Nacionales

Fuente:  Mariano Pacheco| Revista Zoom Fecha: 19 de junio de 2020 Comenta que prefiere ser presentada como militante y subraya que si le entregaron el certificado Honoris Causa en dos universidades nacionales (Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de Rosario) es por su trayectoria en la pelea por la soberanía alimentaria durante más de dos décadas, más que por su inserción académica. Miryam Gorban es nutricionista y tiene 88 años. En diciembre, cuando recibió la distinción en la Facultad de Medicina de la UBA, fue a salón lleno. También se la puede ver en fotografías en las que habla con alguna bandera de organizaciones sociales rurales sobre la mesa mientras los activistas la escuchan con atención. En la década del setenta fue Jefa de Alimentación del Sanatorio Güemes, espacio que entonces contaba entre sus filas a distinguidos profesionales, bajo la coordinación de René Favaloro. En esta conversación con revista Zoom, la especialista en cuestiones alimentarias se mete con uno de los temas candentes de la coyuntura que hoy atraviesa la Argentina. Una entrevista a fondo para pensar los desafíos que el país enfrenta en medio de la pandemia mundial. Para comenzar querría que compartas alguna reflexión que pueda ayudarnos a dilucidar las diferencias y relaciones que se pueden establecer entre tres conceptos: “Seguridad alimentaria”; “Soberanía alimentaria” y “Soberanía nacional”. En primer lugar, aclarar que seguridad y soberanía alimentaria no son términos idénticos. Seguridad es un término eminentemente técnico, elaborado en su momento por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), y hace a la cantidad y no a la calidad de los alimentos. Por otra parte, no cuestiona el modelo productivo y no tiene en cuenta la participación de los verdaderos actores sociales en todo el proceso de la cadena alimentaria. En cambio, el de soberanía es un término más político, más participativo, que nació desde los movimientos sociales, de la mano de la Vía Campesina Internacional, que representa a millones de productores de todo el mundo. Diría que siempre que hablamos de soberanía hacemos referencia a la autodeterminación de los pueblos en distintos planos: alimentario, pero también marítimo, territorial, energético, etcétera. Por ejemplo: cuando hablamos de soberanía territorial, desde Argentina levantamos la bandera de las Islas Malvinas y la Antártida; tiene que ver con reivindicar la capacidad de cada país de regular y elaborar sus propios programas alimentarios en función de las necesidades de su pueblo y de las condiciones y capacidades de producción y disponibilidad económica, política, social y cultural. El ejemplo más claro fue el intento de la “Soja solidaria”: cuando en pleno auge de la globalización se pretendió instalarla a través de las escuelas, tanto los maestros como el resto de la comunidad educativa se plantaron. A ellos se sumó la comunidad científica y buena parte de la sociedad en general, para que la soja no fuera parte central de nuestra alimentación. En otras entrevistas hablaste de la falacia de que alimentamos a 400 millones de personas. ¿Podrías retomar y profundizar esa idea? No se tiene en cuenta que en las últimas décadas, no sólo en Argentina sino en el mundo entero, alimentamos a la vez seres humanos, animales y automóviles. El modelo económico vigente nos sumerge en una puja por ver quien gana en ese tironeo, y a veces los seres humanos perdemos -y perdemos bastante-. Por ejemplo, Estados Unidos transforma el 60% del maíz en combustible, y eso para México -a quien se lo robaron- significa un aumento exponencial en el precio de la tortilla de maíz, que es la base de su alimentación, como para nosotros lo es el pan que se hace con harina de trigo. Por eso considero correcto lo que dijo Alberto Fernández: “todo esto es un paso hacia, pero aún no es la soberanía alimentaria”. En nuestro país, tal soberanía no puede ser una realidad mientras se mantenga el modelo productivo, mientras sigamos fumigando y produciendo con venenos, al mismo tiempo que se ve imposibilitado el acceso a la tierra. Yo siempre digo que, ya que hay tanta gente que le gusta comparar y establecer modelos en base a lo que sucede en otros países, bueno, que me muestren otro país en el que suceda como acá, que un solo dueño tiene un millón de hectáreas y no se sabe qué produce, ni para quién. ¿De allí la importancia de la intervención de Vicentín, no? Por supuesto, intervención que tendrá o no la expropiación como resultado, dependiendo de