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Fuente: Carlos Heller | Página/12 Fecha: 20 de diciembre de 2020 Habitamos un mundo muy desigual. Los gobiernos que tienen como objetivo transformar sus economías y sus sociedades en un sentido progresista están llamados a implementar medidas que, gradualmente, vayan reduciendo esa desigualdad. El Instituto de Estudios de Políticas (IPS) estadounidense junto a Norteamericanos por la Equidad Fiscal (ATF), en base a datos de la revista Forbes, hicieron un relevamiento actualizado sobre los milmillonarios de EE.UU. Según este informe, en ese país hay 651 personas que tienen una fortuna personal superior a los mil millones de dólares. Durante la pandemia, estos milmillonarios aumentaron su riqueza en un 36 por ciento. Ello significa que lo acumulado por ese grupo creció más de un billón de dólares. Pasaron de tener 2,9 billones en marzo a casi 4 billones la semana pasada.PUBLICIDAD El informe agrega que, de esas 651 personas, los 15 más ricos tuvieron una ganancia de 477 mil millones de dólares. Ello indica que las fortunas de esas 15 personas crecieron durante la pandemia un 56 por ciento. El resto –los otros 636 milmillonarios– incrementaron su riqueza un 28 por ciento. Es decir, unos 588 mil millones de dólares. ¿Quiénes son estos milmillonarios? En los primeros lugares de la lista se encuentran los propietarios de Google, Amazon, Facebook y Apple, entre otros. Es el mundo del capitalismo digital o de plataformas. La mayoría son empresas que enfrentan duros conflictos con los países de Europa y los Estados Unidos y están siendo investigadas por declarar gran parte de sus ganancias y patrimonios en países de baja tributación. El informe también señala que el dinero que ganaron estas 651 personas permitiría que, por ejemplo, en Estados Unidos cada familia compuesta por cuatro personas recibiera un cheque de 12 mil dólares. “Nunca antes Estados Unidos había visto tal acumulación de riqueza en tan pocas manos”, afirmó Frank Clemente, director ejecutivo de ATF. Tomando otro ejemplo, Mackenzie Scott, la ex esposa de Jeff Bezos, se convirtió, tras su divorcio, en la mujer más rica del planeta con una fortuna estimada en 67.400 millones de dólares. Además, su patrimonio creció un 81 por ciento desde agosto de 2019. Recientemente, ha decidido donar a 384 organizaciones de los 50 estados de los EE.UU., más Puerto Rico y Washington D.C., 4.158 millones de dólares en bancos de alimentos, fondos de ayuda de emergencia y servicios de apoyo para los más vulnerables, entre otros destinos. ¿Cuál es el dato que más me interesa resaltar? Que 4158 millones de dólares es una cifra comparable a la que podemos recaudar en la Argentina, en un escenario óptimo, con el Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas. Por supuesto, lo que queda claro es que la riqueza está concentrada en pocas manos, tanto a escala global como local, y que es necesario tener políticas de redistribución. Imaginemos, por ejemplo, la posibilidad de implementar una política pública global según la cual todos los milmillonarios del planeta tuvieran que hacer un aporte similar al que Mackenzie Scott hizo de manera voluntaria en los Estados Unidos. Seguramente, se podría generar un fondo de asistencia que permitiría resolver a nivel mundial problemas que hoy son dramáticos. Lo que siempre decimos: recursos hay, lo que sucede es que no están donde deberían estar. En síntesis: un pequeño sector acumula riquezas inmensas mientras otra parte mayoritaria de la sociedad aumenta sus niveles de pobreza. Por eso, allí donde crece la desigualdad es necesario generar una tendencia en sentido contrario a través de medidas que la reduzcan. La acumulación permanente de riquezas de una parte minoritaria de la sociedad sólo puede ser limitada por políticas públicas activas que son, justamente, las que tienden a ser atacadas por esos sectores privilegiados. En nuestro país es lo que sucedió con el Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas aun cuando alcanza sólo al 0,02 por ciento de la población y, por lo tanto, exceptúa al 99,98 por ciento restante. Además, buena parte de este sector mayoritario accederá a algunos de los beneficios previstos en la ley que acaba de ser promulgada por el Poder Ejecutivo. En este escenario, la Argentina está llevando adelante varias medidas relevantes porque se orientan a restringir cierto accionar de los grandes conglomerados empresarios. Por ejemplo, cuando el Gobierno da una batalla por los 5 mil millones de dólares exportados no liquidados, está trabajando para aumentar sus reservas y reducir las