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Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 07 de ABR 2019 La colusión entre política, poder judicial, medios de comunicación y servicios de inteligencia no es un hecho nuevo en nuestro país. Sin ir más lejos la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983 tiene todos esos condimentos y un agregado, el de las fuerzas armadas activamente comprometidas en la persecución y aniquilación de lo que en aquel momento había sido designado como el enemigo por el bloque social dominante, plenamente alineado –igual que ahora– a la agenda global de los Estados Unidos. Sin embargo la dinámica desatada por el escándalo del ex periodista estrella Marcelo Dalessio tiene un lugar específico en esta larga historia. Esa especificidad no consiste solamente en que se desarrolla bajo las formas de la democracia recuperada en 1983. Durante estos 35 años han surgido poderosas respuestas democráticas y populares contra la maquinaria de ocultamiento de los delitos cometidos por los poderosos. Los nombres de María Soledad Morales y Marita Verón son, entre muchos otros, símbolos de una reserva profunda de sentido de la legalidad en una sociedad sistemáticamente golpeada por la impunidad de los poderosos. Y la actividad de los movimientos por los derechos humanos, la recuperación de la identidad de los nietos de las víctimas del terrorismo estatal, las variadas resistencias sindicales y sociales contra los atropellos del poder, forman parte de una larga y rica experiencia en la que la sociedad argentina ha puesto obstáculos al ejercicio del poder fáctico contra los derechos que la ley y la constitución argentina reconocen. Lo nuevo que se pone en acción con las revelaciones del caso Dalessio no está, entonces, en esa capacidad de resistencia social a la prepotencia de los poderosos instalados en el centro del poder judicial y en la estructura operativa del espionaje político, los aparatos mediáticos y las estructuras partidarias o protopartidarias. Lo nuevo es la inserción del acontecimiento en un país atravesado por el antagonismo político más intenso vivido en nuestra patria desde los orígenes del peronismo en 1945. Con D’Alessio, Stornelli, Santoro y compañía se alinean todos aquellos sujetos cuya brújula política tiene un norte que no se somete a discusión: la eliminación de todo vestigio de populismo en nuestro país. Si se cambia la palabra “populismo” por la palabra “subversión”, el discurso del frente oligárquico actual evoca y hasta cierto punto reproduce la red de complicidades políticas, culturales y sociales que dieron vida y sostuvieron el régimen del terrorismo de estado. La gran novedad radica en la inserción de este episodio –con su inédita carga de podredumbre y sentido de impunidad de sus protagonistas– en una trama política signada por la continuidad y profundidad de ese antagonismo. A pocas horas de que se conociera la denuncia del empresario Etchebest, profusamente documentada, empezó una operación que ilustra este enfoque. Elisa Carrió fue –como es habitual desde hace mucho tiempo– el portaestandarte de esa operación: todo es un invento de un juez “de la Cámpora”, forma contemporánea de nombrar a lo que en otros tiempos se llamaba “la subversión apátrida”. Rápidamente la planta permanente de la corrupción periodística salió a reforzar esa interpretación del mismo modo en que lo hace siempre: falseando la verdad, provocando, embarrando la cancha. Son muchos los que sienten el suelo temblar bajo sus pies. La mayoría de ellos son los que sostuvieron de modo canallesco durante muchos años que quienes asumían posiciones favorables a los gobiernos kirchneristas eran mercenarios que vendían falsedades. Muchos que hicieron fama y fortuna entregándose lisa y llanamente al libreto de Estados Unidos –a través de vínculos promiscuos con su embajada local– y los grupos económicos más poderosos. Si la investigación está viva y fortalecida en su avance es por la valentía del juez Alejo Ramos Padilla y por la existencia en el país de un amplio frente democrático que no retrocede frente a la provocación y la mentira. Por eso son miles y miles los que se agolpan en los tribunales para defender la continuidad de la investigación asediada desde la cumbre del gobierno, por el ministro de “justicia” Garavano y por el propio Macri. Mientras tanto el devaluado presidente confunde su rol con el de un patrón de estancia. Cree que puede descalificar al juez y ordenar su destitución como si no existieran leyes, constitución e instituciones. En situaciones así, suelen aparecer y de hecho aparecen quienes sostienen que no hay que poner estos episodios en el centro de la atención pública porque eso sólo sirve para tapar el caos económico y el drama de vastos sectores de la población causado por el gobierno formalmente encabezado por Macri. Por el contrario, el caso revela la trama íntima que sostiene el plan neocolonial y regresivo. Desnuda la existencia de una rosca de poder, de un nuevo régimen que desde diciembre de 2015 gobierna bajo una cada vez más débil fachada institucional e intenta degradar la vida política argentina como camino para consumar sus planes estratégicos en el país. Ese régimen tiene su terminal en el gobierno de Estados Unidos. Fue el embajador de ese país quien dijo al asumir su cargo que venía a “colaborar” con la justicia argentina: “Mi intención, dijo, es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial”. No sin aclarar inmediatamente que se refería al esfuerzo por aumentar las posibilidades competitivas de las empresas estadounidenses en la Argentina. La ayuda, finalmente, se reveló inmejorable. Hoy es imposible interpretar la crisis orgánica de poder desatada por el caso D’Alessio como otra cosa que la caída del velo de impunidad para las operaciones ilegales de los servicios, sus confidentes políticos, jueces y periodistas. Operaciones sistemáticamente destinadas a sostener una prioridad política: el ataque sistemático a las fuerzas populares y democráticas, su descrédito público y su castigo bajo el imperio del nuevo código procesal penal de facto que se conoce con el nombre de Irurzun. Las extorsiones, los aprietes y las

