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Fuente: Edgardo Mocca* | La Tecl@ Eñe Fecha: 30 de octubre de 2019 El resultado electoral del último domingo en nuestro país tiene una enorme importancia que excede las fronteras de nuestro país. El prematuro diagnóstico que anunciaba una larga noche de gobiernos antipopulares y rigurosamente alineados con Estados Unidos empieza a mostrar su fragilidad. El triunfo de Evo, la rebelión en Ecuador y el histórico levantamiento del pueblo chileno ya habían iluminado una realidad diferente a la que muestran obsesivamente los aparatos comunicativos. No hay consolidación del neoliberalismo. No hay la derecha moderna y democrática definitivamente triunfadora en la batalla cultural. No hay el ocaso del populismo y la normalización neocolonial de nuestras sociedades. Y los vientos regionales no están divorciados de una dura crisis civilizatoria que preanuncia nuevas tormentas en las más diversas zonas del mundo. Una vez más estamos ante una batalla interpretativa. La derecha simula euforia, simplemente porque la diferencia electoral entre Alberto y Macri fue menor a la que se dio en las primarias abiertas. Eso se entiende como un “triunfo” de Macri. Más aún, como la carta definitiva a favor del liderazgo del empresario corrupto en la oposición. Cuando Scioli perdió por dos puntos el balotaje de 2015, después de doce años de gobiernos populares, eso significaba el derrumbe de la experiencia kirchnerista. Ahora Macri pierde muy ampliamente en primera vuelta en su intento de reelección y eso se interpreta como una victoria. A eso se le llama “análisis político”. La cuestión principal es cómo interpreta el acontecimiento el campo político de quienes somos realmente los vencedores del último domingo. Porque curiosamente lo que ocupa un lugar extraordinario en la mirada es el asombro por el comportamiento de quienes votaron a la segunda alianza. ¿Es lógica la sorpresa por el voto de derecha de un 40% del electorado? ¿Qué podemos decir, entonces de la elección en Brasil? ¿Cómo compatibilizar esa sorpresa con la realidad política del mundo? ¿En cuántos países del mundo una fuerza nacional-popular-democrática gana las elecciones? ¿Cuántos ejemplos tenemos a la vista de una recuperación político-electoral después de una derrota como la que sufrimos en 2015? ¿En cuántos otros sitios se da que una fuerza estigmatizada y sistemáticamente perseguida, con sus principales referentes asediados por el poder judicial, acosados y espiados por los servicios de inteligencia, casi sin recursos económicos ni comunicativos, monopolizada la palabra mediática por sus enemigos más intensos, retome el gobierno en cuatro años? Claro, se puede contra-argumentar que el gobierno de Macri fue desastroso en todas las dimensiones en las que se lo mida y por eso extraña la magnitud de los apoyos que recibió. Pero esa afirmación solamente es válida en un contexto de valores definido. La política no es una ciencia exacta en la que la valoración de una serie prescripta de indicadores define el juicio sobre una experiencia histórica. El juicio sobre un gobierno siempre es un juicio conflictivo, es una forma del conflicto político y no un veredicto que se establece con rigor matemático. El impacto por ese cuarenta por ciento que votó a Macri desconoce la existencia de un profundo antagonismo político en el país. No una “grieta” debida a la voluntad de tal o cual actor político, sino un viejo antagonismo, una vieja querella por el ser histórico de nuestro país. ¿Por qué fue Macri el candidato en 2015 y no alguno de los políticos exitosos que desafiaron a los Kirchner en el interior del peronismo? Lo fue porque el sector más dinámico, más intenso, con mayor voluntad hegemónica en el interior del antikirchnerismo vio en él a su figura más representativa de la oposición. Porque lo eligieron en los cacerolazos contra Cristina que fue el punto histórico más alto de la movilización de la derecha en muchas décadas. Porque no estaba “contaminado” por ninguna sospecha de eventuales concesiones futuras al populismo. Eso fue Macri. Y eso es lo que acaba de fracasar –por lo menos provisoriamente- en la Argentina. Cuarenta por ciento de los votos para Macri… Imposible saber cuánta gente apoyó intensamente el golpe de 1976 (para no ir más lejos), pero no era un grupo minoritario, ni fueron tan masivas las resistencias en esos tiempos amargos. Y no digamos que los años de la dictadura fueron menos desastrosos que los últimos cuatro… Ciertamente haríamos bien en reemplazar los lugares ya comunes de la influencia del bombardeo mediático sobre las personas por una indagación más profunda del sistema de símbolos que permite esa conquista de las subjetividades. En los últimos tiempos el significante político central de ese proceso es la palabra “república”: curiosa resignificación de una categoría cuya raíz semántica consiste en lo