenciales del octubre, Santoro se apalancó en la revista brasileña Vejá para publicar en la portada del matutino la supuesta existencia de cuentas secretas pertenecientes a Máximo Kirchner y Nilda Garré, ex embajadora en Venezuela. Como resultado de una supuesta investigación llevada a cabo por Santoro, se señalaba entre otras falacias que “ambos habrían controlado una cuenta en el banco Felton de Estados Unidos con 61 millones de dólares y otra en el Morval Bank de las Islas Caimán con 19 millones de dólares”. En diciembre de 2015, cuando ya Macri había obtenido la presidencia y el daño electoral ya se había ejecutado, las entidades financieras comunicaron, ante un exhorto de  la justicia argentina, que dichas cuentan carecían de existencia. Santoro se encuentra en la actualidad procesado por el juez Alejo Ramos Padilla, en el marco de una causa de extorsión, junto a Marcelo Sebastián D’Alessio, el fiscal Carlos Stornelli y los agentes de la AFI Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. Nisman y Shaia compartieron intereses extorsivos. Santoro y sus secuaces continuaron su ejemplo. Según Shaia, la tarea que realizó, contratado por los buitres, se llevó a cabo con conocimiento cabal de Nisman. No hay registros que certifiquen los honorarios profesionales percibidos por el ex espía devenido en profesional freelance. Pero sí existen suficientes evidencias para calcular lo que recibió Nisman por su ingente colaboración para que los buitres obtengan en abril de 2016 sus 11.000 millones de dólares. En su cuenta del Merrill Lynch de Nueva York (denunciada

Fuente: Horacio Gonzalez | Nuestras Voces Fecha: 21 de junio de 2020 Los dueños de Vicentin se mostraron a la altura de la consistencia pastosa del biodiésel que extraían. Pero, así como el aceite comestible puede transformarse en biodiesel, Vicentin puede pasar de ser un centro penumbrosos de negocios a costa del dinero público, a una empresa pública con respaldo estatal. La confrontación está abierta. Las derechas del odio vuelven a anudar la bandera nacional al temor de que se vulnere la propiedad privada. Una vez más nos tocará defender una democracia viva e igualitaria. Son antiguos los debates respecto a qué es una ciudad. En principio, es un ámbito de libertades, que pueden ser exclusivas de un minoría –al promoverse al mismo tiempo la esclavitud, como en las antigua ciudades griegas–, o ámbitos de creación de libertades, como las ciudades que emergen del proceso de industrialización y disolución progresiva del campesinado que sostenía en términos de vasallaje el régimen feudal. Pero no ocurre lo mismo en las grandes metrópolis actuales, que exceden a la ciudades renacentistas, donde la vida se politizaba alrededor de foros, consejeros del príncipe y el príncipe mismo que “creó ciudadanía” a partir de la tensión entre el poder que es temido o deseado. La ciudad de los inicios del capitalismo ya es un engendro singular. Es recordable la descripción que hace Engels en 1843 de “La situación de la clase obrara en Inglaterra”. Las peores condiciones de existencia, hacinamiento, trabajo infantil, niños que duermen en la misma fábrica, entre húmedos alquitranes. Es la ciudad herida por una desigualdad de hierro, el mando fabril y el proletariado sin ciudadanía social, solo entregando su fuerza de trabajo, lo que a su vez lo deshumaniza. Pero una ciudad como Londres no ejerce su vida social solo en torno al surgente movimiento fabril. Otra gran franja de habitantes vive en otras condiciones, adquieren y gozan de una ciudadanía política y cultural. Pueden ir al teatro shakespeariano y leer la “Balada del viejo marinero” de Coleridge. Es una ciudad no reducible enteramente a las condiciones de producción del nuevo industrialismo capitalista. A mediados de siglo XX un recordable libro de Henri Lefebvre sugiere un “derecho a la ciudad”, donde defiende la idea de una comunidad de iguales que usufructúan la ciudad no como un espacio que reproduce el mercado capitalista, sino como un mundo cívico donde se discute cómo construir la vida igualitaria al margen de