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Fuente: Guillermo Wierzba | El cohete a la luna Fecha: 29 de diciembre de 2019 Acorralado y desprestigiado debido a los pésimos resultados macroeconómicos de su gestión, el gobierno de la Alianza Cambiemos, rebautizada como Juntos por el Cambio, intentó resaltar aspectos presuntamente exitosos de la misma. Sus referentes y los operadores-periodistas que la blindaban eligieron apologizar supuestas mejoras en la vida institucional argentina, como soporte para sostener la campaña reeleccionista del presidente neoliberal que culminaría su mandato el 10 de diciembre pasado. Pero el debate planteado dejó expuestas las evidencias de un grave deterioro de esa vida institucional durante el macrismo. El intento de designar jueces supremos por decreto, la estigmatización y represión de la movilización social, las presiones sobre el Poder Judicial y la articulación con sectores de éste para el despliegue de una sistemática persecución a dirigentes sociales y funcionarios de los gobiernos anteriores, caracterizaron ese grave retroceso. Fuera de la ley Una cuestión adicional fue el incumplimiento de la Ley como modo permanente de ejercicio del gobierno. Hoy se tramitan judicialmente, entre otras, la causa sobre el incumplimiento de las formalidades necesarias y exigidas por el orden legal y administrativo en el endeudamiento con el FMI. La lógica de comportarse por fuera de las leyes incluyó la violación permanente de la Carta Orgánica del BCRA. El artículo 3° de la Carta Orgánica sancionada en 2012 expresa la clave del cambio de legislación que se introdujo, dándole al organismo objetivos múltiples que reemplazaban la versión sustituida que sostenía uno único. El texto vigente establece que: “El banco central tiene como finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Con un claro objetivo de escamotear lo previsto por la Ley, Szturzenegger en su discurso 14/12/15 expresó: “Fíjense qué interesante cómo está redactado. Lo que aquí se enumeró no está en orden alfabético, está en orden de prelación o importancia”. El Doctor en Economía del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) había resuelto autorizarse, así, a dar por legislado lo que no lo está: jerarquizar el objetivo de “estabilidad monetaria” frente a los otros establecidos para la institución, acudiendo al orden prelativo. Szturzenegger aseguró que en una enumeración siempre existe una jerarquía y fijó un criterio, no enunciado por el legislador, que implicó inferir una misión para el Banco Central, devaluando el cambio de la Carta Orgánica, y que de hecho significó asimilarla al espíritu de la ley sustituida. Así, el economista ortodoxo se hizo su propia ley. ¡Vaya institucionalidad! Metas de inflación Con esa treta se dio comienzo al período de aplicación de un esquema de metas de inflación para bajar la tasa de crecimiento de los precios. El banco central asumió, así, el dispositivo preferido y recomendado por el FMI, para la construcción de las políticas monetarias y el combate de la inflación. El diagnóstico subyacente respecto de ésta es que el incremento de los precios proviene de un exceso de demanda en la economía. Para combatirlo, el Banco Central adopta como instrumento la tasa de interés de referencia de política, con la cual pretende afectar el precio de los activos y el resto de los tipos de interés. La autoridad monetaria se propone una inflación objetivo, y si se evidencia una tendencia de la tasa de inflación efectiva a superarla, se elevará el tipo de interés de referencia, provocando la disminución de la actividad económica, el consumo y la inversión, para lograr un descenso del ritmo de crecimiento del nivel de precios. El esquema supone que la reducción de la actividad también impactará en el nivel de empleo, deprimiéndolo, para alcanzar una tasa de desocupación que, como manifiestan Abeles y Borzel en el documento de trabajo n°1 del CEFID-AR Metas de Inflación: implicancias para el desarrollo, “mantiene los reclamos salariales en línea con la distribución del ingreso prevaleciente”. Una