público, en la res pública, en la cosa pública. La república se ha reconvertido en su contrario: ser republicano es defender los derechos de propiedad. La oligarquía ha logrado universalizar su concepto acerca de la superioridad de la propiedad privada sobre cualquier otro derecho. Ha capturado el miedo de las clases medias y hasta de sectores populares no totalmente empobrecidos para utilizarlo como escudo simbólico para la defensa de sus privilegios. República es no a los impuestos, a las retenciones, a las restricciones para la compra de dólares (es muy sintomático que el gobierno haya dejado el súper cepo para el día siguiente a las elecciones). No, por supuesto, a cualquier idea de un nuevo contrato social, político y constitucional que sitúe a la propiedad privada dentro de una escala de derechos y garantías; que ponga, por ejemplo, el derecho a la alimentación personal y familiar por encima del derecho a veranear en el exterior. Tal vez haya que poner esta discusión en el lugar que hoy ocupan los enojos por la conducta electoral de los que no votan como nosotros. Es necesario que nuestras ilusiones incumplidas respecto a la amplitud de la victoria no nos oculten la trascendencia de lo conseguido. Porque la conciencia de esa trascendencia es un componente político-moral decisivo en los días que vienen. Días que serán tensos y complejos porque la imagen de la tierra arrasada

Fuente: Claudio Scaletta | El Destape Fecha: 20 de octubre de 2019 El desastre económico de la administración macrista-radical es de tal magnitud que opaca otras dimensiones de su herencia. Un estrago de similar magnitud al provocado en la economía, aunque de menor costo social en términos de vidas humanas, fue el deterioro institucional y, dentro de él, la persecución política a opositores, incluida la destrucción de patrimonios. Si se excluye la última dictadura, cuesta encontrar gobiernos que hayan mostrado un mayor desprecio por las formalidades institucionales y que hayan utilizado de forma tan abierta la connivencia entre el poder judicial, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación concentrados con el objetivo de demonizar y encarcelar a los opositores políticos y a los adversarios empresariales. Lo amañado de la persecución fue tan evidente que luego de cuatro años de control prácticamente total del aparato de Estado las causas armadas comienzan a caer una a una. Un reconocimiento tácito, antes que los cambios de los vientos del poder, de que a pesar de los esfuerzos no se pudo encontrar delito alguno. Sólo por citar las causas más conocidas entre cientos, destaca la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, quien desde que abandonó la presidencia tuvo un juez federal, Claudio Bonadío, dedicado tiempo completo a perseguirla, tanto a ella como a su familia, lo que sintetiza un accionar no sólo ominoso, sino también mafioso. Y ello por no hablar de la colaboración activa de figuras de la política mediática, como por ejemplo Margarita Stolbizer, a quien no se le conoce idea política alguna que no sean las denuncias permanentes a la ex presidenta. Bonadío, con la inconcebible complicidad del Senado de la Nación, hasta se dio el lujo de mancillar los domicilios particulares de CFK y apropiarse temporalmente de algunas de sus pertenencias. También abundan los presos políticos como el ex vicepresidente Amado Boudou, el gran demonizado por el grupo Clarín y sus satélites, quien fue condenado por juzgados creados ad hoc y por jueces ascendidos al efecto. O como el caso del ex ministro de Planificación Julio de Vido, quien sigue preso a pesar de la evidencia de la utilización de peritos truchos y personal de inteligencia en el armado de las causas en las que fue involucrado. En el caso de De Vido se suma además la inmoralidad y el oportunismo de algunos compañeros de bancada que avalaron el quite de los fueros que le correspondían como representante del Pueblo, dado que carece de condenas firmes. El caso de Milagro Sala destaca entre los más arbitrarios. El gobernador radical jujeño Gerardo Morales le prometió que “la metería presa” en caso de ser electo y cumplió. También lo hizo amañando causas, armando tribunales especiales y pasando por encima de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sala ya es la presa política más antigua de Cambiemos. Los perseguidos no fueron sólo políticos –presidenta, vicepresidente, ministros y militantes sociales– también cayeron en la volteada los dueños de medios de comunicación opositores, a quienes se encarceló y se les dañó irreversiblemente sus empresas. No sólo se recurrió a denuncias falsas, sino que las mismas denuncias sirvieron para la destrucción patrimonial. El caso paradigmático es el de Cristóbal López. Un demonizado sin ser político ni dueño de medios de comunicación, sólo coterráneo de la ex familia presidencial, fue Lázaro Báez. No hubo excavadoras que