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Big data y campaña sucia oficialista

Fuente: Raúl Kollmann | Página/12 Fecha: 25 de julio de 2019 Integrantes de la comunidad judía recibieron en estos días, por whatsapp, el texto transcripto más abajo y en el que se señala que «si gana la Pasionaria del Calafate, será una reminiscencia de la Alemania nazi». Como cualquiera sabe, en los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no hubo ningún rebrote notorio de antisemitismo en la Argentina. La comparación con la Alemania nazi sólo merece repudio y exhibe que el oficialismo no tiene límites. Como es obvio, se trata de publicidad puesta en marcha por Cambiemos a través de alguna empresa de Big Data, como la contratada en la elección anterior. En ese caso fue Cambridge Analytica, del Reino Unido, denunciada en aquel país por interferir en elecciones de la Argentina y otros países. La Big Data se basa en el uso irregular de datos, principalmente en Facebook y otras redes sociales, con los que segmentan los electorados al milímetro: se determinan las edades, sexos, la religión, los diarios que leen, los sitios a los que ingresan y se conforma un perfil quirúrgico de cada ciudadano. Luego usan esa información para mandarle un mensaje específico, como el que se le envió a integrantes de la comunidad judía. Es seguro que le enviaron un mensaje muy distinto a los integrantes de la comunidad árabe. El argumento utilizado es también burdo. Dicen que Cristina le indicó a jóvenes de la villa 20 que lean El Mercader de Venecia, de William Shakespeare, para saber qué son los fondos buitres. De esa manera –dicen en el texto– se fomenta el antisemitismo porque en El Mercader el prestamista, Shylock, es judío. Numerosos expertos, y Cristina Kirchner se hizo eco de ello , recordaron en ese momento que el Teatro Nacional de Israel, Habima, representó El Mercader en su país y eligió esa obra para llevar al festival Shakespeare del Teatro Globe, en 2012. En verdad, el trasfondo no es el antisemitismo sino la utilización de información sesgada y tecnología de punta destinada a que continúe el neoliberalismo en la Casa Rosada. Texto completo del mensaje por whatsapp recibido por personas de la comunidad judía. Querida familia: Para todos ustedes que tienen amigos K (sobre todo judíos), sería bueno que les recuerden (y les demuestren) que si la pasionaria del calafate gana, será una reminisencia de la Alemania de Hitler. Los judíos seran su primer blanco para seguir profundizando la grieta y la renovación de su relato popular. Argentina experimentará un nivel de antisemitismo nunca visto. Otros grupos seguirán después.No hace falta leer entre líneas o ser un gran analista político para detectarlo. Tan solo basta con leer lo que publica y sumar dos mas dos: Cristina Kirchner, luego de una charla con alumnos de una escuela primaria escribió en Twitter: «Pregunté qué obra de Shakespeare estaban leyendo, me dijeron Romeo y Julieta. Les dije: tienen que leer El mercader de Venecia para entender a los fondos buitre… La usura y los chupasangres ya fueron inmortalizados por la mejor literatura hace siglos». Aludía obviamente a Shylock, el usurero judío, uno de los arquetipos antisemitas más conocidos de la historia universal. Quizás no te guste Macri, no entiendas o confíes en su plan económico (no sos el único) y hasta odias estos gorilas. No te culpo. Pero si la Argentina pierde la libertad de expresión y el Estado de derecho, que es la piedra fundamental para mejorar la economía, Venezuela será un paraíso al lado de lo que será Argentina. Las pasiones dejémosla para la familia, los amigos y el futboll (sic). Para la política y el gobierno, seamos los estadistas que ellos no son!

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Irán, traición y encubrimientos: los judíos de Argentina siguen buscando «verdad y justicia» en el peor ataque terrorista del país