presiones de grandes empresas exportadoras sobre el mercado de cambios. La supervisión, por parte de la AFIP, de las triangulaciones de las grandes compañías que exportan, sobre todo de las cerealeras, es otra de las medidas que van en la misma dirección. La triangulación es una maniobra que se realiza en el mundo entero: consiste en despachar la producción a un destino final haciendo pasar los trámites por lugares intermedios donde rige una menor tributación. Por ejemplo, una empresa exportadora argentina le vende a China, los productos exportables salen efectivamente de nuestro país hacia su destino final pero, en los papeles, figura que son despachados a una estación intermedia, por ejemplo Uruguay, un lugar donde se pagan menos retenciones. Eso se llama elusión tributaria. La hacen posible las imprecisiones o fallas de las reglamentaciones y de los mecanismos de controles, agravadas durante los cuatro años de gestión de Juntos por el Cambio. Otra iniciativa en el sentido que estamos describiendo es la reglamentación de la Ley de Góndolas, un avance para restringir la concentración, favorecer la competencia y abrir el espacio a terceras marcas en los grandes centros de compra. La nueva norma reglamentada introduce una serie de regulaciones para corregir, entre otras deformaciones, la ocupación por parte de las primeras marcas de casi todo el espacio de exhibición, mientras los productos de otras empresas son relegadas a lugares poco visibles. Con la nueva ley se establece un tope de la ocupación de las góndolas por parte de las marcas de una misma firma y ello contribuye a limitar las conductas monopólicas o de posición dominante de las grandes corporaciones. El Gobierno toma medidas permanentemente.

Fuente: Demián Verduga | Tiempo Argentino Fecha: 6 de diciembre de 2020 Dos decisiones en una semana. El autoritarismo político judicial está vigente. La Cámara de Casación avaló el accionar que se hizo con los arrepentidos en la Causa Cuadernos y la Corte Suprema confirmó la condena contra Amado Boudou en la Causa Ciccone. Casación refrendó la violación a la Ley del Arrepentido. El artículo 6 de la norma dice expresamente que las delaciones deben “guardarse en un soporte técnico” que permita su posterior verificación. El tribunal consideró que un escrito era “suficiente”. El Congreso puso un artículo específico sobre el soporte y el Poder Judicial avaló el sistema que se usa desde la era de la familia Picapiedra. El fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio tomaron decenas de declaraciones de supuestos arrepentidos en Cuadernos. Ninguna se filmó. ¿Qué tenían que ocultar? Uno de los dueños de la empresa Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, fue de los tantos empresarios que aparecieron en los supuestos cuadernos de Oscar Centeno. Declaró en abril de 2019, cuando llevaba preso seis meses, que Stornelli le había dicho que si quería volver a su casa y no seguir en el penal de Ezeiza tenía que ayudar a encarcelar a “los mugrientos”, los Kirchner.PUBLICIDAD Lo contado por Ferreyra en un tribunal de segunda instancia deja claro por qué nada se filmó. Hubieran sido las pruebas del delito. Sería como un narco que se grabe en el momento que realiza la transacción. Pocos días después, la Corte rechazó la posibilidad de revisar lo actuado en la Causa Ciccone, en la que el ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado. Los medios del establishment quieren ver a Boudou en la cárcel. Se apuraron a presionar al tribunal oral que le concedió el arresto domiciliario en abril. La Causa Ciccone está fundada en la declaración del arrepentido Alejandro Vanderbroele, que al ingresar al programa de protección de testigos consiguió financiamiento del Estado para montar su hostería en Mendoza. Un hábil emprendedor turístico. ¿Y quién era el presidente del Tribunal Oral 4 que condenó a Boudou durante el gobierno de Macri? Uno de los miembros del trío maravilla: Leopoldo Bruglia, a quien Macri premió trasladándolo a dedo a la Cámara Federal porque mandó a la cárcel a Boudou. ¡Que se note! Esa es la consigna del lawfare.PUBLICIDAD Este viernes hubo una movilización para respaldar a Boudou. Es fundamental instalar la disputa contra el lawfare en la calle. El día en que Alberto Fernández inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso tuvo pasajes centrales dedicados al autoritarismo disfrazado de lucha contra la corrupción. Fue un eje clave del discurso. La vocación del presidente por desterrar esa práctica fue clara desde el principio. El tema es que 18 días después de ese discurso vino la pandemia. Y la derecha