Fuente  Nahuel Sosa* | Nuestras Voces Fecha: 2 de ABR 2019 Un fallo se apila sobre otro. Un juez ordena liberar a Lula, luego otro magistrado –de una instancia inferior y de vacaciones- exhorta a que a los agentes federales no cumplan la orden. Horas después aparece un tercer juez que rechaza la puesta en libertad del ex presidente hasta que definitivamente el candidato con mayor intención de votos queda tras las rejas. Una orden de detención se apila sobre otra. Un juez y otro juez, un fiscal y otro fiscal compiten para ver quién es el primero en saciar la sed republicana que pide a gritos encarcelar a cuanto populista ande suelto. Cristina Kirchner, Milagros Sala y Rafael Correa son algunos de los baluartes más codiciados de esta cruzada mediática-judicial. No es nuevo. Hace nueve años la Corte Suprema hondureña avalaba la destitución del jefe de Estado Manuel Zelaya, tres años después vendría el juicio político exprés al presidente de Paraguay Fernando Lugo y finalmente la tipología de “golpes institucionales” tendría su expresión máxima con el impeachment caricaturesco que logró derrocar a Dilma Rousself en Brasil. Podríamos seguir enumerando un sinfín de arbitrariedades con las que cada día nos sorprende el poder judicial. Pero de lo que se tratar es de observar que la articulación que subyace en cada una de ellas no es casual, sino que responde a una nueva lógica política del neoliberalismo judicial; el Lawfare. Su significado a priori hace referencia al “uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial”. Sin embargo, en nuestra región ha superado sus límites originales y se ha constituido en una parte imprescindible de una renovada Doctrina de Seguridad Nacional. La imparcialidad en los jueces, las violaciones constantes al principio de inocencia y garantías constitucionales, la utilización selectiva de pruebas son moneda corriente justificadas por el establishment en sus titánicas luchas contra la corrupción. No obstante, lo que no se dice, es que lejos de buscar la verdad y la transparencia lo que se perfila es nuevo caballo de Troya para aplicar un nuevo paradigma judicial que garantice la impunidad del poder financiero y mediático y la continuidad de las derechas en el poder. Podríamos también afirmar, una vez más, que el poder judicial opera sistemáticamente en función de los intereses de los sectores dominantes. Sin embargo, esta verdad histórica, no deja de ser una abstracción incapaz de dar cuenta de ciertos fenómenos actuales que desbordan lo ya conocido. Por eso de lo que se trata es de asumir el desafío de elaborar nuevas categorías que nos permitan comprenderlos mejor. Hay algunos elementos significativos respecto al rol de la justicia   que son particulares de esta etapa. Entre ellos podemos mencionar: el papel protagónico en los golpes de estado de nuevo tipo, los niveles de desacreditación ante la opinión pública, la guerra jurídica como forma de solucionar los conflictos socio-políticos, la judicialización del quehacer político, la  mediatización de  la práctica judicial y la incapacidad de defender a los individuos ya  no solo de los abusos del Estado sino especialmente del poder financiero. Incluso, a modo de hipótesis, podríamos decir que el poder judicial se ha convertido en  un factor determinante en los procesos destituyentes, es decir, ya no se limita solamente a ser  cómplice sino que ahora también es un eslabón central en la configuración de esta nueva Doctrina de Seguridad Nacional. Pero ¿para qué y por qué destituye? Las respuestas son múltiples, pero si centramos el enfoque en la dimensión económica-financiera podemos observar  que cuando se pretende barrer con un gobierno popular se pretende también un cambio en la puja distributiva. En todos los países que se impusieron administraciones de tinte neoliberal sea por las urnas o a través de  desestabilizaciones y golpes blandos, las políticas fueron prácticamente idénticas: ajuste, precarización, endeudamiento externo, timba financiera, fuga de capitales  precarización del modelo productivo, etc. En este sentido es que aparece una segunda hipótesis y es que la justicia no solo que no interviene ni ejerce ningún punitivismo con los delitos económicos sino que es parte del mismo entramado. Hay un neoliberalismo judicial recargado que destituye a la vez que instituye un determinado modelo económico y social. En ese sentido cabe preguntarse ¿a quién responde la justicia?  En este punto podemos pensar en dos claves. La primera es que responde a ella misma en tanto corporación y la segunda es que es la expresión de las alianzas que tejen distintos grupos del establishment según cada momento histórico. Pero a su vez se puede sostener que a priori ambas respuestas son parte de una misma condición, son las caras de una misma moneda. Una justicia con la doble condición de ser corporación y simultáneamente expresión de una confluencia de intereses extra-jurídicos. También podríamos dejar de pensar en LA JUSTICIA y pensar en justiciaS, con una S que configura una noción de pluralidad y multiplicidad distinta. En este caso existirían justicias que se disputan entre sí para determinar quien ocupa la posición de ser LA JUSTICIA. Tenemos entonces  un abanico de opciones de justicias: populares, aristocráticas, politizadas, despolitizadas, duras, blandas, garantistas, positivistas, demagógicas, liberales, conservadoras etc. La pregunta sería cuál predomina y de qué forma y no cabe dudas que ha sido una justicia aristocrática, beligerante, antipopular y decididamente corporativa la que se impuso como respuesta a los procesos de emancipación popular. En líneas generales encontramos que cualquier intento de los gobiernos progresistas por transformar, sea de forma parcial o estructural el aparato judicial, la respuesta siempre fue la defensa a ultranza de la corporación por encima de cualquier interés general y una confluencia explícita o implícita con los sectores opositores. La puesta en escena de una justicia ejemplar y republicana frente al avance del autoritarismo populista, fue el caballito de batalla predilecto de la industria mediática. Y fue esta misma justicia que dejo ser una herramienta del verdugo para calzarse su traje y con sus propias manos poner en la picota las cabezas insumisas. Es importante detenerse en este punto: el desplazamiento de una