encontraran los millones de dólares “húmedos” y “de los Kirchner” enterrados y buscados desaforadamente por un juez que volvió del sur pero no del ridículo, ni peritajes de la propia vialidad nacional macrista que encontraran irregularidades en la obra pública santacruceña. Pero Báez sigue preso y su patrimonio inhibido o destruido. Otro caso paradigmático es el de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, quien ya acumula varias absoluciones. Quizá lo más notable en su caso es que haya sido denunciado por denunciar las más de cuatro mil cuentas suizas de dinero negro propiedad de muchos encumbrados miembros de la alta burguesía local, y que su denunciante haya sido nada menos que un funcionario por entonces con rango de ministro, Alfonso Prat-Gay, sospechado de consejero de una de las familias fugadoras. Los casos citados son apenas una muestra incompleta. Faltan prisiones arbitrarias como la de Luis D’Elia, o la incompatibilidad que significa tener a una militante oficialista como Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción, un cargo para el que ni siquiera estaba calificada. Faltan también todas las incompatibilidades de puerta giratoria y la novela fantástica de inteligencia-judicial-mediática de “las fotocopias de los cuadernos” para el armado de causas. Lo que intentan mostrar los pocos casos reseñados es el accionar sistémico de un gobierno que decía representar la transparencia y reivindicar la idea de “República”, pero que se caracterizó por la persecución política y por pasar, también sistemáticamente, por encima de la división de poderes. Un gobierno que gozó además de un blindaje mediático inédito en democracia y con periodistas pautados que oficiaron de perseguidores y que operaron junto a los servicios de inteligencia. Así como los crímenes de la dictadura demandaron un reparador proceso de memoria, verdad y justicia, lo mismo debe suceder con la persecución política y judicial y con las violaciones sistémicas a la convivencia institucional democrática perpetradas bajo el régimen macrista-radical. También sería deseable que la reparación patrimonial de los afectados no corra a cargo del Estado, sino que pese sobre los responsables directos. No se trata de comisiones de la venganza ni nada que se le parezca, sino de poner en marcha los mecanismos institucionales que impidan la repetición de nuevas páginas negras de la historia.-

Fuente: Edgardo Mocca | Página/12 Fecha: 20 de octubre de 2019 “No hay que confundir libertad de prensa con delitos”. Con notable economía de palabras, Adolfo Pérez Esquivel, puso claridad en medio del batifondo político-periodístico desatado alrededor del informe de la Comisión Provincial por la Memoria. Este documento fue realizado a pedido del juez Alejo Ramos Padilla a propósito de la investigación que éste lleva a cabo sobre el funcionamiento de una asociación ilícita dedicada a la extorsión. El escándalo gira en torno del probable involucramiento de periodistas en el mecanismo extorsivo, sacado a la luz por la denuncia realizada por una de las víctimas, el empresario Etchebest. La investigación se apoya en una profusa documentación probatoria acerca de la red delictiva que, en principio, era coordinada por un falso abogado de apellido Dalessio, quien decía ser agente de la DEA (la organización estadounidense para el combate contra el narcotráfico). No se trata de un simple episodio policial: todos los indicios hasta ahora recopilados señalan la existencia de un aparato judicial-servicial- político y periodístico destinado a la persecución del más importante sector político de oposición. La banda combinaba esa función estratégica con la recolección de importantes sumas de dinero proveniente del chantaje a personas a las que se involucraba en las causas, a cambio de “protección” por parte de sus integrantes. ¿Qué tiene que ver este cuadro con la libertad de prensa? Los grandes emporios mediáticos han establecido una curiosa –y claramente tramposa- articulación a partir de la imputación y posterior procesamiento del periodista del grupo Clarín Daniel Santoro. Desde allí se establece una estrategia de presentación del caso como un ataque al libre ejercicio del periodismo y de la protección del secreto respecto de las fuentes de información, como si el periodista del caso (y otros que aparecen de diferente manera en los testimonios recogidos en la investigación del juez Padilla) estuviera procesado por la información periodística publicada. Hay que decir que Santoro, a diferencia de muchas personas en parecida situación procesal, no fue privado de su libertad ni tiene restricción alguna sobre el ejercicio de su profesión. No le fue aplicada la doctrina Irurzun, porque, como no se le conocen vínculos de simpatía con los gobiernos kirchneristas no pueden atribuírsele intenciones de ensuciar el proceso. Santoro gozó y goza de todas las garantías