USO GEOPOLÍTICO DE LA IMPUNIDAD
A 28 años de la AMIA, las instituciones de la calle Pasteur siguen traicionando la memoria Por: JORGE ELBAUM (compañero del Llamamiento) | El Cohete a la Luna (17 de julio de 2022) El viernes Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el marco de un nuevo aniversario del acto terrorista sucedido en 1994. En la reunión estuvieron presentes, además del Presidente, el canciller Santiago Cafiero, el secretario de Culto Guillermo Oliveri y la vocera presidencial Gabriela Cerruti. La delegación de la institución comunitaria estuvo liderada por su flamante titular, Amos Linetzky. La reunión tuvo características protocolares, formato en que la AMIA ha decidido vincularse con el gobierno, dejándole la tarea de la confrontación a la DAIA, de la que también forma parte. La división del trabajo entre ambas remite al remanido juego del policía bueno y el malo: la AMIA se muestra empática y dialogante, otorgándole la fajina confrontativa a su inquilina en el edificio de Pasteur 633. Cada 18 de julio se renueva la escena aciaga de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA reclamando una justicia que nunca llega. En forma paralela, desde los estrados de las instituciones que tienen sede en la calle Pasteur 633 se repite la demanda sobreactuada de quienes han privilegiado la utilización política de la tragedia para transformarse en referentes corporativos de la derecha local. La DAIA y la AMIA se reparten el rol de producir cortinas de humo mediático-jurídicas dispuestas para debilitar a los gobiernos populares y/o perseguir a sus máximos referentes políticos. Luego del memorándum de entendimiento con Irán y del suicidio de Alberto Nisman, han sido partícipes de diferentes iniciativas destinadas a beneficiar a Juntos por el Cambio y estigmatizar a todo aquello que se opone a la lógica geopolítica impulsada por el eje Washington-Tel Aviv. El último capítulo de la saga corresponde a la aeronave venezolana de carga cuyos 19 tripulantes aún se encuentran retenidos en Buenos Aires por decisión del juez federal Federico Villena, en el marco de una querella impulsada por el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits. Según la presentación judicial realizada por la apoderada de la institución de calle Pasteur, Martha Nercellas, el Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur arribó al aeropuerto de Ezeiza el 6 de junio con la intención de promover el “financiamiento del terrorismo”. Dicho propósito, según la presentación realizada ante el juez Villena y la fiscal Cecilia Incardona, se encontraría promovida por los gobiernos de Caracas y Teherán. El último jueves, Knoblovits, desde Jerusalén, objetó a la vocera presidencial Gabriela Cerruti por considerar que la Justicia debe resolver de forma perentoria el caso de la aeronave venezolana y de los 19 tripulantes demorados: “Es una posición absolutamente sesgada –cuestionó el titular de la DAIA–, que no mira a esos familiares de las 85 víctimas del atentado contra la AMIA, que hace 28 años tienen una silla vacía en su casa, y sí defiende a los iraníes”. Para ahondar en el criterio demonizador, se interrogó en formato retórico: “¿Por qué el gobierno no se preocupa también por el derecho de las víctimas, no de los victimarios?”. Para los dirigentes de calle Pasteur –por estricto mandato de las delegaciones diplomáticas a las que responden– el solo hecho de ser venezolano y/o persa alcanza para ser acusado de complicidad con el atentado de 1994. En la misma línea, el flamante presidente de la AMIA, Amos Linetzky, advirtió durante toda la semana sobre el tenor del discurso que pronunciará el lunes. “Vamos a hacer un fuerte reclamo, aunque no guste, aunque incomode”. El reclamo, como es de esperar, tendrá como beneficiario al colectivo cambiemita, que se hará presente con una decena de figuras estelares lideradas por el panelista televisivo Waldo Wolff, titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, una de las pocas áreas que no ha tratado ni elevado ningún proyecto legislativo desde 2019 hasta la actualidad. El patrocinio de la DAIA, gestionado por la abogada Martha Nercellas, resultó extraño a los ojos de los operadores judiciales asentados en Lomas de Zamora. La penalista es recordada en los pasillos tribunalicios por haber sido sancionada por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados con la suspensión temporaria de su matrícula por las faltas éticas cometidas en relación a la querella de la causa del atentado a la AMIA, también en representación de la DAIA. En aquella ocasión, su confabulación con el entonces presidente de la entidad, Rubén Beraja, el magistrado Juan José Galeano y los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia derivó en la injusta detención de cinco policías de la brigada de Vicente López, por el lapso de ocho años y tres meses. De Macri a Menem La insistencia en estigmatizar a todos aquellos que no coinciden con las políticas exteriores de Estados Unidos e Israel ha sido coherente, además, con el silencio y la indiferencia respecto a lo que se denomina “la pista local” de los atentados del ’92 y el ’94. El último martes, la Corte Suprema –luego de dos décadas– desestimó un recurso del comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda, quien había sido condenado en 2005 a cuatro años de prisión por la destrucción de pruebas relacionadas con el atentado a la AMIA. En esa ocasión, quien revestía como jefe del Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal –encargado de la custodia de evidencias– hizo desaparecer 68 casetes con conversaciones telefónicas del reducidor de autos robados Carlos Telleldín. Entre esos intercambios, se especula, aparecían contactos del ciudadano argentino de origen sirio Alberto Jacinto Kanoore Edul, quien se comunicó el 10 de julio de 1994 con Telleldín con la intención de adquirir una camioneta Trafic. El entonces comisario Jorge Palacios –que tiempo después fuera nombrado como jefe de la policía metropolitana por Mauricio Macri– fue procesado por advertirle a Edul del allanamiento que se iba a llevar a cabo en sus oficinas y en su domicilio. Durante el juicio oral en el que se determinó la