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Por: Benjamín Malamud Lerner (Miembro del Llamamiento) Pasadas las elecciones, con una nueva composición el parlamento nacional, uno de los temas ineludibles será el del Presupuesto Nacional. A nivel local, nuestro Concejo Deliberante deberá igualmente afrontar el proyecto del Ejecutivo y justipreciar cuanto se destinará del mismo a cada programa o sector de la administración municipal.  El debate no dejará de tener en cuenta las nuevas olas de una derecha que recorre el mundo, donde se desprecian los derechos laborales y sociales en bien de la “libertad del mercado”. Aún en conocimiento de los efectos devastadores de la pandemia, sumados a la crisis económica y social previa de la gestión que finalizó en 2019, con un default encubierto por un impagable crédito del FMI, persisten con un fuerte respaldo mediático, procurando despojar de todo sentido solidario de la sociedad. NIÑEZ EN RIESGO Y OPORTUNIDADES DE PROTECCIÓN Fueron muchas las víctimas que dejó la pandemia, un tema que analizaré luego, pero dentro de las mismas, la niñez fue una de las más golpeadas: con el proceso educativo perturbado sin la presencialidad, los encierros, las múltiples privaciones y un incremento de la conflictividad familiar. Se agravó un malestar previo y hubo a nivel mundial, un incremento de las diversas formas de maltrato infanto juvenil: físico, emocional, sexual y especialmente por desatención o negligencias. De hecho que los más golpeados por esta enfermedad social que es la violencia familiar, fueron los sectores más empobrecidos, sin desconocer que el fenómeno no respeta clases sociales.  Prevenir esta forma de sufrimiento social y de los derechos de la infancia es una obligación moral de los estados. En la lectura de la  revista científica Pediatrics, (V148, N5) encontré una investigación que pone de manifiesto la importancia de los programas de apoyo social, aún en un país tan desarrollado como EEUU y se denomina  “Gasto estatal en programas de beneficio público y maltrato infantil”. Fue publicado el 1 de noviembre, como un  “un estudio ecológico de todos los estados de EE. UU durante los años 2010-2017, evaluando los efectos del programa tanto de entrega dinero en efectivo, mejoramiento de las viviendas, alimentos, atención médica, créditos, etc”. Concluye que por cada 1000 dólares gastados en las personas que viven en la pobreza, se podrían haber evitado unos 180.000 maltratos, 4000 niños enviados a hogares de acogida y un 7.7% menos de muertes infantiles (unas 130). Utilizaron el método científico para constatar lo que ya sabemos: que las inequidades sociales, enferman y matan pero que se pueden mitigar y que es un deber hacerlo. Muchos de los niños maltratados reproducen el modelo violento en las escuelas o luego como novios o padres en otros ámbitos. Algunos, con lo que aprenden en las cárceles o en ambientes delictivos, terminan en las tapas de los medios como violentos criminales y desatan olas de reclamos de mayor mano dura, en lugar de mayor mano justa, tanto en los social como en lo judicial y reparativo. Cortar esta concatenación entre causas y efectos requiere un profundo cambio socio económico, con mayor equidad social, más la continuidad de estos programas enuestro país deben continuar y mejorarse: se trata de vidas y futuros resguardados. PRESUPUESTO NACIONAL, FMI Y SOBERANÍA El nuevo Congreso deberá definir entonces como se distribuye el presupuesto y previamente que hacer con la impagable deuda al FMI, con un compromiso anual de más de 19.000 millones CADA UNO DE los próximos 4 años, y fuertes condicionantes a nuestra soberanía nacional, dentro del proyecto neoliberal y neo colonial, donde la salud, la educación y el bienestar social sufrirán recortes sustanciales en beneficio de los acreedores externos. La Procuración del Tesoro ha denunciado ante la Justicia fundadas evidencias de que ese credito fue concedido fuera de las normas legales argentinas y del propio FMI.  