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Fuente: Carlos Heller | Página/12 Fecha: 13 de septiembre de 2020 Las situaciones complejas exigen análisis complejos. El reclamo de la Policía Bonaerense, más allá del cuestionamiento de sus formas y de los antecedentes de algunos de sus protagonistas, ha sido considerado justo. Además, el conflicto viene a reponer un viejo debate: si las fuerzas policiales deben organizarse sindicalmente o no. En definitiva, estamos ante una fuerza de trabajo con reivindicaciones concretas como cualquier otra. En principio, no me parece mal poner en discusión la posibilidad de que la policía se organice sindicalmente. Sería un modo de que, este tipo de demandas salariales y de mejora en las condiciones del trabajo, se expresaran institucionalmente. Si estas demandas encuentran canales organizados, tienen mayores posibilidades de ser resueltas gradualmente y sin un conflicto abierto como, en buena medida, ocurrió en estos días. Por supuesto, sus prácticas gremiales deberían estar muy reguladas. Por ejemplo, el abandono de tareas, como medida de protesta, tiene enormes riesgos en el caso de la policía como pasa con otros trabajos esenciales. Entre otras prácticas, la existencia de organización sindical en la fuerza permitiría institucionalizar líderes legitimados y no quedar expuestos a la aparición de liderazgos espontáneos y diversos. El reclamo salarial ha sido uno de los componentes del conflicto. Pero no es el único. La pandemia ha privado a muchos agentes de sus adicionales: por ejemplo, el cumplimiento de servicios en la cancha y en recitales, entre otros lugares. Esas fuentes de ingresos, en muchos casos, eran un complemento importante de sus remuneraciones. A ello se suma la pérdida de salario real que han sufrido en los años del gobierno de Mauricio Macri, como sucedió en general con todos los trabajadores y trabajadores. En muchos aspectos, esta situación es una consecuencia de las políticas de ajuste: éstas tienden a hacer caer los sueldos y a empeorar las condiciones de trabajo. A ello se agrega que, según algunas estimaciones, hay alrededor de 7 mil efectivos de la fuerza afectados por coronavirus. Ante un escenario complejo, el gobierno desarrolló una estrategia eficaz para que el conflicto, en lugar de potenciarse, quedara delimitado y encauzado. La medida tomada por el Presidente —la transferencia del equivalente a alrededor de un punto de coparticipación de la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires— corrige una situación generada por el gobierno anterior, cuando transfirió la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, dándole por decreto a esta última el equivalente a más de dos puntos de alícuota sobre los fondos coparticipables. En los considerandos del reciente decreto 735/2020, el gobierno nacional afirma que aquella asignación “no coincide con las necesidades reales para cumplir el objetivo, redundando en una desigualdad aún mayor con las provincias”. Según los cálculos oficiales, solo hacen falta 0,92 puntos para cumplir esa tarea, menos de la mitad de lo girado. En esa línea, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, afirmó que “no se le sacaron fondos al Gobierno de la Ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima, y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada”. Como explicó el Presidente: “estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los 80 cuando la Provincia perdió 8 puntos de coparticipación. El gasto per cápita en seguridad en CABA es hoy de 16.900 pesos y en la Provincia es de 6.700 pesos. Si uno mira los cargos en seguridad cada 100 mil habitantes, la Ciudad Autónoma tiene mil personas destinadas y la provincia 563 personas. Si uno repara finalmente en los salarios, el salario inicial en la Ciudad es de 49.200 pesos y en la Provincia es de 37.500”. Por supuesto, a partir de las razones valederas que desataron el conflicto intervinieron sectores que buscaron agrandarlo, intensificarlo y politizarlo. Pero, el conflicto policial no fue el único que se resolvió últimamente. También las autoridades de la Cámara de Diputados llegaron a un acuerdo con una parte de la oposición que bloqueaba el funcionamiento legislativo. De este modo, trataremos próximamente proyectos muy importantes como son el de Presupuesto, el de Aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas y el del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otras iniciativas. En el acta firmada por los presidentes y presidentas de los bloques parlamentarios, se aprobó la prórroga del protocolo de funcionamiento parlamentario remoto por 30 días hábiles. Incluso el punto 5 del acta especifica que “mientras esté vigente el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto las/los diputados que estén presentes en el recinto deberán loguearse activando la VPN”. El acuerdo firmado deja en claro, de este modo, que el sistema virtual es la modalidad general que rige el trabajo legislativo, tanto para los que intervienen de modo remoto como para los que lo hacen de modo presencial. El gobierno no sólo resuelve conflictos. Además, medida tras medida, va desplegando el proyecto que el presidente Alberto Fernández propuso en la campaña electoral y que viene ratificando en cada una de sus iniciativas. Por ejemplo, en la semana se relanzó el programa “Ahora 12”, por el cual los consumidores tendrán tres meses de gracia para empezar a pagar lo que compren en 12 o 18 cuotas, con una tasa de interés de alrededor del 20 por ciento. También se anunció que el Estado reintegrará hasta el 100 por ciento de los créditos a tasa subsidiada a otorgar como parte del programa ATP a las empresas que contraten personal. Hasta ahora estos créditos eran concedidos a las compañías para que éstas pagaran sus sueldos y estaban sujetos a devolución. A partir de este anuncio, las empresas que tomen trabajadores durante los próximos doce meses serán beneficiados a través de la conversión de parte o la totalidad de esos préstamos en subsidios. Otra noticia importante es que el Estado se ha hecho cargo de prácticamente la totalidad de los corredores viales que estaban concesionados. De este modo, vuelve a tener el control de la administración de estos corredores que fueron concesionados durante el menemismo. El

Fuente: Jorge Elbaum| El Cohete a la Luna Fecha: 13 de septiembre de 2020 La semana pasada, el diputado provincial Jorge D’Onofrio acusó públicamente al legislador de Cambiemos Waldo Wolff, de promover un hostigamiento premeditado contra el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa. El cambiemita se defendió ofreciendo su celular como evidencia de su inocencia. Sin embargo, el resto de los integrantes de su bancada  evitó confirmar o desmentir el conocido vínculo con el aparato de ciberpolítica administrado en la actualidad por Patricia Bullrich, luego de que dicha tarea fuese abandonada por Marcos Peña. Un integrante de su propia bancada, que objeta a Wolff por su constante sobreactuación, sugirió que “uno de sus asesores fue el encargado de difundir los datos sobre la familia del presidente de la Cámara”. A una de sus hijas adolescente le enviaron amenazas de muerte, advirtiéndole que dicho crimen se produciría luego de una violación. La ofensiva virtual proveniente de la oposición tiene en la pandemia una trascendencia y amplificación inéditas. Los sectores populares han basado gran parte de su fortaleza política, en el último siglo, en la movilización social. La clausura del espacio público, como precondición del distanciamiento y del cuidado mutuo, acrecentó la relevancia relativa de los espacios virtuales y su centralidad respecto del debate público. En ese marco, el espacio virtual se presenta como un territorio unificado y articulado con el resto de las prácticas sociales: no hay dos geografías paralelas (la real y la virtual), ambas son parte del mismo fenómeno donde se disputa el sentido común, la validez de determinada forma de comprender la realidad. Lo denominado como virtual está cada vez más engarzado al combate por la apropiación de la conciencia social, la madre de toda batalla política. En la actualidad, gracias a la ausencia de regulaciones y al anonimato promovido por la lógica empresarial, la virtualidad es el sitio predilecto donde habitan la manipulación, la siembra de mentiras, el hostigamiento, las amenazas, los agravios y las calumnias varias. Los máximos beneficiarios de estas lógicas se niegan a cambiar su estructuración apelando –como es habitual– a la libertad. Pero su verdadera motivación remite a que cualquier regulación implicaría desmontar el dispositivo tecnológico que permite ampliar y multiplicar la relevancia de los temas y los perfiles según el financiamiento