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Fuente: Carlos A. Villalba | Estrategia.la Fecha:   6 de septiembre de 2019 Las elecciones internas de agosto pasado en la Argentina dieron vuelta las interpretaciones relacionadas con la situación real del país y le dieron una visibilidad irrefutable a la opinión popular acerca del gobierno de Mauricio Macri y, también, sobre la fórmula que construyó Cristina Kirchner, con Alberto Fernández a la cabeza. En un país que empieza a acostumbrarse a respetar su constitucionalidad -aún en el marco de una democracia “sucia” o de “baja intensidad” como la actual-, la ciudadanía concurre a las urnas un domingo de sol y, en diez horas, da vuelta todo, invierte el témpano y muestra los dos tercios que rechazaban al gobierno, por encima del tercio que, hasta aquella jornada, lo acompañaba. En tres años y diez meses la gestión de la Alianza Cambiemos (PRO, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica) empeoró todos y cada uno de los aspectos de la vida social y económica del país; en función del plan de negocios que los grupos económicos instalaron, se hundió a millones de argentinas y argentinos en la pobreza y la indigencia, además de rematar las posibilidades de estabilización económica y financiera que le daba el desendeudamiento externo logrado por el kirchnerismo y comprometer el futuro de varias generaciones y destruir el valor de las empresas más importantes del país, con YPF en el valor más bajo de su historia. La bomba les estalló en las manos, antes de ir a refugiarse,a partir de diciembre, en sus palacios internacionales. En tierra queda una situación de destrucción, que incluye a las estructuras partidarias armadas para imponerse al gobierno anterior, una práctica de las “alianzas” argentinas que, solo han servido para inflar globos de triunfo una vez y, después, salir tan “volao” como el Pedro Navaja de Rubén Blades. La implosión del sistema partidario del gobierno llega al borde del sainete, con un Juntos por el Cambio convertido en “desunidos por la derrota”, con el mascarón de proa de un Miguel Pichetto extraviado en los canales sin rating que todavía lo convocan y ya rosqueando para convertirse en auditor opositor, el PRO en terapia intensiva y Macri, ahora sí, listo para una jubilación eterna, aunque con las cuentas bancarias cargadas y a buen recaudo del cepo con corral que le puso a la ciudadanía. La rebelión de los orcos, los elfos, los hobbits o lo que sean…  Aunque se dice que las derrotas “no tienen dueño”, la debacle de Cambiemos tiene responsables, al menos para las distintas tribus que empezaron a multiplicar facturas desde la misma medianoche de ese domingo en que el Presidente ordenó a la gente que se vaya a dormir, mientras sus asistentes descolgaban los racimos de globos amarillos que se quedaron sin la ya no tan mágica Ciudad de Tan Biónica. La pelea no tiene límites ni fronteras: radicales contra macristas, radicales versus radicales, gobernadores contra ministros, operadores contra políticos y, claro, Elisa Carrió contra todos y todas y todas y todos contra Durán Barba. Orcos se llamaban los monstruos de la mitología celta; orcos denominó J. R. R. Tolkien a su raza de criaturas usadas como soldados por los grandes villanos de su “Señor de los Anillos”. Los macristas “puros” y cibernéticos, con desprecio, siempre llamaron orcos a los miembros del sector negociador, “rosquero” y encargado del “trabajo sucio”, encabezado por Emilio Monzó, uno de los dirigentes más hábiles de Cambiemos, que llegó a la presidencia de Diputados después de haber sido, por ejemplo, ministro macrista de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, antes, titular de la cartera de Asuntos Agrarios de la por entonces peronista provincia de Buenos Aires. Extraviado en su nube de troles y focus group, el jefe de Gabinete Marcos Peña y la gobernadora María Eugenia Vidal, dejaron a él y a su tropa fuera de las listas nacionales, del mismo modo con que antes lo habían apartado de la mesa chica de la Casa Rosada. En respuesta, el