junio 2019

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Cómo Netanyahu explota las tensiones entre Estados Unidos e Irán

Fuente:  Akiva Eldar | Al-Monitor Fecha: 25 junio 2019 Su contribución a la retirada de Estados Unidos en 2018 del acuerdo nuclear con Irán se considera uno de los mayores logros del primer ministro Benjamin Netanyahu. Su campaña contra la amenaza iraní combinada con una alianza cercana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha producido un enorme capital político para Netanyahu. Sin embargo, un año después de la salida del acuerdo, la política de sanciones que defendió no ha logrado poner a Irán de rodillas. Por el contrario, Teherán anunció el 17 de junio que cuadruplicaría el ritmo de su producción de uranio enriquecido de bajo grado y superaría el límite de 300 kilogramos establecido por el acuerdo nuclear con las potencias mundiales. Por lo tanto, mientras los iraníes están subiendo la apuesta ante Trump, el presidente estadounidense -el as de Netanyahu en la cubierta- está buscando una trampa para escapar de un enfrentamiento con Teherán. Y mientras Netanyahu el 23 de junio posaba para las fotos en el valle del Jordán con el asesor de seguridad nacional de los EE. UU. John Bolton, Trump expresó sus reservas sobre su halcón traficante de guerra y condena a las personas que «quieren arrastrarnos a la guerra». La única campaña en la que Trump está interesado desde ahora hasta noviembre de 2020 es la de las elecciones presidenciales. El New York Times informó que el veterano presentador de Fox News, Tucker Carlson, fue quien convenció al presidente de que abortara el ataque contra objetivos iraníes y trajera a los bombarderos a casa. Según informes, Tucker le dijo a Trump que en lugar de provocar un cambio de régimen en Teherán, como Bolton esperaba, una nueva guerra en el Medio Oriente provocaría un cambio de régimen en Washington. Los líderes árabes están conscientes del enfoque de Trump. Los jefes de los estados de la Liga Árabe no se apresuraron a aceptar la invitación al foro económico que el presidente inició en Bahrein. Mientras enviaban funcionarios de nivel bajo a medio para discutir la ayuda a los palestinos, sus ministros de finanzas se dirigieron a El Cairo para discutir el mismo tema. Los líderes árabes se negaron a cooperar con el intento de Estados Unidos de enmascarar el callejón sin salida en su política a favor de Israel y la presión sobre la Autoridad Palestina. Por lo tanto, además de los vanos intentos de Netanyahu de aislar a los palestinos y desarrollar un atajo diplomático público con los estados del Golfo, liderados por Arabia Saudita, Netanyahu tampoco ha logrado poner a Irán de rodillas. Contrariamente a los comentarios del embajador estadounidense David Friedman en una entrevista del 8 de junio al New York Times, los palestinos sí “tienen un veto sobre el progreso». Pero junto con el hecho de no aislar o eludir a los palestinos, Netanyahu falló en otro nivel. El tercer lado del fracaso de Netanyahu, el triplete, consiste en la propuesta de los Estados Unidos de reabrir un corredor entre la Franja de Gaza y la Ribera Occidental. La iniciativa de «paso seguro» fue originalmente parte del Acuerdo de Oslo de 1993, pero desde que Hamas tomó el control de Gaza en 2007, Israel ha hecho de la separación de Gaza de Cisjordania un elemento central de su política. Y aquí viene la propuesta de Trump de construir un puente palestino en el corazón del territorio soberano israelí. La idea de «paso seguro» no parece excluir el control continuado de Hamas sobre Gaza y, por lo tanto, abriría las puertas a los que refutan el derecho de Israel a existir y les permitirá cruzar a Jerusalén y Cisjordania. Hamas no vendrá solo. La organización sunita está estrechando sus relaciones con los ayatolás. El 16 de junio, aproximadamente una semana antes de la reunión en Bahrein, una delegación de Hamas encabezada por el subjefe del movimiento, Salah al-Arouri, aterrizó en Teherán y se reunió con el ministro de Defensa iraní, Mohammad Alawi. Un comunicado emitido después de la visita decía: «Las partes reiteraron la necesidad de mantener los lazos para enfrentar los desafíos y peligros derivados de la obstinación de la administración de los EE. UU. para promover el ‘acuerdo del siglo’, que el pueblo palestino rechazó por unanimidad.” La aparente falta de preocupación de Netanyahu sobre el peligro de abrir Cisjordania a Hamas, una organización que él ha comparado con los nazis, se debe a su escepticismo sobre el acuerdo de Trump entre Israel y Palestina y su propia capacidad demostrada para encauzar al instigador. Véase, por ejemplo, el traslado de la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, el reconocimiento de los Estados Unidos de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y el aparente apoyo a la anexión israelí de partes de Cisjordania. Por un lado, Netanyahu, como Trump, no tiene ningún interés en una sesión fotográfica en el contexto de las escenas del campo de batalla y los cementerios. Por otro lado, Netanyahu, que también es ministro de defensa de Israel, tiene un gran interés en mantener la amenaza iraní en los titulares, al menos hasta las elecciones del 17 de septiembre, siempre y cuando los medios no profundicen en el escándalo de corrupción que involucra a él y su esposa En lo que a él respecta, los iraníes o sus representantes pueden bombardear un petrolero japonés en el Golfo de Hormuz todos los días e interceptar un avión no tripulado estadounidense cada dos, siempre y cuando Trump no incluya de repente al líder espiritual de Irán, Ali Khamenei, en su lista de regalos de Navidad. Lo hizo con Kim Jong-Un de Corea del Norte, cuyos dedos han estado colocados sobre el botón nuclear. El «conflicto de baja intensidad», como los analistas militares describen este tipo de enfrentamientos, es ideal para el primer ministro de Israel, pero no es una situación deseable para los ciudadanos. Intensificar el boicot a Irán podría resultar en una escalada y una guerra total. Cuando Trump aborta un ataque militar en el Medio

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LAVA JATO GLOBAL – Supremacismo 2.0 en tiempos de guerras económicas y comerciales