de las condiciones requeridas para la aplicación del dispositivo de Metas de Inflación es la independencia de la autoridad monetaria, autonomizada de las representaciones ciudadanas, que, una vez definida cuantitativamente la meta inflacionaria, deberán abstenerse de discutir la estructura del régimen de política monetaria. ¡Vaya democracia! Su aplicación requiere la libre flotación cambiaria y la libre movilidad internacional de capitales. Este régimen fue aplicado durante el gobierno de Macri hasta que estas dos últimas condicionalidades, junto a la decisión de financiar el déficit fiscal en pesos tomando préstamos en dólares, condujeron a la situación de iliquidez e insolvencia externa. De hecho, un virtual default, sin haber logrado -ni haberse acercado nunca- a las metas de inflación planteadas, pese a haber sometido a la economía a una elevadísima tasa de interés que, junto a otras medidas de política económica, provocaron el devenir de un cuatrienio de caída del PBI, derrumbe del salario y de los ingresos fijos y aumento del desempleo. Un festival de títulos y letras Mientras tanto, un festival de títulos y letras remuneraban con abultados intereses al capital especulativo. En la Argentina el esquema de Metas de Inflación constituyó un rotundo fracaso de la receta fondomonetarista. Por el contrario, el nivel inflacionario superó con creces el tan cuestionado de los doce años de gobierno popular. Siendo dos inflaciones de sustancia distinta. Mientras la primera se desplegaba en un patrón de acumulación de valorización financiera que despojaba a los sectores populares, la del período del gobierno de Cristina Fernández expresaba una puja distributiva, en la que los asalariados defendían las mejoras alcanzadas. Pero el fracaso en Argentina de tal régimen, no es un episodio aislado. La ineficacia parece extenderse a los países periféricos en general. La ortodoxia se ha empeñado en destacar la disminución del traspaso (pass throught) del tipo de cambio a precios en esos países, adjudicando su causalidad al establecimiento de regímenes de metas de inflación, asociados a un crecimiento de la credibilidad en las autoridades monetarias y al cumplimiento de las otras condiciones requeridas para la vigencia

Fuente: Raúl Kollmann | Página/12 Fecha: 28 de diciembre de 2019 No será una nueva pericia, sino un análisis técnico y científico del informe que la Gendarmería presentó en la causa. Probablemente participen expertos independientes, enmarcados en una Comisión que diseñe y concrete el estudio. Su comienzo coincidirá con el recambio de las cúpulas de las fuerzas de seguridad. Pese a la andanada de los medios oficialistas y hasta advertencias de Comodoro Py, habrá una revisión de los trabajos que hizo la Gendarmería en la causa Nisman. No será una nueva pericia, sino un análisis técnico, inicialmente interno, de lo realizado por la Dirección de Pericias de la fuerza en un hecho de trascendencia judicial, política e histórica. Fue el propio Presidente de la Nación el que pidió que se revise lo actuado. El formato del estudio todavía no está definido, aunque posiblemente se conforme una Comisión en la que participarían no sólo integrantes de la Gendarmería, entre otras cosas porque gran parte del trabajo tiene que ver con la autopsia, un terreno en que la fuerza no tiene capacitación. Como se sabe, aquella pericia incorporada a la causa fue un verdadero grotesco que tuvo como hipótesis central que al fiscal le dieron una cantidad indeterminada de una sustancia llamada ketamina, de la que apenas se encontraron trazas y que no se sabe cómo se la suministraron porque en el cuerpo de Nisman no había rastros de ninguna inyección. La jugarreta se evidenció desde el principio cuando el diario Clarín anunció el resultado de la pericia sin que siquiera hubieran empezado los trabajos. Fue en mayo de 2017, con el siguiente título: «Nuevas pericias oficiales sostendrán que a Nisman lo asesinaron». Recién en noviembre se terminó el estudio, por supuesto confirmando lo anunciado por el diario, que estaba en línea con lo pedido