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Fuente: Néstor Espósito | TiempoAr Fecha: 07 de ABR 2019 La supuesta red de espionaje por la que está preso el falso abogado Marcelo D’Alessio pudo haber manipulado a un preso para que involucrara, con datos probablemente ciertos, a un empresario vinculado con el kirchnerismo. Y, en un segundo paso, hacer jaque mate con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La trama es sórdida. La investigación sobre esos supuestos hechos ni siquiera ha comenzado. Pero la denuncia ya está en el juzgado federal de Dolores, donde el juez Alejo Ramos Padilla investiga a una organización (por ahora) paraestatal de inteligencia ilegal. La exabogada del financista Leonardo Fariña, Giselle Robles, dejó el viernes en Dolores un escrito de una decena de páginas que podría ser una bomba de alto impacto o un chaskibum. Prudencia. Lo que sí está claro es que ese texto y la documentación que acompañó abrirán un nuevo capítulo en la investigación sobre la presunta asociación ilícita dedicada a la extorsión, el espionaje político y ahora también, según esa presentación, al direccionamiento y la manipulación de causas judiciales. Robles dejó por Mesa de Entradas del juzgado una descripción sobre cómo Fariña habría recibido mientras estuvo preso instrucciones a través de ella para complicar al empresario Lázaro Báez. Según reconstruyeron fuentes judiciales, la abogada explicó que, desde la prisión,  Fariña le facilitó el acceso a una cuenta de e-mail en la que habría recibido instrucciones sobre lo que debía declarar ante el juez federal Sebastián Casanello con el objetivo final de obtener la excarcelación. ¿A cambio de qué? Según Robles, de una carambola que impactara primero en Báez para que este se convirtiera también en arrepentido e hiciera caer con su relato a CFK. Robles era la abogada del barrabrava de Boca Juniors Maximiliano Mazzaro, a quien Fariña conoció en prisión. Lo que se insinuaba como una relación conflictiva (porque Fariña es amigo de Rafael Di Zeo, otro barra por entonces enfrentado con Mazzaro), no lo fue. La abogada asumió la defensa de Fariña. En 2016 el financista declaró como arrepentido ante Casanello, pero lo hizo con un régimen diferente al actual. En aquel momento podía mentir, porque declaraba como imputado, en indagatoria. Hoy no podría hacerlo porque la mentira en ese caso se traduce en un delito adicional con diez años de prisión. Cada uno elige qué riesgos asumir. La clave parece estar en una cuenta de mail, elturista@prontomail.com. Robles sostiene que esa cuenta era de Fariña, que él le facilitó el password para que la utilizara mientras estaba detenido (y no tenía acceso a Internet) y que allí recibía la letra de lo que finalmente fue su declaración como arrepentido. Fariña, en cambio, asegura que la cuenta no es suya, que nunca lo fue. Así lo denunció ante Casanello cuando se rompió la relación con su abogada. Lo cierto es que cuando Fariña declaró ante Casanello, en abril de 2016, acompañado por Robles, llevaba consigo unas anotaciones manuscritas y recurrió a ellas para brindar su declaración como colaborador. ¿Qué pasó luego de esa declaración? Fariña estaba detenido a disposición de un juzgado federal de La Plata (en rigor, había dos causas, una de ellas camino a juicio oral) pero no de Casanello. Las causas de La Plata pasaron a tramitar en la Capital Federal. Entonces el financista rápidamente obtuvo la excarcelación y cambió de tribunal que lo debía juzgar en la otra causa. De esa manera quedó afuera de su juzgamiento el presidente del tribunal oral de La Plata, Carlos Rozanski. Finalmente Fariña fue condenado por un tribunal en lo Penal Económico a cuatro años de prisión. La sentencia está a revisión de la Cámara Federal de Casación Penal desde hace más de un año. Según la denuncia de Robles, Rozanski era uno de los jueces a los que Fariña temía. Así, según consta en su escrito, se lo manifestó al ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando se reunieron en un salón del quinto piso de la sede del Ministerio, en la calle Sarmiento. Esa reunión fue gestionada por el periodista Luis Majul. Fariña quería mejorar su situación en el marco del programa de protección de testigos porque media docena de custodios lo vigilaban a toda hora y, por ejemplo, ni siquiera tenía carnet de conducir. Generoso, Garavano accedió a recibir a un arrepentido que acaba de salir de la cárcel gracias a haber denunciado al empresario amigo de Néstor Kirchner. Fariña habría dicho en esa reunión –siempre según Robles– que aspiraba a que Báez también se arrepintiera para mejorar su situación, pues la estaba pasando mal en