En “cba24n” encuentro una investigación sobre que piensa la ciudadanía al respecto de cómo afrontar la deuda con el FMI, presentada por el periodista Norman Berra. Se observa que un 25% de los encuestados acepta la reducción del presupuesto en salud, educación y seguridad y u 64% opta por hacerlo en más de 10 años exponiéndose al riesgo de una ruptura con el FMI. La recuperación pos pandemia, aunque todavía ignoramos la duración de este recreo epidemiológico que las vacunas vienen afianzando, especialmente con la cobertura de los escolares (Finalmente respaldada por la Sociedad Argentina de Pediatría) y una tercera dosis a la población de mayor riesgo, incluye inversiones en fuentes laborales, en infra estructura, incluso en el apoyo al turismo. ¿Qué actitud tomará el Congreso frente a los dineros de argentinos en los paraísos fiscales? Se estima en más de 300.000 millones de dólares allí se encuentran y se conoce también en que momento histórico estos se fugaron, afectando la vida económica y su correlato social. Jorge Elbaun expone en el Cohete a la luna este gráfico (Informe CIEFCE Nº 25: Enero 2020) ampliamente  demostrativo:   Los 4 años del modelo neo liberal, sin pandemia, fueron de caída del PBI y de un fenomenal endeudamiento. ¿Debemos ignorar esta dura realidad y mirar para adelante aceptando que sobre los más castigados socialmente vuelva a ceñirse otro injustificado ajuste? Y no duele más aun saber que gran parte de la deuda contraída y fugada, fue destinada a que Macri ganara las elecciones de 2015 o como él ahora dice, “para que administrara la transición hacia el segundo mandato”. ECONOMÍA Y PANDEMIA El ritmo actual de crecimiento económico, cercano al 9%, apenas compensará un déficit semejante en porcentaje del primer año de la pandemia, donde la inversión en respiradores, camas, hospitales modulares impidieron que desastre por el covid 19 no fuera aún mayor. Lo negativo e innegable que a pesar del crecimiento la inflación afecta los ingresos menguados. Un estudio reciente ha evidenciado que las vidas perdidas hasta el presente en Argentina representan un aumento del 12, 6% sobre la mortalidad previsible, cuando el promedio mundial fue del 14,5% de “exceso de muertes”. Llega la información de que hubo a nivel internacional

En diciembre prescribe una imputación contra Macri por la deuda contraída con el FMI Por Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna (7 de noviembre de 2021) La jueza federal María Eugenia Capuchetti deberá llamar a indagatoria al ex Presidente Mauricio Macri antes del próximo 9 de diciembre para evitar que prescriba una de las tres imputaciones relacionadas con el anómalo acuerdo dispuesto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio de 2018. Los imputados en la causa, además del ex Presidente, son el ex ministro Nicolás Dujovne y los tres ex titulares del Banco Central: Luis Andrés Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. A los cinco se les imputan tres delitos: (a) incumplimiento de los deberes de funcionario público, (b) malversación de caudales públicos, y (c) defraudación por administración indebida de los recursos públicos. El Estado Nacional, a través de la Procuración del Tesoro, dirigida por Carlos Zannini, fue aceptado como querellante en marzo de 2021, luego de que se formalizara la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Félix Crous. La documentación aportada ante la Justicia federal incluyó informes técnicos aportados por el Banco Central y una auditoría elaborada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que brindan fundamentos y evidencia de una acción delictiva monumental cuyos damnificados directos son el Estado nacional y la totalidad de la ciudadanía argentina. Según fuentes judiciales próximas al tercer piso de Comodoro Py –donde se encuentra el despacho de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, María Eugenia Capuchetti–, los cinco imputados se verían beneficiados con la impunidad en relación con uno de los tres delitos dados los dos años transcurridos desde el fin de su mandato gubernamental, fechado el 9 de diciembre de 2021. Este escenario le garantizaría al ex Presidente volver a esquivar a la Justicia –como ha hecho durante las últimas tres décadas– debido al vencimiento de los plazos procesales con relación al delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. De no existir el