por Cambiemos. El anuncio de la ministra Sabina Frederic de que se hará una revisión de la conducta de la Gendarmería en los casos Maldonado, Nahuel y Nisman provocó la histeria de los medios alineados con Cambiemos y de los dirigentes de esa fuerza. También desde Comodoro Py hicieron circular en off the record que se oponen a cualquier revisión y que si se hace un nuevo análisis significaría una especie de «intromisión» en la justicia. Finalmente en la tarde de este viernes el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, afirmó que «no tenemos ningún plan de repetir el peritaje». El diputado Waldo Wolff le puso su toque de desprecio y misoginia refiriéndose a Frederick «a esta chica hay que explicarle como funciona la república «. En realidad, Frederic no hará ningún trámite judicial. Va a ordenar, a fin de enero, que se realice una revisión de la calidad técnica y científica del informe que la Gendarmería presentó en la causa. La ministra sostiene que es pública la controversia por ese estudio y que corresponde que la fuerza revise si se actuó correctamente. Es una segunda mirada sobre algo realizado por la Gendarmería. Una vez que estén los resultados, seguramente se enviará el estudio al fiscal y al juez Julián Ercolin, que serán libres de disponer lo que consideren. No es verdad que el estudio de la Gendarmería haya sido aceptado por las partes: la defensa del informático Diego Lagomarsino presentó un largo análisis firmado por los conocidos forenses Mariano Castex y José Speranza, además del balístico y criminalista Luis Olavarría, que contradijeron a la Gendarmería y sostuvieron que Nisman se suicidó. Pero la mayor controversia fue con los integrantes del Cuerpo Médico Forense que destrozaron el estudio de la Gendarmería como se reflejó en la nota publicada por Página/12 en octubre de 2017. El CMF forense conocía el caso al dedillo porque recibió en pocas horas el informe de la médica que revisó el cuerpo en el mismo baño donde se lo encontró; intervino a través de dos forenses en la autopsia que se hizo a las 8 de la mañana del día posterior, y revisó los resultados en una junta médica en la que participaron 14 especialistas del máximo nivel. En el CMF están los mayores expertos en la realización de autopsias: realizan unas 3.000 por año, comparado con los de la Gendarmería que no hacen ni una sola. En concreto, el CMF sostuvo: * Que no existía evidencia alguna de que a Nisman lo hayan drogado, porque ni siquiera la Gendarmería pudo cuantificar la ketamina que supuestamente le dieron para atontarlo y llevarlo dócilmente al baño. La evidencia fue tan floja que ni el fiscal Taiano pudo convalidar lo dicho por los gendarmes y no pudo incluirlo en su dictamen. Todo indica que la ketamina apareció por una contaminación en el cromatógrafo de la fuerza verde. * La Gendarmería sostuvo que para suministrarle la ketamina a Nisman le pegaron primero una tremenda paliza. Es algo que no se verifica en la realidad: no se encontró ni una gota de sangre fuera del baño ni hubo el menor desorden en todo el departamento. * Sobre esto el CMF dijo que los peritos de la Gendarmería cometieron groserías elementales: por ejemplo, confundieron un derrame biliar con una hematoma; una lesión post mortem típica de los dientes dejando marca en el labio inferior, con un golpe en la boca, y, sobre todo, diagnosticaron que a Nisman le fracturaron la nariz, cuando es el efecto de un leve chanfle en la radiografía que le tomaron de la cara. En las fotos y videos se ve con claridad que Nisman no tenía ninguna marca morada ni rastro alguno en la nariz, cuando una fractura produce marcas tremendas. * La Gendarmería batió un record internacional del delirio señalando que Nisman murió a las 2.46 de la mañana del 18 de enero. Es algo que no tiene parangón. Es obvio que todo estudio forense traza una franja horaria, porque no existe la menor capacidad de señalar en qué minuto murió una persona dado que el cálculo depende de la temperatura ambiente, del cuerpo de la persona y de las características que tiene el lugar y el individuo. La Gendarmería argumentó que «eso es lo que arrojaron los cálculos de