Fuente:  Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 16 junio 2019 La publicación de tres notas en el portal The Intercept, firmadas por Glenn Greenwald y Victor Pouggy, han vuelto a poner en evidencia la tríada de dispositivos básicos utilizados para disciplinar a diferentes actores políticos y económicos latinoamericanos, considerados como reacios a someterse a los mandatos de la lógica monopólica trasnacional. [1] El divulgación de los intercambios realizados a través de la plataforma Telegram, entre el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, son inentendibles por fuera del entramado estructural que implicó el origen de la investigación del Lava Jato, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, la posterior detención de Lula Da Silva y las simultáneas persecuciones a dirigentes políticos populares en América Latina, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa. La ofensiva busca garantizar la supremacía de los intereses estratégicos de quienes se perciben como desafiados por la emergencia de actores estatales o corporativos dinámicos, capaces de disputar espacios de influencia o preponderancia política y económica, y/o de diluir o debilitar la histórica aspiración de control geopolítico estadounidense. El denominado Lava Jato tuvo su origen en la aplicación de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Exterior (FCPA, por su sigla en inglés), motorizada y aplicada por el Departamento de Justicia (DOJ) con sede en Washington. Bajo esa norma doméstica, aprobada en 1977, el gobierno de Estados Unidos se arroga la persecución de todos los empresarios y políticos que interfieren (en la actualidad o en forma potencial) en la supremacía de las cadenas de valor coordinadas por las corporaciones trasnacionales monopólicas. En ese marco, cualquier empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, que posee cuentas bancarias en su territorio, tarjetas de crédito o que registra interacciones con alguna empresa radicada en Estados Unidos, puede ser investigada o perseguida, a nivel local o extraterritorial, por el largo brazo de la justicia de la DOJ, sin mediar acuerdos de extradición u otros protocolos jurídicos bilaterales. Esta legislación autoriza a Washington a una literal jurisdicción internacional, ajena al derecho internacional, para perseguir delitos reales o ficticios de corrupción. Dado que es infrecuente la existencia de empresas o particulares que carecen de interacciones a través de cuentas o tarjetas de crédito cuya terminal es Estados Unidos, el mundo entero es pasible de ser espiado, interferido o interdicto. El portal The Intercept, fundado y dirigido por Greenwald, residente desde hace 14 años en Río de Janeiro, fue el encargado de hacer públicas, junto al diario The Guardian en 2013, las operaciones de espionaje realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) contra la entonces Presidenta brasileña Dilma Rousseff y la empresa Petrobras, entre otras.[2] Los documentos divulgados, recabados originalmente por el contratista de la NSA Edward Snowden, daban cuenta con lujo de detalles del entramado de investigaciones ilegales articuladas por las distintas agencias de inteligencia y las empresas internacionales de telecomunicaciones, las proveedoras de internet y los responsables de la infraestructura de redes.[3] Para acceder a las comunicaciones encriptadas de los gobiernos y de las empresas consideradas antagonistas (o capaces de desafiar la hegemonía corporativa estadounidense), la NSA desarrolló los programas PRISM, FAIRVIEW y BLARNEY, idóneos para interceptar comunicaciones, datos encriptados e imágenes provenientes de redes de todo el mundo [4]. Estas aplicaciones, que son actualizadas en forma permanente para sortear contrafuegos y detectores de interferencias, fueron utilizadas tanto para relevar  las conversaciones de la Presidenta de Brasil como para examinar las operaciones comerciales llevadas a cabo por distintas empresas brasileñas con aspiraciones trasnacionales, entre ellas Odebrecht y Petrobras. Dicha información permitió, gracias a los datos suministrados (o manipulados) por la DOJ, el desmantelamiento de las multinacionales brasileñas y el reparto de las distintas licitaciones entre candorosas empresas estadounidenses que poseen el hándicap de no ser espiadas por la Ley de Prácticas de Corrupción en el Exterior (FCPA). A nivel doméstico, las corporaciones estadounidenses están resguardadas por la IV Enmienda y la Informational Privacy Act, conocida como Privacy Act 124, relativas a la protección de datos, no pasibles de ser registrados por la autoridad pública sin una orden judicial previa fundamentada [5]. Una voz en el teléfono Los datos provistos por la NSA que divulgaban los secretos comerciales de Petrobras (nada originales, cotejados con otras gestiones corporativas de empresas de hidrocarburos a nivel global) fueron esgrimidos para derogar en Brasil, en 2017, la Ley 4567, aprobada durante el gobierno del PT, mediante la cual se garantizaba la exclusividad de la explotación del crudo por parte de la empresa estatal. Desde ese momento, gracias a la labor de Michel Temer, refrendada luego por Bolsonaro, lo que pertenecía a la sociedad brasileña pasó a ser extraído, operado y comercializado por Chevron y Royal Dutch Shell. Dos corporaciones en las que sobreabundan los capitales accionarios cuyos titulares son fondos especulativos radicados básicamente en Estados Unidos y en el Reino Unido. Paradójicamente los mismos paquetes accionarios tienen presencia en las mismas empresas de telecomunicaciones, cooperantes de la NSA, con la que se llevaron a cabo las labores de espionaje [6]. En forma sincrónica, las plataformas del tipo FPSO (Unidades flotantes de producción, almacenamiento y transferencia de petróleo y gas) ancladas a unos 200 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, cuadruplicaron las existencias del recurso: de los 40.000 millones de barriles conjeturados para 2013 se pasaron a contabilizar pozos capaces de producir 176.000 millones. Dicha cifra, divulgada por el Instituto Nacional de Aceite y Gas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro, equivale a cinco años del total del consumo mundial. La ventaja extra radica en su costo de extracción: alrededor de 8 dólares por barril, muy por debajo del valor promedio de la producción mundial [7]. Otro tanto sucedió con la empresa Embraer, que fue adquirida por Boeing en un 80 %, de su valor accionario (por un monto de U$S 4.200 millones) después de un sistemático esquema de espionaje gestionado por la NSA para impedirle a la empresa estatal brasileña la realización de acuerdos con corporaciones europeas y asiáticas. Dicha operación, ejecutada mediante la aplicación de espionaje ECHELON,

