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Fuente: Gabriela Esquivada | Infobae Fecha: 13 de ABR 2019 Entre los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Argentina en los años de la última dictadura militar, muchos se ocupan del antisemitismo durante el periodo. Bombas en sinagogas, escuelas judías y otras instituciones comunitarias, publicaciones filonazis y amenazas a figuras de renombre, entre muchos otros actos, reconstruyen este aspecto particular de aquel tiempo. Algunos de los documentos se ocupan del uso antisemita que se podría hacer del Caso Graiver y otros del factor antijudío en el secuestro de Jacobo Timerman; otros más reseñan el análisis de los diplomáticos israelíes sobre el peso de antisemitismo en el gobierno de facto o recogen las opiniones del rabino Marshall Meyer sobre ese y otros temas. Y alrededor de unos 15 tratan el tema exclusivamente, lo cual habla tanto de la realidad del odio discriminatorio en Argentina como de la preocupación de los Estados Unidos por la cuestión. En el cruce de ambas variables, las diferentes posiciones de la comunidad judía argentina intervienen en los informes que la embajada en Buenos Aires enviaba a Washington DC. 1976: bombas y literatura nazi  Un telegrama del 1º de septiembre de 1976 informó que el embajador en Buenos Aires, Robert Hill, se entrevistó en Estados Unidos con Morton Rosenthal, director de la oficina latinoamericana de la Liga Antidifamación (ADL) de la B’nai B’rith, el 30 de agosto. El rabino Rosenthal habló sobre los casos de «sinagogas que habían sido bombardeadas y comercios [propiedad de individuos] judíos que habían sido baleados», además de «una enorme cantidad de literatura antisemita». Hill se comprometió a ocuparse del tema apenas regresara a la Argentina, y también «a consultar con el embajador israelí y con otros embajadores occidentales sobre el recrudecimiento del antisemitismo» en el país. Según el documento, también David Geller, del Comité Judío Estadounidense (AJC), había presentado las mismas preocupaciones a funcionarios del Departamento de Estado. El texto cierra pidiendo que se averigüe la posición oficial de la Casa Rosada ante «el terrorismo contra los judíos», ya que «si no se toman medidas para reducir el antisemitismo argentino», eso podría generar «importantes críticas adicionales» al presidente de facto Jorge Videla. La pregunta tiene particular sentido en la coyuntura: era el comienzo de la dictadura y las instituciones judías locales no habían denunciado una política antisemita específicamente. Como señalaría luego el «Informe sobre la situación de los detenidos desaparecidos judíos durante el genocidio perpetrado en Argentina 1976-1983», publicado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), «la comunidad judía fue afectada como parte de la comunidad argentina global: como miembros insertos en los diversos sectores de la sociedad, fueron afectados en su carácter de ciudadanos argentinos». Con el paso del tiempo —como registra el informe— la percepción se modificó: «Pero la comunidad judeo-argentina sufrió también en forma particular, tanto durante el secuestro y desaparición de las personas judías como durante su estadía en los centros de detención, donde numerosos testimonios denuncian el ‘tratamiento especial’ al que fueron sometidas las víctimas judías». Lo informaría, en su momento, el embajador que sucedió a Hill, Raúl H. Castro: «Las fuentes judías nos dicen —y nos inclinamos a creerles— que algunos judíos detenidos por razones de seguridad son sujetos a un trato más duro que los no judíos, debido al antisemitismo tradicional entre ciertos elementos policiales y de seguridad». Otro cable de agosto de 1976 detalló la denuncia del rabino Rosenthal: «En el mes de agosto se vio un aumento considerable del acoso anti-judío. El 1 de agosto se descubrió una bomba en un templo de la comunidad judía en Buenos Aires, pero la policía la sacó antes de que causara daño. El 4 de agosto una cooperativa de crédito judía y una cantidad de comercios de propietarios judíos fueron rociados con fuego de ametralladoras desde un auto en movimiento. Una bomba explotó en un instituto cultural judío el 24 de agosto y dos sinagogas y un comercio fueron atacados el 27 de agosto». El mensaje cierra con el último acontecimiento: «Un club judío en Córdoba resultó gravemente dañado por la explosión de una bomba». La enumeración fue el contexto que el documento de la embajada en Buenos Aires ofreció para su tema central: «Un grupo, que se autodenomina Frente Nacional-Socialista Argentino, ayer se declaró responsable de los ataques de la semana pasada a dos sinagogas y un comercio judío. En una carta enviada a las redacciones de los periódicos, el grupo anunció que había ‘declarado la guerra’ a lo que llamó ‘la plutocracia judeo-bolchevique’ que, denunció, tiene la culpa de la desintegración nacional de Argentina». Un peligro «todavía» no demasiado grave Sin darle