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Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Fecha: 26 de septiembre de 2020  «Nunca en toda nuestra historia se desplazaron a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal por decretos del Poder Ejecutivo. Hasta acá, las remociones o desplazamientos forzados de los jueces habían sido patrimonio exclusivo de los gobiernos que usurparon el poder por golpes de Estado”, señalaron los legisladores del interbloque opositor. Este texto forma parte de una declaración en la cual un conjunto de legisladores de Juntos por el cambio “exhortan” a la Corte a intervenir en la cuestión abierta sobre la anulación del traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli decidida en su momento por el entonces presidente Macri a través de un decreto.   La mentira en la discusión de los hechos consiste en que se rechaza una “remoción”, cuando de lo que se trata es justamente del restablecimiento de la forma establecida por la Constitución, violentada durante el anterior gobierno y reemplazada por la decisión presidencial sin necesidad del paso por el Senado: la famosa designación “a la carta”. Pero la cuestión principal no es la falsificación de los hechos sino el tono del documento.   Lo realmente inédito en los años posteriores a 1983 es la expresa deslegitimación de un gobierno producida por el principal bloque de oposición. Una deslegitimación que, además, no surge del entusiasmo de un discurso de barricada, sino que forma parte de un documento de diputados del Congreso de la nación dirigido nada menos que a la Corte Suprema. En buen romance, miembros de un poder de la república le piden a otro poder que restablezca la vigencia de la constitución alterada por la acción de un tercer poder –el ejecutivo. Eso sí que es un ataque directo y perverso a la legalidad democrática en uno de sus aspectos cardinales como es el carácter soberano del sufragio popular, el principio de la mayoría electoral como forma de elegir las autoridades.  Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE   Cuenta la historia que el día 11 de octubre de 1945 una coalición llamada “junta de coordinación democrática”, que abarcaba al radicalismo encabezado por su sector “unionista”, al conservadorismo e incluía a sectores de izquierda, acordó llevar al ejército la propuesta de la renuncia del gobierno militar de entonces y la entrega del poder a la corte suprema. El contexto era la crisis de gobierno provocada por el disenso en la oficialidad respecto del liderazgo del coronel Perón, quien un día después de ese pronunciamiento sería llevado preso a la isla Martín García y luego liberado por una hasta ahí inédita concentración de trabajadores en la Plaza de Mayo. Hay, pues, una tradición argentina en torno al recurso de las clases más poderosos al único poder no electivo de nuestra constitución como garante último de sus intereses. Esto está en línea con la tradición del pensamiento conservador que acuñó el concepto de “poder moderador” o “poder neutral”. Los conservadores consideran que lo que hay que moderar, en definitiva, es “el poder del número”, el poder de las mayorías.  Para convocar al poder moderador hay que construir una escena de crisis, de angustias colectivas, de barco sin timón. Es la tarea a la que se dedican a tiempo completo las maquinarias comunicativas oligopólicas. En estos tiempos ha nacido otra rama en la estrategia del desgaste al poder elegido por las mayorías: la pandemia ha habilitado una forma de “rebelión” que consiste en la ocupación de calles por pequeños grupos que invariablemente convierten en gritos e improperios (con algún condimento de violencia) las consignas que son títulos principales de las grandes cadenas de la “información”. No importa que sean muy poco numerosas esas demostraciones porque en los tiempos de la pandemia los pequeños grupos funcionan articuladamente con esos medios en la creación de un clima de rebeldía y de desorden. La creación de ese clima es la etapa que está transitando la desestabilización entre nosotros. En otras palabras se está tratando de gestar la necesidad política de un “poder moderador”. La Corte Suprema tomaría el próximo jueves una resolución sobre el caso de los jueces designados por Macri y vueltos