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El riesgo es el modelo

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha:16  Junio  2019 En una entrevista con la radio por Internet Reconquista Hoy, de Santa Fe, el presidente Mauricio Macri sostuvo que hay que «dejar de hacer cosas que tienen que ver con la demagogia y el populismo», para, a renglón seguido, esperar que la inflación «siga declinando como resultado de las firmes políticas del gobierno». Parece una gran contradicción. Justo el mismo día que se conoció que la inflación de mayo fue del 3,1%, y que las cifras anualizadas siguen incrementándose, en este caso, al 57,3 por ciento. Los precios de «alimentos y bebidas no alcohólicas», si bien mostraron un menor aumento en mayo (2,4%), alcanzaron el 64,9% interanual, superando a dicho valor en casi todas las regiones, con excepción del Gran Buenos Aires. El presidente también se lamentó porque «venimos de 80 años (de inflación) con un promedio de 62,6% y eso ha generado que no tengamos moneda ni crédito». Le faltó decir que el promedio, que incluye períodos hiperinflacionarios, está muy cerca de las cifras actuales. Si las políticas aplicadas no pueden ofrecer una inflación menor al promedio histórico, parece entonces que el problema no es la herencia de los últimos 80 años, sino el actual modelo. Porque, además, si no tenemos moneda y crédito, como dice Macri, ¿es problema de la historia, o de que la tasa actual de política monetaria ronde el 70% anual? ¿o de que los préstamos en pesos hayan crecido sólo un 2,3% interanual en mayo de este año? ¿o de que el monto total de billetes y monedas en poder del público se haya incrementado sólo un 5% en los primeros cinco meses, debido a la política de crecimiento cero de la base monetaria, comparada con una inflación del 19,2 por ciento? Macri sostuvo que el mundo resolvió la inflación hace tiempo: «por ejemplo Paraguay desde 2003 tiene estabilidad macroeconómica y cuando uno le pregunta a un taxista u otra persona, los paraguayos no saben decir cuánto sale el dólar». Extraño, dado que en el período que el presidente menciona, la dolarización de los créditos en Paraguay osciló en torno al 50%, con lo cual no es una moneda desconocida en ese país. En la aludida entrevista radial, entre otras cuestiones, el presidente también dijo: «hemos sido el gobierno con más preocupación y actitud federal en décadas: Santa Fe y Córdoba recibieron de entrada un 15% más y nunca tuvieron tanto dinero y cuentas tan cómodas». Llamativa adjudicación de una decisión de la Corte Suprema. En verdad, la devolución del 15% a Córdoba, Santa Fe y San Luis, entre otras, surge de «fallos que estaban largamente demorados en la Corte Suprema y que el máximo tribunal dictó ayer, cuando faltan 15 días para que asuma el nuevo presidente: el tribunal declaró inconstitucionales una ley que les descontaba a las provincias el 15% de la coparticipación para financiar la Anses» (La Nación, 25.11.15). Sin comentarios. Las definiciones siguieron, y el presidente sostuvo que otros países «hace 20 años entendieron que no se puede aprobar un presupuesto mentiroso, no cumplirlo». Cómo definiría entonces Macri al Presupuesto 2018, que establecía un aumento del PIB del 3,5%, mientras la realidad marcó una caída del PIB del 2,5% para ese año; que estimaba una inflación (IPC) de entre el 8 y el 12%, cuando la realidad arrojó una variación del 47,6 por ciento. O, por ejemplo, qué diría del Presupuesto 2019, que establece una caída del PBI del 0,5%, cuando el REM del BCRA prevé una merma del 1,5% para este año; que estimó una inflación del 23%, cuando, según las proyecciones del REM, terminaría en el 40,5 por ciento. Téngase en cuenta que no estoy comparando las variaciones del tipo de cambio, una variable muy volátil, especialmente durante la gestión macrista. La entrevista en la radio Reconquista Hoy es un muy buen ejemplo de la intención de construir un verdadero relato de posverdad. Una tarea que, como se analizó, resulta más que ardua y exige asignarse logros ajenos y olvidarse de los yerros propios. En el caso de los logros ajenos, además del relatado de la Corte Suprema, también se extiende a obras realizadas en el anterior período, entre otras, la ampliación del subte E, realizada en su mayoría durante el anterior gobierno, parada casi totalmente en la gestión macrista, pero finalizada al filo de las elecciones de fin de mandato e inaugurada con globos y platillos. Desde lo político, la decisión de Macri de nominar a Miguel Ángel Pichetto como precandidato a vicepresidente de su fórmula (que mutó el nombre Cambiemos a Juntos por el Cambio) generó una alteración en las variables financieras, que fue analizada por los funcionarios y los medios concentrados como una mejora en las mismas y una señal de apoyo de «los mercados» a la nueva fórmula. Se comentó incluso que algunos bancos internacionales consideraban el anuncio como positivo para la gobernabilidad y que aumentaba la posibilidad de encarar las reformas estructurales. Hay que tener en cuenta que Argentina, luego de la fuerte desregulación de los flujos de capitales, es muy dependiente de lo que sucede en el mundo. En el caso del comportamiento de esta semana, los llamados mercados aprovecharon una oportunidad para especular y hacer ganancias. Porque los movimientos de los mercados se producen a partir de la existencia de inversores que consideran que es un buen negocio comprar activos financieros determinados, junto con otros que estiman que les conviene vender. Entonces, los mercados aprovecharon una noticia política en Argentina. Para reflexionar: ¿cuál es la diferencia entre una tasa del 9,50% (reflejada en el riesgo país de 950 puntos) o una tasa de 8,50% que está implícita en el riesgo país post elección de Pichetto como precandidato a vice? Las dos son tasas inviables para un eventual endeudamiento de Argentina, si es que los mercados le prestaran más fondos. De hecho, si los inversores ya decidieron desde hace rato no prestar a la Argentina, ¿cuál es el sentido de medir diariamente el