la alienación del trabajo. No fue esa, sin embargo, la orientación de muchos otros trabajos de la naciente “sociología urbana”, que desde los estudios de la ciudad de Chicago en los años 30 y de San Pablo en los años 50, percibió en la gran urbe un campo de experimentación de circulación, habitacional y laboral, con conflictos de ocupación territorial, tratamiento de la ilegalidad, corrientes inmigratorias, economías impetuosas y expansión fabril, todo lo cual configuraba un ente tanto de ecología vital como de construcción de relaciones simbólicas. Con lo que la ciudad terminaba siendo una identidad productiva y cultural fusionadas y siempre en conflicto. Otros estudios avanzados en los años 60 y 70 enfatizaron mucho más el papel de las ciudades en torno a las grandes fábricas, desbalanceado el papel de la urbe en favor de lo que las gigantescas Corporaciones hacían de ella, un simple suministro de la “reproducción colectiva” de la fuerza de trabajo, en términos de vivienda y educación, todos ellos aspectos subordinados a las necesidades fabriles. Toda la ciudad se concebía como una unión urbana al servicio de la reproducción del trabajador. Era obvio que ciudades como Buenos Aires o París, con su tejido metropolitano tan complejo, no podían reducirse únicamente al mero aspecto de ser ámbitos anexos a las necesidades materiales de la producción industrial. La clásica asociación entre ciudad y libertades cívicas (o creación de identidades y símbolos) quedaría así totalmente anulada. La heterogeneidad urbana y las luchas sociales lo impedían. No obstante, esta cuestión de la adhesión subordinada de un tejido urbano a las necesidades de grandes empresas dista mucho de ser un punto de vista superado. Para dirigirnos rápidamente a las calificaciones que forman parte de nuestra actualidad más candente, veamos el caso de la empresa Vicentin y otras de semejante porte y funciones, primero en relación de las pequeñas ciudades que tienen a su servicio. Como todos sabemos, el Intendente de la ciudad de Avellaneda, en realidad una urbe menos que mediana adosada a la ciudad santafesina de Reconquista, tiene una directa e íntima relación con los directivos de esa empresa cerealera, una de las principales exportadoras de granos del país. Buena parte del pueblo, como es lógico, depende de empleo o formas derivadas de empleos que están directa o indirectamente relacionada con las necesidades de la empresa, que tiene allí su sector portuario exclusivo, aunque el puerto no es de su propiedad. Esto debe aclararse porque muchos puertos de las orillas del Río Paraná, son puertos privados de otras grandes cerealeras, Dreyfus es propietario del puerto de General Lagos, al sur de la provincia de Santa Fe, y en su página oficial lo presenta como “el puerto privado más importante del país”. Lo que se podría considerar el tercer o cuarto puerto de importancia de la Argentina, también sobre el Rio Paraná, luego de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca, es el Puerto de General San Martín, cercano al solar donde se desarrolló la batalla de San Lorenzo y años después, en las inmediaciones donde se llevó a cabo una de las batallas contra la flota anglo francesa, luego de que superara la oposición que se hizo en Vuelta de Obligado y siguiera río arriba. Son acontecimientos de 1845. Pero en décadas pasadas, el intendente del lugar tuvo que pedir que las empresas propietarias de las grandes extensiones de esa zona sojera, permitiera abrir un pasadizo para que se visitara un monolito conmemorativo. Pero no solo eso, como en las cercanías de ese puerto –junto a la llamada Terminal 6, están instaladas las sedes de Cargill,