Fuente: Méndez Shiff | Haaretz Fecha: 18 de julio 2019 A las 9.53 a.m. el 18 de julio de 1994, un suicida realizó un ataque terrorista en el centro de la comunidad judía AMIA, matando a 85 personas e hiriendo a otras 300 en el centro de Buenos Aires. Veinticinco años después, poco se sabe sobre el mayor ataque terrorista en la historia de Argentina. A pesar de que el sistema judicial argentino ha creído durante mucho tiempo que Hezbolá estaba detrás del ataque, actuando como representante de Irán, nadie ha sido condenado por cometer esa atrocidad. Pero la bomba de ese día hizo más que devastar un edificio de siete pisos y cientos de vidas. También creó una división en la comunidad judía de Argentina que eventualmente enfrentaría a familias con familias en una tragedia que presenta hechos de encubrimientos y denuncias de traición en los más altos niveles. El atentado de AMIA (el acrónimo significa Asociación Mutual Israelita Argentina) se produjo dos años después de un ataque terrorista en la Embajada de Israel en Buenos Aires que mató a 29 personas, entre ellas cuatro israelíes. Juntos, los dos ataques dejaron «una herida profunda» con efectos duraderos en la comunidad judía, dice Susana Gelber, de 55 años, ex directora de Tzavta, un centro comunitario secular conectado al grupo de jóvenes Hashomer Hatzair. El cambio más notable dentro de la comunidad judía es el aumento de la seguridad en todas sus instituciones. Pero son las cicatrices psicológicas de la investigación judicial y los escándalos subsiguientes los que posiblemente han afectado más a la comunidad. “Con dos ataques terroristas no resueltos, no podemos permitirnos tener un tercero. No tener un buen sistema de protección podría eventualmente ser suicida. Y nosotros, como líderes comunitarios, debemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder «, dice Gelber.  «Veinticinco años después del ataque, no hemos encontrado verdad ni justicia», dice Diana Wassner Malamud, de 60 años, quien perdió a su esposo Andrés en el ataque de 1994. Ella es una de las fundadoras de Memoria Activa, uno de los primeros grupos de presión en formarse en los meses posteriores al ataque, luchando en nombre de las víctimas. Desde el principio, el grupo de Malamud fue muy crítico con el papel desempeñado por Juan José Galeano, el primer juez designado para supervisar la investigación legal, y Rubén Beraja, el entonces presidente de la organización argentino-judía DAIA que sirve de cobertura política a la comunidad. «Estamos en esta situación porque el primer juez no hizo su trabajo y en su lugar cometió delitos», dice Wassner Malamud, «y porque nuestro líder comunitario terminó siendo parte de esos delitos y vendió a nuestros muertos por dinero». A principios de este año, Galeano recibió una sentencia de seis años de prisión por ocultación y violación de pruebas durante su manejo de la investigación inicial, que fue declarada nula y sin valor en 2004. Un tribunal argentino encontró en febrero que Galeano pagó u$s 400,000 a un vendedor de autos usados, Carlos Telleldín, para implicar a un grupo de policías en el atentado de 1994. El propio Telleldín había sido el último propietario de la camioneta que se utilizó en el atentado suicida, presuntamente perpetrado por un agente libanés de Hezbolá que actuaba a instancias de Teherán. (Telleldín fue sentenciado a tres años y medio por su participación). En una serie de giros dramáticos en la historia, más tarde se supo que el soborno había sido proporcionado por los servicios de inteligencia de Argentina, cuyo ex jefe, Hugo Anzorreguy, fue condenado a cuatro años y medio por su participación. El ex presidente argentino Carlos Menem (que ahora es senador) y Beraja se encontraban entre los acusados ​​de estar involucrados en el encubrimiento. Ambos hombres fueron absueltos de todos los cargos en el juicio, cuyo proceso judicial comenzó en 2005. Beraja, de 80 años, quien durante su mandato en DAIA también fue presidente del Congreso Judío Latinoamericano y vicepresidente del Congreso Judío Mundial, rara vez da entrevistas. Sin embargo, hablando con Haaretz la semana pasada, dice que la división de la comunidad judía ha sido el «mayor éxito» de los terroristas. También lamenta que algunos de los familiares de las víctimas tengan una «actitud hostil e injusta» hacia él. «La división de la comunidad judía no ha hecho más que debilitar la investigación», dice Beraja. “Creo que cada facción debería repensar y realinear sus posiciones por el objetivo superior de castigar a los que colocaron la bomba allí. El objetivo de los terroristas no solo era generar daño material y matar gente, sino también infligir daño moral al pueblo judío, y dejarnos en una posición más débil «. Esa división será claramente visible el jueves cuando se organizarán no menos de cuatro actos conmemorativos diferentes. La ceremonia «oficial», organizada por Familiares y Amigos de las Víctimas, la organización más cercana a AMIA y DAIA, tendrá lugar en el nuevo edificio de AMIA a las 9.53 a. M. (15.53 hora israelí). Simultáneamente, los miembros de Memoria Activa se reunirán fuera de los principales tribunales de justicia del país para organizar su propio acto de memoria y protesta. Un grupo disidente de Familiares y Víctimas de los Familiares, 18 J, organizará su propio evento conmemorativo en el nuevo edificio de AMIA a última hora de la tarde. Mientras tanto, el gobierno del presidente Mauricio Macri realizará una ceremonia para presentar un libro publicado por el Congreso Judío Latinoamericano sobre el atentado y el terrorismo internacional. Se le unirán algunos familiares de las víctimas, pero ninguno de Memoria Activa, 18 J y de otro grupo de presión, APEMIA (que a su vez se separó de Memoria Activa en 2002), estará presente. ¿Actos de traición?  Dos figuras judías fueron fundamentales en la tragedia de AMIA en los años posteriores al ataque: Alberto Nisman, quien se convirtió en el fiscal especial de la investigación en 2004; y Héctor Timerman, el ministro de Relaciones Exteriores argentino que fue uno de los signatarios de un Memorando de Entendimiento con Irán en

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A 25 años del atentado a la AMIA

Fuente: Raúl Kollmann | Página/12 Fecha: 14 julio 2019 Al cumplirse este jueves 25 años del atentado contra la AMIA, la investigación sigue dominada por la política internacional, no por las pruebas. La movida tuvo como eje remover a los fiscales que estaban en la Unidad AMIA y fueron logrando avances importantes en el expediente. En su reemplazo tomó las riendas un fiscal elegido por el gobierno, Sebastián Basso, que pasó a concentrarse en la pista internacional, más precisamente en Irán y Hezbollah. Eso explica por qué la Unidad AMIA emitió este viernes un texto concentrado en eso que no aporta ningún elemento relacionado con el lugar dónde se armó la camioneta en Buenos Aires, quién consiguió los explosivos, quién manejó el vehículo hasta la AMIA, con qué identidad entró al país quién supuestamente protagonizó el atentado. El objetivo es emitir un decreto alineando a la Argentina con Estados Unidos, Israel y el Reino Unido declarando que Hezbollah es una organización terrorista y que Irán financió los atentados de Buenos Aires. Otro paso que intenta la administración Macri, aunque con controversias internas, es el de establecer el juicio en ausencia, o sea juzgar a los iraníes aunque no estén presentes. Por su parte, se dice que Basso viajó a Estados Unidos a tomarle declaración a un supuesto testigo clave. Organizador Desde 2009 está en el centro de la escena un sujeto que supuestamente se llamaba Samuel Salman El Reda, que utilizando una partida de nacimiento falsa, en la isla de San Andrés, obtuvo pasaporte colombiano. El individuo, de origen libanés, se casó con Silvina Saín, la hermana de una secretaria del agregado cultural de Irán en la Argentina, Mohshen Rabbani. Durante años el prófugo era Samuel El Reda, pero en 2016, El Líbano y un par de familiares del prófugo proveyeron la verdadera identidad, revelando su verdadero nombre: Salman Salman. Las pruebas contra él son esencialmente telefónicas. Se supone que el atentado fue coordinado por un hombre que utilizó un celular a nombre de André Marques en la Triple Frontera. A ese teléfono llamó Salman Salman y se sabe que era él porque también se comunicó con su familia y luego habló con teléfonos de El Líbano que, según la CIA, son de Hezbollah. Los dos familiares que testificaron en la causa confirmaron que Salman Salman estuvo en la Argentina, que incluso tiene una hija argentina y una brasileña, y que actualmente está con vida en El Líbano. Pero esos mismos familiares dijeron que no sabían nada de que tuviera que ver con el atentado o que integrara una agrupación como Hezbollah. En todo caso el texto oficial de la Unidad AMIA no duda en adjudicarle la responsabilidad a Hezbollah y a Irán, argumentando que el ataque se decidió en una reunión del régimen de los atayatolas en la ciudad de Mashad, en 1993. La información sobre ese encuentro es muy dudosa y surgió de grupos opositores iraníes. También el texto menciona que hubo una reivindicación de un brazo de Hezbollah, algo que la organización desmintió innumerable cantidad de veces. Es decir que la base de la acusación son informes de inteligencia extranjeros. Nueva prueba El informe oficial no menciona una prueba que se está trabajando de la mano de Estados Unidos. Aparentemente en el país del norte hay un detenido, sospechado de tener que ver con un atentado, que habría mencionado que Salman Salman era su jefe. Habrá que ver qué datos aporta teniendo en cuenta que pasaron 25 años del atentado en Buenos Aires. Este diario le consultó al fiscal Basso si es cierto que viajó a Estados Unidos para hablar con ese detenido, pero el funcionario señaló que no podía hablar del tema. Según parece hay un convenio de confidencialidad con las autoridades norteamericanas. Avances Tras la muerte de Alberto Nisman se designó a tres fiscales en la Unidad Amia. La ahora jueza Sabrina Namer, junto con Roberto Salum y Patricio Sabadini, luego reemplazado por Leonardo Filippini. Más tarde entró Santiago Eyerhabide por Filippini. Ese equipo logró varios pasos adelante tomando medidas que Nisman no quería concretar por temor a que la evidencia le destruyera sus hipótesis, siempre alineadas con los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel y también con la SIDE. Por de pronto se acreditó la existencia de la camioneta usada como coche bomba a través del uso de un microscopio de barrido electrónico que analizó las partecitas encontradas en los cuerpos de las víctimas durante la autopsia. Esos trozos metálicos se compararon, a través de los electrones, con los usados en las camionetas Trafic. También se utilizó tecnología moderna genética para analizar todos los restos humanos que estaban sin identificar. Así se determinó que un cuerpo encontrado en el atentado correspondía a Augusto Jesús, hijo de una señora que estaba y murió en la mutual judía ese día. También ese trabajo permitió establecer que había restos que no se correspondían genéticamente con ningún familiar de las víctimas. Eso consolidó la hipótesis de la existencia de un suicida. Nisman incluso le había dado nombre y apellido a ese suicida, Ibrahim Berro. Sin embargo, los nuevos fiscales compararon el perfil genético de dos hermanos de Berro, Abbas y Hassan, uno de los cuales entregó sangre para hacer el estudio, y se demostró que los restos no se correspondían. De manera que la conclusión que fue sacando la Unidad AMIA es que existió camioneta, existió suicida, pero que no se trató de Berro. Todo con la provisoriedad que daba una investigación en marcha. Internacional La Unidad AMIA post-Nisman no abandonó la llamada pista internacional, pero no se casó de forma definitiva con ninguna pista. Siguieron el rastro de Salman Salman y entablaron un diálogo con la fiscalía general de El Líbano: eso permitió el avance respecto de la identidad del sospechoso. Después de aquel contacto con las autoridades libanesas, el diálogo se cortó. Pero con esa conformación de la Unidad Amia nunca hubo un pronunciamiento tan categórico respecto de Hezbollah como ahora, bajo la conducción de Basso. Siempre fue una hipótesis, se los consideró sospechosos e incluso se corrieron las órdenes de captura reemplazando El Reda por Salman Salman. Pero el