grupo liderado por el también ex randacista de Carlos Tejedor no tuvo empacho en tirar la primera piedra, y también la segunda. Con una simpatía que no caracteriza al pasado de su familia bahiense, el ex jefe del bloque de diputados oficialista, Nicolás Massot, comparó al estratega presidencial Durán Barba con el «manosanta» del actor cómico Alberto Olmedo, un charlatán que se hacía pasar por curandero brasileño para ganar dineros y manosear cuerpos femeninos, en una época en que el enfoque de género todavía no se hacía sentir en la sociedad local. Más directo aún, el círculo de Monzó “aceptó” con rapidez la muerte de Cambiemos junto a la de su gobierno y empezó a orejear los cartones que conducen a un nuevo continente partidario. El asunto importa mucho a los macrismos, cuyos cálculos les dicen que podrán aferrarse a alguna palmera antes que el huracán Dorian los destruya con su coletazo, para usar una figura del repertorio de un sistema partidario que oculta tras los ejemplos climatológicos e hídricos sus fracasos, errores y derrotas. La retaguardia porteña a la que aspiran se complementaría, en sus fantasías, con bancadas legislativas nacionales y bonaerenses de peso suficiente como para refutar los planes del Frente de Todxs, que estará cerca del quórum propio en Diputados, con mayoría holgada en el Senado nacional, y con una oposición al fenómeno Axel Kicillof (amplio ganador de las internas en la provincia de Buenos Aifres) fragmentada en la Legislatura platense. Para intentar alguna resistencia necesitan que no haya fugas, y aquellos despreciados “orcos” hoy son guerreros tan resentidos como peligrosos. A pesar de los desplantes en su contra, Monzó aceptó que lo resucitaran de urgencia e integrar la comisión presidencial que se reunió el lunes 2 con Sergio Massa junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en las oficinas del primer candidato a diputado nacional bonaerense por la lista de Los Fernández. Una boina blanca arrastrada por los vientos Casi sin derecho a reivindicar sus orgullos blasones populares de origen, al remanente radical del Siglo XXI

Fuente:  por Eduardo S. Barcesat*| Perfil Fecha: 29 de mayo de 2019 1: Antecedentes Todas las emisiones de deuda externa hechas por el actual Gobierno están sometidas a condiciones humillantes para la Nación Argentina. Al habitual renunciamiento a nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional, se le suman la anticipada renuncia a discutir la legitimidad de dicho endeudamiento, la renuncia a pedir rebaja de la tasa de interés, pedir recomposición de la deuda o moratorias. No obstante, lo más penoso es que el Gobierno ha renunciado a la inmunidad soberana sobre los bienes del art. 236 del Código Civil y Comercial de la Nación; esto es, el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio de la Nación Argentina, y las empresas de capital estatal, sean nacionales, provinciales o municipales. Esta entrega y sumisión está pactada en las resoluciones dictadas por el Ministerio de Finanzas, entonces a cargo del prominente miembro del“dream team”, Luis Caputo. Por su extensión, más de 500 fojas, estas resoluciones no fueron publicadas en la edición papel del Boletín Oficial, sino en su página web. 2: La materia jurídica, el control de validez Antes de ingresar a considerar o hablar de cómo se van a pagar los futuros vencimientos de intereses y servicios de esta gigantesca deuda, si se renegocia y cómo, corresponde, previamente, el examen de su validez. Y ello porque la expresión “deuda” remite, necesariamente a conceptos jurídicos y reivindicamos nuestra incumbencia. Hablar de deuda implica abordar el examen de los actos jurídicos que dieron lugar a la misma, y todo acto jurídico tiene que ser examinado en cuanto a su validez, también denominado “control de constitucionalidad”. Ese control comporta, en primer lugar, el examen de si el acto jurídico ha sido generado por quién tiene la competencia para hacerlo y si ha seguido el procedimiento reglado en la normativa superior. En la semántica constitucional se