El próximo sábado 9/11 nos volvemos a encontrar 10 hs para charlar, escucharnos, debatir y compartir ideas acerca de esta coyuntura nacional e internacional y de las acciones próximas que el Llamamiento debería encarar. Nos reuniremos, en grupos de aproximadamente 30 compañeres, con la moderación rotativa de miembros del Consejo Directivo e inscripción previa. Te esperamos en Bar Big Joe, Av. Corrientes 4656 y Panamá, CABA.
Inscripción Seder de Pesaj 2024 RESERVA DE LUGAR para la fiesta de Pesaj del día viernes 26 de Abril a las 20 hs. en Loyola 828, CABA. Entrada $1500 (La entrada incluye matzá y vino). Habrá una barra para adquirir comida y bebida individualmente. Cupo: 70 personas. Vamos completando por orden de reserva. (En caso de imposibilidad o dificultad para asistir por favor avisar al mail: llamamientoargentinojudio@gmail.com, porque los lugares son limitados). En este formulario se pueden inscribir hasta 2 (dos) personas. (Si son más llenarlo nuevamente). Como respuesta a este formulario, recibirás confirmación de reserva LINK PARA INSCRIBIRSE: https://bit.ly/3Ju35EP
Por: Kupervaser Daniel – Blog de K. DanielEl recrudecimiento de la violencia en los últimos días en el conflicto palestino israelí, que ya data de más de un siglo de vigencia, se convirtió en una buena oportunidad para analizar la narrativa israelí, tal como la exponen los distintos gobiernos y organismos oficiales, y también, la gran mayoría de los medios de información israelíes y judíos de la diáspora. Días atrás, en un ataque palestino a puesto de control israelí en territorios conquistados en la guerra de 1967, cayó abatida la soldada del ejercito Noa Lazar. En esta oportunidad, Yair Lapid se expresó en estos términos en un comunicado especial. “Con el corazón roto recibí la noticia de la muerte de una soldada del ejército de Israel, sargento Noa Lazar del Regimiento Erez, quien fue asesinada en un ataque a tiros por un infame terrorista. En mi nombre y en nombre del gobierno de Israel, envío mis condolencias a su familia y amigos. No hay palabras que puedan aliviar la gran pérdida. No callaremos ni descansaremos hasta que nos hayamos encontrado con los abominables asesinos” (Twitter Yair Lapid). Antes de esto, los medios informaban con estas palabras. «El sargento Noa Lazar, de 18 años, de Bat Hefer, es la soldada asesinada ayer en el puesto de control de Shuafat» informó el canal 12 TV. Al mismo tiempo, el titular principal del diario Yediot Ahronot» resaltaba con grandes letras sobre un grandilocuente fondo negro: «Una mujer soldada del ejercito Israel fue asesinada en un ataque terrorista a tiros en Jerusalén». Lamentablemente, esta narrativa distorsiona gravemente la realidad que se vive en este conflicto. La sargento Lazar era un soldado combatiente del ejército de Israel, que fue destinada por sus superiores a ese puesto de control, que vestía un uniforme en virtud de su posición y para cumplir una función para la que fue entrenada. La sociedad israelí en su conjunto tiene la responsabilidad que esté allí. Lazar no fue asesinada sino fue un soldado que cayó en el cumplimiento del deber en plena guerra entre dos etnias en el marco de un estado único con soberanía judía de facto desde el Mediterráneo al Rio Jordán con mas de un siglo de enfrentamientos. La argumentación israelí para repudiar el ataque calificando los hechos como “asesinato” y “terrorismo” es totalmente ridícula y absurda. Se trata de la reacción de la lucha por su liberación nacional de una etnia frente al enemigo que conquistó y domina lo que la gran mayoría del mundo considera su territorio, oprimiendo militarmente a sus componentes sin derechos civiles y con conductas que atestiguan serias intenciones de destierro de la población nativa. Pareciera que los encargados de la Hasbara israelí (propaganda oficial israelí) se olvidaron que el pueblo judío considera como héroes a los valientes combatientes de los grupos armados judíos que en el marco de la lucha por la independencia de Israel no dudaron, 80 años atrás, en llevar a cabo ataques similares a los que hoy el Estado Judío cataloga como terrorismo y asesinato. La visión reinante en Israel de sentirse víctimas de todo y de todos conlleva generalmente a culpar de manera reiterada a los demás de lo que les