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Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 1 de diciembre de 2019 La particularidad de la actual transición radica en la proliferación de operaciones dispuestas a socavar los proyectos de inclusión social, desarrollo productivo, soberanía política e integración regional, planteados en la campaña por el Frente de Todxs. Las acciones orientadas a condicionar al próximo gobierno no tienen antecedentes en cuanto a su diversificación y nivel extorsivo, si se las compara con otras transiciones políticas transitadas en Argentina. El objetivo básico consiste en restringir la capacidad decisoria futura del próximo gobierno, debilitando su vínculo con la base social que lo votó. Los poderes fácticos combinan la difusión de profecías distópicas, una cruzada de descrédito sobre potenciales funcionarios, chantajes más o menos explícitos y operaciones comunicacionales varias sujetas a claros mensajes extorsivos. Los encargados operativos de tramitar las imposiciones son corporaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil –de apariencia autónoma e independiente— y delegaciones diplomáticas. Todos ellos pretenden circunscribir y limitar cualquier forma de empoderamiento popular, como prerrequisito para garantizar la continuidad del entramado neoliberal, funcional a los intereses monopólicos. Dentro de este entramado se destaca el conglomerado de dirigentes pertenecientes a la derecha de la colectividad judeo-argentina, emparentados políticamente con el Likud israelí, el partido que lidera el actual primer ministro Bibi Netanyahu. Como alfiles en las sombras aparecen la DAIA y a la AMIA, junto a varios dirigentes acólitos insertos en el universo del PRO. El plan de hostigamiento desplegado combina tres dimensiones prioritarias: la relativa al aparato judicial, la vinculada con el antisemitismo y la sustentada en el terrorismo internacional. Para que dicha tarea sea más eficaz, ambas organizaciones intentan convencer a la sociedad argentina, con la colaboración de los medios hegemónicos, de que la única judeidad existente es la que ambas organizaciones pretenden expresar. Pese a congregar no más del 30 % de los integrantes de este colectivo, la derecha de la colectividad se desespera en presentarse como la identidad excluyente de una tradición que es evidentemente múltiple y plural. De hecho, una gran parte de la misma se percibe en las antípodas de sus marcos ideológicos y políticos. A pesar de esta debilidad la estrategia desplegada por el Likud se encuentra en fase de operativización, desplegada a través de tres ejes de intervención: dentro de la esfera de lo jurídico, en contacto con las percepciones del antisemitismo y en referencia explícita al contexto geopolítico:  La utilización de los atentados sucedidos en 1992 y 1994, con el objetivo de extorsionar a los funcionarios judiciales y a la opinión pública en general para lograr una adscripción a los intereses de la lógica neoliberal, funcionales a Washington y a Tel Aviv. Esta operatoria se lleva a cabo a espaldas de los tres grupos de Familiares de las víctimas de los atentados, Memoria Activa, 18 J y APEMIA. La búsqueda de movilizar en forma espuria la sensibilidad de quienes cuestionan toda forma de discriminación. La tentativa busca endilgarle al nacionalismo popular un compacto perfil antisemita, con el objeto de alertar a las comunidades judías de todo el mundo –especialmente a la estadounidense, la más influyente a nivel global— de que el Frente de Todxs posee (y/o disimula) un claro posicionamiento judeofóbico. El intento por asociar al peronismo con el terrorismo internacional, toda vez que decida renunciar a los alineamientos demandados por Washington y Tel Aviv (verbigracia: el chavismo o Hezbolá, o cualquier otra organización que sea etiquetada como enemiga de u opuesta a los mandatos imperiales). Trípode de acoso   Estas tres disposiciones han sido conceptualizadas por las usinas de análisis geopolítico del Likud, el partido político más numeroso de la derecha israelí, en la actualidad liderado por Bibi Netanyahu. Sus delegaciones diplomáticas, instaladas en América Latina, se apoyan en los sectores más conservadores al tiempo que trabajan por invisibilizar a las fracciones más progresistas de las respectivas comunidades judías locales. En referencia a la primera dimensión, uno de los encargados de encausar el hostigamiento es Waldo Wolff, quien se ha destacado como uno de los promotores de la candidatura de Patricia Bullrich a la presidencia del PRO. Bullrich, presidenta del PRO, a propuesta de la derecha israelí. En una de sus últimas declaraciones, referida a la asunción de lxs Fernández, aseveró que “la Argentina se encamina hacia su camino más oscuro desde el