La peste escarlata
Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 29 de marzo de 2020 Un tercio de la población mundial se encuentra comprendida en distintas variantes de distanciamiento social como producto del coronavirus. La pandemia, además de la catástrofe sanitaria que conlleva, deja en evidencia las profundas fallas de un sistema de organización social, político y económico disfuncional con el amparo y la protección de la vida. Los efectos estructurales de la contaminación viral han producido una caída de la demanda de petróleo, una guerra de precios ligada a los hidrocarburos, el derrumbe de las bolsas y el hundimiento de la economía real con su inmediato impacto sobre los índices de desocupación global. La pandemia producirá durante los próximos meses una contracción de la actividad económica a nivel mundial y una subsiguiente liquidación financiera mayorista. Como en 2008 será utilizada por las corporaciones para demandar salvatajes estatales, como reaseguro extorsivo para circunscribir los despidos masivos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 26 de marzo de 2020, el número total de infectados alcanzó la suma de 515.000 casos, incluidos los 23.500 fallecidos. En la última semana el epicentro de la pandemia pasó a tener sede en Estados Unidos, el país que contabiliza mayor cantidad de casos en el mundo: 82.000 contagiados y algo más de 1.000 muertes. El sistema de salud de Estados Unidos ha sido la piedra de toque de la grieta política entre demócratas y republicanos. La regulación conocida como Obamacare (Ley para el cuidado de salud accesible, el PPACA por su sigla en inglés), que Trump intentó eliminar, incrementó un mínimo la inversión pública en salud, que apenas llega en la actualidad al 3 % del presupuesto, porcentaje inferior al de todos los países de renta alta internacional. El monto total destinado al rubro sanitario disminuyó durante los últimos 50 años en forma inversamente proporcional al beneficio obtenido por corporaciones privadas dedicadas a la salud y a los laboratorios. La prestigiosa revista académica Journal of the American Medical Association informó esta semana que el gasto en medicamentos recetados per cápita es, en Estados Unidos, el mayor del mundo. Las compañías farmacéuticas se encuentran entre las empresas más rentables de los Estados Unidos y sus inversiones se orientan más al marketing que a la investigación de nuevas drogas útiles para la salubridad pública. Cinco de las seis empresas más rentables de ese país producen fármacos. En franca oposición a los esquemas imperantes al interior de Estados Unidos, la mayoría de los sanitaristas y epidemiólogos más citados, como David Himmelstein, han dejado constancia sobre las ventajas de los países que poseen organizaciones sanitarias estatales y centralizadas, respecto a quienes cuentan con modelos privatizados y fragmentados: “La intervención gubernamental sin trabas en el sector de la salud es una ventaja cuando el virus se está propagando rápidamente por todo el país», afirmó el último lunes Choi Jae-wook, el director de medicina preventiva en la Universidad de Seúl. Por su parte, David Fisman, epidemiólogo de la Universidad de Toronto, fue más preciso al señalar que “tener un sistema de atención médica que sea un activo estratégico público en lugar de una empresa con fines de lucro permite un grado de coordinación y óptimo uso de recursos”. Los países cuya forma de atención médica es controlada en forma centralizada por el Estado –Corea del Sur y Dinamarca— han puesto en evidencia mejores resultados en el abordaje de la crisis sanitaria. El virus no solo plantea aspectos ligados a la infectología y la potencial reducción del contagio a través del aislamiento social. Desenmascara la irracionalidad del mercado para asignar recursos en áreas esenciales como la salud y al mismo tiempo coloca en el centro del debate público la política, como forma democrática de gestionar los grandes problemas sociales, por encima de intereses fragmentarios y corporativos. La catástrofe sanitaria observada en países como Estados Unidos actualiza la necesidad de Estados reguladores que gobiernen para las amplias mayorías y dejen de escudarse en la fantasiosa mano invisible del mercado. Los grandes jugadores monopólicos, aquellos que financian la legitimidad del orden neoliberal, empiezan a percibir el peligro de este debate. En la última semana el gobierno irlandés decidió estatizar –por ahora en forma transitoria— la infraestructura de salud privada con el objeto de dotar de mayores recursos al sistema de salud, para enfrentar la pandemia. El último martes el ministro de salud irlandés afirmó que “lo privado no puede limitar la gestión estatal cuando se trata de una pandemia”. Tres días después se informaba que el premier británico, Boris Johnson, era portador del coronavirus. Las dudas del trumpismo Gasto público y privado en salud como porcentaje del Producto Bruto Interno (PIB). Las exportaciones sanitarias de Cuba se explican con claridad a través de los guarismos descriptos en el gráfico difundido por la Organización Panamericana de la Salud. Parafraseando La peste, de Albert Camus, es evidente que el Covid-19 no solo ataca el cuerpo de sus múltiples víctimas. También desnuda el espíritu de la sociedad en la que dichos cuerpos son contagiados. Los máximos exportadores del neoliberalismo han aprobado el último viernes una fuerte intervención sobre la economía, caratulada como Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley CARES, por su sigla en inglés, idioma en el que care quiere decir cuidado), en la misma semana que 3 millones de empleados se declaraban despedidos. En el centro de la decisión política está la elección presidencial de noviembre, de la que Donald Trump se veía como indudable ganador hasta hace un mes atrás. La debacle económica que se avecina ha sido potenciada por el manejo dubitativo de los republicanos. El acuerdo bipartidista pretende ser atenuar la crisis con una gigantesca subvención pública de más de 2.000 billones de dólares (trillions en su nominación anglosajona). Dicho monto es el triple de lo otorgado en 2008 tras el estallido de la crisis financiera detonada por las hipotecas basura. La partida incluye 250.000 millones de dólares que se reservarán para individuos y familias (1.200 dólares per cápita para quienes tengan








