La mano invisible de la muerte
Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 10 de mayo de 2020 Las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos condicionan la forma en que Donald Trump gestiona la crisis de una pandemia que ya ha generado 75.000 muertes, una suma superior a los fallecidos durante once años de la Guerra de Vietnam. Los republicanos, partidarios del magnate neoyorquino, son quienes se oponen al distanciamiento social, bajo el argumento de la libertad de elección y la autodeterminación personal. Luego de siete semanas de cuarentena, el primer mandatario volvió a demandar la apertura de la economía, al tiempo que renovó su cuestionamiento a las medidas aprobadas por varios gobernadores demócratas, que insisten en promover la cuarentena. Los epidemiólogos sostienen que la finalización indiscriminada de las medidas de distanciamiento supondrá un incremento exponencial de los contagios y los muertos. Quienes estarán más expuestos, sin embargo, no serán los grupos ubicados en la cima de la pirámide social. Los grupos que ostentan altos salarios, con educación universitaria incluida –mayoritariamente ajenos a los grupos afrodescendientes, latinoamericanos y caribeños–, continuarán trabajando desde sus casas en formato de teletrabajo, o enmarcados en protocolos exhaustivos de control sanitario. Por su parte, los colectivos más vulnerables se verán en la encrucijada de arriesgarse a la contaminación o perder su trabajo. La apertura es una convocatoria a la segmentación socioeconómica de los contagios. Un ejemplo de esta realidad ha sido enunciado por el gobernador republicano del Estado de Georgia, Brian Kemp, quien anunció la última semana la reapertura de gimnasios, peluquerías, restaurantes y cines, pese a que el número de fallecidos en su distrito superó los 1.300 casos y la tasa de contagios es una de las más altas de los Estados Unidos. La analista y colaboradora de CNN, María Cardona, consideró que dicha disposición garantizará que el gobernador “tendrá sus manos manchadas de sangre”. Por su parte, Rashad Robinson, referente de la comunidad afrodescendiente, consideró que la decisión “es una sentencia de muerte para los más pobres”. Las declaraciones de Robinson fueron reproducidas en distintos medios estaduales acompañadas por el desesperado mensaje de una enfermera de Nevada, Nicole Sirotek, que fue contratada para atender pacientes en Nueva York: “Las vidas de los negros no importan aquí (…) la negligencia grave y la mala gestión médica están causando la muerte de los pacientes afrodescendientes”. Según Sirotek, los enfermos WASP (sigla con que se nomina a los blancos, anglosajones y protestantes) son privilegiados, tomando al resto como vidas de descarte. A su vez, mientras los profesionales de la salud se arriesgan diariamente al contagio, las asociaciones que los agrupan vienen denunciando despidos y reducciones salariales. Como responsables de la situación acusan a la falta de recursos provenientes de las agencias federales, estaduales y de los seguros privados. Por su parte, Christi A. Grimm, la Inspectora General Adjunta del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Agencia Federal que evalúa la situación de la atención sanitaria en los 50 Estados, difundió en abril un informe que describe la penuria que viven los centros encargados de lidiar con la pandemia. El relevamiento realizado durante los tres últimos meses se basó en entrevistas llevadas a cabo con autoridades hospitalarias. Sus resultados identifican la ausencia crítica de suministros y de kits de prueba, la falta de equipos de protección para los profesionales de la salud, la precariedad del apoyo logístico y la escasez de ventiladores para cuidados intensivos. Los hospitales refirieron a Grimm, además, el exorbitante aumento de las provisiones que dejaba a muchas instituciones al borde de la quiebra financiera. Además, los centros sanitarios se quejaron de las cambiantes e inconsistentes orientaciones brindadas por las autoridades federales, estatales y locales. Cuando se consultó al Presidente, en una conferencia de prensa, sobre el detallado informe elaborado por su Inspectora General Adjunta del Departamento de Salud, Trump decidió su despido. En esa misma lógica, dos semanas atrás fue removido de su cargo el Director de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico, Rick Bright, luego de presentar una denuncia ante Oficina de Asesoría Especial –que protege a los informantes de delitos federales– por las presiones sufridas durante su gestión. Bright acusó al asesor y yerno del Presidente, Jared Kushner, de presionarlo para “adjudicar contratos a empresas con conexiones políticas con su familia”. El informe de 89 páginas presentado ante la fiscalía especial subraya además que se le impidió desarrollar sus actividades específicas ligadas a la búsqueda de terapías de control de la pandemia y elaboración de vacunas preventivas con el objetivo de beneficiar a laboratorios específicos. Racismo pandémico El caos que rodea la gestión de Trump en relación con la pandemia y la consecuente falta de recursos hospitalarios llevó a miembros de la Cámara de Representantes a reclamar la aplicación de la Ley de Producción de Defensa, una normativa federal que otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para garantizar la disponibilidad de equipos críticos. Trump desechó invocar dicha regulación –denunciaron los demócratas– para no perjudicar a las corporaciones. En Iowa, Utah, Oregón y el Estado de Washington la tasa de contagio de personas latinoamericanas y caribeñas duplica el porcentaje que dicho colectivo representa en la población total. En el Estado de Washington, son el 13 % de la población pero tienen el 31 % de los casos de coronavirus confirmados. En Iowa, el 20 % de las personas contaminadas con Covid-19 pertenecen al grupo de los denominados latinos, aunque son el 6 % de la población. Esto se explica por la demografía de las víctimas: el coronavirus está matando prioritariamente a personas desamparadas, residentes de geriátricos superpoblados, ciudadanos sin seguros de salud privada, prisioneros, migrantes indocumentados, trabajadores de empacadoras de carne y personal auxiliar de la atención sanitaria. Hasta el 8 de mayo la enfermedad había atacado a distritos como Detroit, Nueva York y Los Ángeles, territorios que los republicanos desprecian por considerarlos ajenos a la “América Real” (nominación con la que se refiere a los conglomerados en los que se alberga a población afrodescendiente y migrante). Para el editor de la revista, Libby Watson, la verdadera