ocurre y de forma inconsciente se desvinculan de su responsabilidad ante sus actos y culpabilizan a los demás. ¿Qué se puede esperar de un pueblo sometido por la fuerza sin derechos civiles? ¿Qué agache la cabeza? Al respecto, el periodista Israel Rogel Alpher afirma que “el uso del término «asesinato» y “terrorismo” atestigua la profundidad del victimismo e indolencia de la sociedad israelí en su obstinada negativa a reconocer la realidad (Haaretz, 11-10-22). No por casualidad, en el seno de la gran mayoría de las sociedades del mundo predomina la percepción que se trata de una prolongada guerra entre dos etnias, una muy fuerte y dominante, la otra débil y dominada. Consecuentemente es muy fácil detectar un alto grado de apoyo e identificación con la causa palestina, pese a las atrocidades de sus ataques en reiteradas ocasiones. Nadie se debe confundir con ciertas posiciones solidarias con Israel. Estas son generalmente consecuencia de intereses de liderazgos políticos de ciertos países, como es el caso de EE.UU., donde políticos y candidatos reciben dinero de judíos para sus campañas electorales a condición que actúen políticamente a favor de Israel. En otras latitudes, liderazgos locales optan por posiciones balanceadas, considerando la posibilidad de no dañar sus intereses en sus relaciones justamente con EE.UU., que muy bien puede ser instada a un distanciamiento como consecuencia de posiciones “antisraelíes”. La firma de los acuerdos de Oslo (1993-94) proyectó al mundo la esperanza de un próximo fin a esa prolongada guerra. Lamentablemente, tanto el pueblo judío como el palestino se caracterizan por haber dejado crecer en su seno a grupos extremistas, violentos e intransigentes que luchan por el todo sin ninguna intención de arribar a acuerdos con compromisos territoriales. Peor aún, tanto el liderazgo judío como el palestino son incapaces de limitar o hacer desaparecer a estos grupos, todo lo contrario, se ven en la necesidad de hacerlos participes. Un claro ejemplo es ver a la Autoridad Palestina negociando permanentemente con Hamas y la Yihad, y al ejército israelí protegiendo a colonos extremistas cuyo propósito es desterrar palestinos por medio de la violencia.Esten seguros, en esta guerra entre judíos y palestinos en la región no habrá vencedor, solo victimas y mucha sangre. Seria prudente que los judíos de la diáspora tengan presente que la continuidad del apoyo incondicional a Israel por parte de sus liderazgos locales, como ya se puede percibir los últimos años, necesariamente los hará participes de ese conflicto frente a vuestros conciudadanos como “cómplices” de un Israel conquistador y opresor.Ojalá me equivoque Daniel KupervaserHerzlya, 12-10-22kupervaser.daniel@gmail.com@KupervaserDEn la imagen Noa Lazar, soldada asesinada o caída en cumplimiento de su deber
Lago Escondido © Página 12 Por: Carlos Schmerkin(*) (Compañero del Llamamiento, desde Francia) – El Club Mediapart (9 DE DICIEMBRE. 2022) Las conversaciones filtradas entre jueces, fiscales, espías y líderes del grupo Clarín muestran el lado oscuro del funcionamiento de la justicia federal en Argentina: cabildeo, amañamiento, presión política, sobornos y abuso de poder. Una larga serie de delitos e irregularidades. El sitio Patagonia Facts ha publicado dos chats en los que participan cuatro jueces federales, el fiscal jefe de la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, un publicista, un ex miembro de la Secretaría de Inteligencia y dos ejecutivos del Grupo Clarín. (principal grupo multimedia de Argentina) organizó una serie de maniobras para que no se supiera que los magistrados habían ido gratis -invitados por la multimedia- al paradisíaco Lago Escondido, propiedad ilícita 1 del británico Joe Lewis, amigo del expresidente Mauricio Macri. Las conversaciones filtradas salieron a la luz horas antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py dictara sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Figura central de la política argentina, fue condenada el 6 de diciembre a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la construcción de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. El 22 de agosto, la fiscalía -representada por Diego Luciani y Sergio Mola- había pedido doce años de prisión para CFK