Fuente:  Daniel Feierstein| El cohete a la luna Fecha: 21 de junio de 2020 El incremento del número de contagios y muertes por coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires y las dificultades para sostener social, psicológica y económicamente una cuarentena que lleva tres meses y pareciera necesitar algunos meses más, crean visiones empobrecidas o dogmáticas para evaluar los caminos a seguir. Algunos creen que Argentina es el ejemplo del mundo y que se debe endurecer la cuarentena (“volver a fase 1”). Otros apuestan a la inmunidad de rebaño, con el “costo” de decenas de miles de muertes para “sostener la economía”, algo que ya fracasó con el “modelo sueco”, Gran Bretaña o los ejemplos de la gripe española. Y en los medios masivos desfilan decenas de irresponsables: Jorge Asís y sus “muertos imaginarios” (que ya dejan de serlo), Luis Novaresio (que transfiere agitadamente a la audiencia sus propias ansiedades), entre tantos ejemplos que eligen ignorar el ABC del periodismo: aportar calma, información confiable y seriedad analítica. Martillos y danzas El modelo del ingeniero español Tomás Pueyo (que ha demostrado eficacia para lidiar con la crisis pandémica y que es seguido por numerosos expertos en el mundo) propone dos instancias articuladas: el martillo (cuarentenas estrictas de dos a cuatro semanas para bajar la tasa de contagios y preparar el sistema de salud) y la danza (la “nueva normalidad”, que incluye la apertura protocolizada gradual de actividades y una política de trazabilidad: detección, seguimiento y aislamiento de casos). El éxito inicial argentino radicó en la implementación de un martillo temprano (cuarentena estricta con muy pocos casos), que explica la diferencia en la curva no solo con los ejemplos más graves de la región (Brasil y México, pero también Ecuador, Chile o Perú). Para fines de abril dicha etapa se encontraba agotada y se requería avanzar con la danza, algo que anunciábamos aquí mismo el 26 de abril. Poco de ello fue abordado, destacando las políticas del Programa Detectar y El barrio cuida al barrio, ejecutadas gracias a la persistente tenacidad de las organizaciones populares y los curas villeros. Dos meses después estamos en el mismo punto, pero con una decuplicación de la cantidad de casos diarios en el AMBA y una triplicación del número de muertes. Argentina y América Latina no logran danzar… ¿Por qué? La complejidad de los fenómenos sanitarios La mirada reduccionista del proceso de salud-enfermedad es una constante en la historia moderna y sus consecuencias más graves pueden observarse en las crisis. Alberto Fernández fue inteligente y eficaz al crear el “comité de expertos”. El punto débil fue creer que una crisis sanitaria solo involucra temas médicos, ignorando las cuestiones sociales, psicológicas y logísticas sin las cuales las medidas, por correctas que sean, fracasan. Era evidente para cualquier sociólogo que el éxito obtenido durante las tres o cuatro primeras semanas de aislamiento no podría sostenerse en el tiempo. Con o sin controles, una población educada en el individualismo, sin una campaña de concientización eficaz, comenzó un proceso de “violaciones hormiga”, visitando a parejas, familiares, amigos, saliendo reiteradamente a hacer compras, trámites, trabajos informales, etc. Ello sin contar las millones de personas a quienes no llegó en tiempo y forma la ayuda económica o logística por las deficiencias del aparato estatal para implementar las medidas aprobadas. Y no se logró la creación de formas nativas para resolver la trazabilidad: esto es, el aislamiento de los casos y sus “contactos estrechos” tomando en cuenta las características de nuestra población. Descartados por imposibles los sistemas de vigilancia digital asiáticos, se recargó a los desbordados operadores del sistema de salud con el proceso de investigación de casos, ubicación de contactos, explicitación de protocolos y aislamiento preventivo. Esto generó un caos de agentes intervinientes, directivas contradictorias, casos de maltrato y, por lo tanto, imposibilidad de detener la cadena de contagios. Los índices se contuvieron, contra lo pronosticado, en algunos de los lugares más difíciles: los barrios populares. No solo gracias a programas como El barrio cuida al barrio y Detectar sino al involucramiento de organizaciones con presencia territorial y a la valoración en dichos lugares de las normas de cooperación y de las indicaciones del personal sanitario o asistencial. Por el