recibió un milagro. Porque solo la pandemia más importante de los últimos cien años podía lograr que la situación social y económica que dejó Macri empeorara. Hasta el expresidente, con su 65% de imagen negativa, se ilusiona. Cree que el Covid puede producir la magia de que muchos argentinos digan: “Con Macri estábamos mejor”. La pandemia puso todo en segundo plano. Gobernar es poner prioridades. El Ejecutivo trató de salvar la mayor cantidad de vidas posibles buscando un equilibrio para que la economía no se destruyera. No se puede analizar este primer año de Alberto sin poner la pandemia en el centro. El impulso que toda gestión tiene cuando empieza tuvo que ser invertido en el Covid. El efecto “benéfico” para la derecha es que le permitió recobrar fuerza. La Argentina tiene un faro eterno cuando hay que batallar contra el autoritarismo. Son las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. No se trata de comparar el macartismo de Macri con el plan de exterminio de la última dictadura. Se trata de encontrar ahí la guía para la batalla cultural contra esta forma de autoritarismo. El lawfare es un tema que impregna en sectores hiperpolitizados. Ni siquiera es trascendente para el grueso de los votantes del Frente de Todos. ¿Cómo ampliar la conciencia sobre su funcionamiento y su peligrosidad para la democracia? Son interrogantes más fáciles de escribir que de responder. Es una batalla cultural necesaria para construir una relación de fuerzas que impulse las reformas.

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 6 de diciembre de 2020 Durante la última semana Horacio Rodríguez Larreta comprendió que su precandidatura a la presidencia deberá contar con algo más que el soporte comunicacional de la trifecta mediática, el apoyo de las grandes fortunas y/o el aval de las delegaciones diplomáticas de los países centrales. Ser el consentido de los centros de poder no parece ser suficiente, por ahora, para disimular los negociados y los desatinos diseminados junto a su promotor político, el ex Presidente Mauricio Macri. La derecha local, articulada en la actual etapa bajo el sello cambiemita, se caracteriza por patrocinar a los más privilegiados en detrimento de los más vulnerables. Esa marca en el orillo es la que justificó el pago de 10.000 millones de dólares a los fondos buitre en 2016, cuando la ONU se había expedido a favor de la Argentina en su pleito contra esos hedge funds ocurrido pocos meses antes, en septiembre de 2015. Y esa predilección también es la que se observa en la caída de un 20% del salario de lxs trabajadores en el cuatrienio, mientras los sectores más acaudalados fugaban 85.000 millones de dólares durante el mismo periodo. También se manifiesta, análogamente, cuando se analiza el exorbitante endeudamiento externo y la distribución inequitativa de la coparticipación federal. Afinidades conducentes: privilegio para los poderosos y escarnio para los más necesitados. El último viernes Alberto Fernández convocó a los mandatarios provinciales a firmar el Consenso Fiscal 2020. Dicho acuerdo autoriza a las provincias a mantener algunos impuestos que el macrismo buscó eliminar, impide el endeudamiento en dólares –una de las fuentes más asiduas del financiamiento de la CABA­– y limita los pleitos de las provincias contra la Nación. Los tres puntos son contradictorios con las políticas de Juntos por el Cambio, y se convierten en los motivos centrales de la autoexclusión del Consenso Fiscal. Sobre todo el último, que le impediría darle continuidad al esquema de judicialización de la política, remanido recurso utilizado por la derecha local desde que el kirchnerismo osó disputarle genuinos espacios de poder a los grupos monopólicos concentrados. La Ciudad de Buenos Aires recibía hasta 2015 el 1,4% de los recursos coparticipables; y el gobierno macrista elevó dicho porcentaje a un 3,75% en 2016 para dejarlo en 3,5% un año después. El ex Presidente duplicó el monto sin debatir dicha decisión en el Congreso y pretendió justificar su resolución en el traslado de una parte de la Policía Federal a dependencias de la seguridad metropolitana, sin divulgar los montos a ser orientados específicamente a esas tareas. Dicha decisión motivó la airada crítica de los gobernadores y el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió que era un incremento desmedido y que debía corregirse: “Vamos a asegurarnos que la Capital sólo llegue lo que implica al traspaso de la Policía Federal”, afirmó el 27 de enero de 2016. El último martes 1º de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que recupera fondos coparticipables para