admin

Fuente: Luvis Pareja | www.estrategia.la Fecha: 07 de agosto de 2019 El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, acusó a la administración de Donald Trump de intentar influir a favor de la oposición en la campaña electoral, de cara a las presidenciales de octubre próximo, quizá tratando de invisibilizar las dos masacres ocurridas el fin de semana en los estados de Texas y Ohio, que dejaron un saldo de 30 muertos y más de 60 heridos . “Se meten, se inmiscuyen (en la campaña) pero no es ninguna novedad por parte de las embajadas norteamericanas en América Latina», dijo. Ellos (los estadounidenses) tienen la misión divina de calificar a todos los países del mundo», afirmó el canciller y agregó que basta entrar a la página del Departamento de Estado para ver la calificación de todos los países. La intencionalidad de la advertencia del gobierno estadounidense parece quedar en claro, ya que se abstiene no solo de hablar de las continuas masacres en su propio país, de la persecución a migrantes, incluyendo niños, sino de la extrema violencia que existe en otros países –aliados a EEUU- como Colombia. Sin amilanarse, el gobierno uruguayo continuó respondiendo a los ataques de Washington, que días atrás advirtió a los ciudadanos que estadounidenses que no viajaran al país sudamericano ante un aumento en sus índices de delincuencia, registrado en base a informes del Departamento de Estado. El lunes había emitido un comunicado en el que alertaba a los ciudadanos que tuvieran pensado viajar a EEUU por la «creciente violencia indiscriminada» desatada en esa nación. Mano dura «Es una exageración, y es muy imprudente andar diciendo que aumenta la inseguridad en Uruguay, cuando el tema de la seguridad está metido en la campaña electoral», replicó Nin El senador blanco Jorge Larrañaga, uno de los candidatos preferidos por Washington, quedó fuera de la competencia por la presidencia, pero el proyecto de reforma constitucional que impulsó mediante la campaña “Vivir sin miedo” se votará el 30 de octubre, en forma simultánea con las elecciones nacionales, salteándose al Poder Legislativo para intentar, por otra vía, la aprobación de proyectos que ya fueran rechazados. A finales de julio, en un discurso lleno de falacias y efectismo, Larrañaga señaló vaguedades como que “no se puede seguir así” y que hay que “defender a la gente honesta”, y señaló que “si no hacemos esto, […] los delincuentes nos llevan puestos”. Medrando con el miedo y con el imaginario de la inseguridad, postuló una ilógica y peligrosa equivalencia entre orden y seguridad, típica de ideologías autoritarias y de intentos de desestabilización democrática Él último domingo de octubre los uruguayos votarán por un nuevo presidente y plebiscitarán la ley represiva de Larrañaga, que contó con apoyo de asesores estadounidenses e israelíes. Crímenes de odio El Ministerio de Relaciones Exteriores alertó por los crímenes de odio, fundados en “el racismo y la discriminación, que costaron la vida a más de 250 personas en los primeros siete meses de este año». El gobierno de Donald Trump anteriormente emitió una elevación del nivel de advertencia dirigida a ciudadanos estadounidenses que planeaban visitar Uruguay, por el «aumento de la delincuencia»: pasó del nivel 1 («tomar precauciones normales») al nivel 2 («ejercer mayor precaución debido a la criminalidad»). También la cancillería de Venezuela emitió un aviso de características similares, sugiriendo a los venezolanos “postergar sus viajes, o, en todo caso, extremar las precauciones” en caso de ir a Estados Unidos, y pidieron a sus viajeros evitar grandes aglomeraciones y algunas ciudades, que ubicaron entre las «20 más peligrosas del mundo». Nin Novoa redobló la apuesta el martes al sostener que EEUU busca entrometerse en la campaña electoral uruguaya, al tiempo que aseguró que con Washington «no hay ninguna tensión». Pero dejó en claro que la advertencia de Washington a sus ciudadanos respecto a Uruguay «es como mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio” y agregó que EEUU cree que tiene «la misión divina de calificar a todos los países del mundo». «Estados Unidos tiene una tasa de homicidios de 25 habitantes cada 100 mil, mientras que en Uruguay tenemos la mitad. Matan a 30 personas en tiroteos en bares, y nos vienen a decir a nosotros que tengan cuidado con Uruguay. ¡Por favor!», exclamó el canciller, quien remarcó que a su país no lo motiva un «ánimo belicista y confrontativo». «Hicimos un comunicado en los mismos términos en que lo hicieron ellos», agregó. En la nota consular presentada hace unos días, el gobierno norteamericano había señalado que «los delitos violentos, los homicidios, los asaltos a mano armada, el robo de vehículos y los hurtos» aumentaron en Uruguay. El Departamento de Estado pidió evitar la visita a 13 barrios de Montevideo, y advirtió acerca del incremento de los robos callejeros, y de viviendas durante el verano, en los principales balnearios del país, incluyendo Punta del Este. La inseguridad es uno de los temas más importantes dentro de la agenda pública uruguaya. A la espera de cifras oficiales, se estima que en 2018 Uruguay, país de 3,4 millones de habitantes, registró una cifra récord de homicidios (381), un 35 por ciento más que en 2017. Sin embargo, esos números provienen de un estudio que regularmente publica la fundación Fundapro, cercana a la oposición, y que sirvieron de insumo para la dura advertencia planteada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. **Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: Boaventura de Sousa Santos* | Jornada Fecha: 27 de julio de 2019 Las palabras que más se repiten hoy son estupefacción y perplejidad. El gobierno brasileño ha caído en el abismo del absurdo, en la banalización total del insulto y la agresión, en el atropello primario de las reglas mínimas de convivencia democrática (por no hablar de las leyes y la