y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Diez días después, el 1 de septiembre , Fernando Sabag Montiel intentó dispararle a centímetros de la cabeza cuando se mezclaba con la multitud a la entrada de la casa del Vicepresidente. Aunque tres miembros del grupo que organizó el magnicidio fallido están encarcelados, la investigación está estancada tras la presión sobre el juez a cargo del caso por parte de amigos de Luis Caputo, exministro de Hacienda de Mauricio Macri, cuyo «Caputo Hermanos» es sospechoso de financiación del grupo terrorista «Revolución Federal» 2 Tras la publicación de la sentencia, la actual vicepresidenta anunció que no se postulará para ningún cargo electivo en 2023, ni como presidente ni como senador, y que no ofrecerá a la oposición el argumento de que busca inmunidad de enjuiciamiento para evitar ir a la cárcel. “Mafia y estado paralelo. Esto es lo que está pasando en Argentina y esto es lo que me condenó hoy a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Esta sentencia es lo que querían” , expresó hacia el final de su mensaje, muy emocionada. Durante el juicio, la defensa argumentó que Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta del país, no intervino en las licitaciones a costa de la provincia de Santa Cruz. Luciani argumentó, y el tribunal pareció corroborar esta opinión, que el expresidente permitió que Lázaro Báez, un contratista de la construcción, se beneficiara al enviar presupuestos al Congreso que incluían el pago de las obras por un millón de dólares solicitados por Santa Cruz. En respuesta, la vicepresidenta se defendió diciendo que no podía ser acusada de cometer delitos a través de los presupuestos anuales aprobados por ambas cámaras del Congreso, incluidos los legisladores de EE. UU. Luego de calificar a la corte como un «pelotón de fusilamiento» y acusar a los fiscales de «inventar hechos, ocultar otros, tergiversarlos y mentir» de tal manera que crearon las condiciones para un intento de magnicidio el 1 de septiembre, Cristina Kirchner compartió un documento titulado «La veinte mentiras del asunto Vialidad» en sus redes sociales . https://www.pagina12.com.ar/502683-una-por-una-las-20-mentiras-sobre-la-causa-vialidad-que-deta Más allá de los argumentos, es la oscuridad tóxica de Comodoro Py, sede de la justicia federal, la que entra en juego.Julián Ercolini, el juez de instrucción de este caso denominado “Vialidad”, es uno de los dos jueces federales que centralizaron los múltiples cargos contra Cristina. Kirchner, algunos de ellos muy polémicos, como la muerte del exfiscal Alberto Nisman, oscuro archivo anclado en su despacho. Ya había pruebas de la connivencia del juez Ercolini con el gobierno de Macri, pero estas pruebas aumentaron el pasado fin de semana tras la revelación de los detalles del viaje a una estancia en la Patagonia antes mencionado, en el que sí participó con otros jueces, dos exagentes de inteligencia y dos funcionarios de la alcaldía de Buenos Aires y precandidato conservador a la presidencia, En el diálogo revelado (chat escrito y audio), traman todo tipo de ilegalidades, como falsificación de facturas, traslado del caso de la ciudad de Bariloche a la justicia federal de Buenos Aires -su territorio-, detención ilegal de un funcionario de turno. quienes, según ellos, revelaron su presencia durante la excursión, e incluso el irónico pesar de «no haber cometido un asesinato contra un ‘mapuche’». 3 Todo ello salpicado de frases sexistas, homofóbicas y racistas. El intercambio sugiere que los ejecutivos de Clarín y los organizadores de aventuras, Jorge Rendo y Pablo Casey, están hablando con sus interlocutores (jueces, un fiscal, altos funcionarios del gobierno de la ciudad y oficiales de inteligencia) como lo fueron con sus jefes. Finalmente, el dictamen de la fiscal Cándida Echepare corrobora la existencia del viaje en avión privado y las facturas falsificadas. Exigió que se levante el secreto fiscal y bancario de todos los involucrados. El presidente Alberto Fernández se vio obligado a pronunciar un discurso en canales nacionales para denunciar lo que calificó de «promiscuidad antirrepublicana» la conducta de «ciertos empresarios, jueces, fiscales y funcionarios, que hasta ahora se sentían impunes». «Es hora de que empiecen