la aprobación en el congreso. Eso es lo que falta hoy: soberanía en el control de la producción y la exportación, y, por otra parte, la evasión impositiva y la fuga de divisas. Tener una empresa nacional y pública es fundamental, más aún que sea participativa. Con esto me refiero a las cooperativas, los trabajadores y la sociedad civil junto al Estado en la conducción de la empresa, sin lo cual es imposible ejercer un control de precios de la canasta familiar de todos los argentinos. Pensemos que Vicentín es una empresa que procesa harina de soja, que se puede transformar en harina de centeno o trigo para el pan nuestro de cada día. También produce agrocombustibles, mal llamados biodiesel, ya que bio es vida. Se puede avanzar en procesar semillas de girasol, y por otra parte, Vicentín cuenta con un frigorífico. Sintetizando, se cuenta con tres o cuatro ramas fundamentales de la producción de alimentos. Romper con la concentración monopólica también es indispensable para detener la espiral inflacionaria en la cadena de alimentación -que se da desde la producción hasta la distribución y comercialización-; finalmente, son las empresas las fijadoras de precios, no los almacenes de barrio. Antes mencionaste experiencias de organizaciones como la Vía Campesina, que también en estas tierras se expresa con nombres como los de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil (MST) o el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) en Argentina. En ese sentido… Sí, sí, claro,

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 7 de junio de 2020 Nos encontramos frente a una situación de múltiples emergencias, tanto nuevas como heredadas, y el gobierno continúa firme en la defensa del interés de la Nación, en particular poniendo el foco en los sectores más vulnerables. Esto implica tener bien en claro cuáles son las prioridades y las herramientas disponibles. El margen de acción no es el mismo que poseen las principales economías, pero el esfuerzo es muy importante. Un esfuerzo que apunta a fortalecer el papel de lo público y del propio Estado, y que despierta rechazo en algún segmento de la sociedad, que recurre a variopintos argumentos. En un artículo reciente de un conocido periodista se indica que, dado que se desplomaron los despachos mayoristas de cemento, pero aumentaron los minoristas, “las familias que tienen alguna capacidad de ahorro huyen del peso y atesoran bolsas de cemento”. Una forma extraña de atesorar, dado que, con el tiempo, el cemento se endurece y pierde su valor. Quizá la razón es que, con el aislamiento, muchos deciden realizar obras en sus casas. Pero el comentario va más allá de lo anecdótico, puesto que el columnista persigue la idea de que existe atraso cambiario. Se pregunta “¿por qué la gente quiere dólares o cosas que están ´hechas de dólares´?”, y se responde: “porque huye del peso, una moneda cuyo valor se deteriora cada día un poco más”. En verdad, fue desde el Rodrigazo que la gente comenzó a pensar en el dólar como moneda de resguardo de valor. Además, ¿qué mayor pérdida de valor del peso que la que tuvo lugar en 2019, con 11 meses con inflación interanual mayor al 50%, con su pico en mayo con el 57,3%? Pareciera que todo vale para intentar instalar la necesidad de una devaluación. Sin embargo, el Tipo de Cambio Real Multilateral, que mide el poder de compra internacional de nuestra moneda, se ubica en estos días en un índice de 116, cuando el promedio entre enero 2016 y julio 2019 fue de 100,5, lo que indica que hoy hay más competitividad y por lo tanto no puede hablarse de atraso cambiario. Tampoco se puede desconocer que uno de los focos en los que se está actuando activamente es en el cuidado de las reservas internacionales, un recurso estratégico para poder administrar el tipo de cambio y hacer frente a las necesidades de divisas de la economía real, aunque se lo trate de presentar del modo contrario. Por eso, el Banco Central dispuso (Comunicación A7030), entre otras cuestiones, que las empresas que cuenten con activos líquidos originados en la formación de activos externos deban disponer primeramente de esos recursos para el pago de obligaciones con el exterior. El espíritu es que se utilicen los dólares que los privados disponen antes de recurrir a las reservas del BCRA. Es algo absolutamente lógico. No obstante, en la semana, en una nota un matutino tituló: “Las empresas advierten que el nuevo cepo profundiza la recesión”, haciendo alusión a un documento interno de la Unión Industrial Argentina. En el