nomina a estos requisitos, competencia y procedimiento, como “control de legalidad”. Si este examen es satisfecho, se examina la “razonabilidad” del acto en cuestión, tema de apreciación más laxa que la del control de legalidad. Pues bien, entrando ya en la materia de esta deuda externa, debe decirse que conforme el art. 124 de la C.N., las riquezas y recursos naturales son de titularidad originaria de las provincias en cuyo territorio se encuentran. Sin embargo, ningún gobierno provincial fue consultado previo a que los mismos fueran puestos en garantía del pago de esa deuda. Es más, he comprobado que sus autoridades desconocían la situación, por la forma solapada en que operó la entrega de dicha garantía a los acreedores externos. Esta lectura debe integrarse con otra cláusula constitucional, la del art. 75, inc. 4º de la C.N., que faculta al Congreso de la Nación a contraer empréstitos sobre el crédito de la nación, no así sobre el de las provincias. En este control de legalidad deben invocarse dos disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, y que tienen jerarquía de cláusulas constitucionales (art. 75, inc. 22º, C.N). Se trata de los arts. 1º de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, que tienen la particularidad de ser el mismo texto, por el énfasis puesto por la conciencia jurídica universal en afirmar el derecho de auto o libre determinación, la independencia económica y la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus recursos y riquezas naturales. Estos Pactos son las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, y son vinculantes e imperativos para todas las naciones, sus gobiernos y las personas, físicas o jurídicas. Mal puede entonces satisfacerse el control de legalidad (validez) de esos actos jurídicos celebrados por quién carece de la competencia y del dominio para hacerlos. 3: ¿Qué hacer? Además de haberse denunciado este obrar usurpativo por parte del Gobierno Nacional, lo que lesiona el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36, C.N.), en la causa penal (Nº 2752/2016, Juzgado Federal Nº 7, Fiscalía Nº 6), en la que se investigan, por sucesivas denuncias, tanto la espuria negociación con los “fondos buitre”, como estos actos de endeudamiento, y el acuerdo con el FMI, impulsamos que los Gobiernos Provinciales y Municipios, emitan sendas disposiciones dejando establecido que sus riquezas y recursos naturales, así como las empresas estatales de capitales provinciales o municipales, no serán puestos en garantía de ninguna deuda externa contraída por el actual Gobierno Nacional. A la fecha, los gobiernos provinciales de Neuquén y Santa Cruz ya han emitido sus respectivas leyes repudiando el ejercicio usurpativo, y el Chaco y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, están tramitando igual dispositivo, y también Municipios como el de Río Grande en Tierra del Fuego. Hay quiénes preguntan: ¿Con esto alcanza para repudiar la deuda? Respondemos, también con soporte en acendrados principios generales de la dogmática y normativa jurídica, de todas las naciones, que: en el derecho no se escucha al que alega su propia torpeza, y que ninguna acción tiene quién ha sido parte del acto nulo. Y cerramos esta nota de opinión invocando, una vez más, la doctrina de la CSJN, que no ha sido modificada por ningún pronunciamiento posterior, dictada en el precedente CLARENS LTD- C/GOBIERNO ARGENTINO S/ EXEQUATUR (año 2014), que declaró nula y lesiva del orden público constitucional argentino, una sentencia del Juez neoyorquino, Thomas Griesa, favorable al reclamo de un fondo buitre, que se pretendió hacer valer y cobrarse ante la jurisdicción argentina, lo que le fue denegado, siguiendo el brillante dictamen de la entonces Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gils Carbó. Este es el saber de los juristas que aportamos en resguardo de nuestras riquezas y recursos naturales, así como de la racionalidad del discurso del derecho y de las prácticas jurisdiccionales.- * Profesor Titular Consulto; Fac. de Derecho; UBA.