a rendir cuentas», dijo. “Todo parece indicar que ha vuelto a quedar en evidencia el deterioro de la calidad institucional de ciertos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos están envueltos en un perverso juego de corrupción que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, la administración de justicia» Asociaciones de abogados, profesores de derecho y varias organizaciones de DDH exigen la renuncia inmediata de todos los «visitantes» a la estancia y la apertura de un juicio real por el delito de incumplimiento del deber de funcionario público y admisión de coimas para los seis funcionarios. La condena de Cristina Kirchner provocó una ola de solidaridad nacional
Ilustración Lautaro Fiszman Por: Daniel Rafecas – Revista Haroldo En el marco del día de los Derechos Humanos, que se conmemora hoy 10 de diciembre, el juez federal Daniel Rafecas, afirma que “los discursos de odio son una condición necesaria para la consumación de un genocidio”. “A lo que tenemos que apuntar es a que, en el mediano plazo, cuando estos referentes apelen a estos discursos de odio, estos caigan en saco roto, que no tengan repercusión, es más, que sean contraproducentes para sus ambiciones políticas”, enfatiza. He de comenzar con una reflexión que, hoy en día, ya es algo muy conocido en todo lo que son estudios relacionados con crímenes masivos, y es el hecho de que, de la contemplación de los procesos genocidas que hubo a lo largo de los últimos siglos, y en lo que va del siglo XXI también, es una regla constante afirmar que no existe la posibilidad de que se precipite un genocidio, o un crimen masivo cometido desde ámbitos estatales, o con la aquiescencia o consentimiento del Estado, sin la construcción previa de un enemigo, a través de la proliferación y la difusión de discursos de odio. Es decir, hoy en día sabemos que los discursos de odio son una condición necesaria para la consumación de un genocidio, es decir, para la consumación de Auschwitz o de la ESMA, para dar dos ejemplos que nos son muy próximos. Esto surge muy claramente, por ejemplo, de lo que fue el genocidio armenio, en donde los discursos de odio de la mayoría musulmana, panárabe del imperio otomano, dispersó y divulgó discursos de odio contra la minoría armenia que estaba segregada y diferenciada, no solamente desde el punto de vista religioso sino también étnico, durante siglos. Lo mismo por supuesto ocurrió en el caso del genocidio nazi, respecto no solamente de los judíos, sino también de otros colectivos perseguidos, pero especialmente de los judíos, en donde desde 1933 y hasta el inicio del proceso de exterminio -que comienza en 1941-, vamos a tener casi una década de preparación del genocidio, un largo período, en el cual los nazis van a sembrar discursos de odio de modo cotidiano. Y no lo digo metafóricamente: todos los días, en Alemania a partir de 1933, y luego en Austria a partir de 1938, en Checoslovaquia en 1939, y luego en todos los territorios que fueron ocupando, cotidianamente se difundían discursos de odio: un día en la radio, otro día en el cine, otro día en columnas en los medios gráficos, otro día en panfletos, otro día en directivas que circulaban en las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas, en donde se decía “los judíos son culpables”, “los judíos son delincuentes”, “los judíos son bacilos”, “los judíos son nuestros enemigos”, etc. Y esto también ocurrió, por supuesto, en lo que fue el terrorismo de Estado, no solamente en Argentina, sino en los restantes países del Cono Sur, en las dictaduras latinoamericanas. De modo tal, que creo que este es un punto muy importante para que nosotros tengamos en cuenta, en el sentido de que tenemos que estar, como activistas o como actores preocupados por la consolidación de los derechos humanos y la consolidación de la democracia, muy atentos y muy sensibles a la aparición, o la irrupción, o la promoción, o la emergencia de discursos de odio que, casi siempre, o durante muchos años, han circulado en forma muy encapsulada, en grupos cerrados, de redes sociales, y de repente, a lo largo de los meses, se empieza a percibir que empiezan a cobrar mayor protagonismo, que empiezan a salir de esos ámbitos cerrados y empiezan a circular de un modo más abierto y, especialmente, que