reorientarlos en forma más equitativa. Esa decisión fue el prólogo del Consenso Fiscal, sellado el viernes, cuya imagen evidenció la comunión de la totalidad de las provincias argentinas y puso en evidencia la desconexión de Larreta, responsable de administrar la jurisdicción más acaudalada del país, donde arraiga el PBI per cápita más voluminoso de la Argentina. Dibujar presupuestos En octubre pasado Alberto Fernández había dispuesto, a través del decreto 735, que el porcentaje orientado a Ciudad será del 2.32% hasta que el Congreso disponga el monto adecuado para financiar la seguridad metropolitana. El proyecto aprobado el martes, que debe ser refrendado por la Cámara Alta para convertirse en ley, establece un 2.4% de coparticipación y un monto a ser consensuado entre la CABA y Nación respecto a la financiación de la seguridad metropolitana. El blindaje comunicacional, sin embargo, no alcanza para eludir que el tema de fondo es a quién se beneficia y a quién se condena. Y son los propios integrantes de Juntos por el Cambio los que no pueden eludir esta encrucijada: “Con respecto a las diferencias entre jurisdicciones –afirmó el senador Martín Lousteau el último 21 de septiembre, en el plenario de comisiones– todos nosotros sabemos que la provincia de Buenos Aires está discriminada fuertemente en el reparto de recursos…” La Ley de coparticipación (23.548 de 1988) dispone que CABA recibe lo que le fija la Nación. Mauricio Macri dispuso por decreto que ese monto alcanzaba el 3.75% (y luego el 3.5%) y Alberto Fernández –con la misma atribución constitucional que su predecesor– dispuso otro porcentual. La controversia central refiere al monto que debiera recibir CABA para solventar el servicio transferido por la Nación (el fragmento de la Policía Federal integrada a la metropolitana). Sin embargo, el larretismo se negó en forma sistemática a exhibir los montos derivados a ese financiamiento, pretendiendo justificar su porcentaje del 3.5% obtenido gracias a su vínculo con su mentor. De ahí su amenaza de recurrir a la Corte Suprema, que deberá hacer malabares, si quiere beneficiar a sus protegidos, para explicar por qué puede ser cuestionable la decisión del actual Presidente cuando los anteriores hicieron lo propio con idénticos instrumentos institucionales. Los cambiemitas insisten en caracterizar al 2.5%, asignado por el decreto o por la futura ley, como una quita o una confiscación enmarcada en “una decisión inconsulta”. Esta aseveración es análoga a la hipotética denuncia por desfalco efectuada por un delincuente luego que un allanamiento policial se dispusiese la custodia de los bienes previamente hurtados por el denunciante. Para darle un barniz justificatorio, el larretismo ha decidido incrementar, al límite del ridículo, sus previsiones de gasto con relación a Seguridad. Mientras que en 2016 esa partida era asimilable –en porcentaje– a Educación y/o a Salud, en 2020 y 2021 (para fundamentar la continuidad del 3.5% otorgado por Macri) han previsto llevar el gasto al triple que en Educación y casi el doble que en Salud. Prioridades claras y dibujos presupuestarios de nula calidad pictórica. Este derrotero revela la autoexclusión arrogante de Larreta en ocasión del

Fuente: Carlos Heller | Página/12 Fecha: 6 de diciembre de 2020 Juntos por el Cambio suele intervenir en la política argentina utilizando su aptitud para construir ficciones. Durante estos últimos días presenciamos un nuevo intento de generar un relato integralmente falsificado. Han sostenido que se le está quitando recursos a la Ciudad de Buenos Aires, se la está asfixiando financieramente o se la está intentando poner de rodillas. Por supuesto: todo ello no es verdad. Es una construcción mediática sin sustento. Seguramente piensan que si una mentira se repite muchas veces se transforma en verdad. Y no es así: una mentira es siempre una mentira. Veamos el tema en detalle. Lo primero que es necesario aclarar: lo que se está debatiendo en la actualidad no es la coparticipación. Lo que se discute es el exceso de recursos que la Nación le transfirió a la Ciudad de Buenos Aires en ocasión del traslado de algunas funciones de la Policía Federal. Corría el año 2016, la Ciudad recibía un 1,40 por ciento de recursos coparticipables y el presidente Mauricio Macri elevó por decreto ese porcentaje a 3,75 por ciento, si bien al poco tiempo corrigió ese dato y lo bajó a 3,50. La cuestión es que la diferencia entre 1,40 y 3,50 por ciento excede largamente el costo de los servicios de seguridad transferidos. Es decir: lo que se produjo allí fue una especie de donación graciable por parte