texto se señala que entre las dificultades centrales que se plantean a partir de la norma, y “dada la coyuntura argentina de la última década, en múltiples casos a las empresas nacionales se les exige el pago anticipado de la importación, y este acceso sería limitado”. Y acto seguido se dice: “No existe necesariamente una relación lineal entre las importaciones y las divisas solicitadas. Una porción de las divisas solicitadas en 2020 fue para cancelar deudas por importaciones del año previo”. No queda claro si tenían que enviar anticipadamente los dólares al exterior para poder comprar, o si necesitaban dólares para pagar a quienes les financiaron la compra. Suena contradictorio. Luego el documento dice: “Las empresas poseen stocks financieros en el exterior por múltiples razones: para preservar su capital de trabajo que les permitiría hacer frente a la caída abrupta de la demanda y afrontar sus obligaciones locales; cobertura de cambios para el riesgo cambiario; inversiones en filiales que se hicieran en el exterior. Privilegiar que estos stocks se utilicen para el pago de saldos externos dejaría a las empresas con menos posibilidades de cubrirse ante cualquier emergencia”. La pregunta surge sola: si la actual situación no es de emergencia, de caída en la demanda, ¿cuál sería entonces una situación de este tipo? Difícil de entender. Vuelvo a repetir: el Estado está adoptando una posición activa en un marco muy complejo, en el que está presente, como siempre, la restricción externa. El Banco Central no le está poniendo limitaciones a una empresa para acceder al mercado único de cambios y comprar dólares para pagar las importaciones, sólo tiene que utilizar primero las divisas que tenga en el exterior o los dólares billete que haya acumulado en función de las franquicias regulatorias que la administración anterior generó. Franquicias que permitieron que se fugaran unos 86 mil millones de dólares en cuatro años. Por eso no es casual que se vuelva a la carga con noticias sobre el mal denominado “cepo”. No estamos hablando de nada parecido a un instrumento de tortura. Es sencillamente la administración de un recurso imprescindible y, sobre todo, escaso. No hay que perder de vista que en la Argentina parte de lo que genera la restricción externa es la insostenibilidad de la deuda. Por ello, es una cuestión de interés común, también para importadores y exportadores, que el proceso de negociación de la deuda se resuelva favorablemente, es decir, generando un horizonte viable para el país. La nueva fecha de la invitación a canjear bonos finaliza el 12 de junio. La última propuesta argentina ha incluido algunas mejoras en distintos bonos, se adelantan algunos vencimientos e inicios de las amortizaciones, pero no se cambia lo sustancial, que es el mantenimiento del período de gracia y las bajas tasas de interés. Lo fundamental es que se mantiene en el margen de lo que es posible para el país: que Argentina pueda asumir los servicios de la

Fuente: Carlos Heller | Página/12 Fecha: 24 de mayo de 2020 El país está en una situación económica insostenible. Pero lo estaba ya antes de la pandemia. Las consecuencias de las políticas aplicadas por Mauricio Macri se precipitaron con la crisis sanitaria producida por el coronavirus. En la actualidad, el Estado asiste en nueve de cada diez hogares a por lo menos uno de sus integrantes: asume una tarea enorme tratando de que los padecimientos de los argentinos y las argentinas sean los menores posibles. Es un Estado que recibe menos ingresos y está muy endeudado. En este contexto de alta complejidad, operan los grandes conglomerados económicos que, por un lado, intentan forzar una devaluación y, por otro, desconocen reglas básicas que deberían seguir como contraprestación a las medidas de auxilio que el Estado implementa. Por ejemplo, le piden al gobierno que les pague una parte de los sueldos de sus trabajadores pero, al mismo tiempo, reparten dividendos entre sus accionistas u operan en el contado con liquidación, una maniobra por la que compran bonos en pesos y luego los transfieren a una cuenta en el exterior donde los cambian por dólares. Cuando se implementó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) originariamente era sólo para PyMEs. Luego, la Unión Industrial Argentina pidió que la medida se extendiera a todas las empresas, argumentando que las grandes también estaban en crisis o se encontraban cerradas y no podían producir. El gobierno aceptó el pedido en un contexto en el que, al mismo tiempo, libraba una