empiezan a tener penetración en algunos ámbitos que son más proclives, y de entre ellos quizá lo más preocupante es entre las nuevas generaciones, que quizás todavía, de una u otra manera, desde el Estado no hemos podido llegar con contenidos que permitan identificar y neutralizar esos discursos. Por otra parte, la gran pregunta que nos venimos haciendo en los ámbitos que trabajamos estos temas desde hace décadas, es si conviene “combatir” la proliferación de estos discursos del odio desde la represión penal, o a través de otros medios alternativos. En ese sentido, tengo una postura que al principio fue intuitiva, y luego también la fui reafirmando de una manera más elaborada -porque de hecho he participado de discusiones muy serias que se están dando en el máximo nivel de los organismos de derechos humanos, hablando de Madres, de Abuelas, de Hijos, del CELS y otros organismos que están trabajando en este tema-, y creo, pese a que tengo más de treinta años de actuación en la justicia penal y llevo casi veinte años como juez federal en lo criminal, yo no estoy para nada seguro, y no creo, sinceramente, que la represión -es decir, la utilización de delitos penales para castigar actitudes como el negacionismo o el relativismo u otras formas agraviantes a la memoria de los sobrevinientes, de las víctimas y de los familiares de procesos genocidas o de crímenes masivos-, sea el camino. Pero esta es una cuestión puramente de estrategia: me parece que no es la estrategia adecuada desde un sistema democrático. Y voy a contar una pequeña anécdota para intentar reafirmar mi punto. Lautaro Fiszman Hace muchos años -quizás quien lea este artículo lo recuerde-, en mis primeros años como juez, me tocó intervenir en un caso en el cual tres jóvenes habían agredido a otro, por su condición de judío: le hostigaron, lo empujaron, y le depararon algunos insultos de carácter antisemita. En ese entonces, los medios de comunicación tomaron nota del caso y hablaban de tres “skinheads” que habían atacado a un chico judío. Ese caso llegó a mi juzgado. Tanto la víctima, como los victimarios, eran menores de edad. Y después, al poco tiempo, cuando empezamos a indagar a los agresores, advertimos rápidamente que no eran “skinheads”, que por supuesto estaban cargados de prejuicios y estaban muy contaminados con discursos de odio que circulan en algunos ámbitos, pero que carecían por completo
A 28 años de la AMIA, las instituciones de la calle Pasteur siguen traicionando la memoria Por: JORGE ELBAUM (compañero del Llamamiento) | El Cohete a la Luna (17 de julio de 2022) El viernes Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el marco de un nuevo aniversario del acto terrorista sucedido en 1994. En la reunión estuvieron presentes, además del Presidente, el canciller Santiago Cafiero, el secretario de Culto Guillermo Oliveri y la vocera presidencial Gabriela Cerruti. La delegación de la institución comunitaria estuvo liderada por su flamante titular, Amos Linetzky. La reunión tuvo características protocolares, formato en que la AMIA ha decidido vincularse con el gobierno, dejándole la tarea de la confrontación a la DAIA, de la que también forma parte. La división del trabajo entre ambas remite al remanido juego del policía bueno y el malo: la AMIA se muestra empática y dialogante, otorgándole la fajina confrontativa a su inquilina en el edificio de Pasteur 633. Cada 18 de julio se renueva la escena aciaga de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA reclamando una justicia que nunca llega. En forma paralela, desde los estrados de las instituciones que tienen sede en la calle Pasteur 633 se repite la demanda sobreactuada de quienes han privilegiado la utilización política de la tragedia para transformarse en referentes corporativos de la derecha local. La DAIA y la AMIA se reparten el rol de producir cortinas de humo mediático-jurídicas dispuestas para debilitar a los gobiernos populares y/o perseguir a sus máximos referentes políticos. Luego del memorándum de entendimiento con Irán y del suicidio de Alberto Nisman, han sido partícipes de diferentes iniciativas destinadas a beneficiar a Juntos por el Cambio y estigmatizar a todo aquello que se opone a la lógica geopolítica impulsada por el eje Washington-Tel Aviv. El último