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha: 17 de diciembre de 2019 El expediente que martirizó a Héctor Timerman naufraga en el purgatorio de la historia, al igual que sus perpetradores. Cambio de escenario y roles a un año de una persecución mortal. La procesada ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, derrapó al comparar el asilo otorgado a Evo Morales con la llegada de nazis al país. Y la DAIA la acusó de “banalizar el Holocausto”. Una controversia impensable en días no lejanos. De hecho, el 18 de julio pasado, en el acto por los 25 años del atentado a la AMIA, ella fue aplaudida por la dirigencia comunitaria, mientras el ex vicepresidente de la DAIA y diputado del PRO, Waldo Wolf, sonreía a su lado. Desde los orígenes del régimen macrista, ambos habían compartido una epopeya: apoyar la denuncia contra CFK y Héctor Timerman, entre otros, por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Una causa que el devenir de la realidad atascó en el purgatorio de la Historia. Ahora el destino quiso que el conflicto de esa mujer con la entidad israelita coincidiera con la fecha en que Timerman hubiese cumplido 66 años y la proximidad del primer aniversario de su muerte. Instruido por el juez federal Claudio Bonadio, dicho expediente fue un himno al desplome del estado de Derecho. Y el procesamiento del ex canciller requirió, por su debilitada salud, una dosis extrema de crueldad. Prueba de eso fue que su absurda prisión preventiva le impidió viajar a Estados Unidos para continuar el tratamiento oncológico. De modo que su cuadro se agravó. Era como si pesara sobre él una condena a muerte aún no escrita. Pero ya festejada en redes sociales por sujetos despreciables como Fernando Iglesias, Eduardo Feinmann y Federico Andahazi. Un detalle que convertía tal condena en un linchamiento. Y qué, en un plano más que simbólico, articulaba nada menos que la continuidad del martirio de su padre, el periodista Jacobo Timerman, durante la última dictadura. Jacobo fue secuestrado en su hogar por una patota de La Bonaerense el 15 de abril de 1977. Primero fue llevado a Campo de Mayo antes de pasar por otros centros clandestinos de detención. En todos esos sitios fue torturado con saña por su condición de judío mientras sus captores encabezados por Camps y Etchecolatz le inquirían sobre temas tan variados como la relación entre el diario y la guerrilla, el sionismo, la teoría marxista y, desde luego, el dinero de David Graiver. La repercusión internacional del asunto fue notable, particularmente por su trasfondo antisemita. Así lo entendió, por caso, la Liga Antidifamación de la B’nai B’rith al organizar una campaña pública por la libertad de Timerman con apoyo del senador Edward Kennedy, que hasta incluía una gira del propio Héctor –de 23 años, por entonces– para hablar de su padre en varias ciudades norteamericanas y canadienses. En Argentina, en cambio, el silencio de la dirigencia judía era absoluto. En parte porque el presidente de la DAIA, Nehmías Resnizky, tenía una deuda con los militares: ellos habían secuestrado a su hijo y después le permitieron viajar a Israel. ¿Y su sucesor, Mario Gorenstein? Ese hombre, ya sin presiones de tamaña magnitud, afirmó en 1980 que Timerman “no fue detenido por ser judío”, y que el régimen castrense era “muy receptivo a denuncias por casos de antisemitismo”. Cabe destacar que en la crucifixión de Héctor el papel de la DAIA fue aún más vil, puesto que sus jefes no eran esta vez cómplices pasivos sino los artífices de su desgracia, en tándem con la servidumbre judicial del macrismo. Fue dicha dirigencia la que lo denunció en base a una trampa tendida por el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, al grabar clandestinamente en 2013 una conversación telefónica con él; allí, en su condición de canciller, se lo escucha decir sobre la táctica para indagar al lote de iraníes sospechados del atentado a la mutual judía: «¿Y con quien querés que negocie? ¿Con Suiza?”