Fuente: Edgardo Mocca | Página/12 Fecha: 25 de agosto de 2019 Se dice habitualmente que Macri incumplió todas las promesas electorales formuladas en 2015. Es cierto, con alguna salvedad. Primero hay que decir que en la casi totalidad de los casos, esas promesas no constituían el programa real de gobierno de la segunda Alianza; eran simples y llanas mentiras. Hubo, en cambio, una promesa que era el gran programa macrista: el final de la grieta. La grieta fue una fórmula construida por los grandes medios de comunicación para aludir a un cierto estado de cosas caracterizado por una tensión social persistente, una división binaria de la sociedad que atravesaba todos los ámbitos sociales y separaba familias, grupos de amigos y otras formas de convivencia. Claro que la palabra grieta no era una denominación casual ni neutral. En el interior de esa fórmula había y hay una implícita atribución de responsabilidades en el surgimiento de esa realidad. ¿Cuándo y por qué surgió la grieta? Fue a principios de 2008 y tuvo en el conflicto entre el gobierno y las patronales del campo su expresión central. Es decir, la grieta habría empezado con el gobierno de Cristina Kirchner. Y se habría profundizado cuando en las emisoras de radio y televisión públicas aparecieron y se desarrollaron voces y programas destinados a “atacar” a los críticos de ese gobierno, particularmente a los periodistas. El sistemático ataque mediático al gobierno de entonces y particularmente de su presidenta no forma parte del diagnóstico.   La grieta así interpretada se convirtió en un arma de combate político de aquellos tiempos y todavía también de estos. Existe, claro, otra interpretación de los hechos. La que alude a la reaparición de un viejo antagonismo de la historia argentina, cuya formulación podría plantearse en términos de cuáles deben ser los límites del poder de las clases privilegiadas, cómo es y cómo debe ser la relación entre el poder del capital y las autoridades políticas resueltas por la voluntad soberana del pueblo. Si se mira con atención, se verá que es una querella que hoy recorre el mundo, como lo ilustra sistemáticamente el papa Francisco en cada una de sus intervenciones. Ese conflicto recorre la historia argentina y está en la base de la larga saga de golpes de estado, gobiernos ilegales, persecuciones y violencia que la atraviesa. Ese fue el conflicto que se jugó en la época de Yrigoyen, en la década infame, en el surgimiento del peronismo y su derrocamiento violento, más cerca de nosotros, en el golpe de 1976 con su saga de crímenes y despojos, y en los años de democracia electoral. En la década del 90 pareció que el empate se había roto catastróficamente: el “mercado” gobernaba a voluntad y el gobierno de turno tenía como única función preservar ese dominio, con el respaldo electoral del pueblo. La catástrofe de la convertibilidad sería el fin de esa etapa. Volvamos atrás. Macri prometió cerrar la grieta. Esa promesa le valió el triunfo electoral ante una sociedad fatigada del conflicto. Y el modo de cerrar la grieta era la eliminación de uno de los dos contendientes, la conversión de Cristina y sus seguidores en una secta radicalizada, divorciada del pueblo y carente de potencia política; eventualmente perseguida y encarcelada, lo que efectivamente ocurrió y ocurre. Al servicio del cumplimiento de esa promesa se puso la propaganda mediática –ahora prácticamente liberada de toda contestación influyente-, el sector adicto de la corporación judicial, los servicios de inteligencia, las fuerzas represivas. Y el resultado es el que se conoce: fue Cristina Kirchner la que enunció ante todo el país la fórmula presidencial en la que ella tendría un rol secundario. Es decir, la fórmula de Macri (del poder del capital representado por sus propios miembros) para terminar con la grieta fracasó de modo rotundo. Ahora hemos llegado a una situación muy curiosa. Macri necesita del candidato del Frente de Todos para dotar a su gobierno del mínimo de oxígeno necesario para terminar en pie hasta el fin del mandato. En otras palabras, necesitan la ayuda del