contrario, en los barrios de sectores medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se vuelve común el intento de apelar a algún “contacto” para “zafar” de la internación, el retaceo de información como modo de evitarles a los conocidos el transformarse en “contacto estrecho”. Sin mencionar violaciones gravísimas como los bailes públicos en las calles de Recoleta o los casamientos o cumpleaños clandestinos. Las mismas conductas que se expresan en altos índices de evasión fiscal, “coimas”, negocios menores en el mercado ilegal de divisas o subregistro de ventas, no tendrían por qué no aparecer en el campo sanitario, diluyendo los efectos en la salud tanto como vacían las arcas impositivas. Quienes creen que las normas no se aplican a ellos no distinguen entre normas económicas y normas sanitarias. Para revertir esta situación se requiere diseñar políticas públicas que comprendan que una pandemia no es meramente una cuestión de médicos. Y pasar de la reivindicación abstracta de “los científicos” a la inclusión de otras ciencias en el diseño de políticas públicas, algo que no pasa solo por una vacuna o un test. Luego de una década de bombardeo mediático con la imagen de los investigadores como “parásitos sociales que viven de nuestros impuestos” (metáfora racista por excelencia) se vuelve difícil recurrir a un sistema científico con salarios y subsidios miserables. Pero, incluso al propio interior del sistema científico, resulta necesario cuestionar la falsa división entre las ciencias “duras” como “serias” y las “blandas” como “sanata”. Esta crisis y la imposibilidad de danzar nos otorgan un ejemplo privilegiado de la inexactitud de la premisa. La respuesta no pasa por la biología ni la medicina sino por los comportamientos sociales. ¿Cómo seguir? El propio Tomas Pueyo sacó esta semana un hilo de tweets sobre Argentina, preguntando a sus lectores por qué luego de un primer momento exitoso el número de contagios y muertes en el AMBA escala

Fuente:  Edgardo Mocca| El Destape Fecha: 20 de junio de 2020 La deriva que asuma el “caso Vicentin” será un test para la democracia argentina. Una vez más el poder judicial acaba de bloquear una decisión política de gobierno tomada en ejercicio legítimo de su poder. En los años de gobierno de Cristina Kirchner esa práctica se apoyó sistemáticamente en dos pilares, el recurso cautelar que suspendía la aplicación de una determinada ley o de una decisión del poder ejecutivo y por la impugnación a la constitucionalidad de esas decisiones. Así fue, por ejemplo, en el caso de la ley de comunicación audiovisual que postergó largamente su aplicación y anuló de hecho el artículo que obligaba a los oligopolios del sector a “desinvertir” hasta  colocarse en condiciones de aceptar la competencia en el sector. El juez Lorenzino ha incorporado una innovación: se abstiene de pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 522 dictado por el actual presidente; lo “deroga” de facto al fallar que permanezcan en sus cargos las actuales autoridades de Vicentin.  El interrogante más inmediato que abre este insólito fallo tiene que ver con la voluntad política del gobierno para abrir paso a un rumbo públicamente anunciado por el presidente, orientado a “rescatar” la empresa previamente vaciada por sus administradores y a evitar su desguace o su desnacionalización. Como se sabe, la decisión del presidente ha sido la de ensayar una suerte de plan “b” que consiste en la conformación de una empresa mixta, en la que, según explicó el presidente, el estado tiene que reservarse el poder de decisión. Si los tribunales bloquearan esta alternativa, volvería a funcionar el proyecto de someter la expropiación de la empresa a la discusión parlamentaria. El presidente acaba de afirmar que se trata de dos caminos alternativos para asegurar que el Estado se ponga al frente de esa empresa a la que considera vital para la regulación del comercio agrícola. En los próximos días se verá si efectivamente esa voluntad de intervención estatal se verifica. Pero lo que está en juego no es solamente la suerte