a su lugar anterior por el Senado actual. No hay ninguna posibilidad de que la Corte “modere” nada. En general, en Argentina no aparece posible esa moderación, pensada desde fuera de la lucha política. Duhalde presentó su candidatura a moderador nacional, presentando como curriculum su desempeño en el período posterior a la crisis de diciembre de 2001. Pero como supo decir el gran Alfredo Le Pera “las horas que pasan ya no vuelven más”. No solamente porque Duhalde sufrió en el medio más de un derrumbe electoral, sino porque la realidad política se ha transformado, ha construido un antagonismo político que habrá que transitar con prudencia y espíritu pacífico pero que no puede deshacerse por decreto. Allá por 1955 primó la idea de deshacer aquel antagonismo (referencia ineludible del actual) recurriendo a la violencia, la persecución y la proscripción. Y dentro de pocos días el peronismo cumplirá 75 años unido y en el gobierno. La misma lozanía que muestra el antiperonismo incondicional. Para suprimir con violencia el antagonismo político hubo muchas dictaduras y en 1976 se llegó a la más violenta de todas, la que incubó el más criminal de los terrorismos de estado. En la década de los 90, Argentina parecía haber llegado a la meta: el gran consenso neoliberal. Introducidas por Menem y continuadas por De la Rúa, las “reformas de mercado” parecían el fin de la historia de los antagonismos argentinos, lo que estaba además en la agenda política y cultural del mundo. Ese tiempo pasó. En 2001 se dio vuelta la página. Y las dos coaliciones políticas que hoy compiten en el terreno político y electoral son herederas de aquella crisis. Expresan la diversidad social de aquella rebelión. Con la particularidad de que se han alternado en el gobierno sin rupturas constitucionales.  Eso es lo que hoy se amenaza,

Fuente:  Jaime Rosemberg| La Nación Fecha: 24 de septiembre de 2020 Las entidades centrales de la comunidad judía en el país reaccionaron de manera dispar ante el discurso del presidenteAlberto Fernández, que ayer, en su primera presentación ante las Naciones Unidas, pidió a Irán que «coopere» en el esclarecimiento del atentado a la sede de la AMIA y a la comunidad internacional en el cumplimiento de las alertas rojas de Interpol que pesan sobre ex funcionarios de Teherán implicados en el ataque, que dejara 85 muertos y centenares de heridos. «Vemos como muy positivo que se haya retomado el reclamo y una hoja de ruta que se abandonó con el Memorandum de Entendimiento (con Teherán, firmado en 2013). Pero a Irán hay que exigirle, y no pedirle, que entregue a los buscados por Interpol para que los juzgue la justicia argentina», afirmó a La Nación Jorge Knoblovits, titular de la DAIA. Para el dirigente comunitario, hay «cierta inocencia» en pedirle «a Irán que colabore», luego de 26 años sin avances en el juzgamiento de quienes, a criterio de la Justicia, fueron responsables de la planificación del atentado, ejecutado por el grupo pro-iraní Hezbollah. Con un tono más diplomático, la AMIA valoró las declaraciones del Presidente y calificaron de «necesario destacar la vital importancia de que en un foro internacional de máxima trascendencia se haya reclamado expresamente la colaboración de la República Islámica de Irán, para poder avanzar en el total esclarecimiento del peor atentado terrorista que sufrió nuestro país el 18 de julio de 1994, y en el juzgamiento de sus culpables». La entidad mutual recordó, en un comunicado, que «está probada la responsabilidad intelectual y material del ataque a la sede de la AMIA de ciudadanos y funcionarios de la República Islámica de Irán, y de la agrupación terrorista Hezbollah» y calificó de «gran importancia» el pedido de Fernández para que los ex y actuales funcionarios iraníes buscados sean detenidos al salir de su país. En diálogo con La Nación, el titular de la AMIA, Ariel Eichbaum, fue más allá. «Creemos que la mención que el presidente Fernández dedicó a la causa AMIA, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue correcta, precisa y también novedosa. El hecho de que haya pedido que los países no hagan caso omiso a las alertas rojas que pesan sobre los acusados iraníes es algo inédito, y es algo que la AMIA viene reclamando año tras año», afirmó el titular de la