. Esa frase, en términos “procesales”, fue su pecado. Así lo interpretó a fines de 2015 el fiscal Eduardo Taiano al imputar a Héctor por “traición a la patria y encubrimiento”. Una iniciativa festejada por la señora Alonso. “Timerman debe muchas explicaciones. Que lo haga ante la Justicia es lo correcto”, supo señalar entonces en una entrevista con la agencia Vis a Vis (propiedad de Claudio Avruj y Guillermo Yanco, marido de Patricia Bullrich). La buena de Laurita también dijo: “Hoy el Memorándum no existe porque la AMIA y la DAIA plantearon una lucha muy fuerte. Los aplaudo por el coraje de haberlo hecho. Y me alegra haber acompañado en la lucha a los dirigentes de las dos organizaciones”. En este punto no está de más retroceder al ya remoto invierno de 2013, cuando el por entonces presidente de la DAIA, Julio Schlosser, se reunió con Timerman en la Cancillería para discutir el Memorándum. El cónclave fue reconstruido por Timerman el 10 de febrero de 2018 en su piso frente a la Plaza Alemania, al recibir –ya convaleciente y con arresto domiciliario– al autor de esta nota; también estaba el dirigente de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y el periodista Juan José Salinas. Los detalles vertidos por él adquieren ahora una notable relevancia. Schlosser había llegado al despacho de Timerman con su vice, Wolff, y el secretario general Jorge Knoblovits. Al canciller lo secundaba el secretario de Culto, Guillermo Oliveri. Los visitantes no creían que el acuerdo con Irán para interrogar allí a los presuntos responsables del atentado pudiera guiar la pesquisa hacia la verdad. También invocaron “impedimentos estratégicos” no debidamente aclarados. Y al respecto, Schlosser esgrimió un notable argumento: “Los muertos ya están muertos, ¡Héctor; hay que pensar en los vivos!”. Wolff, a su vez, permanecía mudo, con los ojos clavados en el suelo. Y Knoblovits, abogado de profesión, iba levantando temperatura. Hasta que, de pronto, saltó de su asiento, al grito de: “Si Canicoba Corral (el juez de la causa)

Fuente: Ileana Arduino, Natalia Federman, Sebastián Angresano Ilustrador | Revista Anfibia (Univ. Nac. de San martín) Fecha: 17 de diciembre de 2019 El gobierno de Macri, que alegaba que el eje de su gestión era la transparencia, apostó a la oscuridad. Por eso los anuncios del presidente Alberto Fernández tienen la potencialidad de saldar una de las grandes cuentas pendientes de la democracia: los campos de la inteligencia y la justicia federal. Será una gran tarea la de reordenar el sistema institucional democrático en sus vigas básicas y desarticular la triada medios, jueces y servicios. Lo saben quienes se vieron involucrados en procesos penales donde la extorsión ha suplido a la investigación. El martes el Presidente Alberto Fernández anunció la derogación del Decreto 656/2016, dictado por el saliente Presidente Macri. Lo dijo así: “Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado. En el marco de la derogación de dicha medida, que significó un lamentable retroceso institucional, también he tomado otra decisión: dichos fondos reservados, no sólo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina”. Semejante reorientación no sólo implica una mejora sustancial en términos de calidad institucional sino que también conectó dos ejes sobre los que urge actuar: el deterioro institucional y la acuciante crisis socioeconómica que para demasiadas personas se ha vuelto lisa y llanamente hambruna. El anuncio, además de ser una loable reasignación de fondos, es una buena oportunidad para recordar de dónde venimos en materia de inteligencia y cuáles pueden ser los efectos de esta medida. No casualmente las definiciones sobre la política que se planifica en relación al sottogoverno fueron inmediatamente posteriores al anuncio de que en los próximos días se enviaría al congreso un conjunto de leyes para avanzar en una reforma integral del sistema federal de justicia, básicamente, para que deje de funcionar como un aparato de persecución política. Desactivar el tándem inteligencia /justicia federal como paso indispensable para mejorar la dinámica