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Los mercados tienen a su favorito

Fuente: Carlos Heller * | Tiempo Argentino Fecha: 14 Julio 2019 Categórico: “los mercados siguen teniendo un rol crucial que desempeñar a la hora de facilitar la cooperación social, pero sólo cumplen este propósito si están subordinados al régimen de derecho y son objeto de controles democráticos”. Son palabras de Joseph Stiglitz, en una nota publicada en Clarín (9/6/19), al citar una de las cuatro prioridades que permitirían salir del “experimento neoliberal que ha fracasado”. Si bien se refiere principalmente a los EE UU y a otros países desarrollados, puede aplicarse para Argentina. Y esta falta de subordinación al régimen de derecho se explicita en nuestro país ante las próximas elecciones, pues los inversores ya están apostando cómo tratarán a la economía argentina según quién gane. El periodista Claudio Jacquelin (La Nación, 8/7/19) refleja claramente esta situación. Jacquelin comienza con una obviedad: “ya se sabe que el 11 de agosto todos los ciudadanos en condiciones de sufragar debemos (sí, es obligatorio) concurrir a las PASO”, para luego comentar “pero el 12 habrá otra votación clave, supeditada al resultado de la gran encuesta nacional del día anterior”. El periodista explica que “ese lunes, el mercado, los inversores o como quiera llamarse a ese ente abstracto, pero de existencia y peso nada virtuales, expresarán en los indicadores financieros su confianza o sus temores sobre el rumbo del país”. En verdad, los mercados ya vienen marcando la cancha a partir de las confirmaciones de las distintas fórmulas presidenciales, y aún antes. De todas formas, lo que dirige las operaciones de los inversores externos sigue siendo la especulación, aprovechando la incertidumbre que genera todo cambio de presidencia en este o cualquier otro país. Se intenta mantener “adormecido” al dólar para tratar de ir reduciendo la inflación, que igualmente sigue siendo alta. En este entorno, el riesgo país fue bajando, de casi tocar mil puntos a ubicarse cerca de los 800, un piso que le cuesta perforar. Como ya he expresado en anteriores columnas, no hay gran diferencia entre mil puntos de riesgo país y 800: ambos son inviables. En un medio especializado se sostiene que los “800 puntos de riesgo país no es Macri ganador”, dando idea de las dudas que existen sobre la reelección del actual presidente, pero también de lo “riesgoso” de otro gobierno. Estas definiciones llevan también a la necesidad de abordar otra cuestión esencial: si los mercados van a votar el 12 de agosto, y la elección del día anterior da como clara ganadora a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, podría suceder que comiencen a complicarse los indicadores financieros, suba el riesgo país, se incremente el dólar (lo cual no sería extraño, ya que está comprimido artificialmente en valores muy bajos para lo que requiere el modelo) y los bonos de deuda pública comiencen a bajar de precio. Estas variables indicarían, entonces, que ante una opción distinta a la de Macri, el país “no sería viable”. Una presión política de mercados que intentan impulsar la continuidad del ajuste. Acuerdo Mercosur-UE: la importancia de la letra chica En una reciente reunión en Hacienda, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el Canciller, Jorge Faurie, le prometieron a los ministros de Producción de las provincias que en el acuerdo entre el Mercosur y la UE “no habrá letra chica”. Una promesa insólita, dado que para analizar los impactos económicos y sociales de estos acuerdos de libre comercio, la letra chica es fundamental. De hecho, estos tratados se firman luego de lograr acuerdos amplios, si no unánimes, sobre esa letra chica. Francia ya ha sido explícita y ha fijado condiciones medioambientales, sanitarias y de salvaguarda. El gobierno galo solicita que se respeten las normas sanitarias europeas no solo en los productos que puedan ser importados hacia la UE, sino también en los procedimientos para su fabricación. Más aún, promueve la creación de “inspectores europeos en los países del Mercosur para verificar sobre el terreno”. Queda claro que todos estos son artilugios para frenar las exportaciones del Mercosur a la UE en temas que definen “sensibles”, como carnes, y bienes agrícolas. Imitando a Francia, la Comisión Europea ya emitió un documento sobre el acuerdo (El Cronista, 11/7/19). Allí se sostiene que la ventaja competitiva de los países del Mercosur proviene de controles sanitarios laxos, legislaciones laborales relajadas o del uso abusivo de agroquímicos. Un duro comentario para un socio que está cerrando un acuerdo. También aparece la prohibición a los organismos genéticamente modificados (la casi totalidad de la producción granaria argentina exportable –salvo el trigo–), residuos de pesticidas o medicación veterinaria. Para cerrar este escudo proteccionista, que seguirá funcionando con tratado o sin él, se menciona que entre lo acordado hasta el momento se incluye un “principio de precaución”, por el cual la UE puede cerrar sus fronteras “en aras de resguardar la salud alimentaria, animal, vegetal o de sus ciudadanos, incluso cuando la evidencia científica no es concluyente”. Conceptos tan amplios que permiten la interpretación más absurda. Las cifras lo avalan: según el relevamiento de Global Trade Alert, desde la crisis del 2008 a la fecha los países han tomado 6720 medidas proteccionistas y sólo 2414 de liberalización. El primer puesto de los países con más medidas de protección es EE UU (428) seguido por India (324) y Rusia (232). Le siguen los 28 países de la UE, que, en conjunto, han tomado 3696 medidas proteccionistas, liderados por Alemania (174), Italia (166) y el Reino Unido (163). Queda claro que el análisis, más allá de la “letra chica”, también tiene que ver con la postura respecto a las políticas comerciales y lo que pretende cada uno de los bloques que se asocian. Europa desea poder venderle al Mercosur sus productos manufacturados sin aranceles, sin dejar de proteger al sector agrícola, una conducta que es histórica, e incluso constitutiva de la propia UE. Pensar que Europa dejará sin protección a sus productos agrícolas y ganaderos es casi una quimera. El impacto del acuerdo no se acaba en estas consideraciones. En Argentina