mutual judía. En su discurso, el primero ante la ONU como Presidente y de manera virtual, el Presidente afirmó que «a 26 años del atentado a la sede de la AMIA quiero continuar la política iniciada en este ámbito en 2003 y continuada posteriormente, y requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación de dicho atentado». Fernández también solicitó a la comunidad internacional «cumplimentar las solicitudes contenidas en las cédulas rojas de Interpol ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que Argentina jamás dejó de reclamar». No mencionó al Memorándum y aludió sin nombrarlo a la política de Néstor Kirchner en relación al tema durante su mandato como presidente. Los matices entre DAIA y AMIA tienen su explicación en el vínculo que los une con la Casa Rosada y el kirchnerismo. Mientras la DAIA se mantiene como querellante en la causa por presunto encubrimiento del atentado a través del acuerdo con Irán, en el que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner, la AMIA reitera cada vez que tiene oportunidad que no tiene «nada que ver» con esa querella, que además de la DAIA está impulsada por dos familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch. «Es una relación que transita, como debe ser, canales de diálogo institucional de manera frecuente», definió Eichbaum en diálogo con este diario. Las reacciones del Gobierno ante las entidades también son disímiles. Mientras el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, acompañó a la quinta de Olivos a encontrarse con el Presidente al padre de una de las víctimas (Sebastián Barreiro), el pasado 16 de julio, Knoblovits no fue vuelto a citar luego de un encuentro suspendido a último momento con el Presidente, antes del ingreso del coronavirus al país.

Fuente: Carlos Alberto Rozanski (*) | Página/12 Fecha: 23 de septiembre de 2020 Una situación inédita en nuestra justicia se instaló en el país. Para comprender sus alcances y riesgos, hay que remontarse al año 2015. El contexto político era un plan de saqueo económico en plena marcha, aplicando las recetas más sangrientas de Milton Fridman y la escuela de Chicago: transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los más poderosos. Durante la dictadura genocida, el mismo plan económico se llevó adelante en la región mediante la metodología de secuestro, tortura, desaparición y muerte de decenas de miles de ciudadanos. Es lo que se conoció como “Plan Cóndor”. Cuarenta años después, los mismos sectores de ultraderecha, representando los mismos intereses económicos, accedieron al poder mediante elecciones que manipularon a partir de técnicas “aggiornadas”, pero que igualmente se inspiran en aquellos trágicos 11 principios de Goebells. Fundamentalmente se trata de la reiteración de la calumnia como instalación de una nueva verdad.  Mauricio Macri es la primera persona en el mundo, fuertemente sospechado de pertenecer de manera orgánica a una mafia, que llega a la presidencia de una nación (El lado oculto de la familia Macri. Beinstein y Cieza. 2019) y lidera en el país el nuevo Plan Cóndor II. La finalidad de saqueo es la misma, pero la metodología es lo que se conoce como “Lawfare” o guerra judicial (Charles Dunlap 1999). Consiste en cinco pilares en los que se apoyan las operaciones. El Poder Ejecutivo (en manos en ese entonces de Macri), un grupo de legisladoras y legisladores, el sector más reaccionario del Poder Judicial Federal, Los servicios de Inteligencia (que dependen de manera directa del ejecutivo) y los medios hegemónicos de comunicación.  Del 2015 al 2019, coordinados por la denominada “Mesa Judicial”, desarrollaron un plan de estigmatización, persecución, procesamiento, encarcelamiento y hasta condena de opositores políticos y de aquellos ex funcionarios y magistrados que pudieran significar algún tipo de resistencia al nuevo plan criminal instalado el 10 de diciembre de 2015. En lo que hace a la presente reseña, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero Fueron desplazados de sus cargos como jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña. Dos de las vacantes las cubrió Mauricio Macri por Decreto con Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladándolos desde el Tribunal Oral 4 porteño. Desde allí, operaron en sintonía con el titular de la Cámara, Martin Irurzun, a la medida del lawfare que se comandaba desde la mesa judicial. Allí, el Ministro de justicia German Garavano y Juan Bautista Mahiques eran los encargados de materializar la distribución de las operaciones de carpeteo, extorsión, manipulación y amenazas que permitieron la concreción del plan de saqueo y fuga de más de cien mil millones de dólares de las arcas del país, con perjuicio directo a los sectores más necesitados de la sociedad, aunque igualmente afectó las capas medias y altas de la economía.  