advenimiento de la democracia. Hay una mafia que va a agarrar la Justicia, los servicios de inteligencia y servicios de seguridad”. En ese marco, con la clara intención de reclutar socios para su cruzada, les exigió a sus colegas de la DAIA y la AMIA que impulsen una oposición abierta, similar a la efectivizada durante la última etapa del kirchnerismo, cuando no dudaron en recorrer embajadas para denunciar como “socios de terroristas” y “responsables de la muerte de Nisman” a Héctor Timerman y Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, Sergio Bergman y Claudio Avruj –ambos funcionarios del gobierno macrista— fueron parte del entramando que contribuyó al encarcelamiento de Carlos Zannini y Fernando Esteche, por la firma del frustrado acuerdo con Irán. “Los valores no deben negociarse. Espero que no lo hagan”, advirtió Wolff ante sus colegas dirigenciales cercanos al Likud. En esa misma línea, el portal Vis a Vis (entre cuyos propietarios se encuentra Claudio Avruj) se encargó en los últimos días de acosar a Juan Martín Mena, por la misma causa del Memorándum. En dicho portal se lo catalogó de “ex espía” y de ser responsable de las “operaciones sucias” dentro de la AFI. Todas esas estigmatizaciones son claramente orientadas a cuestionar su potencial desembarco como funcionario gubernamental bajo la gestión de Axel Kicillof. El segundo capítulo también tiene al ex vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, como uno de sus promotores. A través de una nota enviada a la Agencia Judía de Noticias (AJN), señaló: “No tengo dudas de que la dirigencia judía argentina va a interpelar al Presidente electo Alberto Fernández”.  En esa misma lógica, la coautora del libro Asesinaron al Fiscal Nisman, Delia Sisro, impulsó la demonización de todos los integrantes de la

Fuente: Raúl Zaffaroni* | Página/12 Fecha: 1 de diciembre de 2019 En la esquina de mi barrio, cuando alguno exhibía más autoridad que la que le correspondía, se le decía ¿Flaco, quién te crees que sos? (a veces con una intercalación referencialmente fálica y casi siempre acompañada por el conocido e itálico gesto manual de interrogación). Ahora no estamos en la esquina de mi barrio, sino en una situación mucho más seria y grave, pero –lamentablemente- la nota del Secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina a la ONU, con motivo de la denuncia formulada por AJUS, Abuelas, Madres, Hijos, APDH, Liga Argentina, Familiares, Asociación Americana y otros organismos, debida a la abierta interferencia ejecutiva contra jueces y la consiguiente lesión a la independencia judicial –incluso verbalizada por el presidente-, creo que no merecería otra respuesta por parte del organismo internacional, que la habitual en la esquina de mi barrio, aunque –como es obvio- diplomáticamente se la formule en otro estilo más versallesco. El Relator Especial para la independencia de magistrados y abogados de la ONU, no ha hecho más que, en principio, tener por presentada la denuncia de los organismos, todos de larga y probada trayectoria en la materia y, por ende, dado también que los hechos denunciados se documentaban con información del dominio público, solicitar al gobierno argentino las explicaciones correspondientes. En verdad, en el caso, no debía ni podía ni le hubiese correspondido hacer otra cosa. El actual gobierno –que no nos ahorra papelón internacional alguno- en lugar de ofrecer las explicaciones correspondientes (si las tenía) por vía del Ministerio de Relaciones Exteriores, al parecer encargó al Secretario de Derechos Humanos que denuncie al Relator Especial ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por excederse en sus funciones y por parcialidad. No queda claro si se lo encargó alguien o si el Secretario se atribuyó ese encargo, porque no sería la primera vez que actúa internacionalmente en nombre de este gobierno tan particular, siendo el Ministro de Relaciones Exteriores el último en enterarse. En tal supuesto, su nota no tendría más valor que la de un ciudadano. Pero, en cualquier caso –es decir, aunque se lo hubiesen encargado-, su nota no es la respuesta que le solicita la ONU, porque ni siquiera está dirigida al Relator Especial que la requiere, sino que se trata de una denuncia contra éste, formulada ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo En otras palabras: la respuesta a la ONU no se ha dado y, por ende, se la deja como tarea al futuro gobierno nacional que, como es de esperar, deberá restaurar la imagen internacional de los argentinos, deteriorada por un régimen que -en cuatro años- sólo se ocupó de endeudarnos con glotona celeridad sin precedentes. En cuanto a la denuncia misma, no cabe otra reacción que la de la esquina de mi barrio. ¿Quién se cree que es el Sr. Secretario