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Clavos Miguelito

Fuente: Horacio Verbitsky | El cohete a la luna Fecha: 16 junio 2019 La designación de Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente es una medida defensiva que intenta contener la hemorragia política que estaba desangrando al gobierno del presidente Maurizio Macrì. No garantiza el éxito electoral, pero posterga el shock hipovolémico. Desde la corrida cambiaria de 2018, Macrì apostó la suerte de su gobierno a una sola carta: la contención del riesgo país y de la cotización del dólar. Contó para ello con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que borró con el codo sus propias reglamentaciones para permitir que los caudalosos fondos entregados a la Argentina siguieran financiando la fuga de capitales (sin banda de no intervención ni límite diario) y del Tesoro de los Estados Unidos, que condescendió con esa infracción a las normas del FMI. Si alguien le pide cuentas a la dirección del Fondo, Trump tuiteará: “Who the fuck is Bagarde?” Pese a todo ello, el riesgo país seguía por encima de los mil puntos y la cotización del dólar amagaba con una nueva disparada. Recién la nominación de Micky Vainilla (luego del rechazo de Ernesto Sanz, Martín Lousteau y Juan Urtubey) pareció conseguir el objetivo. Pero, ¿cuánto durará? El viernes la cotización volvía a empinarse, en vísperas de un domingo electoral de paliza para el gobierno. El antecedente inmediato a esta candidatura de cuarta selección fue la gira de Pichetto por Estados Unidos junto con el presidente del Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires e integrante del directorio del diario La Nación, Máximo Fonrouge, organizada por el presidente del HSBC, Gabriel Martino. El banquero también intentó un acercamiento con Alberto Fernández, gestionado por Sergio Berensztein, socio del padre del detenido espía Marcelo D’Alessio. Martino dijo que quería poner al candidato en contacto con fondos de inversión. Fernández le respondió que pidieran audiencia y los recibiría. Es decir, sin la intermediación de Martino. Berensztein se asoció en la consultora D’Alessio Irol luego de alejarse de Poliarquía. En los diversos encuentros que mantuvo durante ese viaje con inversores, Pichetto aseguró que no habría un nuevo default e hizo un rimbombante elogio del capitalismo estadounidense difícil de conseguir hoy en Estados Unidos. Por supuesto, lo mismo dice el gobierno, como también lo juraba en 2001 Fernando De la Rúa, así como una ley del Congreso aseguró la intangibilidad de los depósitos bancarios, cien días antes de que fueran encercados en el Corralito. Loable expresión de deseos. El peronismo, la palabra mágica La diferencia con aquellos precedentes es una palabra. Pichetto era hasta el momento del salto en alto jefe del bloque de senadores del peronismo. Hacer pie en ese territorio irredento es el oscuro objeto de deseo de las distintas facciones de la burguesía argenta y los partidos que las representan. Desde diciembre de 2015, Pichetto comandó la fracción opoficialista que facilitó las principales medidas antipopulares del gobierno. Ahora lo integra sin más disimulo. Pero no está claro que así resulte más útil que entonces. A la distancia, algunos operadores financieros pueden pensar que el acuerdo con Pichetto ablandará las posiciones del peronismo. Pero no tardarán mucho en advertir que una golondrina no hace verano. De inmediato comenzó a circular un fragmento de la entrevista que Pino Solanas y Octavio Getino le realizaron a Perón hace casi medio siglo. Dice que tenía un perro que se llamaba León. Él lo llamaba por su nombre, “León, León”, y el perro venía. Pero no era un León, sino un perro. Del mismo modo, algunos se llaman peronistas pero no lo son, concluye. Más allá del ingenio impar de Perón, Pichetto no logró atraer a un solo dirigente peronista tras de sí. Su presentación fue algo patética. A Sergio Uñac, Gustavo Bordet y Sergio Massa les pidió disculpas por la noticia que iba a darles, lo que no es un buen comienzo. A todos los gobernadores les pidió que fueran prescindentes en la elección presidencial e hizo trascender que había tenido éxito con los de Santiago del Estero y Río Negro. Pero no es cierto. Gerardo Zamora aspira a obtener las tres senadurías por Santiago del Estero, por lo que además de la lista oficial, que irá pegada a la del Frente Todos/Todas/Todes, auspiciará una boleta corta, con lo que se asegurará el total de la representación de su provincia. Alberto Weretilneck (una derivación del inglés antiguo que significa estamos hasta el cuello) no puede pegar su lista provincial a la de Alberto Fernández y Cristina, porque ese lugar ya lo ocupa el partido justicialista de Río Negro. Pero luego de la oficialización de las candidaturas, recibirá en Bariloche a Fernández, con quien visitará la sede del INVAP y allí ambos anunciarán el mutuo apoyo. Otro que competirá con boleta corta es el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Pero esto no es a favor de Macrì. En 2015, el actual Presidente obtuvo en Córdoba el 70% de los votos, gracias a la ausencia de fiscalización por parte del kirchnerismo, que confió en la promesa de Schiaretti: de eso se encargaría su esposa, Alejandra Vigo. Ahora el senador Carlos Caserio y la legisladora provincial Natalia de la Sota emiten señales de simpatía hacia los Fernández, que obtendrían allí entre 10 y 15 puntos más que Scioli hace cuatro años. Si todo lo demás permaneciera igual, Macrì no sería reelecto. El domingo 16 habrá elecciones de gobernador en Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego. En ninguna de ellas el oficialismo tiene la menor chance y, como ya es costumbre, la principal ambición es que sus candidatos salgan segundos. Un segundo objetivo es que los vencedores estén lo más lejos posible del kirchnerismo. En Tierra del Fuego las dos listas competitivas son kirchneristas. Este no será un buen domingo para Macrì y Micky Vainilla. Suma cero, o aún menos Nadie piensa ni dentro ni fuera del gobierno que la presencia de Pichetto en la fórmula vaya a agregar votos a Macrì. Sólo atenúa la caída. Pero tal vez ni siquiera pueda

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El “operativo euforia” y sus problemas