disponible. Sus beneficiarios –quienes emplean a  los trolls, bots y botnets para imponer aquello que no logran transmitir mediante la persuasión discursiva racional– se niegan a aceptar que la democracia tenga preponderancia por sobre el dinero. Los trolls son activistas pagos que manejan entre 20 y 30 cuentas cada uno. Los bots son aplicaciones de software automatizadas que replican (por miles) lo que postean los trolls. Y los botnets hacen lo mismo pero desde miles de cuentas diferentes. La diferencia entre los bots y los botnets es que los primeros amplían geométricamente y los segundos replican aritméticamente. Los bots mandan miles de mensajes y los botnets generan miles de cuentas y mandan un mensaje por cuenta. El mecanismo utilizado por la derecha internacional –atenta a la relevancia creciente de este espacio, consciente de su desventaja en términos de movilizaciones públicas presenciales– dispone de 4 etapas claramente distinguibles (aplicadas actualmente en Argentina en función de la tarea presente de acoso y derribo), que articulan lo virtual, lo mediático y lo político-institucional: Instalación: un referente preasignado de la oposición dirige un dardo acusatorio hacia un referente oficialista. Verbigracia: Waldo Wolff ataca a Sergio Massa en forma presencial –en un acting dentro de la Cámara– y en forma virtual se organiza la andanada vía mensajes personalizados de Twitter. Todas las amenazas recibidas por Massa son posteriores a estas dos escenas. Replicación: los trolls pagos y los activistas en redes de Juntos por el Cambio amplían las acusaciones, advertencias y amenazas de Wolff contra el presidente de la Cámara, para infligirle un costo político a su decisión de llevar a cabo la sesión. Algunos de los trolls, con direcciones IP residentes en Estados Unidos, envían mensajes. Multiplicación: los bots y los botnets propagan la andanada para convertir la ofensiva en un hashtag/etiqueta (palabra o lema establecido como centro de gravedad de las opiniones, debates y agenda. En el caso de Massa, el descrédito de la figura del presidente de la Cámara de Diputados). Un bot es una cuenta automatizada de redes sociales, administrada por un algoritmo y no por una persona real, que está diseñado para concebir publicaciones sin intervención humana. Un troll es diferente de un bot porque el primero es un usuario real, mientras que los bots son automáticos. La actividad de trolling se sirve de los bots para extender sus mensajes. Apalancamiento mediático: las propaladoras de los medios concentrados tematizan la ofensiva (en formato gráfico, radial y televisivo) intentando profundizar el debilitamiento de Massa. Gracias a la labor sembrada por el engranaje de trolls, bots y botnets, la trifecta local (Clarín, La Nación e Infobae) recaba insumos para legitimar e instituir su realidad performateada. (“Las redes sociales destruyeron a CFK”.) El modelo ofensivo, ejemplificado en la secuencia de ataque a Massa, se suma a los modelos defensivos y generadores de desconcierto. El defensivo se trata de resguardar a un vocero mediante un blindaje de sus posteos, con la intención de transformar su irrupción en una referencia política. Este dispositivo se vio reflejado con claridad los últimos días, a partir de la demora del provocador libertario Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como El Presto, quien fue notificado en la Ciudad de Córdoba de una denuncia en su contra, por amenazas de muerte a Cristina Fernández de Kirchner. Apenas fue trasladado a la Comisaría de la Policía Federal, el día jueves último, se produjeron 207.000 tuiteos durante dos horas, con un 90 % de posteos  provenientes de cuentas cuyas direcciones informáticas provenían de servidores instalados en Estados Unidos. Los trolls pagos, los bots y los botnets requieren financiamiento. Gran parte del mismo circula a través de las fundaciones, Centros de Estudio y think tanks con amplias conexiones internacionales entre los empresarios aliados a la lógica neoliberal. Una de esas usinas es Atlas Network, que fue dirigido a nivel global por el argentino Alejandro Antonio Chafuen hasta 2017. La filial local es presidida por Eduardo Maschwitz, un banquero que fue director del Banco Comafi, y que mantiene íntimas vinculaciones con la NED (National Endowment for Democracy), organismo ligado directamente al Departamento de