perverso peronismo que no deja terminar en paz a ningún mandatario que no provenga de sus filas. El problema es que el proveedor de ese oxígeno es también el adversario electoral del presidente. Lo necesita pero también necesita provocarlo y deslegitimarlo para tener alguna chance en la elección de octubre. Solamente podría intentar remontar la paliza del 11 de agosto si lograra recrear el miedo al triunfo del populismo y a la perspectiva de convertirnos en “Venezuela” A la luz de este recorrido, sería bueno revisar la fórmula para cerrar la grieta. No se puede hacer suprimiendo la lucha por el poder y la existencia de proyectos de país diferentes que entran en conflicto. Eso se intentó muchas veces, la última de ellas fue la sangrienta dictadura surgida en 1976 a impulso del poder económico concentrado que en esa época usaba el nombre de Asamblea permanente de entidades gremiales empresarias (APEGE). Macri lo intentó durante un período en el que la conciencia antidictatorial siguió siendo suficiente para frenar sus ínfulas autoritarias, aunque no evitó un enorme deterioro del estado de derecho. Cerrar la grieta no es suprimir el conflicto sino reconocerlo, organizarlo, encauzarlo pacíficamente. Asegurando la plenitud de la libertad política y al mismo tiempo enderezando la cancha, habilitando voces diferentes, compensando las enormes y crecientes asimetrías de poder. Por ejemplo, una contribución a cerrar la grieta sería cerrar el chorro de ganancias inauditas de los oligopolios energéticos obtenidas con las privaciones que sufren millones de familias y con el cierre masivo de empresas causado por el demencial aumento de las tarifas de luz y de gas entre otras. La regla primera para ir cerrando la grieta sería la del reconocimiento colectivo del poder de tomar decisiones por parte del nuevo gobierno, siempre sobre la base de la ley y la Constitución. Y la segunda podría ser la de asegurar la libertad de opinión, no solamente para los oligopolios mediáticos, sino para toda la sociedad,

Fuente: Claudio Scaletta | Página/12 Fecha: 25 de agosto de 2019 Desde el domingo 11 todo comenzó a suceder muy rápido. Primero se dejó correr el dólar como castigo, no sólo por improvisación. Fue cuando hasta el tránsfuga Miguel Ángel Pichetto reforzó los dichos presidenciales y afirmo que, con la devaluación, la sociedad estaba pagando los costos de su voto. Pero el desatino sistémico duró poco. El propio poder económico se asustó por las furias desatadas con más devaluación. A nadie le conviene que el macrismo “se vaya por la ventana”. Hubo un consenso de parar la pelota y la política acompañó. Sólo pasaron unos pocos días de shock hasta que comenzó a asumirse que la experiencia macrista tenía el boleto picado y que, con toda la suerte, apenas conservaría el poder en su plaza de origen, la Ciudad Autónoma del resto del país. Para la siempre improbable figura del observador imparcial el espectáculo fue vertiginoso y, vale reconocer, no estuvo exento de indignidades. Sobresalieron los garrochazos de los periodistas ultraoficialistas para seguir siéndolo aun con cambio de gobierno. En menor medida y sin ir a los extremos, desde el periodismo de guerra a las tribunas de doctrina comenzaron a descubrir los defectos de Macri, que ya no es Mauricio. La estampida llegó también a los funcionarios, según informó el sitio “Mundo Empresarial” cinco mil CEOs que en 2015 apostaron a una nueva épica mudándose al sector público vuelven a engrosar la demanda de trabajo privado. Fueron los primeros en asumir, aun antes de las PASO, que el conchabo termina en diciembre. Los consultores especializados explican que no será fácil reubicarlos, pero que prevalecerá el ajuste por precio. Al mismo tiempo, según cuentan los asesores económicos de Alberto Fernández, los grandes empresarios que hasta el 10 de agosto bregaban por la continuidad de Macri ahora hacen fila para entrevistarse con el seguro próximo presidente. Lo mismo sucede con los representantes de los inversores del exterior, desde bancos a fondos de inversión. El poder económico tiene ideología y mucha