Fuente: Edgardo Mocca | Pagina 12 Fecha: 16 junio 2019 Los acontecimientos políticos argentinos siguen girando en torno de la decisión tomada por Cristina Kirchner el 18 de mayo último. Baste recordar, para comprobarlo, los buenos tiempos anteriores de Alternativa Federal. Con posterioridad al nacimiento de la fórmula Alberto-Cristina, la gran mayoría de la liga de gobernadores se alineó con ella, mientras el triunfante mandatario cordobés se tomaba merecidas vacaciones. Es decir que el peronismo de las provincias pasó en lo fundamental a fortalecer el proceso de unidad peronista. Mientras tanto, el macrismo, después de quedar estupefacto durante varios días, en los que siguió discutiendo si Macri o plan V, lanzó su contraofensiva: después del rechazo de Urtubey y de Sanz completó la fórmula de candidatos presidenciales con el senador “opositor” Pichetto. Lo más significativo no es, sin embargo, la novedad de la fórmula sino el “operativo euforia” que la sucedió. Claro está, sin esa euforia desatada por la cadena mediática adicta, la movida hubiera aparecido como lo que es –un brusco paso atrás hacia las últimas líneas defensivas de un gobierno y una coalición en crisis– y no como una jugada magistral llamada a producir un vuelco en las expectativas sociales. Con el concurso de los timberos locales y globales, púdicamente llamados los “mercados”, se intenta crear un clima artificial de confianza y alegría y atribuirlo a una supuesta gran maniobra estratégica del macrismo. La euforia de los mercados se debería –según unánimemente interpretaron los analistas del establishment– a la creación, ahora sí, de condiciones de gobernabilidad para un hipotético segundo gobierno de Macri. Para lograr ese efecto era necesario subir hasta el absurdo las acciones del senador ex peronista, convertirlo en un hombre de estado providencial. Al punto de considerar en algunos casos que la presencia de Pichetto sería la clave para asegurar el apoyo de los gobernadores peronistas a la continuidad de la profundización del ajuste y los “cambios estructurales” que el propio presidente ha anunciado para un eventual segundo mandato. Mucha ignorancia, acaso deliberada, encierra esta interpretación. Se ignora, por ejemplo, que no fue el ahora compañero de fórmula de Macri el gestor del acompañamiento al gobierno en el Senado, sino los gobernadores provinciales peronistas, como contrapartida de la buena voluntad –ciertamente muy exigua– de la caja del gobierno nacional. El ex jefe de la bancada de la primera minoría del senado administró con corrección una política que se gestó al margen de él. Y eso no es ninguna rareza, sino que está en la lógica constitucional que atribuye a la “cámara alta” la función de proteger los intereses provinciales. En el mismo sentido, abundaron los razonamientos acerca de un gesto de Macri en la dirección de disputar el electorado peronista no dispuesto a votar a lo que, intencionada y equívocamente, suele llamarse el kirchnerismo. Un mitológico peronismo “de centro” estaría listo para volcarse al oficialismo, estimulado por la presencia del rionegrino en la fórmula. Claro, eso se verá en el momento en que se abran las urnas y se cuenten los votos. Pero lo mínimo que puede decirse hoy, de antemano, es que la persona elegida no parece congruente con la función asignada. Aún con la representación unida del peronismo, Pichetto quedó muy lejos del triunfo en las dos ocasiones que pretendió ganar la gobernación de su provincia: electoralmente no es una figura prometedora. Es el modus operandi del actual oficialismo. Frente a las dificultades políticas siempre hay una jugada publicitaria dirigida a intervenir en el estado de ánimo de la sociedad. En poco tiempo pasamos por los “precios esenciales”, por los “diez puntos” para un acuerdo político nacional y ahora pasamos a discutir (por unas horas) la apertura del gobierno al peronismo y la tranquilidad que el giro ha producido en los mercados. El “operativo euforia” se ve obligado, entre otras cosas, a festejar la estabilidad del precio del dólar durante algunas semanas, después de haber multiplicado por cinco ese valor en apenas tres años largos de gobierno y a celebrar como un logro una inflación anual del 56%. Todo eso en el contexto de una verdadera catástrofe social provocada por la política de estos años. La imaginación publicitaria nos propone la esperanza en el final del túnel, mientras estamos avanzando hacia una crisis terminal. Claro que el operativo –ingenioso como buena parte de lo que produce la publicística oficial– tiene visibles problemas sobre los que incluso algunos de sus opinólogos se han visto obligados a deslizar una advertencia. El principal de esos problemas es que el nombre elegido, además de su visible falta de encanto electoral es portador simbólico de un arriesgado viraje en el interior del espectáculo macrista. Allá por el año 2014 el actual presidente sorprendió a muchos cuando anunció que, contra el consejo del “círculo rojo”, él no se presentaría a la elección unido a la “vieja política”, que en ese momento tenía el nombre de Sergio Massa. El macrismo se presentaba así como lo absolutamente nuevo, lo no contaminado. Y esa huella se fue recorriendo y ensanchando en la medida en que la retórica del gobierno pasó progresivamente de la descalificación del populismo kirchnerista a la promesa refundacional de terminar con los últimos desastrosos setenta años de la política argentina. Es decir, terminar con la historia del peronismo. Ahora la euforia se desata alrededor de la inclusión en el centro de la escena de un peronista. Y no de un peronista marginal sino de un cacique legislativo central de los gobiernos de Menem, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner. Se dirá que nadie vota por refundar o no refundar, que suele ser retórica pura. Pero lo que no es un asunto simplemente retórico es el antiperonismo. Esa identidad negativa tiene un viejo y profundo arraigo social. Ha sido rabiosamente cultivada por la coalición gobernante, cuyos principales referentes lo han usado como sinónimo de corrupción y fracaso. Hoy la apelación al peronismo es una de las últimas cartas del régimen macrista. La “nueva política” terminó. Pero el movimiento de su derrumbe no

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La temible cruzada del gobierno estadounidense contra Julian Assange y Chelsea Manning