llamado a indagatoria, la jueza Capuchetti podría optar, como alternativa para evitar la prescripción, por la integración sumatoria de los tres delitos, tomando la fecha más tardía como vencimiento posible de la acción penal. Sin embargo, esta última opción le concedería a los variados estudios jurídicos que asesoran a la famiglia –con sus íntimos nexos tribunalicios dentro de Comodoro PRO– una ventana de oportunidad para defender la prescripción ante la Cámara Federal, que audita el trabajo de la jueza de instrucción. Dada la indudable capacidad de sortear a la Justicia que ha evidenciado Macri, la magistrada deberá estar atenta ante las maniobras dilatorias que pueden observarse, también en la actualidad, en el caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan. El acuerdo con el FMI fue celebrado violando todos los procedimientos regulados al momento de suscitarse. No se respetaron las asignaciones de competencias estipuladas ni se acataron los pasos administrativos requeridos. La normativa exigía que todo endeudamiento externo de índole multilateral debía estar previsto en la ley de presupuesto (del año en curso) o, en su defecto, consignado en una norma específica, aprobada por el Congreso. Sin embargo, no se efectivizó ninguna de las dos opciones, dada la asunción del oficialismo macrista de que no hubiese contado con la complicidad de la entonces oposición legislativa, que no estaba dispuesta a avalar tamaña irresponsabilidad. Al no contar con votos suficientes en las Cámaras, el macrismo decidió quebrantar, de forma flagrante, la norma vigente. Los artículos 4 y 75 de Constitución Nacional autorizan las operaciones de endeudamiento al Poder Ejecutivo bajo ciertas condiciones explícitas, ninguna de las cuales fue cumplida ni respetada en el caso del “Acuerdo de Derechos de Giro (Stand- By)” concretado en 2018. El entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fueron los encargados de firmar las “Cartas de Intención” con fechas del 12 y el 18 de junio de 2018, aunque ninguno de los dos contaba con la autorización para certificar dicho acuerdo. Una situación similar se observó el 18 de octubre de 2018, cuando la extensión del convenio fue rubricada nuevamente por Dujovne y por Guido Sandleris. Sin embargo, al momento de celebrarse dichos compromisos de “Derechos de Giro”, sólo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, contaba con la potestad para rubricarlos. Tocata y fuga La normativa también consignaba que debían elaborarse dictámenes previos de índole técnico-financieros y jurídicos. Dichos informes, entre ellos el del Banco Central, debían justificar la necesidad, la oportunidad, la conveniencia y la legalidad del convenio con el organismo multilateral, al tiempo que debían preverse los formatos de reembolso de los créditos. Lejos de respetar el marco institucional republicano, el primero de los expedientes domésticos elaborado para respaldar el acuerdo con el FMI fue confeccionado días después de haberse producido la firma con el Fondo: el 18 de junio se divulgó un documento de tres carillas, laudatorio de las políticas financieras y económicas impulsadas por el gobierno cambiemita, sin la más mínima referencia a cómo se iba a honrar la deuda de los años posteriores, que suponía erogaciones por 42.000 millones de dólares: 4.854 millones debían devolverse en 2021; 19.271 millones en 2022; y 19.523 millones en 2023. Un total de 43.600 millones, en concepto de restitución de capital más intereses. El informe de la Sindicatura General de la Nación presentado ante la Justicia cuestionó la inexistencia de los informes técnicos previos –exigidos por la normativa– que debían evaluar de forma detallada, las proyecciones de los ingresos y/o ahorros de fondos capaces de garantizar la capacidad de reembolso del crédito. No se hicieron los informes porque en 2018, cuando se firmó el acuerdo, la Argentina tenía un saldo negativo de la balanza comercial cercano a los 3.000 millones de dólares y no podía pensarse que dos años después podrían cancelarse 20.000 millones de dólares. Sólo el financiamiento electoral de la campaña de Macri impulsado por el trumpismo –con el único interés de evitar el triunfo