capítulo de la saga corresponde a la aeronave venezolana de carga cuyos 19 tripulantes aún se encuentran retenidos en Buenos Aires por decisión del juez federal Federico Villena, en el marco de una querella impulsada por el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits. Según la presentación judicial realizada por la apoderada de la institución de calle Pasteur, Martha Nercellas, el Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur arribó al aeropuerto de Ezeiza el 6 de junio con la intención de promover el “financiamiento del terrorismo”. Dicho propósito, según la presentación realizada ante el juez Villena y la fiscal Cecilia Incardona, se encontraría promovida por los gobiernos de Caracas y Teherán. El último jueves, Knoblovits, desde Jerusalén, objetó a la vocera presidencial Gabriela Cerruti por considerar que la Justicia debe resolver de forma perentoria el caso de la aeronave venezolana y de los 19 tripulantes demorados: “Es una posición absolutamente sesgada –cuestionó el titular de la DAIA–, que no mira a esos familiares de las 85 víctimas del atentado contra la AMIA, que hace 28 años tienen una silla vacía en su casa, y sí defiende a los iraníes”. Para ahondar en el criterio demonizador, se interrogó en formato retórico: “¿Por qué el gobierno no se preocupa también por el derecho de las víctimas, no de los victimarios?”. Para los dirigentes de calle Pasteur –por estricto mandato de las delegaciones diplomáticas a las que responden– el solo hecho de ser venezolano y/o persa alcanza para ser acusado de complicidad con el atentado de 1994. En la misma línea, el flamante presidente de la AMIA, Amos Linetzky, advirtió durante toda la semana sobre el tenor del discurso que pronunciará el lunes. “Vamos a hacer un fuerte reclamo, aunque no guste, aunque incomode”. El reclamo, como es de esperar, tendrá como beneficiario al colectivo cambiemita, que se hará presente con una decena de figuras estelares lideradas por el panelista televisivo Waldo Wolff, titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, una de las pocas áreas que no ha tratado ni elevado ningún proyecto legislativo desde 2019 hasta la actualidad. El patrocinio de la DAIA, gestionado por la abogada Martha Nercellas, resultó extraño a los ojos de los operadores judiciales asentados en Lomas de Zamora. La penalista es recordada en los pasillos tribunalicios por haber sido sancionada por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados con la suspensión temporaria de su matrícula por las faltas éticas cometidas en relación a la querella de la causa del atentado a la AMIA, también en representación de la DAIA. En aquella ocasión, su confabulación con el entonces presidente de la entidad, Rubén Beraja, el magistrado Juan José Galeano y los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia derivó en la injusta detención de cinco policías de la brigada de Vicente López, por el lapso de ocho años y tres meses. De Macri a Menem La insistencia en estigmatizar a todos aquellos que no coinciden con las políticas exteriores de Estados Unidos e Israel ha sido coherente, además, con el silencio y la indiferencia respecto a lo que se denomina “la pista local” de los atentados del ’92 y el ’94. El último martes, la Corte Suprema –luego de dos décadas– desestimó un recurso del comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda, quien había sido condenado en 2005 a cuatro años de prisión por la destrucción de pruebas relacionadas con el atentado a la AMIA. En esa ocasión, quien revestía como jefe del Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal –encargado de la custodia de evidencias– hizo desaparecer 68 casetes con conversaciones telefónicas del reducidor de autos robados Carlos Telleldín. Entre esos intercambios, se especula, aparecían contactos del ciudadano argentino de origen sirio Alberto Jacinto Kanoore Edul, quien se comunicó el 10 de julio de 1994 con Telleldín con la intención de adquirir una camioneta Trafic. El entonces comisario Jorge Palacios –que tiempo después fuera nombrado como jefe de la policía metropolitana por Mauricio Macri– fue procesado por advertirle a Edul del allanamiento que se iba a llevar a cabo en sus oficinas y en su domicilio. Durante el juicio oral en el que se determinó la