Fuente: Amy Goodman y Denis Moynihan | Democracy Now! Fecha: 14 Junio 2019 “El Congreso no podrá hacer ninguna ley (…) que limite la libertad de expresión, ni la libertad de prensa”. Así lo indica la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, por primera vez, un editor está siendo procesado en virtud de la Ley de Espionaje, que data de la Primera Guerra Mundial. Julian Assange, cofundador del sitio web de denuncia WikiLeaks, podría enfrentar una condena de hasta 170 años de prisión en caso de ser extraditado a Estados Unidos desde el Reino Unido. El caso podría asestar un gran golpe a la libertad de prensa en Estados Unidos. Estados Unidos acusó formalmente a Assange por primera vez en abril de este año, por el delito de intentar ayudar a un informante del Ejército estadounidense a ingresar a un sistema informático militar, delito por el cual Assange podría enfrentar hasta cinco años de prisión. Más adelante, el 23 de mayo, el Departamento de Justicia emitió una acusación adicional, en la que se sumaron 17 cargos más, por violar la Ley de Espionaje. Los nuevos cargos, según escribió el comité editorial del periódico The New York Times el día en que se anunciaron, “podrían tener un efecto escalofriante sobre el periodismo estadounidense tal como se ha ejercido durante generaciones. Está dirigido directamente al corazón de la Primera Enmienda”. El periódico The New York Times fue una de las varias organizaciones de prensa en asociarse con la plataforma web de denuncia en la publicación de material que se brindaba de forma anónima. Desde su lanzamiento en 2007, WikiLeaks demostró ser una fuente confiable de evidencia documental crítica en torno a actividades ilícitas empresariales y gubernamentales. En 2007, WikiLeaks publicó un manual secreto de la cárcel de la Bahía de Guantánamo, escrito en 2003, que contenía instrucciones para que los guardias les negaran a los prisioneros el acceso al Corán y a las visitas de la Cruz Roja para “explotar la desorientación y la desorganización que siente un detenido recién llegado”; esto constituye una violación de la legislación internacional acerca de los derechos humanos. No mucho después, el Centro de Contrainteligencia del Ejército estadounidense elaboró un documento secreto –posteriormente filtrado y publicado por WikiLeaks– donde se calificaba a la web de denuncia como “una potencial amenaza a la protección de las fuerzas, las operaciones de contrainsurgencia, la seguridad operacional y de seguridad de la información del Ejército de Estados Unidos”. En abril de 2010, WikiLeaks saltó a la primera plana de la prensa internacional cuando hizo público un video en el que se muestra un ataque y masacre indiscriminada de civiles en Bagdad. El video fue grabado el 12 de julio de 2007 por un helicóptero militar estadounidense de combate Apache e incluye el audio de las transmisiones de radio militares. Dos empleados de la agencia de noticias Reuters –el periodista iraquí Namir Noor-Eldeen y su chofer, Saeed Chmagh– murieron en el ataque, junto con al menos otras ocho personas. Dos niños resultaron gravemente heridos. Las transmisiones de radio muestran no solo la absoluta insensibilidad de los soldados, que se ríen e insultan mientras matan, sino también el estricto procedimiento que siguen, donde se aseguran de que todos sus ataques estén claramente autorizados por su cadena de mando. Reuters había solicitado en reiteradas ocasiones información al Pentágono sobre la muerte de sus dos empleados, pero no había recibido nada. Fueron necesarios un denunciante valiente y WikiLeaks para revelar el horror del ataque del helicóptero, una clara prueba en video de un posible crimen de guerra. El denunciante fue finalmente identificado como el soldado Bradley Manning. Manning fue encarcelado en régimen de aislamiento, en condiciones que Naciones Unidas describió como equiparables a la tortura. Luego fue juzgado y condenado. Inmediatamente después de recibir una condena de 35 años de prisión, Manning anunció una transición de género y cambió su nombre a Chelsea. El presidente Barack Obama finalmente conmutó su sentencia y Manning fue liberada en mayo de 2017. No obstante, su calvario no había terminado. En febrero de 2019 la convocaron a comparecer ante un gran jurado para declarar sobre WikiLeaks y Julian Assange. Ella afirmó que ya había dado testimonio completo ante el tribunal militar que cursó su juicio en 2013, por lo que se negó a declarar de nuevo. Por ello, la encarcelaron durante dos meses. A continuación, la convocaron para testificar ante un segundo gran jurado. Por negarse a declarar una vez más, permanece encarcelada desde el 16 de mayo. En cuanto a Julian Assange, desde el año 2012 estuvo viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde le habían dado asilo político. Assange huyó a la embajada porque temía ser extraditado a Estados Unidos. El pasado 11 de abril, las autoridades británicas ingresaron a la embajada y lo arrestaron por la fuerza. Ahora está cumpliendo una sentencia de 50 semanas de prisión por violar los términos de su libertad condicional en otro caso aparte. Nils Melzer, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, afirmó tras visitar a Assange en la prisión británica donde se encuentra recluido: “El señor Assange muestra todos los síntomas de una persona que ha estado expuesta a la tortura psicológica durante un período prolongado de tiempo”. Julian Assange no pudo comparecer en su audiencia judicial más reciente debido a problemas de salud. Ben Wizner, director del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, afirmó acerca de la nueva acusación: “Por primera vez en la historia de nuestro país, el gobierno ha presentado cargos penales contra un editor por la publicación de información veraz. Esta es una escalada extraordinaria de los ataques del gobierno de Trump contra el periodismo, y un ataque directo contra la Primera Enmienda”. Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira Frega. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras

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¿Fin de cuál ciclo?