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Impunidad y escenificación electoral – La irresponsabilidad global del macrismo

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 14 julio 2019 Los laboratorios del macrismo han decidido implementar una campaña electoral de tono desesperado y ofensivo utilizando en forma irresponsable dimensiones ligadas a la violencia, el terrorismo y los conflictos geopolíticos ajenos a la realidad de América Latina. En ese marco, con la clara intención de motorizar niveles crecientes de polarización, el gobierno ha decidido sumarse al pedido de Washington y Tel Aviv de nominar como grupo terrorista a una organización político-militar del Líbano, Hezbollah (cuya traducción es Partido de dios), que forma parte permanente del gobierno de ese país. La señal enviada por el macrismo será aplaudida durante la semana que se inicia en la sede de la AMIA y la DAIA, por el ex jefe de la CIA, Mike Pompeo, hoy devenido jefe del Departamento de Estado. El delegado de Donald Trump también retribuirá el apoyo recibido de Mauricio Macri en relación a Venezuela a través del Grupo de Lima, orientado a legitimar el bloqueo contra Caracas. Pompeo también utilizará su estancia en Buenos Aires para referirse a la potencial guerra en ciernes contra la República Islámica de Irán, hecho que los medios hegemónicos locales relacionarán con el caso de Natalio Alberto Nisman, tanto en referencia a su muerte como a su denuncia por el Memorándum de Entendimiento. La denuncia realizada por el fiscal ha sido elevada a juicio oral pero aún no tiene fecha de inicio. Dicha situación le permite al entramado tribunalicio-mediático la oportunidad para darle continuidad a la persecución contra la ex Presidenta y al resto de los acusados, sometidos al limbo de la imputación permanente. La presencia de Pompeo incluirá un homenaje a Nisman. Y buscará, además, revalidar el galimatías jurídico estrafalario por el que se encuentra encarcelado desde hace más de un año Fernando Esteche. Bajo esa misma imputación se logró la detención de Carlos Zannini y se le impidió a Héctor Timerman realizar tratamientos oncológicos, situación que aceleró su muerte. El mismo entramado es el que viabilizó la ofensiva contra el juez Daniel Rafecas, impulsada en 2015 por la DAIA y continuada por el diputado Waldo Wolff mediante una denuncia realizada ante el Consejo de la Magistratura. Todos esos movimientos fueron coetáneos a la operación llevada a cabo por los republicanos desde Washington, quienes socavaron su propio acuerdo con Irán y se retiraron del mismo una vez que Donald Trump asumió la presidencia. El fracaso de Wolff ante Rafecas no impidió que el legislador intentase una acusación por antisemitismo contra el diputado Leopoldo Moreau, imputación que también fue desestimada. La consiguiente sensación de fracaso, sufrida por el ex dirigente de la DAIA, no le impidió alternar su banca con sus persistentes presencias televisivas, abonado como panelista en todos los programas donde la política se degrada en el barro del show mediático. Cambiemos le dará continuidad a su puesta en escena electoral en la conmemoración del 25° aniversario del atentado. Utilizará la muerte de las 85 víctimas y los 300 heridos para obviar que la causa tramitada en Comodoro Py continúa con el mismo status de estancamiento y sordina con el que se observa la tramitación del expediente referido al atentado a la embajada del Estado de Israel. En este última instrucción, la Corte Suprema suma 27 años de mutismo y burocracia ininteligible. Ambas causas mantienen, sin embargo, una íntima relación con el reciente fallo del Tribunal Oral Federal N° 2, de febrero de este año, en el que se dio por probado el encubrimiento efectuado durante la investigación del atentado de 1994. Sus fundamentos, difundidos en mayo de este año, dan cuenta de la operación realizada por el menemismo, con la complicidad del juez Juan José Galeano, para ocultar los lazos que articulaban al entonces entorno presidencial con el sospechoso Kanoore Edul, definido como eslabón de la denominada pista siria [1]. El operador de aquella desviación fue el comisario Jorge Fino Palacios, luego imputado por las escuchas telefónicas ilegales requeridas por la familia Macri para espiar a familiares de las víctimas, a empresarios competidores de sus corporaciones y al cuñado del actual Presidente. A pesar de la palmaria connivencia entre AMIA, DAIA y el PRO, el juicio por encubrimiento terminó sumando una nueva denuncia de encubrimiento. Pero esta vez provino del propio núcleo gubernamental. El Titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, quien había sido designado por Mauricio Macri en enero de 2016, fue el encargado de señalar a sus superiores. Cimadevilla, dirigente radical y ex senador por la provincia de Chubut, consideró a German Garavano como responsable de impedir la acusación contra los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. El decreto gubernamental que cataloga a Hezbolah, anunciado entre otros por el diputado oficialista Waldo Wolff, etiqueta a la organización libanesa con el mote de terrorista bajo la misma lógica de presión impuesta durante la etapa de las relaciones carnales que llevaron al país a sufrir los dos atentados del ’92 y del ’94[2]. En aquella oportunidad, los vínculos entre Menem y Bush provocaron inicialmente el desmantelamiento del misil Cóndor (que el riojano había comprometido vender a varios países árabes y a los ayatolas persas), además de la interrupción intempestiva de los contratos firmados por el gobierno de Raúl Alfonsín con Teherán, para sustituir el núcleo de un reactor nuclear y convertir uranio natural en dióxido de uranio [3]. Usar a los muertos Ningún analista —ni siquiera los actuales funcionarios de la cancillería— logra explicar la declaración de guerra a una organización político-militar libanesa ni los beneficios que esta decisión supone para Argentina. Su aplicación, explican, no tendrá impacto en el posicionamiento estratégico ni conllevará mejoras en los niveles de cooperación y/o el comercio con bloques o con país alguno. De hecho, la concesión a los gobiernos de Estados Unidos e Israel se institucionalizará mientras estos dos últimos Estados continúan apoyando al Reino Unido de Gran Bretaña en relación al eje central de la política exterior argentina (hoy abandonada): la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