judiciales constitucionales y legales. No se le cuestiona el contenido de sus notas periodísticas sino la funcionalidad de su conducta para el accionar de una asociación ilícita. Más aún, Santoro fue provisoriamente eximido de la acusación de formar parte de esa asociación, por la actual falta de pruebas definitivas acerca de ese hecho. No es demasiado difícil deducir que no es la libertad de prensa lo que está en juego en esta escena. De lo que se trata es de la existencia de un patrón de actuación claramente vinculado a la estrategia de guerra judicial que el gobierno de Estados Unidos promueve en los países a los que considera parte de su patio trasero colonial. El actual embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado lo aclaró con vehemencia en sus primeras declaraciones al asumir el cargo. Dijo estar contento con las políticas puestas en marcha por el presidente Macri. Elogió el énfasis en el impulso a la investigación sobre la muerte del fiscal Nis man, explicó que él quería que vinieran al país inversiones estadounidenses y sostuvo que quería “ayudar” al poder judicial para que se creen mejores condiciones para esas inversiones. ¿Cómo se hace para desvincular estas atrevidas definiciones, y la descarada injerencia sobre uno de los poderes del estado argentino que ellas explicitan, de lo que ha ocurrido durante estos años en el poder judicial argentino? Ahora bien, ¿cuál es el lugar que esta estrategia de poder imperial reserva a los medios de comunicación? Lo hemos visto en los últimos años: la prensa que acompañó de modo entusiasta la catastrófica experiencia del gobierno de Macri funcionó como su principal maquinaria de legitimación. Se construyó una leyenda negra de los gobiernos kirchneristas, se los identificó con el extremismo político, se los asoció con el terrorismo internacional, se los acusó de modo excluyente con la corrupción política, como si la colusión entre grandes empresarios privados y el Estado hubiera nacido en esos años, como si la fortuna familiar y personal del actual presidente no tuviera nada que ver con ese fenómeno. Se colocó a los gobiernos kirchneristas en el lugar de la persecución política y comunicativa, cuando en el período anterior ningún opositor fue privado de su libertad y de sus derechos, cuando ningún periodista perdió su trabajo por causa de su opinión política. La investigación del juez Ramos Padilla tiene una extraordinaria importancia política. No se investiga (solamente) a un grupo de delincuentes. Estamos ante un caso que ilustra una trama fundamental, expresiva del modo en que se mueve el poder real en la Argentina, ése que no votamos en ninguna elección, ése que no se somete a ningún escrutinio legal. Ese poder, el del dinero, el de las influencias, es el verdadero nicho de la corrupción y la impunidad en el país. El gobierno que agoniza en estos días fue el más expresivo, desde el punto de vista institucional, de esa plutocracia absolutamente desentendida del interés del país y de sus ciudadanos, el más comprometido con la corrupción y la decadencia nacional. La libertad, cuya defensa esgrime hoy el presidente en su patética gira de despedida, debe entenderse así, como la absoluta impunidad de los poderosos. Por eso, uno de los malentendidos que en esta etapa habrá que aclarar es el insólito intento de atribuir a la experiencia de estos años la condición de un tiempo de “fortalecimiento institucional”. La libertad de expresión no tiene nada que ver con la impunidad de los periodistas. Para defenderla y jerarquizarla realmente, y no como licencia para la operación política y el abuso de poder, es necesaria la crítica de los monopolios informativos, la promoción de voces alternativas, el cuidado sistemático de la pluralidad,

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 20 de octubre de 2019 El establishment trata de influir para que el nuevo gobierno se plantee que hay que tratar con él, para que crea que sin él no hay posibilidad de acuerdo: pero las PASO (y los casi seguros resultados de las próximas elecciones) nos dicen para dónde hay que ir, y parece que no es hacia el camino que piden las recetas del Círculo Rojo. Sin embargo los grandes empresarios, junto con sus agrupaciones, no bajan la presión: intentan condicionar al futuro gobierno en varios aspectos, reflejando la tesis planteada por Mauricio Macri luego de las elecciones. Sostuvo el presidente: «Siempre dije que mi sueño es que cuando yo termine hubiese dos propuestas, que compitan y que generen el mismo nivel de credibilidad frente al mundo entero que quiere que Argentina sea parte de ese mundo». Dos candidatos, un mismo modelo. Por su parte, en la presentación del último Informe de Política Monetaria, Guido Sandleris insistió que el camino para crecer sostenidamente y tener baja inflación es generar «consensos básicos» sobre el equilibrio fiscal, política monetaria con tasas