mayor importancia a la banda nazi, el cable recordó que era la misma que «aparentemente se declaró responsable del ataque a un centro de mujeres judías hace un año». La desestimación se fundó en parte en que la embajada consultó a autoridades de la comunidad judía internacional y de la embajada israelí local, quienes habían coincidido en que los incidentes «todavía no constituyen una amenaza grave». Sin embargo, una semana más tarde los ataques habían continuado y la DAIA había publicado una declaración, «la más fuerte hasta el momento», según el nuevo telegrama, «en repudio de lo que llamó ‘una campaña delictiva repetida y sistemática de antisemitismo». El texto —informó el jefe adjunto de la misión estadounidense, Maxwell Chaplin, al Departamento de Estado— «siguió a la aceleración de los ataques contra establecimientos judíos, incluidas las bombas del viernes (4 de septiembre) en una escuela judía en Flores y una sinagoga en el centro de Buenos Aires». El texto habla también del nombramiento del nuevo embajador argentino ante Israel, Enrique Ros, y menciona que la felicitación oficial de Videla al diplomático «no fue vista como particularmente tranquilizadora para la atribulada comunidad judía». Alude también —como comentario valorativo de Chaplin— a la importancia de la protesta de la DAIA, que «ha sumado ahora otra voz a la creciente protesta pública contra la violencia descontrolada en el país». Días más tarde, cuando se habían producido otros atentados con bombas en la Sociedad Hebraica y el Banco de Israel, ambos en Córdoba, Hill volvió a mencionar la cuestión. Anunció también el cierre de una imprenta antisemita el 13 de septiembre, «Editorial Milicia» y la prohibición de «ocho de sus más recientes publicaciones antisemitas». El documento describió el sello como «responsable de producir la mayoría de las publicaciones pro-nazis, antisemitas que han proliferado en Argentina en los meses recientes». El «sentimiento» antisemita Una de las cuestiones que analizan varios cables es la naturaleza generalizada del antisemitismo. El problema no era

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 07 de ABR 2019 Las repetidos papelones de la Ministra de Seguridad son valorados como indudables aportes por parte de Estados Unidos e Israel. Patricia Bullrich sobreactúa su rol, vinculado a la criminalidad doméstica, para congraciarse con las prioridades estratégicas ajenas a los flagelos realmente existentes en la Argentina. Los documentos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de los Estados Unidos, filtrados inicialmente por Edward Snowden a partir de 2013, muestran con claridad que las temáticas del narcotráfico y el terrorismo son los dos elementos utilizados por Washington para controlar y disciplinar a quienes se evalúa como antagonistas a sus intereses económicos o políticos.[1] Los informes filtrados de la NSA indican que la inexistencia de amenazas de terrorismo y/o narcotráfico en países socios, no pueden ser óbice para que abandonen su tratamiento como prioridad global: todos los recursos de los países subalternos deben estar orientados a su combate, para auxiliar la guerra que Estados Unidos lleva a cabo. Las diferentes agencias de inteligencia estadounidenses sugieren (y/o exigen) la permanente implantación de dichas agendas, con independencia de su relevancia doméstica. Algunos de esos documentos dan cuenta de cuáles son los procedimientos y formatos más recomendables para imponer el tópico del terrorismo que, se sugiere, debe estar coligado al del narcotráfico dada la pregnancia que genera la adicción juvenil a estupefacientes entre las familias.[2] La apelación al terrorismo ha sido utilizada por la NSA para espiar a la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la primera ministra alemana, Angela Merkel, o la empresa Petrobras; y para inventar el “asesinato” del fiscal Natalio Alberto Nisman.[3] En los documentos filtrados de la NSA (disponibles en ACLU) se especifican los mecanismos de asociatividad con gobiernos y referentes amigables, aptos para resguardar los beneficios estratégicos de Estado Unidos, tanto de su gobierno como de sus empresas.[4] Los puentes con dichos socios, como el caso de la ministra Bullrich, se establecen a través de las delegaciones diplomáticas, la consultoría, el intercambio de asesores y funcionarios, la financiación de Centros de Investigación (think tanks), la donación de recursos para operativizar sus intereses y la formación académica de dirigentes. Entre los colaboradores de la ministra, Alberto Föhrig, Secretario de Coordinación, y Eugenio Burzaco, Secretaría de Seguridad, han recibido titulaciones educativas en universidades ubicadas en Washington. Desde que Patricia Bullrich asumió como ministra realizó dos viajes relevantes, ajenos a cumbres o encuentros protocolares. El primero fue a Tel Aviv en noviembre de 2016 y el segundo a Washington en febrero de 2018. En el primero de los periplos adquirió