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El voto del odio

Fuente: Luis Bruschtein | Página/12 Fecha: 13 de julio de 2019 Murió la madre, el Tigre Verón cerró los puños y escondió la cara tras la guardia pugilística. Boxea la vida. El instinto animal del Tigre hace que todo se convierta en un ring y violencia. Esta serie de Polka sobre la vida de un dirigente gremial de la carne se estrenó justo al comienzo de la campaña electoral a la que se enrosca desde un lado tangencial pero que impacta como un gancho a los riñones. Casualidad: el periodista Daniel Muchnik despotricó contra el sindicalista Sergio Palazzo y dijo que en Estados Unidos, el abuso sindical terminó cuando secuestraron a Hoffa, el dirigente camionero. Sugerencia, justificación. Más casualidades en la misma línea: con una crueldad inusitada, la monja Martha Pelloni, acusó al boleo a decenas de miles de jóvenes de La Cámpora de ser “el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Kirchner” y la diputada Elisa Carrió agregó que “algunos trafican y muchos consumen”. Sigue la catarata de bosta: Elisa Carrió dijo que Cristina Kirchner viajó a Cuba para reunirse en secreto con los rusos. Miguel Angel Pichetto y Jorge Macri dijeron que Axel Kicillof es marxista, como si fuera cierto y como si fuera un insulto. Argentina retrocede décadas en el discurso de campaña que eligió el oficialismo como si volcara sobre la sociedad un tacho de la basura intolerante y violenta de la Argentina de hace más de cuarenta años. La serie de Polka sobre este violento sindicalista, con una ex mujer alcohólica, un hijo otro drogón, el estereotipo clasemediero más ramplón del sindicalismo peronista, se recostó en la campaña electoral al mismo tiempo que varios grandes empresarios exigían una ley de flexibilización laboral, en sintonía con las exigencias del FMI. Es evidente que habrá resistencia gremial. Es evidente el trasfondo de la telenovela. La complejidad del universo gremial no se reduce a ponerle un toque de humanidad al villano y largarlo a correr para horrorizar a una clase media llevada al borde del abismo por las fake-news que fueron generadas en las mismas trastiendas. Y así empujarlas para que se deslicen al vacío. Sin argumentos para defender una gestión que arruinó al país y que ya no se explica con ninguna pesada herencia, el oficialismo eligió caminar por el delgado sendero del ataque violento y la demonización ideológica. Propuesta Republicana no tiene Propuesta porque eligió la campaña negativa, basada en denigrar al adversario. Y tampoco es Republicana por el carácter violento y por la discriminación ideológica tan rústica que utiliza. Si una fuerza política hace muchas promesas cuando está en el llano y después de gobernar no le queda más argumento que denostar a sus competidores, quiere decir que no cumplió nada de lo que prometió. Seguramente sabía que no lo iba a cumplir. Después de casi cuatro años quedó expuesto el hueco, el vacío absoluto de propuestas reales y concretas a la sociedad. En la mayoría de los casos, se hizo lo contrario de lo que se prometió. Se iba a sacar el impuesto a las ganancias y ahora abarca a más trabajadores que antes; en vez de lluvia de inversiones, se desinvirtió al país con especulación financiera y fuga de capitales. Dijeron que nadie perdería lo que ya se había logrado y los salarios bajaron drásticamente y aumentó la desocupación ya de vuelta en dos dígitos, como en la crisis del 2002. Se dijo que bajaría la inflación y la duplicaron o más. Y así en cada uno de los rubros que hacen a la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los argentinos. Los ganadores son pocos y todos amigos o familiares del gobierno. No pueden hacer campaña con la desgracia que han causado. En las competencias electorales previas, la división del trabajo hizo más sigiloso el efecto buscado. Los candidatos se dedicaban a hacer promesas, a mostrarse como buenos chicos blancos y a jugar con globos amarillos. El peso de la campaña de difamación estuvo a cargo de los servicios de inteligencia, en combinación con periodistas del oficialismo –o rentados por él– y un sector del Poder Judicial. Se hicieron cientos de acusaciones hasta saturar a una sociedad que finalmente asumió como una verdad implícita la corrupción en el kirchnerismo. Pero finalmente no hubo tesoros enterrados en la Patagonia, no hubo cuentas en las Seychelles, ni en Panamá, ni en Delaware o las islas Cayman, no hubo “ruta del dinero k”, ni existieron los bolsos de la secretaria, no hubo crimen de Alberto Nisman ni traición a la patria por el memorándum con Irán. No hubo sótano del dinero, ningún funcionario se enriqueció con Ciccone, no hubo sobreprecios en el gas y la morsa no tenía nada que ver con Aníbal Fernández. Armaron la mentira porque el ex ministro usaba un gran bigote. Solamente con eso los servicios de inteligencia abrieron las puertas de una cárcel de alta seguridad para que Lanata, periodista emblema del grupo Clarín, entrevistara a los asesinos del triple crimen de General Rodríguez y se creara la historia de la morsa. Fueron todas fake-news. Los comunicadores que armaron esas acusaciones tendrían que reconocer, al menos, que mintieron. En esta ocasión, la campaña sucia va por cuenta de los mismos candidatos. La prensa oficialista ya no alcanza. Mauricio Macri, en plan de presidente y candidato fue entrevistado oportunamente por la CNN y se sumó a la catarata de bosta. Dijo que Palazzo era un “provocador y un prepotente”; que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández “solamente sabe mentir” y que un triunfo de la oposición era “temido en el mundo” y significaría la “destrucción del futuro de los argentinos”. No pudo reivindicar una sola acción de su gobierno, más que mentir con la falsa “tolerancia a la libertad de prensa” y nombró a dos de los poquísimos medios críticos: el canal de cable C5N y Página/12, los que justamente vienen soportando persecución judicial y discriminación con la pauta pública. En ese momento la cámara lo enfocó y