la cárcel. El ministro respondió algo así como que ya lo estaban «operando» al empresario y que pronto se iba a arrepentir. Sólo faltaba que diera el gran paso: acusar de la supuesta corrupción en la obra pública a Cristina Fernández de Kirchner. Fariña niega que la reunión hubiera discurrido en esos términos. ¿El encuentro pudo haber sido grabado por los colaboradores del ministro Garavano? En tal caso, esa grabación ¿desmiente o confirma lo que denunció Robles? Lo que parece emerger con claridad es que si Fariña fue «coucheado» para su declaración como arrepentido no fue Garavano quien lo hizo. La reunión con el ministro es posterior. Si hubo adoctrinamiento fue mientras estuvo preso. ¿Es posible que servicios de inteligencia que antes operaron contra el kirchnerismo ahora hayan cruzado de vereda y estén utilizando la misma información en sentido contrario? ¿O es que finalmente se desnudó la matriz de intromisión y operaciones de inteligencia como un grano estallado que no para de drenar pus? Entretanto, ¿qué es de la vida de D’Alessio? Encerrado prácticamente todo el día en una habitación inhóspita, desprovista de toda decoración, sin ventanas que permitan el ingreso de la luz del sol y sin TV ni contacto con el mundo exterior, el falso abogado Marcelo D’Alessio pasa sus días en el Hospital Penitenciario de Ezeiza (HPC) como una fiera domesticada enjaulada. Sólo lo visitan su esposa y su abogado, Claudio Fogar, sus únicas contenciones

Fuente: Horacio Verbitsky | El cohete a la luna Fecha: 24 de MAR 2019 Las carpetas de inteligencia ilegal secuestradas en el allanamiento al espía Marcelo Sebastián D’Alessio complican al Hada Buena y pueden generar una onda expansiva en la tensionada coalición oficial, donde se discute nada menos que su continuidad hasta las elecciones de octubre y quien será su portaestandarte. El informe acerca del show sobre animales que conduce un relator de fútbol contiene elementos que, según D’Alessio, le suministró el operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Santoro, que ponen la mira sobre el productor del programa;  la empresa licenciataria de América 2, que con la inflación ya es América 24 y la gobernadora bonaerense. Secreto a voces La ley dice que las sesiones de la comisión bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia son secretas. Al enviar la documentación sobre la causa, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, extendió esa obligación de reserva a los legisladores. Pero entre diputados, senadores, asesores y personal de servicio del Congreso asistieron a la sesión medio centenar de personas. En esas condiciones, los trascendidos son inevitables. Lo que no hay es un relato único, sino el armado de un rompecabezas a partir de piezas sueltas. Este es el resultado: D’Alessio dirige su informe sobre el show de los animales al ex comisario Ricardo Bogoliuk, inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia. El show de los animales no es realizado por América, sino por la productora Jotax, que también tiene a su cargo  Intragables, otro programa político de escándalo en la misma emisora. D’Alessio, vía Santoro, menciona al titular de la productora como un amigo muy íntimo del Hada Buena. El informe añade que la gobernadora le entregó varios millones de pesos de publicidad y fondos reservados de la provincia de Buenos Aires, para que comprara parte del paquete accionario de América que pertenecía al hermano de Daniel Vila, Alfredo. Afirma que las entregas son de 2,2 millones de pesos por mes (que al cambio promedio del último semestre son unos 600.000 dólares en un año) y la pauta sirve para blanquear el uso de los fondos reservados. Santoro le dijo a D’Alessio que se quería ir del show de los animales porque desde que el relator de fútbol se reunió con la ex presidente CFK, dejó de referirse a los encuadernados por el doctor Glock como presos por corrupción y comenzó a llamarlos presos políticos. Según el operador judicial del Grupo Clarín el encuentro con Cristina fue gestionado por el ex colaborador de Horacio Antonio Stiusso en la ex SIDE, Javier Fernández, a quien menciona como contacto de su compañera de mesa, Romina Manguel, a quien moteja de filokirchnerista. Santoro opina que al relator de fútbol “le hicieron la croqueta”. Hasta allí el tratamiento del tema en la Comisión Bicameral, en un encuentro que duró dos horas y media, la mitad que el informe público que el mismo magistrado rindió la semana anterior en la comisión de libertad de expresión de la Cámara de Diputados presidida por Leopoldo Moreau. De canillita a campeón El productor a quien D’Alessio vía Santoro señala como operador de la