software de vigilancia para el combate al terrorismo y cuatro lanchas de guerra para la lucha contra el narcotráfico. En el último viaje, en 2018, renovó su compromiso de enfrentar a Hezbollha, supuestamente instalado en la Triple Frontera, motivo por el cual logró renovar los U$S 700.000 de ayuda otorgada por el Pentágono, mereciendo, además, una felicitación de la DEA por su inestimable colaboración. Otra de las retribuciones otorgadas a Bullrich en Washington consistió en un acuerdo de información compartida para ser analizada por los centros de fusión, dependientes de la Office of Intelligence and Analysis (I&A) adscriptos a la NSA, donde se relevará y procesará material público y privado atinente a la lucha contra el terrorismo.[5] Durante ese viaje, la defensora de la doctrina Chocobar también visitó, en el seno de Cámara de Representantes, al legislador republicano Harold Rogers, presidente de la Subcomisión de Asignación de Fondos, encargado de otorgar viabilidad financiera a los más conspicuos seguidores de las políticas del Pentágono. Rogers ha sido nominado en más de una oportunidad, por asociaciones civiles, como “uno de los congresistas más corruptos”, por sus espurias relaciones con dictadores latinoamericanos y por promover negociados ajenos a su tarea legislativa.[6] Convocatoria a los fantasmas La Triple Frontera es un tema recurrente en el discurso de Washington y por extensión en el de Bullrich, porque permite actualizar periódicamente el fantasma imprescindible del terrorismo. Entre los analistas más rigurosos no puede ser explicado cómo un área compuesta por tres pequeñas ciudades, cuya población total es de 650.000 personas, no ha podido ser controlada por las fuerzas policiales de tres países, cuyo presupuesto invertido en la zona supera con creces el dispuesto sobre áreas de mayor criminalidad. La razón sustantiva del interés de Washington en la zona (eufemizado detrás del narcotráfico y el terrorismo) parece ligarse más a la exigencia de diferentes corporaciones multinacionales que exigen disminuir la proliferación del fraude con marcas comerciales, elusivo del pago de patentes. Las referencias a Hezbollha, por su parte, permiten intervenir y modelar a los servicios de seguridad y de inteligencia de los países a los cuales se busca subordinar. Ese objetivo supone además externalidades beneficiosas para las corporaciones monopólicas: incluye la comercialización de armamento y la cooptación de funcionarios mediante prebendas materiales y simbólicas con las que se imponen los modelos políticos exportados. La denominada Guerra contra el Terrorismo ha pasado a ser el elemento central de la política exterior luego del final de la Guerra Fría. A través de esa coartada, Washington se ha visto legitimado para operar en cualquier lugar del mundo, sin las limitaciones que imponen las soberanías nacionales.[7] Para darle vitalidad a la agenda consensuada con sus socios, la ministra ha procedido con sistematicidad a convertir en terroristas a las familias mapuche que pujan por no ser expulsadas de sus tierras. Para lograr ese objetivo, tergiversaron la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, asociándola a la lógica subversiva, y viabilizaron su represión causando los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Desde esta perspectiva legitimaron, también, la detención de los hermanos Salomón, que permanecieron 22 días encarcelados, y la apertura de una causa, de claro contenido islamofóbico, contra Hassan Adnan Hamze (primo de los Salomón), a quien el juez de Lomas de Zamora,  Alberto Santamarina, acusó de actividades sospechosas luego de encargar helados a un delivery. La reciente detención de los artistas chilenos y la difusión del caso como un hecho de terrorismo, sumado al irresponsable tratamiento del ministerio de seguridad relativo a

Fuente: Néstor Espósito | TiempoAr Fecha: 07 de ABR 2019 La supuesta red de espionaje por la que está preso el falso abogado Marcelo D’Alessio pudo haber manipulado a un preso para que involucrara, con datos probablemente ciertos, a un empresario vinculado con el kirchnerismo. Y, en un segundo paso, hacer jaque mate con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La trama es sórdida. La investigación sobre esos supuestos hechos ni siquiera ha comenzado. Pero la denuncia ya está en el juzgado federal de Dolores, donde el juez Alejo Ramos Padilla investiga a una organización (por ahora) paraestatal de inteligencia ilegal. La exabogada del financista Leonardo Fariña, Giselle Robles, dejó el viernes en Dolores un escrito de una decena de páginas que podría ser una bomba de alto impacto o un chaskibum. Prudencia. Lo que sí está claro es que ese texto y la documentación que acompañó abrirán un nuevo capítulo en la investigación sobre la presunta asociación ilícita dedicada a la extorsión, el espionaje político y ahora también, según esa presentación, al direccionamiento y la manipulación de causas