del entonces reciente Presidente de la República, Macri, en favor del distrito que él mismo había gobernado hasta muy poco tiempo atrás y que había quedado a cargo de su socio político, Horacio Rodríguez Larreta. Esto es lo que pasó. Por eso, ahora lo que se está intentando hacer es poner las cosas en su lugar. Es decir, sumarle al 1,40 por ciento de coparticipación que por ley tiene asignada la Ciudad, el monto del costo de los servicios transferidos tal como lo establece la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso dos, quinto párrafo. El mismo dispone que no se puede transferir un servicio sin los recursos para su prestación. Por supuesto: esos recursos están garantizados en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, con media sanción del Senado y modificado por Diputados, y lo que estamos corrigiendo es simplemente el exceso que Macri le transfirió por decreto a la Ciudad en 2016. Pero no es el único exceso cometido por el ex Presidente y el actual jefe de Gobierno de la Ciudad. Hay otros: por ejemplo, las transferencias de 135 inmuebles, muchas de ellas efectuadas luego de las elecciones, es decir, después de octubre de 2019. Por otra parte, el texto que aprobamos en la Cámara de Diputados, y que ahora vuelve en revisión al Senado, fija un periodo de 60 días para que las partes alcancen un acuerdo. También dispone que la Comisión Federal de Impuestos —un órgano técnico inobjetable— establezca un dictamen sobre cuáles son los montos que la Nación le tiene que trasladar a la Ciudad por los servicios transferidos. El proyecto, además, sostiene que las transferencias deberán hacerse en forma mensual y automática y se actualizarán de manera trimestral. Para ello, se utilizará un índice compuesto por el 80 por ciento del salario promedio de la Policía Federal y el 20 por ciento del Índice de Precios al Consumidor de CABA. Por eso, creo que la discusión que está promoviendo Juntos por el Cambio tiene que ver con la interna que tienen adentro. No hay otra explicación. Escuchándolo a Rodríguez Larreta da la sensación de que desconoce lo que se aprobó. Sus argumentos no tienen ningún sustento. En la misma perspectiva, y dentro de la ficción general que intentan construir, está la afirmación de que quienes fuimos elegidos como diputados por la Ciudad de Buenos Aires, al votar este proyecto de ley, habríamos traicionado los intereses de los vecinos de la Ciudad. Es otra falacia. ¿Ello quiere decir que para representar a los habitantes de la Ciudad tenemos que avalar procedimientos irregulares? Además de proteger los intereses de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores de este distrito tenemos que defender los intereses de la Nación, porque somos diputados nacionales y, entre otras cosas, debemos cumplir con lo que establece la Constitución. Esta última dispone, tal como hemos dicho, que cuando se transfiere un servicio hay que hacerlo con los recursos para que ese servicio se pueda prestar. Y eso es lo único que estamos queriendo hacer. Ni siquiera se les está pidiendo que devuelvan los recursos que recibieron de más: en tres años alrededor de 86 mil millones de pesos que actualizados por inflación darían hoy una cifra sustancialmente mayor. Ni tampoco los cerca de 900 millones de dólares en inmuebles que la Nación graciosamente también transfirió a la Ciudad. En este mismo sentido se pronuncia el comunicado de los diputados y diputadas del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires: “actuamos siempre, y también lo hicimos en la última sesión de la Cámara, de acuerdo a nuestras convicciones, con honestidad y con compromiso con el pueblo que nos votó. Teniendo la certeza de que esta adecuación de los recursos necesarios para financiar la policía transferida a la Ciudad no generará ningún perjuicio a los ciudadanos y ciudadanas porteñas. Estamos simplemente obedeciendo lo que dicta nuestra Constitución para reparar una acción ilegal de Macri que Rodríguez Larreta aceptó sin más”. Pero, el debate que acabamos de reseñar sucedió junto a otra serie de hechos relevantes. Por ejemplo, entre otros temas, el Senado acordó con el Poder Ejecutivo la modificación del proyecto sobre los aumentos jubilatorios: el 5% de incremento de diciembre, que en el proyecto original era a cuenta del aumento de marzo, ahora quedó como firme, es decir, como un incremento consolidado y no como un anticipo. Otro cambio importante es que los ajustes serán trimestrales y no semestrales, lo cual es una modificación significativa en la actualización de los haberes del sector pasivo. Este viernes el Senado también convirtió