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Se cumplen diez años de la trágica muerte del fiscal Nisman. Para una parte de la sociedad, fue asesinado al denunciar a la entonces Presidenta de la Nación y a otros dirigentes, acusándolos, según ellos, de proyectar un tratado destinado al encubrimiento de los imputados en la causa AMIA, el levantamiento de las alertas rojas que ordenaban su captura y complicidad con el terrorismo internacional. Para otros, se trató del suicidio de un fiscal corrupto, a punto de ser destituido por su inacción en la causa y enriquecimiento ilícito, denunciado por las asociaciones de familiares de las víctimas, su disipada vida privada exhibida en forma pública, y abandonado por los servicios de inteligencia con los que estaba aliado para llevar la causa AMIA a una vía muerta. El LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDÍO no tiene dudas de que la segunda variable es la que devela la verdad sobre este dramático suceso. No se nos escapa que la poderosa maquinaria mediática que desde hace diez años se construyó para sostener la primera de las hipótesis logró convencer a buena parte del tejido social, esgrimiendo conclusiones que no se respaldan en ninguna prueba sólida, pero que pudieron ser utilizadas como una herramienta política para atacar y seguir agrediendo a una fuerza política que no tuvo vinculación alguna con la muerte del funcionario. Rotundos dictámenes periciales dan sobrada cuenta de que no existe ningún elemento que permita inferir que alguien ingresó al departamento donde el fiscal fue hallado muerto. Varios fallos judiciales han expuesto las causas por las cuales el intento de firmar ese tratado no comporta una conducta delictiva, ni de la Presidenta de la Nación, sus ministros y más de cien legisladores que lo votaron. Nunca se levantaron las alertas rojas, y el Estado de Irán, supuesto beneficiario del tratado, se negó a ratificarlo. El procedimiento montado por la ministra Bullrich y el juez Ercolini, en 2017, para calificar el hecho como homicidio, está paralizado desde entonces, porque si avanza se verificará que no tiene ninguna consistencia y que solo fue elaborado para alimentar la campaña mediática favorable a la leyenda del asesinato. En situación similar se encuentra la causa AMIA desde hace más de treinta años, y ahora se pretende congelarla a través de instaurar el juicio en ausencia. En ese contorno, como representantes de un sector democrático, progresista, laico y humanista, junto a las organizaciones de familiares de las víctimas y asociaciones de derechos humanos, con la convicción de que la verdad está de nuestro lado y que tarde o temprano se impondrá sobre las falacias denunciadas, queremos dejar nuestro testimonio en esta luctuosa fecha. Marcelo Horestein – PresidentePablo Gorodneff – Secretario GeneralLuis Kon – Comisión Jurídica Viernes 17 de Enero de 2025