gobernadora en América se llama Gabriel Hochbaum. Cuando ingresó a la empresa manejaba cuentas publicitarias de municipios y hacía lobby político. Además de programas para el canal y su señal de cable, produce espectáculos teatrales con la marca JOTAX. El informe estaba dentro de la carpeta dedicada al relator de fútbol, quien al enterarse sacó de la mesa a empujones a Santoro. No se informó cuánto duraría la licencia que Santoro dijo haber pedido para ocuparse de su defensa, aunque por ahora no hay causa judicial abierta en su contra. La resolución del juez dice que tal vez Santoro no sabía el uso que D’Alessio daba a las informaciones que le proveía. Es decir que quizás sólo era incapaz de detectar a un extorsionador, con quien se visitaban semanalmente en sus casas, esposas incluidas. También participó activamente al menos en su último libro. El contenido de la carpeta trascendió por las nerviosas gestiones de Hochbaum ante distintos medios de comunicación para que no se publicara la noticia. EL 15 de febrero, el Grupo América anunció la constitución de su nuevo Comité Ejecutivo, responsable de la dirección estratégica y administrativa, liderado por Agustín Vila y Gabriel Hochbaum. Agustín es el hijo del principal accionista, Daniel Vila, quien anunció que se desvincularía de la gestión diaria. Según el comunicado empresarial su hijo lidera el Comité que también integra Hochbaum, quien “mantiene el cargo de Director de Relaciones Institucionales”. El Comité “representará los intereses de los accionistas y supervisará en sus actividades al management de Grupo América, encabezado por su CEO, Sergio Basich”. El accionista minoritario es el ex ministro del Interior José Luis Robo para la Corona Manzano. Todos los medios de América han estado durante los últimos años orientados por la línea política de Sergio Massa, si  tal cosa puede distinguirse en la zigzagueante deriva del líder del FR. La semana pasada hicieron una encendida defensa de Stornelli, el propio Massa (“creo en su honestidad y buena fe”), y su operadora legislativa, Graciela Camaño (“Por tres whatsapps con un chanta de estos se pone en tela de juicio toda la carrera judicial de un hombre con una trayectoria como la de Stornelli”). Horacio Hace cinco meses, Camaño, presentó un recurso de amparo contra el tarifazo anunciado por el entonces ministro de Energía Javier Iguacel, quien también fue objeto de una denuncia penal por parte del fiscal Guilermo Marijuan, quien era el candidato a ocupar la Procuración General si Massa llegaba a la presidencia. En uno de sus frecuentes raptos de furia real, no la simulada para la campaña (“cuando se enoja le sale el verdulero calabrés”, me dijo uno de sus colaboradores más próximos)  Macrì amenazó con querellar al Pocero de la Patagonia por calumnias, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, según informó Carlos Pagni en el diario La Nación el 11 de octubre de 2018. Lo más

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 24 de MAR 2019 El análisis de la documentación procesada por la Comisión Bonaerense de la Memoria (CPM) y la exhibida ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia revela la utilización de aparatología de espionaje capaz de interferir teléfonos celulares mediante tecnologías de IMS, Interception Management System (Sistemas de Gestión de Intercepciones). Los dispositivos capaces de utilizar IMS acceden al contenido completo de los celulares de quienes han sido elegidos como objetivo, mediante una clonación de los mismos. Su captación permite también su geolocalización, es decir, el control de la ubicación exacta a través del GPS y por lo tanto la trayectoria cotidiana recorrida. Tanto el listado elaborado por la CPM como el detalle de los documentos consultados por la Comisión Bicameral contienen evidencias de la utilización de dichas tecnologías, seguramente provistas por entes gubernamentales. Los vínculos ilícitos constatados con Ricardo Bogoliuk, reconocido como un agente inorgánico de la AFI, y con los fiscales Juan Ignacio Bidone y Carlos Stornelli, permiten entrever los diferentes accesos a fuentes de información provenientes de agencias gubernamentales con terminales fuera de las fronteras nacionales. El ex directivo de la empresa petrolera PDVSA Gonzalo Brusa Dovat declaró ante el juez Alejo Ramos Padilla que Marcelo D’Alessio contaba con información precisa sobre sus traslados, registros de llamadas telefónicas, y referencias a sus diálogos cotidianos con familiares, datos solo asequibles mediante la clonación de las pantallas del celular de Dovat. Además, la carpeta confeccionada por D’Alessio que guardaba información sobre el ex