de un conglomerado empresarial. El interrogante más importante que este caso plantea es la viabilidad de un proyecto político transformador en el actual contexto institucional. Está claro, dicho sea de paso, que las instituciones argentinas resultan muy funcionales a los proyectos neoliberales; la experiencia del macrismo lo evidencia de modo abrumador. Ninguna ley aprobada en un Congreso en el que la derecha y sus aliados circunstanciales impusieron su circunstancial mayoría, ni siquiera los abusivos decretos presidenciales (uno de los cuales llegó a designar jueces en comisión a la corte suprema de justicia) sufrieron inconvenientes mayores en el poder judicial. El argumento de que se trataba de un gobierno apegado al estado de derecho nunca fue muy sustentable, pero hoy cuando asistimos a la revelación de la metodología mafiosa para espiar y perseguir opositores simplemente provoca risa. Está claro que la institucionalidad “realmente existente” en Argentina es refractaria a los cambios en un sentido popular y complaciente con los designios de los sectores más poderosos de la sociedad. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. Ese estado de cosas plantea interrogantes a la hora de establecer una estrategia transformadora. El actual proceso político es hijo de dos circunstancias políticas que confluyeron: el desastroso resultado de la gestión de Macri y la decisión de Cristina de facilitar el proceso de unidad del peronismo y la oposición con su propuesta para la fórmula presidencial. En el momento de su decisión, la ex presidenta subrayó la necesidad de que la coalición de gobierno debía ser incluso más amplia que la unidad electoral. Ese es el tiempo que vivimos. Alberto Fernández trata cordialmente a todo el mundo. Lo explica todo, lo admite todo. Incluso que una periodista impertinente lo trate como si estuviera hablando con un par (todas las personas merecen respeto, pero en este caso la persona era el portador de la más alta representatividad institucional). Muy difícilmente haya otro político con la capacidad de desarrollar el rol de la unidad nacional, de la tolerancia y el respeto institucional. Así y todo, el establishment se dedica a tiempo completo a través de sus herramientas mediáticas a desgastar sistemáticamente su figura. Sea como un autoritario cínico que oculta sus verdaderos propósitos o como una marioneta de la ex presidenta.  Es posible –y comprensible- que la emergencia sanitaria que vivimos haya demorado la puesta en marcha de una agenda de reformas anunciadas ya por el presidente o por altos dirigentes del espacio que gobierna: impuesto a las grandes fortunas, reforma judicial  y legalización del aborto entre otras. Sin embargo, la discusión sobre Vicentín y la deriva todavía incierta de su desarrollo ponen sobre la mesa un interrogante. Y ese interrogante no concierne solamente al presidente sino a las fuerzas políticas y sociales que resistieron al macrismo y consiguieron el triunfo de una promesa de cambio de rumbo. ¿Cuál es el límite dentro del cual se puede compatibilizar la necesidad de cambios muy profundos en la distribución de los recursos en Argentina, con el diálogo y la conciliación política? Cada vez está más claro que lo que cierto periodismo mediocre nombra como “grieta” no es solamente el resultado del carácter individual de algunas personas que ocupan u ocuparon cargos importantes. Que detrás de ese decorado hay un problema muy viejo de este país, que es que hay un bloque social poderoso -dueño de grandes superficies de tierra, de fortunas financieras, de los principales medios de producción y comunicación y hegemónico en la educación- que no acepta el más mínimo condicionamiento de sus privilegios. Que considera que el gravamen a las grandes fortunas es un agravio a la sacrosanta propiedad privada. Que intervenir una empresa destruida por la enfermedad de la especulación financiera es un ataque a los “productores privados”. Que regular democráticamente la comunicación es negar la libertad de opinión.  Que luchar por una reforma del régimen de propiedad de