Fuente: Atilio Borón | Telesur HD Fecha: 10 junio 2019 Fueron muchas y muchos los que a mediados de esta década y en coincidencia  -¿casual, involuntaria?- con el despliegue de la ofensiva restauradora del imperio se apresuraron a anunciar el “fin del ciclo” progresista en Latinoamérica. La derrota del kirchnerismo en el 2015 y el ilegal e ilegítimo derrocamiento de Dilma Rousseff en 2016 así como el grotesco juicio y encarcelamiento de Lula aparecían como signos inequívocos del inicio de un nuevo ciclo histórico. Sólo que los profetas de esta epifanía jamás se aventuraron a arriesgar algo muy elemental: ¿qué venía después? Terminaba un ciclo, bien, pero: ¿quería esto decir que comenzaba otro? Silencio absoluto.  Dos alternativas. O bien adherían a las tesis de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, cosa absurda si las hay; o como los más audaces insinuaban, con fingida preocupación, estábamos al comienzo de un ciclo largo de gobiernos de derecha. Digo fingida porque, hipercríticos con los gobiernos del ciclo supuestamente en bancarrota in pectore preferían la llegada de una derecha pura y dura que, supuestamente, acentuaría las contradicciones del sistema y mágicamente abriría la puerta a quien sabe qué … porque, sorprendentemente, ninguno de esos acerbos críticos del ciclo progresista hablaba de revolución socialista o comunista, o de la necesidad de profundizar la lucha antiimperialista. Por lo tanto, su argumento meramente retórico y academicista moría en la mera certificación del presunto cierre de una etapa y nada más. Ahora bien: todos esos discursos se derrumbaron abruptamente en las últimas semanas.  En realidad, ya venían cuesta abajo desde el inesperado triunfo de López Obrador en México y su tardía incorporación al “ciclo progresista”. Su victoria demostraba que si bien herido seriamente éste no había muerto. La debacle del macrismo y su casi segura derrota en las presidenciales de octubre de este año y la reciente revelación de las ilegales e inmorales argucias fraguadas entre el corrupto juez Sergio Moro y los fiscales del poder judicial brasileño para enviar a la cárcel a Lula asestan un duro golpe a los dos puntales sobre los cuales reposaba el inicio del supuesto ciclo “pos-progresista”. En la Argentina los macristas esperan lo peor, sabiendo que sólo un milagro los salvaría de una derrota. Y Bolsonaro está al borde del abismo por la crisis económica del Brasil y por haber designado como super-ministro de justicia a un letrado inescrupuloso que da un rotundo mentís a su pretensión de ofrecer un gobierno transparente, impoluto, inspirado en los más elevados principios morales del cristianismo que le inculcaron los pastores de la iglesia evangélica cuando -apropiada y oportunistamente- lo rebautizaron en el río Jordán como Jair “Mesías” Bolsonaro. Las filtraciones de los chateos por WhatsApp y conversaciones entre Moro y los fiscales dadas a conocer por The Intercept , amén de las múltiples denuncias por corrupción en su contra y sus hijos, revelan que este santo varón llamado a lavar de sus pecados a la política brasileña no es otra cosa que el jefe de una banda delictiva, un impostor, un charlatán de feria, un energúmeno cuyos días en el Palacio del Planalto parecen estar contados. Y mantener a Lula en prisión será cada día más difícil habida cuenta de la farsa jurídica perpetrada en su contra y ahora exhibida a plena luz del día. Y Lula libre es un peligro de marca mayor para el actual gobierno de Brasil. ¿Se trata de que sólo Argentina y Brasil están incumpliendo con los pronósticos de los teóricos del “fin de ciclo”? No. ¿Qué decir del desastre colombiano, una verdadera “dictablanda” pseudoconstitucional donde según el tradicional periódico El Tiempo “durante los primeros 100 días de mandato del presidente Iván Duque se han registrado 120 asesinatos de líderes”, un baño de sangre comparable o peor que el de las dictaduras que asolaron países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay  en los setentas y ochentas (https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408). Y qué decir del caso del Perú, en donde todos sus ex presidentes desde 1980 (Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García están presos, fugados o suicidados, lo que junto con la catástrofe colombiana y la deserción de México humedeció irreparablemente la poca pólvora que quedaba  en manos del “Cartel de Lima” como lacayo regional del Calígula estadounidense. Mismo el caso chileno no está exento de dudas toda vez que la deslegitimación de su sistema político ha llegado a niveles sin precedentes. En efecto, ante la escandalosa capitulación de esa frágil democracia frente a los grandes intereses corporativos, en cuyo nombre exclusivamente se gobierna,  la mayoría de la población adulta ha optado por el abstencionismo electoral con el consecuente vaciamiento del proyecto democrático.  En pocas palabras: lo que supuestamente vendría una vez consumado el agotamiento del “ciclo progresista” es por lo menos problemático y está muy lejos de constituir una alternativa superadora del “extractivismo” o el “populismo” que supuestamente habrían caracterizado los gobiernos precedentes. Lo anterior no debe interpretarse como una aseveración de que el ciclo iniciado con el triunfo de Chávez en las presidenciales de Diciembre de 1998 en Venezuela prosigue su marcha imperturbable. Mucho ha sufrido en los últimos tiempos. El cambio en el clima económico internacional le juega en contra; la obra de destrucción llevada a cabo por Macri, Piñera, Duque, Bolsonaro y la infame traición de Moreno, esa verdadera “armada Brancaleone” que Trump y su predecesor instalaron en Latinoamérica, ha socavado muchos de los avances del pasado. Pero la realidad es porfiada y un traspié no es derrota, como tampoco lo es un retroceso puntual.  El viejo topo de la historia prosigue incansable su labor, favorecido por la exasperación de las contradicciones de un capitalismo cada vez más salvaje y predatorio. La larga marcha por la emancipación de nuestros pueblos -que nunca fue lineal e invariablemente ascendente- sigue su curso y acabará por desalojar a esos gobiernos entreguistas, reaccionarios y cipayos que hoy agobian a Latinoamérica y nos avergüenzan ante el mundo. Y no habrá que esperar mucho para verlo.

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El hombre de Trump en Jerusalén está dañando el proceso de paz

Fuente: Editorial de Haaretz Fecha: 10-06-2019 Los comentarios del embajador estadounidense David Friedman la semana pasada, que implican que Estados Unidos está dando el visto bueno al gobierno de Israel para anexar unilateralmente parte de Cisjordania, equivalen a escupir a los palestinos. Y auguran un dolor de cabeza para cualquiera que busque una solución justa al conflicto israelí-palestino basado en la división de la tierra y el reconocimiento del derecho de ambos pueblos a la libre determinación. Friedman ha ayudado durante dos años a redactar el «acuerdo del siglo», junto con el yerno y asesor principal del presidente Donald Trump, Jared Kushner y el representante especial de Trump para las negociaciones internacionales, Jason Greenblatt. Friedman dijo en una entrevista con The New York Times: «Bajo ciertas circunstancias, creo que Israel tiene el derecho de retener parte, pero es poco probable, de Cisjordania». No especificó cuáles podrían ser esas circunstancias. También se negó a decir cómo responderían los Estados Unidos si el Primer Ministro Benjamin Netanyahu se moviera para anexar unilateralmente las tierras de Cisjordania. «Realmente no tenemos una opinión hasta que entendamos cuánto, en qué términos, por qué tiene sentido», dijo Friedman. Estas declaraciones, identificadas con la posición del derecho anexionista de Israel, destruyen la legitimidad de Friedman como un agente honesto y justifican retroactivamente los temores de los palestinos sobre el plan de paz de Trump. Después de tales comentarios, es difícil sorprenderse por las sospechas de los palestinos, que se expresan en parte por su intención declarada de boicotear la cumbre en Bahrein, donde se espera que Estados Unidos divulgue la sección económica del plan. En la entrevista, Friedman incluso acusó al gobierno de Obama al permitir la aprobación en 2016 de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU -que establece que los asentamientos israelíes violan el derecho internacional- de dar crédito a los argumentos palestinos «de que toda Cisjordania y Jerusalén oriental les pertenecen”. «Ciertamente, Israel tiene derecho a retener parte de» la Ribera Occidental, dijo Friedman. Friedman está equivocado y es engañoso. Israel no lo tiene según el derecho internacional porque este es un territorio ocupado que no puede ser anexado. Esa fue también la posición de la administración de los Estados Unidos, hasta ahora. La retracción de esta posición es también la razón por la que cinco senadores demócratas presentaron la semana pasada una resolución que apoya una solución de dos estados y se opone a la anexión de cualquier parte de Cisjordania. Los demócratas saben lo que sabe el campo de paz de Israel: solo una solución de dos estados puede garantizar los derechos de ambos pueblos, y la anexión unilateral de los territorios es contraria a los intereses de Israel. Si los Estados Unidos son sinceros acerca de querer celebrar una conferencia de paz con la participación palestina y actuar como un intermediario honesto entre las dos partes, sus representantes deben ser neutrales. Friedman representa los intereses del derecho de los colonos, y no cumple con estas condiciones previas. Traducción: Dardo Esterovich