legislador porteño Gustavo Vera, también muestra informes de geolocalización y registro de mensajes entrantes y salientes con terceras personas, conseguidas a través de la intercepción de circuitos digitales. El hallazgo de la carpeta dedicada al titular de la Asociación Civil La Alameda, fue inmediatamente ligada al ex integrante de la SIDE, Antonio Stiuso, quien fue denunciado por casos coincidentes de espionaje paraestatal y por la utilización de Natacha Jaitt para divulgar información sobre abusos sexuales. Los sistemas IMS se ponen en ejecución mediante la instalación, en el celular del vigilado, de una aplicación que es activada inocentemente por la propia víctima. No existen muchos proveedores de estos sistemas. Los tres oferentes de estas tecnologías son NN (Nokia Network), VERINT y NSO Group. La primera es de capitales finlandeses y las dos últimas de origen israelí. Empresarios de VERINT y NSO Group llegaron a Buenos Aires en 2017 junto a su primer ministro, Bibi Netanyahu, después de que Patricia Bullrich participara meses antes en el congreso de ciberseguridad en Tel Aviv, donde 500 empresas de ese rubro se reúnen cada dos años para ofrecer las últimas invenciones en espionaje y guerra cibernética. La visita a Israel de la ministra de seguridad fue gestionada por el presidente de la Cámara de Comercio Israelí Mario Montoto. Waldo Wolff acompañó a la ministra en representación de la cámara de diputados, para realizar labores cuyos resultados nunca fueron detallados por la bancada del PRO, a la cual pertenece. Pocos meses antes de la visita de Netanyahu, el 19 de junio de 2017, el New York Times reveló que varios gobiernos latinoamericanos habían adquirido las tecnologías IMS con el objeto de realizar tareas de espionaje. En México y en Panamá se logró detectar a la empresa NSO Group como la proveedora de una aplicación, denominada Pegasus, con la que se realizaron seguimientos constatados a integrantes de organizaciones no gubernamentales y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre ellos a familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos durante el gobierno de Peña Nieto, quienes desarrollaban una campaña internacional de repudio al gobierno del PRI por su falta de investigación en relación a las desapariciones.  Peña Nieto había adquirido el software a NSO Group, a través de la Procuración de la Nación, por un monto de 32 millones de dólares. En el caso de Panamá, el Pegasus fue utilizado en relación a la causa Odebrecht y motivó la detención, por orden de la Corte Suprema panameña, del ex presidente Ricardo Martinelli y dos de su hijos. Andá a contarle a Montoto El 70 % de NSO Group, titular de Pegasus y de otros programas de ciberseguridad, fue adquirido en 2014 por el fondo de inversión Francisco Partners, uno de cuyos accionistas es Elliot Management, administrado por Paul Singer, el millonario estadounidense que fue agraciado, junto a Sheldon Adelson, con la retribución de sus bonos basura, apenas asumió el gobierno Mauricio Macri. En síntesis: las aplicaciones de espionaje utilizadas en la Argentina, son controladas por servidores gestionados por una empresa propiedad de los fondos buitre, dado que los servicios de IMS exigen que el flujo de datos circule a través de islas de memoria (nubes) ubicadas en los países que proporcionan dichos servicios. La peculiaridad de esta aparatología de espionaje es que puede ejecutarse sin intervención judicial, como sucede con las escuchas telefónicas, que deben ser autorizadas por un juez. El espionaje digital permite una asociación difusa entre el proveedor de la tecnología y su cliente, dado que su operativización es supranacional, motivo por el cual se consigue eludir las normativas locales. Llegado el caso, en última instancia, la intervención de un celular podría adjudicarse a hackers cuya sede es ajena a la legislación argentina. Sheldon Adelson, Paul Singer y Bibi Netanyahu En octubre de 2017, en el marco de los acuerdos firmados entre Macri y el premier israelí se empezaron a utilizar los dispositivos IMS orientados a detectar circuitos de narcotráfico. Uno de los objetivos privilegiados fue el grupo conocido como Los Monos de conocida influencia en la Ciudad de Rosario y sus alrededores. En el allanamiento en la casa de D´Alessio se identificó una carpeta caratulada como “Narcotráfico en Rosario” con imágenes de capturas de pantalla, solo asequibles mediante tecnologías IMS. El falso abogado visitó en prisión en dos oportunidades a uno de los líderes de Los Monos, Ramón Monchi Machuca. En la segunda de ellas, el 15 de febrero de 2018, D´Alessio intentó convencerlo para que involucrara al gobierno