El cambio de gobierno permitió en diciembre de 2019 el inicio de una etapa de recuperación paulatina del país, aunque con las dificultades evidentes de la pandemia que afecta al mundo y el estado de tierra arrasada producto del saqueo macrista. De los cinco pilares anteriores del Lawfare, las modificaciones que se produjeron fueron obviamente el reemplazo de un ejecutivo de fuertes características mafiosas por un ejecutivo claramente democrático. Asimismo, la intervención dispuesta por el presidente Alberto Fernández en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), reemplazando a los titulares integrantes de la banda (Arribas y Majdalani), por una figura de indiscutida capacidad y honestidad como es Cristina Caamaño. Sin embargo, al quedar intactos los espacios más poderosos de la justicia federal, así como los de los medios hegemónicos de comunicación, los brazos del Lawfare siguen operando, desde una mesa judicial en las sombras comandada por el expresidente Macri, Patricia Bullrich y sus socios. Ahí se encuentra explicación de la brutal oposición de Juntos Por el Cambio a que se dejen sin efecto los traslados de los jueces federales que, junto a German Castelli, se negaron a comparecer a la audiencia en el Senado de la nación para el examen de sus pliegos y responder preguntas, como lo han hecho la totalidad de los miles de magistrados convocados por ese cuerpo desde el inicio de ese sistema de selección. Es lo que manda la Constitución Nacional y es a lo que se han negado los tres jueces señalados. Un juez que no respeta la constitución, no puede continuar en su cargo. No están desafiando al Senado, están desafiando la democracia. *El autor es ex juez de Cámara Federal

Fuente: Carlos Heller | Página/12 Fecha: 13 de septiembre de 2020 Las situaciones complejas exigen análisis complejos. El reclamo de la Policía Bonaerense, más allá del cuestionamiento de sus formas y de los antecedentes de algunos de sus protagonistas, ha sido considerado justo. Además, el conflicto viene a reponer un viejo debate: si las fuerzas policiales deben organizarse sindicalmente o no. En definitiva, estamos ante una fuerza de trabajo con reivindicaciones concretas como cualquier otra. En principio, no me parece mal poner en discusión la posibilidad de que la policía se organice sindicalmente. Sería un modo de que, este tipo de demandas salariales y de mejora en las condiciones del trabajo, se expresaran institucionalmente. Si estas demandas encuentran canales organizados, tienen mayores posibilidades de ser resueltas gradualmente y sin un conflicto abierto como, en buena medida, ocurrió en estos días. Por supuesto, sus prácticas gremiales deberían estar muy reguladas. Por ejemplo, el abandono de tareas, como medida de protesta, tiene enormes riesgos en el caso de la policía como pasa con otros trabajos esenciales. Entre otras prácticas, la existencia de organización sindical en la fuerza permitiría institucionalizar líderes legitimados y no quedar expuestos a la aparición de liderazgos espontáneos y diversos. El reclamo salarial ha sido uno de los componentes del conflicto. Pero no es el único. La pandemia ha privado a muchos agentes de sus adicionales: por ejemplo, el cumplimiento de servicios en la cancha y en recitales, entre otros lugares. Esas fuentes de ingresos, en muchos casos, eran un complemento importante de sus remuneraciones. A ello se suma la pérdida de salario real que han sufrido en los años del gobierno de Mauricio Macri, como sucedió en general con todos los trabajadores y trabajadores. En muchos aspectos, esta situación es una consecuencia de las políticas de ajuste: éstas tienden a hacer caer los sueldos y a empeorar las condiciones de trabajo. A ello