judiciales. Robles dejó por Mesa de Entradas del juzgado una descripción sobre cómo Fariña habría recibido mientras estuvo preso instrucciones a través de ella para complicar al empresario Lázaro Báez. Según reconstruyeron fuentes judiciales, la abogada explicó que, desde la prisión,  Fariña le facilitó el acceso a una cuenta de e-mail en la que habría recibido instrucciones sobre lo que debía declarar ante el juez federal Sebastián Casanello con el objetivo final de obtener la excarcelación. ¿A cambio de qué? Según Robles, de una carambola que impactara primero en Báez para que este se convirtiera también en arrepentido e hiciera caer con su relato a CFK. Robles era la abogada del barrabrava de Boca Juniors Maximiliano Mazzaro, a quien Fariña conoció en prisión. Lo que se insinuaba como una relación conflictiva (porque Fariña es amigo de Rafael Di Zeo, otro barra por entonces enfrentado con Mazzaro), no lo fue. La abogada asumió la defensa de Fariña. En 2016 el financista declaró como arrepentido ante Casanello, pero lo hizo con un régimen diferente al actual. En aquel momento podía mentir, porque declaraba como imputado, en indagatoria. Hoy no podría hacerlo porque la mentira en ese caso se traduce en un delito adicional con diez años de prisión. Cada uno elige qué riesgos asumir. La clave parece estar en una cuenta de mail, elturista@prontomail.com. Robles sostiene que esa cuenta era de Fariña, que él le facilitó el password para que la utilizara mientras estaba detenido (y no tenía acceso a Internet) y que allí recibía la letra de lo que finalmente fue su declaración como arrepentido. Fariña, en cambio, asegura que la cuenta no es suya, que nunca lo fue. Así lo denunció ante Casanello cuando se rompió la relación con su abogada. Lo cierto es que cuando Fariña declaró ante Casanello, en abril de 2016, acompañado por Robles, llevaba consigo unas anotaciones manuscritas y recurrió a ellas para brindar su declaración como colaborador. ¿Qué pasó luego de esa declaración? Fariña estaba detenido a disposición de un juzgado federal de La Plata (en rigor, había dos causas, una de ellas camino a juicio oral) pero no de Casanello. Las causas de La Plata pasaron a tramitar en la Capital Federal. Entonces el financista rápidamente obtuvo la excarcelación y cambió de tribunal que lo debía juzgar en la otra causa. De esa manera quedó afuera de su juzgamiento el presidente del tribunal oral de La Plata, Carlos Rozanski. Finalmente Fariña fue condenado por un tribunal en lo Penal Económico a cuatro años de prisión. La sentencia está a revisión de la Cámara Federal de Casación Penal desde hace más de un año. Según la denuncia de Robles, Rozanski era uno de los jueces a los que Fariña temía. Así, según consta en su escrito, se lo manifestó al ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando se reunieron en un salón del quinto piso de la sede del Ministerio, en la calle Sarmiento. Esa reunión fue gestionada por el periodista Luis Majul. Fariña quería mejorar su situación en el marco del programa de protección de testigos porque media docena de custodios lo vigilaban a toda hora y, por ejemplo, ni siquiera tenía carnet de conducir. Generoso, Garavano accedió a recibir a un arrepentido que acaba de salir de la cárcel gracias a haber denunciado al empresario amigo de Néstor Kirchner. Fariña habría dicho en esa reunión –siempre según Robles– que aspiraba a que Báez también se arrepintiera para mejorar su situación, pues la estaba pasando mal en la cárcel. El ministro respondió algo así como que ya lo estaban «operando» al empresario y que pronto se iba a arrepentir. Sólo faltaba que diera el gran paso: acusar de la supuesta corrupción en la obra pública a Cristina Fernández de Kirchner. Fariña niega que la reunión hubiera discurrido en esos términos. ¿El encuentro pudo haber sido grabado por los colaboradores del ministro Garavano? En tal caso, esa grabación ¿desmiente o confirma lo que denunció Robles? Lo que parece emerger con claridad es que si Fariña fue «coucheado» para su declaración como arrepentido no fue Garavano quien lo hizo. La reunión con el ministro es posterior. Si hubo adoctrinamiento fue mientras estuvo preso. ¿Es posible que servicios de inteligencia que antes operaron contra el kirchnerismo ahora hayan cruzado de vereda y estén utilizando la misma información en sentido contrario? ¿O es que finalmente se desnudó la matriz de intromisión y operaciones de inteligencia como un grano estallado que no para de drenar pus? Entretanto, ¿qué es de la vida de D’Alessio? Encerrado prácticamente todo el día en una habitación inhóspita, desprovista de toda decoración, sin ventanas que permitan el ingreso de la luz del sol y sin TV ni contacto con el mundo exterior, el falso abogado Marcelo D’Alessio pasa sus días en el Hospital Penitenciario de Ezeiza (HPC) como una fiera domesticada enjaulada. Sólo lo visitan su esposa y su abogado, Claudio Fogar, sus únicas contenciones