de interés positivas, aumentar la productividad e integrarse al mundo. El mismo enfoque lo transmitió en sus reuniones en EE UU. Los empresarios llegaron aun más lejos. Organizaciones como la Asociación de Bancos Argentinos (integrada por bancos extranjeros), el Foro de Convergencia Empresarial e IDEA solicitaron la permanencia de los funcionarios actuales en lugares clave como el BCRA o la Afip. Y en la lista incluyen además a organismos dependientes del Congreso Nacional, o que deben tener funcionarios que cambien con cada nueva administración por un tema de control y transparencia. Tal postura, informada por los dirigentes y que estaría contenida en un documento próximo a aparecer, no parece adherirse a las normas republicanas. Las presiones también vienen de distintos analistas. Por ejemplo, en una nota de Clarín del 17/10/19, se dejan traslucir las exigencias de funcionarios de EE UU para un eventual apoyo al nuevo gobierno. Allí el periodista pone en boca de los estadounidenses: «Con el peronismo no tenemos problemas, lo vamos a respaldar», y agrega «pero como en la real politik ‘no existe el amor’, pusieron condiciones para poner en práctica ese respaldo si Alberto Fernández llega a la Casa Rosada». Tales condiciones serían colocar un límite al ingreso de China y sus empresas al país, controlar la Triple Frontera, mantenerse en el Grupo de Lima y alejarse de la Unasur. Lo expresado indica que se está tratando de condicionar el rumbo. Si bien no hay que adelantarse a un triunfo, hay que pensar en lo que viene después del 27 de octubre. Las presiones por los puestos en lugares clave arreciarán, con el objetivo de evitar el cambio de las políticas. Casualmente Bonelli (Clarín 17/10/19) indicó que «le pidieron un trabajo secreto a Daniel Marx, sobre cómo encarar la negociación de la deuda». Luego del 10 de diciembre vendrá otro tipo de presiones, más específicamente sobre las políticas y el respeto a los «consensos». Y en ese aspecto se requerirá que la coalición gobernante unida. No casualmente, en el acto del 17 de Octubre en La Pampa, tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner llamaron a reforzar esa unidad. La inflación es culpa de ustedes… En una entrevista en una radio de Resistencia, Chaco, el presidente Macri reflexionó que «a la luz de lo que nos pasó, entiendo que hemos sido como un alcohólico recurrente con la inflación». Como siempre, la culpa es del otro, en este caso la sociedad toda. Somos todos culpables. Habría que preguntarle qué papel jugaron en la inflación los desmesurados aumentos de tarifas de luz, gas y agua; la disparada del dólar al desarmarse las posiciones especulativas del llamado «carry trade» fomentado a través de la suscripción de las Lebac, las letras del BCRA; o la desregulación del precio de las naftas, entre otras tantas medidas que favorecieron la inflación, tomadas por el gobierno. Para intentar desvanecer aun más su responsabilidad, apuntó al déficit fiscal que –dijo– no pudieron bajar «por falta de consenso y volvimos al mismo lugar». Nuevamente la cuestión de los «consensos» y la exculpación de las políticas aplicadas. Para reforzar estos conceptos apareció una voz personal, pero no solitaria: la de Cristiano Rattazzi, titular de Fiat-Chrysler en el país. Sostuvo que la inflación no baja porque los argentinos estamos enfermos, y que «la sociedad perdió el rumbo en 1930, en un golpe raro, semicivil y semimilitar. Se armaron las juntas de granos y de carne, y se creó el Banco Central, ahí se perdió el rumbo». El peso de las palabras me exime de comentarios. Las declaraciones de Macri fueron formuladas el mismo día en que se conoció el índice de precios al consumidor de septiembre, que arrojó un aumento del 5,9% en el mes, del 37,7% en el acumulado de los nueve meses, y del 53,5% interanual. Al conocerse el índice inflacionario de septiembre, el candidato presidencial Alberto Fernández tuiteó: «El presidente está preocupado porque levanto mi índice al hablar. Pero hay índices que le arruinan la vida a la gente y condenan a millones a la pobreza». Y a renglón seguido exhortó: «Presidente @mauriciomacri, sea serio y preste atención al índice de inflación, que da cuenta de la calidad de su gobierno». Otro tema es el impacto de las políticas del gobierno sobre la actividad económica. Se acaban de conocer los datos del FMI sobre la proyección del PBI para este año, con una caída del 3,1 por ciento. Para dimensionar la magnitud de esta merma, el FMI acaba de informar que el mundo se está desacelerando, por lo que estima un crecimiento de la economía mundial para este año del 3%, el ritmo más lento desde la crisis financiera internacional. Sostiene que esa cifra refleja «una grave disminución respecto del 3,8% de 2017». Ese aparente pequeño cambio está generando grandes problemas en el empleo, el consumo y la producción en la gran mayoría de los países. La caída del