se agrega que, según algunas estimaciones, hay alrededor de 7 mil efectivos de la fuerza afectados por coronavirus. Ante un escenario complejo, el gobierno desarrolló una estrategia eficaz para que el conflicto, en lugar de potenciarse, quedara delimitado y encauzado. La medida tomada por el Presidente —la transferencia del equivalente a alrededor de un punto de coparticipación de la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires— corrige una situación generada por el gobierno anterior, cuando transfirió la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, dándole por decreto a esta última el equivalente a más de dos puntos de alícuota sobre los fondos coparticipables. En los considerandos del reciente decreto 735/2020, el gobierno nacional afirma que aquella asignación “no coincide con las necesidades reales para cumplir el objetivo, redundando en una desigualdad aún mayor con las provincias”. Según los cálculos oficiales, solo hacen falta 0,92 puntos para cumplir esa tarea, menos de la mitad de lo girado. En esa línea, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, afirmó que “no se le sacaron fondos al Gobierno de la Ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima, y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada”. Como explicó el Presidente: “estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los 80 cuando la Provincia perdió 8 puntos de coparticipación. El gasto per cápita en seguridad en CABA es hoy de 16.900 pesos y en la Provincia es de 6.700 pesos. Si uno mira los cargos en seguridad cada 100 mil habitantes, la Ciudad Autónoma tiene mil personas destinadas y la provincia 563 personas. Si uno repara finalmente en los salarios, el salario inicial en la Ciudad es de 49.200 pesos y en la Provincia es de 37.500”. Por supuesto, a partir de las razones valederas que desataron el conflicto intervinieron sectores que buscaron agrandarlo, intensificarlo y politizarlo. Pero, el conflicto policial no fue el único que se resolvió últimamente. También las autoridades de la Cámara de Diputados llegaron a un acuerdo con una parte de la oposición que bloqueaba el funcionamiento legislativo. De este modo, trataremos próximamente proyectos muy importantes como son el de Presupuesto, el de Aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas y el del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otras iniciativas. En el acta firmada por los presidentes y presidentas de los bloques parlamentarios, se aprobó la prórroga del protocolo de funcionamiento parlamentario remoto por 30 días hábiles. Incluso el punto 5 del acta especifica que “mientras esté vigente el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto las/los diputados que estén presentes en el recinto deberán loguearse activando la VPN”. El acuerdo firmado deja en claro, de este modo, que el sistema virtual es la modalidad general que rige el trabajo legislativo, tanto para los que intervienen de modo remoto como para los que lo hacen de modo presencial. El gobierno no sólo resuelve conflictos. Además, medida tras medida, va desplegando el proyecto que el presidente Alberto Fernández propuso en la campaña electoral y que viene ratificando en cada una de sus iniciativas. Por ejemplo, en la semana se relanzó el programa “Ahora 12”, por el cual los consumidores tendrán tres meses de gracia para empezar a pagar lo que compren en 12 o 18 cuotas, con una tasa de interés de alrededor del 20 por ciento. También se anunció que el Estado reintegrará hasta el 100 por ciento de los créditos a tasa subsidiada a otorgar como parte del programa ATP a las empresas que contraten personal. Hasta ahora estos créditos eran concedidos a las compañías para que éstas pagaran sus sueldos y estaban sujetos a devolución. A partir de este anuncio, las empresas que tomen trabajadores durante los próximos doce meses serán beneficiados a través de la conversión de parte o la totalidad de esos préstamos en subsidios. Otra noticia importante es que el Estado se ha hecho cargo de prácticamente la totalidad de los corredores viales que estaban concesionados. De este modo, vuelve a tener el control de la administración de estos corredores que fueron concesionados durante el menemismo. 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