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Elecciones 2019: la fórmula Fernández-Fernández como signo

Fuente: Edgardo Mocca | Página/12 Fecha: 10 julio 2019 El balance de las tácticas electorales solamente puede hacerse después del escrutinio. Sin embargo su potencia política puede ser medida en el desarrollo de la contienda. En nuestro caso la fórmula Alberto-Cristina encierra un conjunto de significaciones, contradicciones y proyecciones que la convierten en un rico material para pensar la Argentina de hoy, con prescindencia de lo que ocurra en las urnas. La fórmula fue posible. Hoy la vivimos como un movimiento táctico igual a cualquier otro, pero hace un par de meses a nadie se le hubiera ocurrido pronosticarla. La fórmula es un signo. Y está dirigido –o puede sostenerse que lo esté- a proponer una visión nueva del antagonismo político que se despliega en la última década y media entre nosotros. Macri hizo muchas promesas falsas pero en la más importante, en la que organizó sus apoyos y los llevó a la victoria, en eso no mintió. El santo y seña de esa promesa era “terminar con la grieta”. Aquí la palabra grieta tiene una función estratégica: se coloca en el lugar del conflicto, de la contradicción pero la nombra como algo que carcome, que debilita y que destruye. Algo que no puede llevar a una instancia superior de la vida social sino que, por el contrario la degrada. El extraordinario eco que tuvo esa promesa macrista no es tan extraño como puede parecer. Constituyó la más eficaz apelación a masas de millones de argentinos que tienen con la política una relación distante cuando no directamente ajena. “Indiferentes” los llamó el joven Gramsci y dijo de ellos que son “el peso muerto de la historia”. Por suerte, muchos de sus textos posteriores dirigidos a la “reforma intelectual y moral” y a la hegemonía sugieren la conveniencia de una visión más matizada del asunto. Lo que interesa aquí es que esa masa es un fenómeno universal y no una excepcionalidad argentina y que contra ella es muy difícil ganar elecciones. Y esa masa sufría (y sufre) el antagonismo político: hay amigos que ya no quieren visitarlo y parientes que arruinan los asados familiares con la agresividad de sus opiniones. Pero ¿cómo se formó esa grieta? La interpretación que hoy difunden los que ejercen el cuasi monopolio de la opinión dice que la grieta la creó un gobierno intolerante –el de Cristina- para intentar eternizarse en el poder con el odio como argumento. ¿Es verdad eso? No lo es, pero eso no tiene ninguna importancia en la civilización “pluralista” que endiosa la opinión por sobre los hechos. O tal vez tenga importancia la cuestión de la verdad, pero la que puede otorgárselo es la lucha política. La fórmula del Frente es un signo. Vamos a hacernos cargo de que el proyecto que sostenemos está chocando con los límites de sus posibilidades. Que hay una roca dura que no se ha podido todavía cruzar. Y que esa roca dura no está hecha solamente de “argumentos”. Tiene creencias. Tiene miedo. Ha construido un mundo fuertemente individualista y vive en el interior de ese mundo. No es una actitud extraña: convengamos en que el mundo que nos rodea, el mundo enredado en la lógica del consumo, el cálculo financiero, la competencia con los otros por los escasos recursos no es un hábitat favorable. La roca dura del mundo neoliberal –en el que vivimos todos y de cuya savia bebemos todos- puede ser removida pero solamente si es correctamente reconocida. El estereotipo político que creció mucho más allá de los límites de los beneficiarios directos o indirectos del desorden del régimen macrista es el que dice que los años de gobiernos kirchneristas (especialmente después de 2008) fueron años de construcción de un régimen autoritario montado con el único propósito de facilitar la corrupción. Y que fue ese régimen el que dividió a los argentinos, el que creó la grieta. Pero los hechos del pasado no se esclarecen solamente desde la reconstrucción de ese pasado. Se resuelven ante todo desde el presente y su proyección hacia el futuro. Por eso la idea de un contrato social propuesta por Cristina en el acto de la feria del libro funciona como una reinterpretación de ese pasado puesta a consideración de sus protagonistas. Porque está muy bien que el centro de la campaña sea la promesa de reparación, de reconstrucción del enorme daño que sufrieron los sectores populares y la nación como entidad histórica desde diciembre de 2015. Es solamente desde esa promesa, desde esa perspectiva que se puede revisar la interpretación del pasado. Porque esa promesa tiene implícita la necesidad de una redistribución del poder en nuestro país de carácter democrático y de inspiración igualitaria: ése es el contrato. Y entonces se trata de una convocatoria muy amplia y muy generosa, nada sectaria, nada autoritaria. Y lo que quedará por ver es la actitud de cada argentino o argentina frente a ese contrato, cuánto está dispuesto a dar cada uno para que esa perspectiva se haga realidad. La fórmula del Frente no propone un nuevo round del combate sino un profundo replanteo. Quienes gobernaron entre 2003 y 2015 han abierto de hecho y de palabra una serie de revisiones de esa experiencia. De hecho los dos integrantes de la fórmula tienen diferencias acerca de lo que debe revisarse; son diferencias creativas. Porque lo que viene no es un juicio público sobre la etapa kirchnerista, sino un intento por cerrar una etapa política, la del macrismo, desastrosa en sus consecuencias actuales y temible por el futuro que nos propone. Si la decisión popular habilita esta nueva etapa, habrá que asumirla con mucha inteligencia y mucha creatividad. Procurando ampliar todos los días los márgenes de la unidad alcanzada y teniendo siempre como norte que en el país quepan todos y todas. Cada paso que se dé- más aceptado o más resistido- tendrá que alcanzar su legitimidad desde esta perspectiva, la de un país más justo, más soberano y más democrático. La campaña electoral tendrá que formar parte de este replanteo.