para imputar parcialidad al Relator que –como es de ley- se limitó a dar al gobierno la oportunidad de ser oído? Es raro que un régimen acostumbrado a llamar a indagatoria y a procesar con tan alegre generosidad se queje cuando le dan la oportunidad de ser escuchado, o sea, la de ejercer un elemental acto de descargo. Por otra parte, en lo personal, no admite comparación la trayectoria del Relator con la del Secretario, pues le lleva kilómetros de ventaja en la materia: jurista, canciller, juez de la Corte IDH, presidente de la Corte, etc. El Secretario debería saber de quién se trata antes de faltarle el respeto a Diego García Sayán, difamándolo por supuesta parcialidad, en una nota que más bien evoca las respuestas a organismos internacionales de tiempos estalinistas o nazistas. ¿Acaso no recuerda el Secretario que nuestra Corte Suprema también habló de “exceso en las atribuciones”, esa vez de órganos jurisdiccionales? ¿No se le ocurre que si cada país sancionado es el juez de la competencia de los órganos jurisdiccionales supranacionales se acabó el derecho internacional? ¿No fueron sus representantes quienes hicieron suya la insólita posición de la Corte Suprema como propia del gobierno argentino? ¿Se olvidó de esta vergüenza? Es claro que tampoco recuerda otros papelones, como el del famoso “dos por uno”, en que dieron marcha atrás por presión popular masiva, terminando la cuestión con dos votos que abrieron el camino para la aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa, so pretexto de “ley interpretativa”. ¿Ignora el Secretario y algunos jueces que la retroactividad de leyes penales más gravosas sólo se admite en sistemas totalitarios? ¿Estos son los méritos que tuvo la gestión de su gobierno y la suya propia para permitirse el derecho a difamar a un Relator Especial de larguísima y probada trayectoria internacional? En síntesis –y para no abundar más- lo cierto es que el gobierno no ha respondido el requerimiento de la ONU, puesto que no ha dado las explicaciones del caso, tarea que queda a cargo de la futura administración, tal como algunos habíamos previsto. Lo único que no previmos, porque el disparate siempre es difícil de prever, fue la insólita nota con que el Secretario cierra su episódico y poco lucido paso por la función. * Profesor Emérito de la UBA

Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna Fecha: 1 de diciembre de 2019 A Gastón Aita lo conocí sin conocerlo en la casa de mi amigo Pablo Slonimsqui. Marichu, su mujer, abrió la puerta que conduce a las escaleras infinitas de su casa y en uno de los primeros escalones había una hermosa y extraña escultura, con un hombre caricatura con pico de pájaro. Fue amor. La casa de Pablo es además de una inmensa y adorable biblioteca, el refugio amoroso de un número indeterminado de perros y gatos, y también la galería no oficial de la obra de Gastón Aita. Tan bellas como perturbadoras, sus esculturas, nacida de cosas que la gente desecha, personajes que recuerdan a los goblins de Laberinto, esa genial película de los ’80. Me impacta cómo Aita trabaja la piel de sus esculturas. Son pieles mórbidas, correosas, grisáceas, que le dan el toque de decadencia que representan sus personajes. Son piezas grotescamente hermosas. Tan decadentes y grotescas como las imágenes que vemos desfilar desde el Poder Judicial argentino. Pero estas no tienen belleza alguna. Y tampoco gracia. Empiezo a escribir esta nota antes que concluya la declaración de Carlos Stornelli ante el juez Ramos Padilla, en Dolores. No es que me guste escribir sin que los hechos estén consumados, pero mi némesis personal, Horacio Verbitsky, me ha pedido que entregue las notas con un margen razonable de tiempo, que sea compatible con la vida –sobre todo la de Horacio y la del santo de Marcelo Figueras—, así que aquí estoy: no precisamente feliz, pero sí haciendo algo que me gusta mucho, como es escribir estas notas. Dios te da, Dios te quita. Entiendo que la decisión de Carlos Stornelli de presentarse a brindar su declaración indagatoria es correcta. Sé que no es la que hubiese deseado el fiscal, pero una serie de eventos desafortunados terminaron de convencerlo. Creo que el más determinante es aún desconocido a los ojos de buena parte de la opinión publica. El 10 de noviembre de este año el periodista Raúl Kollman publicó la noticia respecto a que el fiscal expresó su voluntad de concurrir a declarar el “día en que se enteró que tres de los cinco fiscales que componen el consejo evaluador votarían por aconsejar el inicio de un proceso de destitución. No se trataba de un dictamen vinculante, pero al procurador ya no le quedaría margen para manipular las cosas”. Después de un prolongado proceso, cuyos plazos se extendieron hasta el absurdo, a principios de