institucional en nuestro país es un ya viejo reclamo de abogados/as defensores del fuero y de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el sistema democrático -la iniciativa ciudadana para el control de la inteligencia lleva tiempo trabajando en torno a esta cuestión– y debería ser celebrado y apoyado por todo el arco político. De dónde venimos: la política como acoso y extorsión Entre 2014 y 2015, dos procesos de cambio empezaron a transitarse en el sentido correcto para la democracia pero inconvenientes para la lógica corporativa y/o mafiosa: la transformación del sistema de justicia penal federal y la reforma del sistema de inteligencia, que incluyó reglamentar de manera más transparente el uso de fondos secretos y quitarles el control sobre las interceptaciones telefónicas. Al asumir Mauricio Macri se tomaron inmediatamente medidas para revertir o paralizar esos procesos. El gobierno saliente suspendió la implementación de la reforma del sistema de justicia penal federal que, en lo sustancial, implicaría sacar dicho fuero del modo de funcionamiento colonial, cuya única funcionalidad es mantener el secreto, la maraña de expedientes y la discrecionalidad como modos corrientes de actuar. La cultura inquisitiva que aún mantiene el sistema de justicia no es solo un problema de viejos diseños, es un dispositivo que funciona perfecto para las operaciones políticas y la persecución: hoy los jueces de instrucción son quienes llevan adelante la investigación y quienes controlan esa misma investigación, los fiscales carecen de poderes suficientes para investigar con autonomía, lo que en los medios se llama pruebas luego tras varios años resulta que no eran pruebas, hay ausencia de contradicción efectiva entre las versiones en juego y declaraciones tomadas de espaldas al público son opciones procesales que garantizan impunidad. No todos los que trabajan allí se valen de esas funcionalidades pero quienes las necesitan las tienen a mano con la excusa de que así es la ley. Así, el sistema procesal penal aprobado en 2015 quedó anquilosado, con una implementación parcial que comenzó bien lejos de Comodoro Py, mientras se desplazaba de la Procuración General a la gestión de la Dra. Gils Carbó que mostró empeño en ese proceso de reforma. Para acompañar esa decisión de obturar la modernización del sistema de justicia, en materia de inteligencia se tomaron a poco de asumir decisiones que agravaron las cosas. En los primeros 18 meses de gestión, sin disimulos y mediante decretos simples o decretos de necesidad y urgencia, se revirtieron los ejes principales de las reformas que en 2015 se habían introducido a la ley de Inteligencia Nacional (Nro. 25520) como producto de consensos políticos intersectoriales. La reforma de 2015 nació en un contexto preciso: estuvo precedida por el reconocimiento de que el modelo vigente estaba agotado y de que su sola continuidad implicaba un riesgo democrático. Presentó los primeros pasos para que pudiera desarrollarse una política que desande, de una vez por todas, la máquina de extorsionar que fueron los servicios de inteligencia —en alianza con otros factores de poder— en nuestra vida democrática. La disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) – creada en 2000 como sucesora de la ochentosa SIDE- y la conformación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue una decisión que tenía como objetivo sacar a las estructuras de inteligencia de la autonomía y la desorientación estratégica. Con esas modificaciones a la ley se propiciaba también una conducción profesionalizada, cuyas autoridades tendrían que ser designadas con criterios de idoneidad y control político parlamentario, para acompasar las regulaciones que se adoptaron en materia de doctrina  y formación, todo acompañado por la incorporación transversal de criterios de transparencia en cuanto a los recursos económicos disponibles. A eso se sumaba una decisión estratégica de aquella política como fue la de transferir la gestión de las interceptaciones de las comunicaciones que se hicieran por razones de inteligencia o a