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Coyuntura económica en debate: claves feministas para leer los últimos datos del INDEC

Fuente: Gabi Nacht | Ansol – Agencia de Noticias Solidarias Fecha: 10 julio 2019 Las desigualdades de géneros son un problema clave para pensar la justicia social y la equidad distributiva. Los más recientes datos estadísticos son contundentes: hoy en Argentina las mujeres representan casi el 70% del decil más pobre de la población1. Este dato bastaría ya para afirmar que cualquier modelo económico que tenga vocación progresista y que quiera abordar con seriedad el problema de la distribución de la riqueza en nuestro país tiene que atender la cuestión de géneros como uno de los temas centrales, y asumirla desde hoy como perspectiva integral. Hoy. No mañana. Pues aunque habrá quien crea que se trata de un asunto secundario que podrá atenderse luego de que se resuelvan “los principales temas económicos”, lo cierto es que la cuestión de géneros está en el centro mismo del funcionamiento de la economía. Por eso considerarla como merece nos permitiría abordar –desde la teoría y desde la acción- las raíces mismas de la desigualdad, y además nos daría buenas pistas sobre la crisis estructural revelada a nivel global desde 2008, y agravada en cada vez en más países por seguir las “recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional2. La división sexual del trabajo En términos estructurales, la división sexual del trabajo es uno de los pilares de la economía. Por ella, las mujeres sostienen -de modo gratuito e invisibilizado, ni siquiera considerado como trabajo- las actividades necesarias para la más básica reproducción de la vida cotidiana. En el ámbito urbano, eso comprende desde el cuidado sanitario y alimenticio de los cuerpos, hasta el acondicionamiento del hábitat en que vivimos, pasando por la atención a niñas/os y adultos/as con necesidades especiales transitorias o permanentes, así como el sostenimiento de las necesidades humanas psicoafectivas. Indicadores de trabajo no remunerado y precarización laboral De acuerdo a la última encuesta nacional de uso de tiempo3, en nuestro país el 89% de las mujeres realizan trabajo no remunerado (TNR) de cuidado, en un promedio de 6 horas y media por día. Por su parte, sólo un 58% de varones lo hace, y en un promedio de 3 horas y media por día. La sobrecarga de TNR es mayor para las mujeres de más bajos ingresos, fundamentalmente por las menores posibilidades de contratar servicio de cuidado en el mercado (por ejemplo, una persona empleada en realizar tareas de limpieza doméstica o de cuidado de niñas/os). En total, puede estimarse que casi un 80% del TNR en nuestro país es sostenido por mujeres. “en nuestro país el 89% de las mujeres realizan trabajo no remunerado (TNR) de cuidado, en un promedio de 6 horas y media por día“ Y si pareciera que de un tiempo a esta parte ha crecido la cantidad de mujeres en el mercado laboral (aunque más abajo veremos, no en igualdad de condiciones), lo cierto es que no ha habido un aumento equivalente de la participación de varones en el TNR de cuidado. Esto le ha puesto un freno al crecimiento de la participación de las mujeres en el empleo remunerado. En términos globales la OIT sostiene que en las últimas tres décadas la brecha de empleo entre varones y mujeres se “estabilizó”, es decir que no ha variado significativamente. Todo eso significa que por cada mujer con presencia en el mercado laboral -o en la vida política y social fuera de lo doméstico- hay otra mujer que está cubriendo “sus” tareas de cuidado. Esa otra mujer muchas veces es una hija, hermana, abuela, vecina que lo hace de modo no remunerado, o una mujer contratada de modo no registrado y/o con muy baja remuneración. Esa sobrecarga de TNR es la causa de la inserción limitada, precaria e inestable de las mujeres en el mercado laboral, y por lo tanto de su menor acceso al dinero y otros recursos económicos. Las mujeres no acceden al empleo, o lo hacen en condiciones “flexibles” por tener que conciliarlo con las tareas de cuidado. “por cada mujer con presencia en el mercado laboral -o en la vida política y social fuera de lo doméstico- hay otra mujer que está cubriendo “sus” tareas de cuidado“ De acuerdo a los más recientes datos oficiales4, hoy el 70% de los varones participa del empleo, mientras que para las mujeres ese porcentaje es del 49%. El índice de desempleo también muestra un sesgo de género: hoy el 9,2% de los varones estén desempleados, y ese porcentaje sube al 11,2% entre las mujeres. Además, las mujeres mayoritariamente acceden al empleo en los sectores de Servicios Sociales, Salud y Educación –donde son el 70%- y de Trabajo en Casas Particulares –donde son el 95%5. Estos sectores -cuya degradación y subestimación en el conjunto de la economía se evidencia también en el bajo nivel salarial y en las condiciones de precariedad que los caracterizan- aparecen como una extensión de las tareas domésticas de cuidado. Asimismo, a esa segregación horizontal de las mujeres en el mercado de trabajo (por sectores) se le suma la segregación vertical, por la cual las mujeres acceden con dificultad a cargos de jefatura, y están casi ausentes en los cargos de máxima jerarquía, donde las estimaciones disponibles sostienen que las mujeres rondan apenas un 4%6. En síntesis, la sobrecarga de TNR conlleva que las mujeres tengan menores posibilidades de acceder a un empleo remunerado y que cuando lo hacen, sea en peores condiciones. Esto explica la brecha de ingresos: hoy en Argentina las mujeres tienen en promedio un 27% menos de ingreso que los varones7. En cuanto a la participación en el empleo de personas trans, travestis y otras disidencias no tenemos información oficial. Allí la invisibilización es prácticamente absoluta. Las políticas del FMI: privatizar la vida, profundizar la desigualdad Ahora bien, sobre todo lo expuesto: ¿cómo están repercutiendo específicamente las políticas que viene llevando a cabo el Poder Ejecutivo bajo las pautas del Fondo Monetario Internacional? En primer lugar, hay un ajuste fiscal que se siente especialmente en los Servicios Públicos de Salud y Educación, de manera que el Estado se