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Pólvora mojada

Fuente: Alejandro Marino | Revista Zoom Fecha: 10 junio 2019 Claudio Bonadio lo hizo de nuevo. El pasado jueves 6, el juez emitió su decimoprimer procesamiento contra Cristina Fernández. La acusa, como la mayoría de las veces, de encabezar una asociación ilícita, en esta ocasión dedicada a cobrar coimas de la “cartelización de la obra pública” y las concesiones viales. El magistrado asentó su acusación en un escrito de 678 páginas. Así de ordinarios son los términos de la guerra judicial contra el ex gobierno K. El caso es un desprendimiento de la “causa de los cuadernos”, un promocionado expediente con fallas de origen -los cuadernos nunca aparecieron-, sostenido por la “delación premiada” de acusados instigados a “confesar” bajo amenaza de perder la libertad. Supuestas confesiones que, por cierto, no fueron filmadas, como prescribe la ley. Las sospechas de operaciones de inteligencia, aprietes y manipulación judicial que desde el vamos sobrevolaron la causa de los “cuadernos” se materializaron en el expediente que el juez Alejo Ramos Padilla sigue en Dolores. En esa causa se investigan, entre otras cosas, los elocuentes vínculos entre el submundo del espionaje -legal e ilegal- con el fiscal Carlos Stornelli, el rebelde coequiper de Bonadio en la campaña anti K. En ese punto, la estadística es contundente: de los 13 procesamientos a CFK, 11 fueron emitidos por Bonadio. El juez, además, firmó 12 de los 15 llamados a indagatoria de la ex mandataria -10 a pedido de Stornelli-, y es autor del cien por ciento de los pedidos de prisión: la reclamó siete veces. ¿Esa manifiesta enemistad implica que el centenar de nuevos acusados -entre ex funcionarios y empresarios- son inocentes? Nunca se sabrá con certeza. La ciénaga en la que chapotean jueces y fiscales convirtieron a la justicia en una cuestión de fe: sea cual fuere el veredicto, habrá argentinos que percibirán que el fallo fue injusto. Otra consecuencia de la justicia cloacal es el uso del estado de sospecha como insumo político. Hasta el sábado 18, cuando se anunció su pre candidatura a presidente, Alberto Fernández estaba exento de acoso judicial. El martes 21, 48 horas hábiles después, el candidato ya tenía una carátula con su nombre: un abogado lo denunció de «coacción» por haber opinado sobre el desempeño de los jueces. El caso quedó en manos de la flamante jueza federal 5, María Eugenia Capuchetti, relacionada a los orientadores judiciales Enrique Nosiglia y Daniel Angelici. Fernández se convirtió así en la primera «causa rehén’ de la flamante magistrada. En la jerga de Comodoro Py, se conoce como «causa rehén» a los expedientes que, sin mayor sustancia, se mantienen abiertos durante años con el único objetivo de ser utilizados como arma de defensa o ataque de los magistrados, según la ocasión. Mecanismos de este tipo son exhibidos con lujo de detalles en el libro Forum Shopping Reloaded, del abogado Pablo Slonimsqui. “En los lugares civilizados a nadie lo juzga su enemigo” afirmó tiempo atrás a Revista Zoom el autor de esa guía práctica sobre los múltiples mecanismos de manipulación judicial. Es evidente que un sector de la justicia Argentina escogió la barbarie. Guerra de bajo rating A pesar de las evidente intencionalidad política de la pirotecnia judicial, el sistema mediático cercano al gobierno se esmera en seguir caracterizando al período K como una cleptocracia. Pero la caída libre en el rating de canales como TN indica que cada vez más ciudadanos desconfían del remanido bombardeo catódico. Hay encuestas que cuantifican ese fenómeno: un sondeo elaborado por alumnos de la carrera de Comunicación de la UBA, publicado en mayo, reveló que siete de cada diez argentinos descreen de lo que dicen los medios. El descrédito del relato filomacrista explica una parte del crecimiento electoral de CFK. No es, como se dice con desprecio desde las usinas gubernamentales, que los argentinos tienen predilección por el «roba pero hacen» o son «fanáticos de una secta» impermeables a las evidencias. Sencillamente no creen -o tiene dudas razonables- de la solvencia probatoria de las acusaciones que se acumulan desde hace años en tribunales. Y que salen o entran del radar de la opinión pública en función de las necesidades del poder. La propia Corte admitió causa y efectos de la justicia cloaca en el comunicado donde explicó por qué pidió el expediente de la causa por presuntas coimas en la obra pública de Santa Cruz: “De este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno los procesos llevados adelante culminaron nulificándose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad”. A confesión de partes… En aquel momento, el pedido de la Corte fue interpretado como un intento de frenar el inicio del primer juicio oral y público a la ex presidenta, que finalmente comenzó. El 21 de mayo, el gobierno de Cambiemos obtuvo la foto que buscó desde el primer día de gestión: la de CFK en el banquillo de los acusados. Pero el efecto estuvo lejos de ser como lo imaginaron en la Casa Rosada: la postal, difundida a repetición por el sistema tradicional de medios al servicio del macrismo, no impactó sobre la intención de voto de la ex presidenta, que se mantuvo firme en la orilla de los 38 puntos, cerca de los 40 puntos que precisa la fórmula que encabeza Alberto Fernández para ganar en primera vuelta y evitar un balotaje. La prueba más elocuente de que al “lawfare” se le mojó la pólvora es el acercamiento de Sergio Massa al PJ-K. El tigrense estiró todo lo que pudo su apuesta a una “tercera vía” que se nutriera del eventual derrumbe K. En las próximas horas, sin embargo, firmaría un acuerdo de convivencia con la jefa que repudió para obtener un espacio en el frente opositor que se propone vencer a Macri. Un símbolo de la época: Massa integra el largo listado de dirigentes peronistas que apostaron por la guerra judicial para erradicar del firmamento político al colectivo K. Su regreso

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