conciencia de clase, pero siempre fue esencialmente pragmático para adaptarse a los cambios de poder. Y aunque haya cambiado de discurso, hoy sabe lo mismo que sabían antes de las elecciones, que un gobierno de Alberto Fernández supondrá un cambio de enfoque en la política económica, pero ninguna ruptura con el denominado “orden establecido”, tanto por historia personal, como por voluntad. Todas las entrevistas de la prensa hegemónica inquirieron hasta el cansancio al candidato del Frente de Todos sobre la posibilidad de estas rupturas. Quizá el cénit de la insistencia se haya alcanzado en la entrevista pública realizada el pasado jueves en tierras del grupo Clarín, donde con cierto patetismo se le volvió a preguntar a Fernández si caería en default, si intervendría en el Poder Judicial, si reinstauraría el Cepo, si amaba al régimen venezolano, si se pelearía con Estados Unidos, si intervendría el Indec. Sólo faltaba que le pregunten si volvería a “matar a Nisman”… No faltó. También hubo preguntas sobre el caso Nisman y hasta por la vuelta de 678. El candidato respondió una y mil veces no, que no habrá rupturas. Y hasta le tiró algunos centros a la ortodoxia económica, aunque situándose siempre en el lugar del pragmatismo. Podrá gustar más o menos, pero Alberto Fernández expresa algo que no fue suficientemente destacado: la vuelta a la política como espacio para dirimir el conflicto social, lo que hoy quiere decir el fin de esa confrontación que se denominó “la grieta”. No se trata del fin de la verdadera grieta, que es la lucha de clases, sino de la grieta que constituyó primero el eje de la guerra mediática contra el kirchnerismo y luego, el eje del modo de ejercer el poder del macrismo. La experiencia cambiemita pasará a la historia por tres elementos principales, la mega deuda tomada en tiempo récord y su herencia de condicionalidades y miseria, la persecución política a la oposición, incluidas las prisiones arbitrarias y la destrucción de las empresas de los “enemigos”, y la profundización de la grieta hasta el punto extremo de asociar al adversario político con la delincuencia, lo que en la práctica significa la negación de la democracia. La síntesis provisoria es que no habrá rupturas porque no dan los tiempos históricos, es decir las relaciones de fuerza, pero sobre todo porque lo que la sociedad parece necesitar después del trauma macrista es, precisamente, la vuelta de la política. Las rupturas demandarán algo más de tiempo para la construcción de consensos. Para terminar una pequeña digresión. Los días previos a las últimas primarias fueron testigo de un caso de manipulación de mercados que, mirando hacia el futuro, debería funcionar como ejemplo a combatir. Se trata del uso de encuestas falsas para manipular precios de acciones y bonos, una movida que se presume delictiva antes que inescrupulosa. Estas encuestas fueron lideradas por la consultora Elypsis y permitieron que unos pocos ganen millones a costa de quienes creyeron en la información basura. Los economistas de la firma trabajaron hasta el último minuto del viernes 9 en convencer a los inversores que “Juntos por el Cambio” se impondría en las primarias, lo que impulsó el precio de los papeles locales. En sus propios términos fue una jugada brillante, porque a priori se sabía que había muchos interesados en comprar la carne podrida, tanto desde el gobierno como desde los principales medios de comunicación, que el sábado 10 hicieron tapa con el boom del mercado. Fue un cóctel perfecto entre el interés económico de unos pocos y quienes estaban ansiosos por creer en sus deseos. Los resultados fueron dos. El primero fue permitirle a los inversores con buena información salir a mejor precio de papeles que se sabía se depreciarían. El segundo fue macroeconómico y mucho más gravoso en términos sociales, pues exacerbó el pánico de los mercados apenas conocido el resultado electoral, acelerando la caída del martes 13 y la devaluación y llevando el riesgo país a las nubes. Se trata de un accionar que, por el buen funcionamiento de los mercados, no debería quedar impune.