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Después del neoliberalismo

Fuente: Joseph E. Stiglitz | Project syndicate Fecha: 30 mayo 2019 NUEVA YORK – ¿Qué tipo de sistema económico es más conducente al bienestar humano? Esa pregunta ha llegado a definir la época actual porque, después de 40 años de neoliberalismo en Estados Unidos y en otras economías avanzadas, sabemos lo que no funciona. El experimento neoliberal –impuestos más bajos para los ricos, desregulación de los mercados laboral y de productos, financiarización y globalización- ha sido un fracaso espectacular. El crecimiento es más bajo de lo que fue en los 25 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y en su mayoría se acumuló en la cima de la escala de ingresos. Después de décadas de ingresos estancados o inclusive en caída para quienes están por abajo, el neoliberalismo debe decretarse muerto y enterrado. Hay por lo menos tres alternativas políticas importantes que compiten para sucederlo: el nacionalismo de extrema derecha, el reformismo de centroizquierda y la izquierda progresista (la centroderecha representa el fracaso neoliberal). Sin embargo, con excepción de la izquierda progresista, estas alternativas siguen estando en deuda con alguna forma de la ideología que ha expirado (o debería haber expirado). La centroizquierda, por ejemplo, representa al neoliberalismo con un rostro humano. Su objetivo es trasladar las políticas del ex presidente norteamericano Bill Clinton y del ex primer ministro británico Tony Blair al siglo XXI, haciendo sólo revisiones tenues a los modos prevalecientes de financiarización y globalización. Mientras tanto, la derecha nacionalista reniega de la globalización y culpa a los migrantes y a los extranjeros de todos los problemas de hoy. Aun así, como ha demostrado la presidencia de Donald Trump, no está menos comprometida –por lo menos en su variante norteamericana- con los recortes impositivos para los ricos, la desregulación y el achicamiento o eliminación de los programas sociales. El tercer campo, en cambio, defiende lo que llamo capitalismo progresista, que prescribe una agenda económica radicalmente diferente, basada en cuatro prioridades. La primera es restablecer el equilibrio entre los mercados, el estado y la sociedad civil. El crecimiento económico lento, la creciente desigualdad, la inestabilidad financiera y la degradación ambiental son problemas nacidos del mercado y, por lo tanto, no pueden ser resueltos, ni lo serán, sólo por el mercado. Los gobiernos tienen la obligación de limitar y delinear los mercados a través de regulaciones ambientales, de salud, de seguridad ocupacional y de otros tipos. También es tarea del gobierno hacer lo que el mercado no puede hacer o no hará, como invertir activamente en investigación básica, tecnología, educación y la salud de sus votantes. La segunda prioridad es reconocer que la “riqueza de las naciones” es el resultado de la investigación científica –aprender sobre el mundo que nos rodea- y de la organización social que permite que grandes grupos de personas trabajen juntos para el bien común. Los mercados siguen teniendo un rol crucial que desempeñar a la hora de facilitar la cooperación social, pero sólo cumplen este propósito si están subordinados al régimen de derecho y son objeto de controles democráticos. De lo contrario, los individuos pueden enriquecerse explotando a otros, generando riqueza a través de la búsqueda de renta en lugar de creando riqueza a través de una creatividad genuina. Muchos de los ricos de hoy tomaron la ruta de la explotación para llegar adonde están. Se han visto muy favorecidos por las políticas de Trump, que han alentado la búsqueda de renta destruyendo al mismo tiempo las fuentes subyacentes de creación de riqueza. El capitalismo progresista busca hacer precisamente lo contrario. Esto nos lleva a la tercera prioridad: abordar el creciente problema del poder de mercado concentrado. Al explotar las ventajas de la información, comprar a potenciales competidores y crear barreras de entrada, las empresas dominantes pueden comprometerse en una búsqueda de renta de gran escala en detrimento de todos los demás. El incremento del poder del mercado corporativo, junto con la caída del poder de negociación de los trabajadores, ayuda a explicar por qué la desigualdad es tan alta y el crecimiento tan débil. A menos que el gobierno asuma un papel más activo de lo que prescribe el neoliberalismo, estos problemas probablemente se vuelvan mucho peores, debido a los avances en el campo de la robótica y la inteligencia artificial. El cuarto punto clave en la agenda progresista es disociar el poder económico de la influencia política. El poder económico y la influencia política se refuerzan mutuamente y se perpetúan a sí mismos, especialmente donde los individuos ricos y las corporaciones pueden gastar sin límite en las elecciones, como sucede en Estados Unidos. En la medida que Estados Unidos se acerque cada vez más a un sistema esencialmente antidemocrático de “un dólar, un voto”, el sistema de controles tan necesario para la democracia quizá no pueda resistir: nada podrá restringir el poder de los ricos. No se trata simplemente de un problema moral y político: a las economías con menos desigualdad en verdad les va mejor. Las reformas progresistas-capitalistas, por ende, tienen que empezar por recortar la influencia del dinero en la política y reducir la desigualdad de la riqueza. No hay una solución mágica que pueda revertir el daño provocado por décadas de neoliberalismo. Pero una agenda integral según los lineamientos planteados más arriba decididamente puede hacerlo. Mucho dependerá de si los reformistas son tan decididos a la hora de combatir problemas tales como el excesivo poder del mercado y la desigualdad como lo es el sector privado para crearlos. Una agenda integral debe centrarse en la educación, la investigación y las otras fuentes verdaderas de riqueza. Debe proteger al medio ambiente y combatir el cambio climático con la misma vigilancia que los partidarios del Nuevo Trato Verde en Estados Unidos y Rebelión contra la Extinción en el Reino Unido. Y debe ofrecer programas públicos que garanticen que a ningún ciudadano se le nieguen los requisitos básicos de una vida decente. Estos incluyen seguridad económica, acceso al trabajo y a un salario digno, atención médica y vivienda adecuada, un retiro seguro y

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