Constitución), en la destilación de odio y negatividad como única arma política. Todos los días somos bombardeados con noticias y comentarios que parecen provenir de una cloaca ideológica que ha acumulado rancidez y descomposición durante años o siglos, y ahora rezuma el hedor más nauseabundo y pestilente como si fuese el aroma de la novedad y la inocencia. Esto causa estupefacción en quienes se niegan a ver normalidad en la normalización del absurdo. La perplejidad se deriva de otra verificación, no menos sorprendente: la aparente apatía de la sociedad civil, de los partidos democráticos, de los movimientos sociales y, en definitiva, de todos los que se sienten agredidos por semejante desatino. Da la impresión de que la insistencia y el abuso de la insolencia tienen el efecto de un gas paralizante. Es como si nuestra casa estuviese siendo asaltada y nos escondiésemos en un rincón con el temor de que el ladrón, si nos viese, se sintiera provocado y además de nuestras posesiones nos quitara también la vida. Puesto que un país es más que un conjunto de ciudadanos estupefactos y perplejos, y como en política la fatalidad no existe, hay que pasar de la estupefacción y la perplejidad a la indignación activa y la respuesta organizada y consistente en nombre de una alternativa realista. Para ello hay que responder dos preguntas principales. La primera, ¿cómo fue posible todo esto? La segunda, ¿con qué fuerzas políticas y de qué modo se puede organizar una respuesta democrática que ponga fin a este vértigo y retome el camino democratizador del pasado reciente sin cometer los errores en los que incurrió? ¿Cómo sucedió? La reflexión al respecto debe tener siempre en cuenta los factores internos y geoestratégicos. Las razones que llevaron a la dictadura entre 1964 y 1985 no fueron superadas con el regreso a la democracia. El pacto con los dictadores no permitió juzgar el terrorismo de Estado que practicaban, exigió la continuidad (y hasta la profundización) del modelo capitalista neoliberal, y no resolvió la cuestión de la concentración de la tierra, sino al contrario, la agravó, permitiendo a las élites patrimonialistas servirse de la democracia como antes se habían servido de la dictadura. La Constitución de 1988 contiene una profunda vocación democratizadora que las élites nunca han tomado en serio. La continuidad también se produjo en el campo de las alineaciones geoestratégicas. Es conocida la intervención estadounidense en el golpe de Estado de 1964 y esa tutela imperial no terminó con la transición democrática. Solo cambió de discurso y táctica. Organizaciones internacionales de la llamada sociedad civil, formación de jóvenes líderes, promoción de un sistema judicial conservador e iglesias evangélicas fueron los vehículos privilegiados para frenar la politización de las desigualdades sociales causadas por el neoliberalismo. En este ámbito, el largo papado de Juan Pablo II (1978-2005) desempeñó un papel decisivo. Liquidó el potencial emancipador de la teología de la liberación y permitió que en las periferias pobres el vacío lo ocupara la teología de la prosperidad, hoy dominante. La receta neoliberal se aplicó en el subcontinente con especial dureza en los años 1990. Suscitó movimientos de resistencia que en la década de 2000 permitieron la llegada al poder de gobiernos de partidos de izquierda, en el caso de Brasil siempre en coalición con partidos de derecha. Este hecho coincidió (no por casualidad) con el descuido momentáneo del Imperio, embarrado en el pantano de Irak desde 2003. Las lecciones que se pueden extraer de este periodo son las siguientes. La izquierda se embriagó con el poder del gobierno y lo confundió con el poder social y económico que nunca tuvo. El Foro Social Mundial (FSM), del que fui uno de los impulsores desde sus inicios, creó la ilusión de una fuerte movilización política de base. Tenían razón quienes advirtieron desde el principio que el predominio de las ONG en el FSM contribuía a la despolitización de los movimientos. La izquierda partidaria abandonó las periferias y se refugió en la comodidad de los palacios de gobierno. Mientras tanto, en el Brasil profundo el trabajo ideológico conservador seguía su camino, listo para ser aprovechado por la extrema derecha. Bolsonaro no es un creador, es una creación. La parálisis de la sociedad política progresista y organizada viene de lejos. Si ahora es visible es porque sólo ahora se sufren sus peores consecuencias. Se concedieron las mejores condiciones operativas y remuneratorias al sistema judicial y al sistema de investigación criminal, pero se creía que eran órganos políticamente neutrales del Estado. De la operación militar-mediática de 1964 a la operación judicial-mediática de 2014 hay una gran distancia y diferencia. Pero tienen dos puntos en común. Primero, la demonización de la política es el arma política privilegiada de la extrema derecha para asaltar el poder. Segundo, las fuerzas políticas de derecha se sirven de la democracia cuando esta les sirve. Pero cuando la opción es entre democracia o exclusión, o entre libertad política o libertad económica, optan siempre por la exclusión y por la libertad económica. La respuesta democrática No se pueden improvisar soluciones de corto plazo para problemas estructurales. La historia de Brasil es una historia de exclusión social causada por una articulación tóxica entre capitalismo, colonialismo y patriarcado o, con más precisión, heteropatriarcado. Las conquistas de inclusión fueron conseguidas con muchas luchas sociales, casi nunca llegaron a consolidarse y han estado sujetas a retrocesos violentos, como sucede hoy. La victoria de la extrema derecha no fue una simple derrota electoral de las izquierdas. Fue la culminación de un proceso golpista con fachada institucional en el que, en el plano electoral, las izquierdas hasta probaron una resiliencia notable en las condiciones de una democracia al borde del abismo