batalla contra sectores que intentan llevar al país hacia una devaluación. Pero les dice: para acceder a los ATP, la empresa beneficiada no puede repartir utilidades, no puede transferir dinero al exterior y no puede operar en el contado con liquidación. Si está haciendo algunas de estas cosas, es una demostración de que no necesita ningún subsidio del Estado para pagar los sueldos. Ese dinero subsidiado, equivalente a dos salarios mínimos, les libera recursos que emplean para la especulación. Pero luego, cuando el gobierno interviene para poner un límite a esa situación, se escandalizan porque —sostienen— interfiere en la vida autónoma de las empresas y restringe su libertad. Algo parecido sucede con el sector agropecuario. Se supone que este año hay cosecha y rendimiento record, sin embargo hay caída de las exportaciones y las divisas no aparecen. ¿Qué es lo que sucede? Es simple: como el tipo de cambio está supuestamente atrasado retienen el producto, pero como tienen necesidades financieras piden asistencia y demandan créditos subsidiados. Ante esa situación, el gobierno establece que, para poder acceder a créditos con tasas subsidiadas, las empresas tienen que tener un stock de no más del cinco por ciento de lo que cosecharon. Entonces, aparecen la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas, tradicionales representantes de los grandes grupos agroexportadores, hablando de medida “contraproducente” y “arbitraria y discriminatoria”. Según esa perspectiva, el Estado debería ayudarlos aunque eso fuera en contra de los intereses de la Nación. Pero hay cosas más sutiles, por ejemplo el Gobierno decide prorrogar por dos meses la prohibición de despedir y, entonces, aparece un alto directivo de la UIA y afirma que “prohibir suspensiones y despidos no es el camino” y que “la Argentina tiene que tener un seguro de desempleo”. Es decir, transferirle al Estado la carga de un sueldo de subsistencia para los trabajadores y las trabajadoras que sean despedidos o suspendidos. Ahí es necesario preguntarse: ¿cuánto ganaron esas empresas en todo este tiempo? ¿No será un momento para que ganen un poco menos? ¿No será el momento de que pongan un poquito de lo que ganaron? Mientras tanto, en Bruselas, la Comisión Europea ha dicho esta semana que “ahora hay que mantener los estímulos para reducir la crisis económica y después vendrán los ajustes”. Es decir: ahora afrontamos la situación con una expansión del gasto y de la presencia del Estado pero, cuando esto pase, volveremos a la práctica de los ajustes estructurales. Esto significa que después de la pandemia no necesariamente viene un mundo más justo y más solidario. Seguramente se avecina una feroz pelea por establecer quién paga el costo que produce este proceso de caída de la actividad y de aumento generalizado del gasto para atender las consecuencias de la crisis. ¿Quién se va a hacer cargo de esta situación? En este escenario se inscribe el proyecto de ley para gravar las grandes fortunas. En el principio de esta nota decíamos: el país está en una situación económicamente insostenible. Cuando el gobierno comenzó su gestión se proyectaba un déficit fiscal primario de un poco más del uno por ciento. Hoy se estima que podría llegar a un seis por ciento. Por lo tanto, la necesidad de un aporte como el que estamos planteando por parte de las 12.000 personas más ricas de la Argentina parece indiscutible. Ese tributo deberá contribuir a generar una masa de ingresos fiscales que achique el déficit que genera el gasto necesario para enfrentar la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas. Porque, a través de este aporte, el Estado va a percibir una suma de alrededor de 250 o 300 mil millones de pesos, una cifra cercana a la ampliación que se realizó del presupuesto nacional para atender las erogaciones extraordinarias que demanda el escenario de la pandemia. En simultáneo, el país avanza en el proceso de negociación de la deuda. Por un lado, el gobierno extendió los plazos hasta el próximo 2 de junio. Por el otro, el Presidente volvió a fijar los límites de la posición argentina cuando declaró: “no vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos están esperando, que es salir, producir y hacer crecer la Argentina”. Luego agregó: “no está en discusión las bondades del capitalismo”, sino “la degeneración” de ese sistema económico, que “un día prestó más atención a las ganancias financieras que a la producción” y “empezó a desequilibrarse”. Finalmente hizo un llamado a “construir otra sociedad” y