noviembre se supo que a decisión de los fiscales era promover la destitución de Stornelli debido a su rebeldía contumaz. Pero no fue esa la explicación del fiscal. Como señaló la periodista Catalina D´Elia,“la explicación formal de por qué después de seis llamados a indagatoria Stornelli aceptará ahora recorrer los 200 kilómetros que lo separan de Dolores para volver de allí con un más que probable procesamiento es que la Causa Cuadernos está a salvo”. Lo que la periodista no dice y el fiscal tampoco, es a salvo de qué exactamente. En efecto, tramos importantes de la causa N° 9608/2018, conocida como Cuadernos, se encuentra elevada ya a juicio oral. Quedan aún en etapa de instrucción capítulos interesantes, como por ejemplo la nunca concretada declaración de Eskenazi, que fuese reclamada a Bonadío en diciembre de 2018 por la Cámara de Apelaciones, y la situación de los arrepentidos de Techint, milagrosamente salvados por la Cámara de Apelaciones. Es precisamente por esta circunstancia que los abogados defensores, en el marco de esta causa, seguimos recusando a Stornelli., También parece prudente señalar que no entiendo de qué modo la elevación a juicio oral pondría a salvo la causa. En una incomprensible sentencia que me notificaron hace horas, Bonadío señala que “cabe destacar que para dictar un auto de procesamiento no es necesario comprobar con certeza plena la materialidad de un hecho y su autoría penalmente responsable, sino la existencia de los presupuestos que justifiquen la realización de un juicio”. Entonces vuelvo a preguntar: si no hay certeza, ¿qué es lo que estaría a salvo ahora que la causa se elevó a juicio, que no estaba hace nueve meses cuando Stornelli entro en rebeldía? En lo legal visible, absolutamente nada. Pero sí voy a arriesgar como hipótesis que en estos meses de rebeldía Stornelli intentó arreglar las cosas, para sobrevivir a las consecuencias de sus propios actos. Porque se ha dispuesto la libertad de la mayoría de los detenidos en la causa Cuadernos, que a decir verdad solo continúa con dos detenidos en complejos penitenciarios: Julio De Vido y Roberto Baratta. Al resto, sea por vía de excarcelación o por vía de detención domiciliaria, se los ha sacado de la cárcel. Control de daños, que le dicen. También y en la misma lógica se ha dispuesto que respecto a algunos personajes importantes se dicte la falta de mérito, es decir no sujetos al juicio oral en lo inmediato. Los pasillos de Py dan cuenta además de reuniones celebradas bajo el auspicio de un juez de instrucción, entre Stornelli y abogados que intervienen en la causa Cuadernos, a los fines de acercar posiciones. No puedo mencionar con quiénes se reunió, porque no son más que rumores. Pero cuando analizo la conducta de los abogados, los rumores cobran verosimilitud. Hace no mucho le pregunté a un juez, al que por cierto estimo, por qué seguían en Comodoro Py sosteniendo la insostenible situación de Stornelli. Me miró raro —no supe leer lo que me decían sus gestos— y contestó: “Porque nos da lástima”. Yo le pregunté si no le daban lástima los detenidos arbitrariamente. No me contestó y con enorme habilidad cambió de tema. Supe que no debía insistir, pero aun hoy espero que Comodoro Py me dé una respuesta. En estas épocas tan horribles que hemos vivido, mi escala de pretensiones se ha degradado mucho. Sigo pidiendo justicia y aplicación de las leyes, pero tengo plena conciencia de que no serán los jueces de instrucción de Comodoro Py quienes ordenen el desastre

Fuente: Carlos Heller *| Tiempo Argentino Fecha: 17 de noviembre de 2019 Tratando de desenmascarar la estrategia de promesas y posverdades del gobierno de Cambiemos, mencioné en varias oportunidades que no sólo hay que ver los «qué», sino fundamentalmente los «cómo». Estos últimos son los que terminan por definir el «para quién», es decir, los destinatarios de las decisiones de política, entre ellas las económicas. En este punto sobresale una constante: el gobierno termina su mandato siendo coherente y exitoso en cuanto a sus objetivos de fondo: promover una redistribución regresiva del ingreso en Argentina. Los «para quién» muestran que entre los principales perjudicados han estado los trabajadores. Los salarios reales del sector privado registrado (RIPTE) cayeron un 19,3% entre septiembre de 2015 y de 2019. En dólares la cuenta es aun peor: se llega al 50% de caída. Ni la más dura reforma laboral pretendida por el establishment podría haber conseguido algo semejante. Quedan fuera de estos números los trabajadores públicos, los no registrados y otros sectores como el de los jubilados. Este es el piso desde el cual se parte. No hay que perderlo de vista a la hora de comenzar el debate en torno al Gran Acuerdo Nacional que seguramente se implementará con la asunción del gobierno electo. Las últimas mediciones del IPC de octubre van en línea con el deterioro descrito. En lo puntual, en octubre el IPC registró un aumento del 3,3%, por debajo de lo que esperaban los analistas (un 4,2%, según el REM) y de lo ocurrido en el mes previo (5,9%). En algunas notas periodísticas se valora que la inflación de Alimentos y Bebidas (2,45%) fue menor al promedio de mes, aunque la trayectoria de fondo y las causas que la motorizan no muestran cambios. De hecho, la variación interanual de la inflación general ya llega al 50,5%, mientras que la de alimentos al 51,8%. En el caso de la salud los aumentos de precios llegan al 70,5%. No son sólo datos, semejantes aumentos indican que cada vez más familias no pueden cubrir sus necesidades básicas. La emergencia que deja este gobierno no sólo es alimentaria. Es cierto que hubo una ligera desaceleración, pero es imputable, en gran parte, a los efectos del plan alivio que implementó el gobierno tras las PASO. Se observa por caso en la evolución de los precios regulados, que subieron en octubre un 2%, también por debajo del promedio. La mala noticia es que todo el paquete de alivio trae fecha de caducidad, tal como acaba de verse con la liberación del precio de los combustibles, que comenzaron a mostrar aumentos en la semana de alrededor de un 5%, como anticipo de otras tandas que podrían sumar el 15% antes de fin de año. Es lo que faltaría para alcanzar la «paridad de exportación», todo un despropósito para un país con producción propia de petróleo crudo. Como siempre, en el fondo están las ganancias, en particular de las empresas energéticas. Por eso el gobierno saliente toma la decisión de compensar con 24.500 millones de pesos a las productoras de gas, como consecuencia de las «variaciones del tipo de cambio». A futuro es absolutamente necesario avanzar con la desdolarización de los precios y los márgenes de ganancia de ciertos sectores de la economía, porque producen un perjuicio concreto en la población. Es lo que ocurre también con alimentos que forman parte de la canasta básica alimentaria, como el pan, que tienden a ajustarse en función de la desvalorización del peso. Desde diversas consultoras ya estiman que la inflación de noviembre y diciembre tendría un piso de 4%. Al descongelamiento de los combustibles hay que agregarle el aumento autorizado a prepagas, telefonía celular y cuotas de colegios privados. Con esto la inflación terminaría diciembre cerca del 55 por ciento. Quedan en evidencia el país que dejan y la titánica (pero no imposible) tarea que habrá que llevar a cabo. Ante ello, es esencial la implementación de políticas vinculadas a la discusión del «para quién». No hay modelo de sociedad que resista con semejante caída del poder adquisitivo y aumento de la pobreza. No hay industria que resista si no tiene a quién venderle sus productos, en un mundo cada vez más proteccionista y de exiguo crecimiento. En otras palabras: la propuesta de crecimiento con inclusión es la única opción sostenible en el tiempo. Y en este sentido, resulta primordial mencionar que el pasado viernes se realizó la primera reunión de trabajo del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. En la reunión, presidida por Alberto Fernández, el presidente electo sostuvo: «Todos estamos de acuerdo de que el problema del hambre es consecuencia de una estructura económica que no funciona, donde falta trabajo, falta inversión y hay mucho maltrato al que produce. También es cierto que hay una gran concentración y tenemos que ver cómo lo resolvemos. Para reforzar esta idea, reflexionó: «Tenemos que cambiar la estructura argentina, si nosotros seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados». También definió el problema del hambre: «Un chico mal alimentado en el comienzo de su vida es un chico que rinde menos en el futuro». En conocimiento de los desafíos que estas acciones significan, clamó: «Hagamos algo épico». En clave latinoamericana Los sucesos de Chile y Bolivia son dos ejemplos más de la disputa de los «para quién», que también se viene dando en el plano regional. No hay que perderlo de vista: el golpe de Estado en el país del altiplano es una consecuencia de que el «para quién» de esos gobiernos estuvo anclado en los sectores históricamente marginados. En Bolivia ello se operacionalizó por la vía de la nacionalización de los hidrocarburos, que permitió avanzar con toda una serie de políticas de inclusión, mientras se apuntaló fuertemente el crecimiento. No por nada el ministro de Economía del autoproclamado gobierno, José Luis Parada, había dicho en 2012 que «era pésima la administración de recursos» del gobierno de Evo Morales. Consistente con su historial, apenas asumido dijo: «En 14 años hemos tenido